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FEIJOO SE APUNTA A LA ÉTICA DE LOS VOTOS.
El candidato del PP a las elecciones generales del 20-N, Mariano Rajoy, muestra a menudo su admiración hacia el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que pone como ejemplo de "austeridad" y del que pretende tomar ciertas recetas de gobierno. Gallegos ambos, se aprecian mutuamente. El buen entendimiento es tal que el pasado julio Rajoy escogió Santiago, con ayuntamiento del PP tras los comicios del 22-M, para esbozar el esquema de su programa electoral. Allí, entre 300 alcaldes y portavoces municipales había varios imputados. Algunos, como es el caso de los regidores de Mazaricos y Fisterra, incluso reforzados por las urnas.
Rajoy también hará suya, durante la campaña para acceder a la Moncloa, la tan predicada máxima de Feijóo sobre la regeneración democrática reiterada durante la campaña autonómica de 2009 y que se ha quedado en agua de borrajas. Entonces, el presidente gallego no dudó en apartar de la candidatura por Ourense a su número uno, Luis Carrera, al que había presentado como el futuro responsable económico de su Gobierno, por no estar "plenamente al corriente con Hacienda".
Ganadas las elecciones, todo cambió. Una de sus primeras decisiones fue el nombramiento del diputado del PP por la provincia de Pontevedra Agustín Hernández como conselleiro de Medio Ambiente. Un gestor sobre el que ya entonces pesaba un expediente abierto por el Gobierno anterior por infringir supuestamente la Ley de Incompatibilidades al haber sido contratado por una empresa beneficiaria de adjudicaciones millonarias concedidas por la Xunta cuando él era director general de Obras Públicas en el último Ejecutivo de Manuel Fraga. El antecesor de Feijóo en la Presidencia de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, advirtió en sus últimos días de mandato de que la infracción podía implicar la inhabilitación para cargos públicos y manifestó que "desde el punto de vista, ético, político y jurídico", la conducta de Hernández suponía "el incumplimiento de la ley y una actitud reprochable".
A Feijóo, sin embargo, no le importó. Hizo a Hernández conselleiro y alegó en el Parlamento que, según un informe de la Asesoría Jurídica del Gobierno gallego, el expediente abierto sobre el caso por el ejecutivo anterior era "nulo de pleno derecho" al haber sido iniciado por un órgano "manifiestamente incompetente". Hernández, según el BNG, había incurrido en "incompatibilidad" al no respetar el plazo de dos años establecido por la ley para pasar de la Administración a la empresa privada.
Pero las tribulaciones del conselleiro no acabaron ahí. Hace apenas un año, el Tribunal Superior de Galicia (TSXG) lo citó a declarar como imputado por falsedad documental tras una querella interpuesta por el PSdeG. Supuestamente había certificado como director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra el final de una obra cuando apenas se había iniciado. Los trabajos fueron adjudicados a Sercoysa, precisamente empresa con la que Hernández mantuvo una vinculación laboral.
Feijóo recibió esta imputación "con normalidad absoluta y respeto absoluto" a la Justicia. El pasado abril, el TSXG archivó la querella al dictaminar que el hecho de certificar una obra antes de terminarla no es delictivo. Pero hace escasas semanas, la acusación del PSdeG recibió un nuevo impulso por el Supremo. En respuesta al recurso de los socialistas contra el auto de sobreseimiento, el fiscal del Alto Tribunal sostuvo que los hechos denunciados "son constitutivos de un delito de falsedad en documento público", aunque eso no garantiza la reapertura del caso.
El caso de Hernández no es el único. Así, sólo en la llamada operación Campeón, en la que se investiga un supuesto fraude en la concesión de ayudas otorgadas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha imputado a cinco altos cargos de la Xunta, entre ellos el propio director del Igape, Joaquín Varela, y al subdirector de Información Especializada del mismo instituto, Carlos Silva. A estos dos últimos, que llegaron a estar detenidos, Feijóo decidió apartarlos de sus funciones, pero sólo al cabo de unos días. En cuanto a los tres imputados, siguen siendo altos cargos de la consellería que dirige Agustín Hernández gracias al mismo argumento que permitió a Feijóo mantener al conselleiro: "máximo respeto" a la justicia y presunción de inocencia.
