En esta web tienen varios artículos sobre el tema. El que copio me parece especialmente bueno por la vinculación histórica de los hechos que presenta.
http://lacavernadefilosofia.wordpress.com/2011/03/08/resumen-eu2015/
ESTRATEGIA UNIVERSIDAD 2015
En los últimos meses hemos empezado a oír en nuestras Facultades voces que hablan sobre la crisis de la universidad, sobre su asfixia económica, sus deudas, su falta de medios; que reflexionan sobre la trascendencia del momento que vivimos, sobre el caos de nuestra situación, sobre lo grave del asunto. Estudiantes y docentes encuentran muchas razones para preocuparse por los acontecimientos que, a corto y medio plazo, vienen a reestructurar profundamente la educación superior. Acontecimientos que comenzaron hace unos años, y que en esta nueva fase se presentan de una manera mucho más ambiciosa y directa, y mucho más radical.
Estas voces que oímos en las aulas, en los pasillos, en las cafeterías, se refieren a esta oleada de cambios estructurales bajo la etiqueta de “Estrategia Universidad 2015”. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que va a cambiar, qué es lo que va a pasar?
Este artículo pretende servir como punto de partida para poder comprender en qué consiste concretamente esta nueva “estrategia universitaria”, qué desarrollo pretende, cuáles son sus causas, sus medidas, sus objetivos.
“Estrategia Universidad 2015” es el nombre que ha dado el Gobierno a su nuevo plan de reformas de la educación superior y la investigación, que supone una segunda fase de los cambios que comenzaron en 2010 con el inicio de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, más conocido como Plan Bolonia), y que va en la línea de profundizar el proceso de ajuste de la universidad a las nuevas demandas de la economía, que ha sido desde el principio la esencia de este proyecto de “modernización”. Es horizonte de aplicación de estas reformas es 2015 (año en las Licenciaturas se habrán terminado de transformar por completo en Grados), de ahí el nombre del plan.
Después de la completa reelaboración de todos los programas, su adaptación a carreras más cortas, la adopción del ECTS (European Credit Transfer System), la aprobación de los Másteres de Investigación y de Formación del Profesorado, y el resto de reformas que se recogían en Bolonia, que estaban más centradas en la nueva estructura de las titulaciones, la EU2015 aborda los cambios relacionados sobre todo con el funcionamiento de los centros universitarios, su forma de gestión y de gobierno, sus atribuciones, su organización, su financiación, sus competencias. El objetivo es, en última instancia, establecer las condiciones materiales –jurídicas, económicas– que permitan que la universidad forme a los futuros trabajadores según las cambiantes demandas del mercado capitalista, tal y como declaran los propios textos que se citan a continuación. Para ello, la EU2015 reúne una batería de reformas que están recogidas en los documentos de Gobernanza y Financiación, en todos los referentes al proyecto CIE (Campus de Excelencia Internacional), en la nueva Ley de la Ciencia, y en los nuevos Estatutos del PDI, del PAS y del Estudiante (este último aprobado “a traición” el pasado 31 de diciembre de 2010, con todos los estudiantes de vacaciones), todos ellos proyectos de ley publicados por el Ministerio de Educación –salvo el Estatuto del Estudiante universitario, ya en vigor.
Este artículo se centrará sobre todo en los dos primeros textos citados (Gobernanza y Financiación), en los que se encuentran las declaraciones más importantes –y más directas–, y en algunos otros publicados por ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, su constitución la dispone la LOU, art. 31/32), institución encargada de tutelar la implantación del proceso de liberalización de la universidad a nivel estatal, que frecuentemente nos deja reflexiones muy explícitas al respecto. Estos documentos nos permitirán comprender la naturaleza de los profundos cambios que se nos vienen encima, que pretenden ser llevados a cabo a nuestras espaldas, y que por su alcance nos obligan, como estudiantes y como parte de la comunidad universitaria, a organizar una respuesta que esté a la altura de las circunstancias.
En seguida se nota en los fragmentos que se reproducen a continuación una diferencia bastante grande con los textos de hace algunos años (Proyecto Tuning, Informe Bricall, Declaración de Bolonia, Berlín, Londres, etc.). Ya no estamos ante ese lenguaje comedido, ambiguo, y equívoco que había que leer entre líneas, que trataba de ocultar intenciones: los textos de la EU2015 son directos y explícitos, dicen sin escrúpulos todo lo que los otros difuminaban en retórica y formulismos, han radicalizado su discurso. Por esta razón, este artículo consistirá sobre todo en citas directas de los proyectos de ley del Ministerio y de las publicaciones de ANECA. El gobierno considera que puede permitirse que sus reflexiones alcancen este tono:
“¿Está produciéndose o no una sobre-oferta de graduados en relación a las demandas del mercado de trabajo? ¿Reciben los estudiantes una formación pertinente o existe, por el contrario, un desajuste entre los cursos que ellos eligen –o se les ofrecen– y las necesidades de la economía? ¿Son apropiadas las capacidades y habilidades que los jóvenes adquieren para el desempeño de los roles que exige el mundo laboral? ¿Se hacen cargo las universidades, en sus distintos ciclos formativos, de desarrollar las competencias no tradicionales que las empresas reclaman de los graduados, tales como habilidades sociales, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, gestión del estrés, inteligencia emocional y otras? Más en particular, ¿responden las instituciones educacionales a las expectativas de los empleadores de contar con personal dotado de una específica moral del trabajo –disciplina, responsabilidad, compromiso, productividad, disposición a