Los problemas del Gobierno de Feijóo con la Justicia no acaban ahí. La misma Consellería también gestiona el área de Medio Ambiente, en la que hay otros dos altos cargos imputados: Ángel Javier Costal y Ramón Pérez Mariño, directivos de la Sociedade Galega de Medio Ambiente, la empresa pública que gestiona el tratamiento de las basuras. Se les acusa de un supuesto delito de tráfico de influencias. El conselleiro se ha limitado a apartarles de los concursos de adjudicación de nuevos proyecto.
Al director general de Empleo, Andrés Hermida, y al de Evaluación y Reforma Administrativa, Jaime Bouzada Romero, el Juzgado número 1 de Santiago les imputa un supuesto delito de prevaricación administrativa en su modalidad de desvío de poder, por haber abierto una investigación sobre el sindicato Unións Agrarias, afín a los socialistas.
Hace poco más de dos semanas dimitía el hasta entonces presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, imputado por un supuesto delito de prevaricación administrativa y ambiental por la aprobación de una piscifactoría en Ribadeo. Alegó que el motivo era su próxima incorporación a la Diputación de A Coruña, pero poco después fue nombrado director de campaña electoral del PP en la provincia.
También siguen en la Xunta la directora general de Formación de la Consellería de Traballo, Ana María Díez López, condenada por un despido improcedente, y el delegado del Ejecutivo en Ourense, Rogelio Martínez, condenado por la Audiencia Nacional a devolver el importe de "obras inexistentes" realizadas con fondos de la UE cuando era alcalde.
Ante las acusaciones de ser poco duro con la corrupción, Feijóo esgrime el mismo argumento usado por el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. En alusión a la operación Campeón llegó a decir: "A mí me llegan los principios éticos que me dan los gallegos con sus votos".
fuente: Público.es
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Otra muestra de lo bien que se lo curra la derecha y de como la mayor parte de la población sigue votando a grupos que mantienen a corruptos en el poder. Lamentable.
El candidato del PP a las elecciones generales del 20-N, Mariano Rajoy, muestra a menudo su admiración hacia el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que pone como ejemplo de "austeridad" y del que pretende tomar ciertas recetas de gobierno. Gallegos ambos, se aprecian mutuamente. El buen entendimiento es tal que el pasado julio Rajoy escogió Santiago, con ayuntamiento del PP tras los comicios del 22-M, para esbozar el esquema de su programa electoral. Allí, entre 300 alcaldes y portavoces municipales había varios imputados. Algunos, como es el caso de los regidores de Mazaricos y Fisterra, incluso reforzados por las urnas.
Rajoy también hará suya, durante la campaña para acceder a la Moncloa, la tan predicada máxima de Feijóo sobre la regeneración democrática reiterada durante la campaña autonómica de 2009 y que se ha quedado en agua de borrajas. Entonces, el presidente gallego no dudó en apartar de la candidatura por Ourense a su número uno, Luis Carrera, al que había presentado como el futuro responsable económico de su Gobierno, por no estar "plenamente al corriente con Hacienda".
Ganadas las elecciones, todo cambió. Una de sus primeras decisiones fue el nombramiento del diputado del PP por la provincia de Pontevedra Agustín Hernández como conselleiro de Medio Ambiente. Un gestor sobre el que ya entonces pesaba un expediente abierto por el Gobierno anterior por infringir supuestamente la Ley de Incompatibilidades al haber sido contratado por una empresa beneficiaria de adjudicaciones millonarias concedidas por la Xunta cuando él era director general de Obras Públicas en el último Ejecutivo de Manuel Fraga. El antecesor de Feijóo en la Presidencia de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, advirtió en sus últimos días de mandato de que la infracción podía implicar la inhabilitación para cargos públicos y manifestó que "desde el punto de vista, ético, político y jurídico", la conducta de Hernández suponía "el incumplimiento de la ley y una actitud reprochable".
A Feijóo, sin embargo, no le importó. Hizo a Hernández conselleiro y alegó en el Parlamento que, según un informe de la Asesoría Jurídica del Gobierno gallego, el expediente abierto sobre el caso por el ejecutivo anterior era "nulo de pleno derecho" al haber sido iniciado por un órgano "manifiestamente incompetente". Hernández, según el BNG, había incurrido en "incompatibilidad" al no respetar el plazo de dos años establecido por la ley para pasar de la Administración a la empresa privada.
Pero las tribulaciones del conselleiro no acabaron ahí. Hace apenas un año, el Tribunal Superior de Galicia (TSXG) lo citó a declarar como imputado por falsedad documental tras una querella interpuesta por el PSdeG. Supuestamente había certificado como director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra el final de una obra cuando apenas se había iniciado. Los trabajos fueron adjudicados a Sercoysa, precisamente empresa con la que Hernández mantuvo una vinculación laboral.
Feijóo recibió esta imputación "con normalidad absoluta y respeto absoluto" a la Justicia. El pasado abril, el TSXG archivó la querella al dictaminar que el hecho de certificar una obra antes de terminarla no es delictivo. Pero hace escasas semanas, la acusación del PSdeG recibió un nuevo impulso por el Supremo. En respuesta al recurso de los socialistas contra el auto de sobreseimiento, el fiscal del Alto Tribunal sostuvo que los hechos denunciados "son constitutivos de un delito de falsedad en documento público", aunque eso no garantiza la reapertura del caso.
El caso de Hernández no es el único. Así, sólo en la llamada operación Campeón, en la que se investiga un supuesto fraude en la concesión de ayudas otorgadas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha imputado a cinco altos cargos de la Xunta, entre ellos el propio director del Igape, Joaquín Varela, y al subdirector de Información Especializada del mismo instituto, Carlos Silva. A estos dos últimos, que llegaron a estar detenidos, Feijóo decidió apartarlos de sus funciones, pero sólo al cabo de unos días. En cuanto a los tres imputados, siguen siendo altos cargos de la consellería que dirige Agustín Hernández gracias al mismo argumento que permitió a Feijóo mantener al conselleiro: "máximo respeto" a la justicia y presunción de inocencia.
Los problemas del Gobierno de Feijóo con la Justicia no acaban ahí. La misma Consellería también gestiona el área de Medio Ambiente, en la que hay otros dos altos cargos imputados: Ángel Javier Costal y Ramón Pérez Mariño, directivos de la Sociedade Galega de Medio Ambiente, la empresa pública que gestiona el tratamiento de las basuras. Se les acusa de un supuesto delito de tráfico de influencias. El conselleiro se ha limitado a apartarles de los concursos de adjudicación de nuevos proyecto.
Al director general de Empleo, Andrés Hermida, y al de Evaluación y Reforma Administrativa, Jaime Bouzada Romero, el Juzgado número 1 de Santiago les imputa un supuesto delito de prevaricación administrativa en su modalidad de desvío de poder, por haber abierto una investigación sobre el sindicato Unións Agrarias, afín a los socialistas.
Hace poco más de dos semanas dimitía el hasta entonces presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, imputado por un supuesto delito de prevaricación administrativa y ambiental por la aprobación de una piscifactoría en Ribadeo. Alegó que el motivo era su próxima incorporación a la Diputación de A Coruña, pero poco después fue nombrado director de campaña electoral del PP en la provincia.
También siguen en la Xunta la directora general de Formación de la Consellería de Traballo, Ana María Díez López, condenada por un despido improcedente, y el delegado del Ejecutivo en Ourense, Rogelio Martínez, condenado por la Audiencia Nacional a devolver el importe de "obras inexistentes" realizadas con fondos de la UE cuando era alcalde.
Ante las acusaciones de ser poco duro con la corrupción, Feijóo esgrime el mismo argumento usado por el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. En alusión a la operación Campeón llegó a decir: "A mí me llegan los principios éticos que me dan los gallegos con sus votos".
fuente: Público.es
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Otra muestra de lo bien que se lo curra la derecha y de como la mayor parte de la población sigue votando a grupos que mantienen a corruptos en el poder. Lamentable.