cambiar y sin embargo mantener la lealtad con la empresa? ¿Están preparados los docentes universitarios, habitualmente académicos de jornada completa con escasa experiencia laboral fuera de la universidad, para transmitir esos principios moral-formativos, además de proporcionar las nuevas competencias que las empresas esperan de sus trabajadores, técnicos, profesionales y cuadros gerenciales? (…) ¿Cómo deberían, si acaso pueden, adaptarse las instituciones de enseñanza superior –o adecuarse temporalmente, a lo menos– a esta nueva constelación de circunstancias que caracteriza al mundo del trabajo y al mercado laboral? (…) La universidad contemporánea está forzada –igual como lo estuvo en períodos anteriores del capitalismo– a tener en cuenta, vitalmente, su entorno, incluidas no sólo las nuevas circunstancias del mundo del trabajo sino, igualmente, los efectos que traen consigo los procesos de globalización, (…) la mayor centralidad de los mercados en la coordinación de los sistemas de educación superior, el estrechamiento del rol de los estados en su sostenimiento y la presión que sobre las instituciones ejerce la universalización de la educación terciaria. (…) Las instituciones deben competir y diversificar sus fuentes de ingreso; surgen nuevos proveedores (instituciones privadas, universidades corporativas, a distancia, vía Internet); los estudiantes pagan aranceles y pasan a ser clientes; los profesores son contratados y dejan de ser funcionarios; las funciones institucionales se convierten en desempeños y sujetan a minuciosas mediciones; se enfatiza la eficiencia y el value for money; los modelos de negocio sustituyen en la práctica a los planes estratégicos; la gestión se racionaliza y adopta un estilo empresarial; el gobierno colegiado se transforma en corporativo al independizarse de los académicos e integrarse con representantes de los stakeholders externos; los investigadores son estimulados a patentar y los docentes a vender docencia ‘empaquetada’ a las empresas; los incentivos vinculados a la productividad académica reemplazan las escalas salariales asociadas al cargo; los currículos son revisados y sancionados en función de su pertinencia laboral y evaluados por agencias externas en relación a su calidad; las culturas distintivas de las instituciones y sus ‘tribus académicas’ empiezan a ser tratadas como asunto de clima organizacional; las universidades son comparadas por medio de rankings locales y clasificadas geopolíticamente a nivel global; se crea un mercado global para servicios de educación superior y su regulación se resuelve en las rondas del GATS (el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios), no en sede académica. En fin, la universidad ya no es más un lugar tranquilo para enseñar, realizar trabajo académico a un ritmo pausado y contemplar el universo como ocurría en siglos pasados. Ahora es un potente negocio, complejo, demandante y competitivo que requiere inversiones continuas y de gran escala.” (ANECA, El debate sobre las competencias, 2009, pág. 19-24).
En estas crudas deliberaciones de ANECA, cuyas sentencias son tan claras que casi desmerecen cualquier comentario, están contenidas prácticamente todas las líneas que está siguiendo el proceso de mercantilización de la educación superior. Podríamos referirnos largamente a cada una de estas frases, incluso ejemplificar en ellas cada punto de las reformas (incluyendo las que comenzaron a aplicarse en 2009-2010). De momento, sin embargo, detengámonos en la reflexión que impregna todo este fragmento: la idea de que el contexto económico actual es muy diferente del de hace años, y exige una adaptación de la universidad a sus nuevas exigencias (¿Cómo deberían (…) adaptarse las instituciones de enseñanza superior (...) a esta nueva constelación de circunstancias que caracteriza al mundo del trabajo y al mercado laboral?)1. En todos los documentos de ANECA se insiste en señalar las características de esta “nueva economía”: frente a la situación que había en los años 50-80 –cuando se masificó la educación superior en Europa y surgió el llamado “Estado del Bienestar”–, en los que un crecimiento fuerte permitía un horizonte amplio de previsibilidad y el florecimiento de nuevos sectores demandaba la cualificación masiva de trabajadores2, desde los años 90 la coyuntura viene siendo bien distinta, y ahora se habla de imprevisibilidad, de arbitrariedad, de aceleración constante de los cambios. Se utilizan conceptos como “modernidad fluida” o “capitalismo líquido” para referirse al carácter inconsistente y mudable del mercado. Se invoca hasta la náusea el concepto de “flexibilidad”, alegando la necesidad de trabajadores “móviles”, dispuestos a cambiar de sector, de empleo, de oficio cuantas veces sea necesario, capaces de “reciclarse”, de “reubicarse” durante su trayectoria laboral. Se hace una defensa apológica del “aprendizaje permanente, a lo largo de toda la vida”, y se apoya esta idea en un sermón venenoso sobre una nueva “cultura pedagógica” basada en el esfuerzo autónomo del estudiante/trabajador, al que se responsabiliza así directamente de “re-formarse” por su cuenta para seguir siendo “empleable”, y al que se trata por tanto de convencer de que es su interés invertir tiempo y dinero en no dejar de ser un sujeto adecuadamente explotable por sus futuros empleadores. Se ilustra con vehemencia, en este sentido, el concepto de “competencias, habilidades y destrezas” y “saberes transversales”, más acordes con el actual caos productivo y sus requerimientos de formación continua y maleable, frente al modelo de clase magistral. Se construye, en definitiva, todo un discurso que justifique la perniciosa “necesidad” de que la Universidad forme al nuevo perfil de trabajador que demanda la economía capitalista, es decir, que sea una fábrica de graduados precarios y poco cualificados, idóneos para incorporarse a un mercado “flexible” y “líquido” –un mercado basura.
Razones no les faltan para este diagnóstico de la situación. Los empleos que más crecen ahora requieren baja o nula cualificación y son del tipo –utilizando su propio término– “short term on the job training” (formación de corta duración en el propio centro de trabajo): camareros, reponedores, transportistas, comerciales, teleoperadores, limpiadores, auxiliares de clínica, vendedores, guardas, recepcionistas, cajeros, auxiliares de mantenimiento. Esto ya lo señalaba hace diez años el informe FAST II sobre el empleo de EEUU, en el que el único trabajo de carácter tecnológico, el de mecánico, llegaba en vigésima y última posición. Más recientemente, un estudio del Ministerio americano de empleo para el periodo 2008-20183, muestra que esta tendencia se verá reforzada en los próximos años: las tres ocupaciones que más crecen son cajeros, vendedores y camareros, en este orden. Los informes europeos también hablan del cambio en la naturaleza de los empleos, de su inestabilidad y precariedad: en Francia, por ejemplo, sólo en los años 1994-95, el número de contratos temporales se duplicó prácticamente.4 Aquí y ahora, en febrero de 2011, el paro juvenil (menores de 26) es del 42,8%.5
La época de la cualificación masiva de trabajadores, que se aseguró con el desarrollo de la educación superior pública, empieza a ser cosa del pasado (“¿Está produciéndose o no una sobre-oferta de graduados en relación a las demandas del mercado de trabajo?” –la respuesta de la ANECA es, evidentemente, un sí). El “nuevo mercado” ya no necesita disponer de un aparato gigantesco para formar a sus futuros asalariados, y por lo tanto se dispone a ajustar este aparato a sus exigencias, lo que pasa por desmantelarlo, al menos en su concepción actual. Ese es el objetivo del proceso de reformas al que estamos asistiendo: la universidad no puede producir a los sujetos “adecuados” para el nuevo mercado de trabajo flexible sin reelaborar por completo todos sus programas, cambiar su forma de financiación y de gobierno, y dar una nueva dimensión –mucho más amplia– a sus competencias.
La reelaboración de todos los planes de estudios se ha llevado a cabo en estos últimos años, como todos sabemos, y los planes nuevos han empezado a implantarse con el comienzo del Proceso de Bolonia en 2009 (“los currículos son revisados y sancionados en función de su pertinencia laboral y evaluados por agencias externas en relación a su calidad”). El resultado, a grandes rasgos –además de la previa creación de la propia ANECA como “agencia externa”–, han sido carreras más cortas, con muchos menos contenidos específicos –muchas menos asignaturas– y con un primer curso de conocimientos genéricos, “transversales” –un “3º de bachillerato”; es decir: ha habido un proceso de descualificación de los títulos, que no responde sino a estas actuales demandas del mercado de graduados menos formados y más flexibles. “…son muchas las medidas que se han puesto en práctica con el fin de convertir la enseñanza universitaria en excelente y adaptarla a las necesidades de las empresas. (...) para ello se han analizado y se están analizando, a través de numerosas investigaciones en el mercado de trabajo, cuáles son los requerimientos actuales de las organizaciones empresariales. Las universidades, por su parte, adaptarán sus planes de estudio y métodos de aprendizaje a dicho catálogo de competencias.” (ANECA, El debate sobre las competencias, 2009, pág. 32).
En cuanto al cambio en la financiación y en la forma de gobierno de las universidades, así como la nueva dimensión que se le da a sus competencias (a su “autonomía”, como afirma cínicamente el Ministerio), estos son precisamente los aspectos de la reforma que se abordan en esta segunda fase del proceso, la llamada Estrategia Universidad 2015. Las propuestas de ley que se recogen en ella suponen un golpe mayúsculo a la educación superior. Los fragmentos que se reproducen a continuación, que están sacados de los textos publicados por el propio Ministerio de Educación en su página web, resultan vergonzosos, ofensivos e intolerables para cualquier miembro de la comunidad universitaria.
GOBERNANZA
El primer documento en cuestión es Estrategia Universidad 2015: La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e innovación, de febrero de 20106, cuya redacción fue encargada por el gobierno conjuntamente a la CRUE –Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas– y a la Fundación CyD, presidida por Ana Patricia Botín (¡!). En él se plantea la reforma de la estructura de gobierno de las universidades, sobre todo en lo que se refiere a la cadena y al método de elección de los cargos (rector, decanos, etc.). La propuesta consiste en colocar al frente de las universidades a los “representantes del mercado” (de los grupos capitalistas de presión más fuertes) y que éstos nombren directamente y desde arriba al resto de cargos académicos de cada Facultad o Escuela Universitaria. El objetivo es, textualmente: “Incrementar la agilidad en la toma de decisiones, especialmente en aquellas de tipo estratégico que tengan como objetivo responder a la aleatoriedad de las condiciones del mercado, los cambios en las demandas sociales o las nuevas exigencias derivadas de reformas metodológicas o tecnológicas.”, ya que “La Universidad debe garantizar la impartición de una enseñanza de calidad, adaptada en todo momento a las necesidades sociales y, más en concreto, a las diversas y cambiantes exigencias del mercado de trabajo.” (pág. 20).
Esta propuesta de ley establece las medidas que han de tomarse para que el gobierno de la universidad por los representantes de las grandes empresas sea posible. Para ello es necesario, obviamente, desmantelar el actual sistema (que este artículo ni mucho menos pretende reivindicar), según el cual el rector –que debe pertenecer al mundo académico– es elegido por sufragio universal ponderado, directo y secreto entre todos miembros de la comunidad universitaria. Con la reforma que propone la EU 2015, el rector ya no será un “académico”, sino un gestor profesional de empresas, un tecnócrata experto en “managment”; y será nombrado directamente por la Junta de Gobierno, que estará formada mayoritariamente por miembros externos a la universidad, representantes de los intereses del mercado (tendrá una constitución parecida a la del actual Consejo Social). (“…la gestión se racionaliza y adopta un estilo empresarial; el gobierno colegiado se transforma en corporativo al independizarse de los académicos e integrarse con representantes de los stakeholders externos”). Además, y por si esto fuera poco, según la EU 2015 el rector nombrará directamente a los decanos y éstos a su vez a los directores de departamento. La cadena de elección, de arriba abajo.
Estas medidas, desgraciadamente, no son augurios apocalípticos. Tampoco son las reflexiones de un club de empresarios del mes. Son, tal cual, las que recoge este texto oficial publicado por el Ministerio de Educación, como se cita a continuación.
El documento comienza reflexionando largamente sobre las “tendencias” que se observan en la gobernanza de las universidades en Estados Unidos, país en el que –y esto se declara abiertamente– se inspira el modelo que se propone. Estas reflexiones son importantes ya que son las que se utilizan después para justificar el modelo que se pretende imponer aquí, y podrían destacarse las siguientes, a modo de resumen:
“hay una cierta tendencia a que el rector más que un primus inter pares elegido por la comunidad universitaria sea un CEO (chief executive officer) designado por una Junta de Gobierno con participación de miembros externos a la universidad, ante la que ha de responder. (…) Normalmente el equipo rectoral designa a los decanos de facultad y éstos a los directores de departamento y centros de investigación, directamente o a través de los órganos colegiados correspondientes...” (pág. 11).
“La tendencia a la disminución de su poder [el de la comunidad universitaria] se ha dado en los procesos de gestión y gobierno de las universidades, aunque, paralelamente, han pasado a desempeñar un papel importante como órganos de consulta y opinión…” (pág. 12).
“También se suele incentivar cada vez más a las universidades a que incrementen sus recursos mediante la apelación al sector privado, por ejemplo, en forma de donaciones y mecenazgo, acuerdos de cooperación con empresas, creación de empresas (spin offs) o incluso incrementando las tasas a pagar por los usuarios de la universidad pública…” (pág. 13).
“establecimiento de esquemas más flexibles de retribución, con la posibilidad de incrementar el salario para atraer a profesores de renombre internacional.” (pág. 14)
“incremento de poder de las autoridades “ejecutivas”, reducción de la influencia desarrollada por los órganos colegiados y representativos de la institución y creciente y decisiva participación de stakeholders externos a la propia universidad.” (pág. 21)
“las últimas tendencias parecen apuntar a una estructura de gobierno inspirada en el modelo USA, en el que el rector es designado y removido por una Junta de Gobierno (Board) en la que tienen especial influencia miembros externos a la Universidad.” (pág. 27).7
Puesto que, según el Ministerio, “permanecer ajeno a tales tendencias conlleva un serio riesgo en forma de pérdida de oportunidad” (pág. 19), estas medidas se aplicarán en nuestras universidades con esta nueva ley. En concreto:
“La junta de Gobierno será formada en su mayoría por miembros externos a la Universidad” (…) “Las funciones que asumirá el nuevo órgano, entre las que destaca especialmente la de designar y remover al rector, al que someterá a evaluación periódica en función de los resultados obtenidos, sitúan a la Junta en un plano muy superior al que hasta ahora desempeñaban los Consejos Sociales.” (pág. 31).
“…el único órgano capaz de desempeñar, siquiera en parte, las funciones que se predicarían de una eventual “Junta de Gobierno” de acuerdo con la propuesta que ahora se realiza es el Consejo Social. (…) este órgano [es] depositario de legitimación suficiente en ese papel de representante de la sociedad que se le presupone en su relación con la Universidad, por lo que su carácter “externo” se encontraría asegurado sin necesidad de reforma legislativa alguna.” (pág. 52).
“habría de elevarse la remuneración percibida por el rector a niveles homologables desde el punto de vista mercantil, pues su actividad no se considerará ya un servicio temporal prestado a la comunidad universitaria, accesorio a la condición de docente e investigador del elegido, sino una prestación de servicios principal sujeta a criterios de exigente diligencia profesional.” (pág. 30).
“Resulta fundamental, por tanto, que de manera acorde con la nueva función del rector, se le permita designar directamente a los máximos responsables de los centros, pues sólo así podrá ejecutar de forma integral y coherente el plan estratégico consensuado con la Junta de Gobierno.” (pág. 31).
Merece la pena ver qué dice el Ministerio sobre la evidente dificultad de legitimar a un rector así ante la comunidad universitaria, que sin duda –como ellos mismos reconocen– va a aborrecer estas propuestas. En este punto su cinismo llega a límites tan alevosos que parece que nos encontramos ante una broma grotesca:
“En cuanto al problema de la ausencia de legitimación, éste podría ser minimizado, al menos, permitiendo a la comunidad universitaria, a través de sus órganos colegiados de representación, la presentación de ternas de candidatos a la Junta de Gobierno, de forma que, a pesar de que la responsabilidad última de la designación recayese en este órgano, tanto la propia condición académica de los mismos como el hecho de su proposición en base a un cierto consenso previo hiciesen que la comunidad académica los percibiese como propios y no impuestos.” (pág. 29-30).
En estos indignantes pasajes se recogen explícitamente las reformas, que ya van quedando claras: una Junta de Gobierno formada por “miembros externos” a la universidad, similar al actual Consejo Social, que elegirá directamente al rector (que será un gestor ajeno al mundo académico), y este nombrará desde arriba a los decanos, y éstos a los directores de departamento.
Antes de seguir, cabe recordar cuáles son esos “miembros externos” integrantes, a día de hoy, de los Consejos Sociales de las universidades del Estado, ya que estamos viendo que este órgano se va a convertir en el nuevo gobierno ejecutivo y va a nombrar al rector, según la ley. Tenemos el ejemplo de César Alierta (presidente de Telefónica), que además de esta prepotente multinacional imperialista, también preside el Consejo Social de la UNED. Otro ejemplo es el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, la universidad pública más grande del Estado, donde nos encontramos con individuos como Carlos Mayor Oreja –presidente–, José Luis Sotoca Santos (Farmacéutico), Ramón Espinar Gallego (Patrono de la Fundación Caja Madrid), Juan Manuel de Mingo Contreras (Consejero Director General de El Corte Inglés), Max Mazin Brodovka (Presidente de Farmabrosa, S.L.), Julio Linares López, (Consejero Delegado de Telefónica S.A.), Carlos Álvarez Jiménez (Fudación MAPFRE), Antxón Sarasqueta González, (Presidente Ejecutivo de Multimedia Capital), o José Luis Acero Benedicto (Patrono de la Fundación Caja Madrid)8. Estas personas son, según el texto del Ministerio, depositarias “de legitimación suficiente en ese papel de representante de la sociedad”. Este es el tipo de gente que va a formar la nueva Junta de Gobierno que el Ministerio quiere para la universidad.
Las autoridades políticas están dispuestas a entregar el control ejecutivo de la educación superior a los grupos económicos de más poder, a los que representan y cuyos intereses (que no son los de “la sociedad”, son los suyos) defienden con todas sus herramientas. Ya no podemos hablar de “influencias”, de “presiones”, de “injerencias” por parte de estos lobbys: tenemos que hablar de gobierno directo, inmediato, unilateral. Esta es la realidad. La reforma de gobernanza es un auténtico golpe de estado a la universidad, que queda definitivamente intervenida por los poderes capitalistas y plegada aún mucho más a sus venales objetivos.
“AUTONOMÍA”, DESREGULACIÓN
Sin embargo los planes no acaban aquí. Las grandes corporaciones necesitan algo más que el gobierno directo de las universidades para poner decididamente la educación superior al servicio de sus beneficios: necesitan destruir el marco legal que a día de hoy impide que las diferentes universidades funcionen como empresas independientes, con todo lo que esto implica (oferta de titulaciones propias y diferentes a las de otros centros, potestad para conseguir financiación proveniente del sector privado, autonomía en la política de precios, contratación de personal propio y flexibilización de los modelos de contratos y salarios). Lo que plantean estos documentos es una desregulación, una liberalización del sector que permita la competencia entre las distintas universidades, que deje el campo libre a la diferenciación entre ellas, y a la consecuente concentración de capital en unas pocas a costa del resto. De nuevo, las sentencias son muy claras en este punto, tanto en los textos del Ministerio como en los de ANECA:
“en Europa hay una falta de diferenciación entre universidades (…) la primera actuación necesaria en Europa es liberalizar las universidades en los contextos nacionales en que funcionan, creando un marco regulador menos pesado, a fin de liberar su potencial. Esto exige (…) fomentar la diferenciación entre ellas (…) Esto no se logrará si no hay autonomía real estratégica, lo que supone que cada institución tenga una estrategia institucional para renovar sus currícula y darles un perfil distinto de los que ofrecen otras universidades, (…) y desarrollar unos polos de excelencia en sintonía con el mercado laboral y el entorno económico y social. Una reglamentación excesiva y la organización de los programas de estudios a nivel nacional, impiden la modernización y la gestión eficaz de las universidades de la Unión Europea. Para realizar la reforma de la gobernanza, las universidades europeas solicitan una creciente autonomía en la preparación de sus programas y la gestión de su personal y de sus instalaciones y recursos. (…) Ante el nuevo entorno competitivo, las universidades han de ser capaces de ajustarse a las demandas de la sociedad, de demostrar la eficiencia en su gestión interna, y de allegar la financiación precisa para su autonomía y sostenibilidad. (…) De tal manera que al programar una titulación cada universidad debe definir previamente el segmento de mercado al que va dirigida y seguidamente diseñar el correspondiente plan de estudios (…) Si cada Universidad ha de definir sus áreas de especialización y su estrategia es obvio que ha de gozar de un margen considerable de autonomía, tanto en la definición de sus titulaciones como en la selección de su profesorado. (…) La globalización ha llegado y, guste o no guste, el mercado y la libre iniciativa se imponen.” (VII Foro ANECA: Gobernanza y rendición de cuentas: las universidades ante la sociedad del conocimiento, 2006, pág. 7-10).
“la reforma legislativa, de acuerdo con los principios generales anteriormente expuestos, ha de optar por una desregulación progresiva y flexible…” (Estrategia Universidad 2015: La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e innovación, pág. 25. Esta negrita es del original).
[En cuanto al personal docente], “conviene liberalizar en la medida de lo posible su contratación, tanto en la selección como en la retribución…” (pág. 33).
“La Universidad ha de tener cierta autonomía a la hora de decidir el precio de sus servicios, siendo el precio un elemento concurrencial básico para consolidar una posición estratégica en el escenario competencial de referencia. Sería positivo que la financiación pública se vinculase en parte al éxito en la obtención de recursos externos, prueba de buena gestión, o a una elevada implicación con el entorno” (pág. 35).
Estos fragmentos nos dejan claro por qué para llevar esta reforma hasta sus últimas consecuencias es necesaria una desregulación progresiva: resulta evidente el hecho de que, como dice el pasaje, “la organización de los programas [de estudios] a nivel nacional” impide que cada universidad pueda competir con el resto ofreciendo sus propios títulos, y por lo tanto es necesario destruir, a medio plazo, el catálogo nacional de titulaciones. Mientras exista una norma que establezca a nivel estatal qué cursos pueden ofrecerse, su duración, sus contenidos, sus precios, etc., las distintas universidades no están en disposición de competir (y por tanto de diferenciarse) en este aspecto.
Resulta también evidente que las universidades tampoco pueden rivalizar por los docentes si no se “liberaliza en la medida de lo posible su contratación, tanto en la selección como en la retribución”, es decir, si no se les da libertad para contratar a su personal bajo las condiciones que ellas decidan (para pagarles más, o menos, de lo que diga el gobierno central); y por lo tanto es necesario destruir –y no dudemos que se pretende hacer–, a medio plazo, la figura del profesor-funcionario y todas las condiciones que establece su convenio de negociación colectiva: jornada laboral, sueldo, escala salarial asociada al cargo, etc. (“Los profesores son contratados y dejan de ser funcionarios”). Mientras exista una norma a nivel estatal que disponga las condiciones de contratación de la mayoría del profesorado, el número de plazas que salen a concurso y la forma de acceder a ellas, es imposible que las universidades se diferencien en este aspecto, que compitan por sus docentes ofreciéndoles distintas cláusulas contractuales, sueldos mejores, primas o incentivos asociados a la productividad.
La EU2015 preceptúa una ruptura de estos convenios colectivos, que son un obstáculo en la adaptación de la educación superior a la lógica de la libre competencia mercantil.9 Que no olviden los escépticos, en este sentido, que ya en 2001, hace diez años, la LOU permitía a cada centro contratar hasta un 49% de profesores no funcionarios. Sobra la advertencia sobre las consecuencias fatales que puede tener una destrucción de los convenios tanto de contratación y remuneración del profesorado, como de acreditación de los títulos de estudios: queda la vía libre para una precarización general de las condiciones de trabajo de docentes y estudiantes/futuros trabajadores.
Es necesario aclarar qué implica en realidad esa “diferenciación” entre universidades que tanto reclaman estos documentos, cuál es el verdadero alcance de esa reivindicación. Es de una lógica aplastante el hecho de que no todas las universidades pueden tener a los profesores más reconocidos: no todas pueden ofrecer los mejores sueldos. Tampoco todas pueden contar con las mejores instalaciones, ni con los programas más atractivos, ni con el mayor prestigio. Es obvio que no todas las universidades pueden ser la mejor, no todas pueden estar en el número 1 del ranking. Es más bien al revés: muy pocas aspiran a esos “primeros puestos”, mientras que la mayoría de los centros están determinados a la asfixia económica, el desprestigio, la precariedad, la falta de medios, la fuga de docentes y estudiantes, el empeoramiento general de su oferta educativa.
Igual de obvio es el hecho de que no todos los estudiantes podrán asistir a esas supuestas mejores universidades: sólo una ínfima minoría podrá, mientras que la gran mayoría tendrá que estudiar en centros de baja estofa.
Si se establecen las condiciones materiales para que sea posible la diferenciación entre universidades (cosa que, está claro, pasa por una desregulación), como pretende la EU2015, la consecuencia directa es un proceso de concentración de capital en algunas de ellas. Y esto no es sólo por una lógica de causa-efecto, no es algo que vaya a ocurrir únicamente por tratarse de una implicación de por sí, resultado de la competencia: la diferenciación no sólo se “permite”, sino que también se promueve activamente. Ese es precisamente el objetivo del plan CEI (Campus de Excelencia Internacional).
“CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”
Tras un periodo de presentación de proyectos, que está en proceso, se elegirá a algunos centros, los que tengan los programas más “atractivos” (y ya sabemos en función de qué criterios y de qué intereses), que recibirán una financiación pública extraordinaria con respecto al resto. Con esto se impulsa de hecho la concentración de los recursos en unas pocas instituciones, aquellas que ya estén en una mejor situación para llegar a ser capaces de competir internacionalmente, mientras se condena a las demás a la mediocridad –en el mejor de los casos. (“las universidades son comparadas por medio de rankings locales y clasificadas geopolíticamente a nivel global”). Además, la financiación extraordinaria no será a fondo perdido, sino que será un préstamo que las universidades tendrán que devolver al Estado en un corto plazo, con lo que se les obliga a sacar rédito económico de las inversiones que realicen con ese dinero. Este proyecto es uno de los que se encuentra en un punto más avanzado de los que conforman la EU2015, y ya están establecidos los criterios en los que se basan las “calificaciones” que se les dan a los centros, así como las partidas económicas concretas que se asignan (“El programa Campus de Excelencia Internacional (CEI), diseñado e introducido en el Sistema Universitario Español (SUE) en 2008, se desarrolla en una primera convocatoria en 2009 y se consolida en la convocatoria de 2010, aportándose globalmente 492,5 M€ para el período 2008-2010” –pág. 5).10
El proyecto CEI habla también de fomentar las “sinergias” entre universidades y empresas en un sentido espacial/territorial. Pretende la formación de clústeres o conglomerados de corporaciones, centros de educación superior, escuelas de negocios, sociedades mercantiles, centros de investigación, industrias propiamente dichas y otras instituciones con ánimo de lucro, que se sitúen en torno a un territorio definido, para crear polos especializados que alcancen posiciones fuertes en la competencia internacional. El modelo es de nuevo EEUU, donde Silicon Valley es el prototipo más famoso de clúster (que no deja de ser un término industrial anglosajón). Para crear estos “conglomerados” es necesaria “una reorganización del mapa de conocimiento en España y como resultante de ello, una optimización del mapa universitario español” (pág. 12). Esto pasa por la “activación de alianzas estratégicas entre universidades, y entre universidades y centros de investigación” (Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE), pág. 105).11 Es decir, es necesario que pasemos a un mapa con menos universidades, resultante de la unión de las más fuertes y del desmantelamiento de las más modestas. Esto ya se está produciendo: véanse en el documento CEI, recién citado, las amalgamas que desesperadamente están tratando de formar las universidades cercanas territorialmente para conseguir ser elegidas como destinatarias de la financiación (por ejemplo, la que pretenden constituir la UCM y la UPM para pasar a ser el CEI Moncloa).
Queda bastante claro que la “diferenciación” entre universidades por la que claman los grupos empresariales de más poder no significa sino el desarrollo de un modelo similar al norteamericano (que no en vano es el ejemplo en el que abiertamente se inspira la reforma: cuando se diagnostica que “en Europa hay una falta de diferenciación entre universidades”, se hace siempre en relación al panorama de EEUU), con unos pocos centros de lujo, en los que se forman las élites de la sociedad, y un montón de ellos precarios y de baja calidad y prestigio, destinados a la mayoría de la población. Tenemos que ser conscientes de lo que significa realmente el discurso de la “excelencia” que tanto insiste en construir la EU 2015, fundamentado de manera hipócrita en el nombre de la lucha contra el “fracaso” y por la “calidad”.
Un proceso de concentración de capital en unas pocas universidades va en la dirección diametralmente opuesta a un proceso de democratización real (que no de masificación) de la educación superior, que permita un acceso universal a una formación digna y de calidad. Por el contrario, ahonda en la diferenciación entre un pequeño sector de la población, dueño de los recursos, capaz de acceder a una buena educación, y la gran mayoría, abocada a recibir una mera instrucción destinada al ejercicio de una función instrumental en la producción capitalista (cuando no a integrarse prematuramente en el mercado de trabajo); cosa que, además de ser en sí una injusticia, contribuye a perpetuar las estructuras de dominación que vertebran esta sociedad.
FINANCIACIÓN
Como ya ha ido apareciendo en varias de las citas referidas, la EU2015 también trae virulentas reformas en materia de financiación de las universidades (“Las instituciones deben competir y diversificar sus fuentes de ingreso”), aparte de las contenidas en el proyecto CEI. Todas ellas van en la línea de liberalizar las vías que pueden usar los centros para conseguir sus recursos, para “allegar la financiación precisa para su autonomía”. Podemos distinguir dos “vías” de obtención directa de recursos por parte de las universidades, que la EU2015 propone “flexibilizar”: el logro de financiación privada mediante acuerdos con empresas, por un lado, y el cobro de tasas a sus estudiantes, por otro. (“…se suele incentivar cada vez más a las universidades a que incrementen sus recursos mediante la apelación al sector privado, por ejemplo, en forma de donaciones y mecenazgo, acuerdos de cooperación con empresas, creación de empresas (spin offs) o incluso incrementando las tasas a pagar por los usuarios de la universidad pública…”).
Respecto al primer punto, el Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de
Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE), del Ministerio de Educación, insiste en la necesidad de acuerdos de las universidades con corporaciones con ánimo de lucro, con el objetivo de incrementar los ingresos de los distintos centros educativos. Para llegar a estos acuerdos, las universidades tendrán que ofrecer programas que sirvan a los intereses de estas corporaciones que presuntamente van a poner el capital necesario para su desarrollo. Las empresas no van a donar su dinero a las facultades, como es obvio; van a invertirlo en la formación de trabajadores adecuados para ser contratados en tal o cual sector de la producción. La financiación de carreras universitarias por grandes sociedades mercantiles es una cláusula definitiva en la adaptación de la oferta de titulaciones superiores a “la aleatoriedad de las condiciones del mercado”.
Esta “búsqueda” de financiación privada, de nuevo, no sólo se “permite”, sino que se protege y se impulsa decididamente con estas nuevas reformas; y esto se hace subordinando la financiación pública a la obtención de dicha financiación privada. Ya el documento de Gobernanza decía que “sería positivo que la financiación pública se vinculase en parte al éxito en la obtención de recursos externos, prueba de buena gestión, o a una elevada implicación con el entorno”. Es decir: cuando una universidad logre diseñar un programa interesante para la inversión de capital por parte de alguna empresa, entonces el Estado pondrá fondos públicos en ese proyecto. Esta medida tiene un enorme alcance, puesto que sirve a varios de los objetivos de la reforma.
En primer lugar, obliga a las universidades a plantear carreras que puedan resultar “atractivas” para las empresas, es decir, representa un paso importante hacia la subordinación de la oferta educativa al servicio de sus intereses.
En segundo lugar, obliga a las universidades a competir entre ellas también para conseguir “allegar” esta financiación pública, que se les otorgará en función de que sean o no capaces de lograr capital privado.
Además es una inocultable fuga de capital público al sector privado, puesto que el Estado pondrá dinero de todos los trabajadores para financiar proyectos de cuyos resultados se apropiará una empresa particular.
El documento de Financiación también dice que “El reconocimiento de resultados de las Universidades en su actividad de I+D+i (…) debe considerarse como una vía más para financiar la investigación, en función del esfuerzo y de los resultados de excelencia de sus profesores/investigadores y de la incidencia que esta actividad tiene sobre el reconocimiento internacional de la institución (…) Estas evaluaciones (…) se utilizarían como base fundamental para la obtención de financiación pública…” (pág. 81). Este tipo de reflexiones se apoyan en todo el discurso de la “rendición de cuentas” que venimos sufriendo desde hace años. Continuamente aparecen en los grandes medios de comunicación hipócritas declamaciones que denuncian el “despilfarro de fondos públicos” que hacemos los universitarios, que estamos ahí leyendo libros que no sirven para nada y aprendiendo conocimientos “obsoletos”, todo esto mientras nos dedicamos día y noche al cachondeo, sin preocuparnos por repetir cursos una y otra vez. Todo esto, claro, son arengas demagógicas y falaces que crean el ambiente de opinión necesario para hacer reformas de este tipo, con creación de Agencias externas de evaluación de la calidad, subordinación de la financiación pública a la obtención de fondos privados, y otros métodos de rendición de cuentas12 que “garanticen la utilización eficiente” de los recursos en las universidades; es decir, reformas que doblegan la educación superior, sometiendo la docencia y la investigación a la consecución de resultados válidos para su apropiación por parte de una entidad capitalista.
Este es el ánimo que inspira la nueva Ley de Ciencia, que por sus inmensas implicaciones, que rebasan por todos lados a lo que tiene que ver estrictamente con la universidad, merece ser tratada en otro artículo dedicado exclusivamente a ella. No obstante, cabe adelantar que nos encontramos con medidas similares a las contenidas en el pasaje recién citado: se financiarán con dinero público los proyectos de investigación que demuestren que pueden interesar a alguna empresa dispuesta a patentar una innovación, apropiársela e introducirla en el tejido productivo. (“los investigadores son estimulados a patentar y los docentes a vender docencia ‘empaquetada’ a las empresas”). Se trata de una apropiación, esta vez, de los resultados de la investigación universitaria por parte de las empresas más fuertes de los ámbitos de innovación (desde las farmacéuticas hasta las aeroespaciales, pasando por las mineras o las químicas).
En este sentido, el documento de Financiación ya propone, respecto a los contratos del PDI (Personal Docente e Investigador), el establecimiento de un “sexenio de transferencia e innovación”, durante el cual “se evaluará a los profesores e investigadores que propicien la aplicación del conocimiento a la sociedad y a sus agentes económicos tanto públicos como privados” (pág. 82-83), y se les darán incentivos asociados a la obtención de resultados.
Respecto al cobro de tasas a los estudiantes, la EU2015 dispone explícitamente el aumento de los precios públicos de los créditos, que se producirá en la segunda y sucesivas matrículas (“los estudiantes pagan aranceles y pasan a ser clientes”). El aumento que se establece es porcentual, y se basa en el cálculo del coste medio que supuestamente acarrea la educación universitaria de cada estudiante durante un curso académico: se calcula que este coste medio es de unos 6.000 €/año/estudiante13, del cual pagamos como mucho, de media, un 15% en 1º matrícula (unos 900 €). Este documento propone una subida porcentual en la segunda y sucesivas matrículas hasta que el estudiante llegue a cubrir el 100% del coste real de su educación (que aquí y ahora se calcula que son unos 6.000 € –aunque algunos estudios elevan esta cifra a 10.000–, pero que en otros países de Europa alcanza los 20.000 €, y es esperable que también aquí vayamos en esa dirección). El texto es muy directo en este punto:
“Los estudiantes que repitan matrícula en una enseñanza universitaria deberán pagar hasta el 50 por ciento y el 100 por cien del coste medio de presentación del servicio universitario en segunda y tercera o sucesivas matrículas. Su aplicación será progresivamente, así durante los seis años (hasta el 2015-2016) de desarrollo del modelo se propone un aumento anual de entre el 10 % y el 15 % para la segunda matrícula y de entre 15 y 30 % la tercera. Los aumentos no se producirán hasta el curso 2011-2012 y sólo serán de aplicación a los estudiantes que tienen como actividad exclusiva el desarrollo de su proceso formativo” (pág. 45-46).
Queda más que claro que las tasas van a subir14. Y ya sabemos cuándo, y cuánto. El aumento comienza a producirse de la forma que acabamos de ver, y no hace falta una lucidez extraordinaria para, al menos, sospechar que nos dirigimos a un modelo de tasas prohibitivas, como el que existe en EEUU (véase si no el reciente anuncio del gobierno británico de que multiplicará las precios de los créditos, que provocó importantes disturbios en Londres). No estamos, de nuevo, ante previsiones ni futuribles. Hay que abandonar la confianza y el escepticismo. Se trata de un proceso real del que tenemos que ser conscientes, y que debemos enfrentar contundentemente si no queremos tener que hipotecarnos para ir a la universidad.
También en este punto es necesaria una desregulación, pues hasta ahora la ley establecía que las tasas a pagar por los estudiantes no podían subirse más del 3,8% anual, y esto evidentemente es contradictorio con el nuevo proyecto de ley y por lo tanto debe revisarse.
Por último, respecto a los cambios en la política de becas, estos no responden a las palabras grandilocuentes de las autoridades sobre la necesidad de implementar un potente sistema de ayudas de cara al nuevo modelo de universidad en “la sociedad y la economía del conocimiento”, etc.
En primer lugar, ahondan en el modelo de becas-préstamo que ya establecía Bolonia, que ahora tienen mucho peores condiciones que las iniciales: ya no hay interés cero, sino un “interés fijo”; y ya no se puede retrasar el pago si se ingresan menos de 22.000 €/año, sólo habrá un año de plazo para empezar a devolver el dinero una vez terminado el postgrado, con lo que aumentan las cuotas, al reducirse los plazos de amortización. Los préstamos son de entre 14.400 y 34.800 €. El presupuesto para este tipo de créditos ha aumentado de 75 a 100 millones de euros. Estos cambios ya son vigentes15. La única diferencia entre estos “préstamos universitarios” y un préstamo normal de un banco es que no hace falta aval: el aval es el propio estudiante, que termina sus estudios con una deuda de decenas de miles de euros, que sale de la universidad con su futuro vendido de antemano, a trabajar para pagar lo que aún no ha ganado. Esta es la concepción de “beca” que tienen las autoridades que llevan a cabo estas reformas.
En segundo lugar, y después de mucha charlatanería engañosa, llegamos a la gran novedad que con tanta insistencia se nos vende como el gran progreso para los estudiantes en materia de ayudas a la formación: la nueva “beca-salario”. La más mínima ilusión desaparece en el momento en que vemos sus condiciones: la “beca-salario” tendrá un importe anual de 6250 € (unos 500 € al mes, muy lejos del salario mínimo interprofesional), y además para aspirar a ella habrá que estar bajo el Umbral 1 de renta, que es nada más y nada menos que ¡13557 € anuales para 4 personas! Si hacemos el cálculo, veremos que sólo podrá aspirar a una beca-salario un estudiante cuya familia de 4 personas recaude menos de 1130 € al mes, que son 280 € al mes para cada miembro de la familia (unos 9 € persona/día).
Los hijos del sector de la población con un nivel económico tan bajo no llegan, por norma general, a la universidad (no olvidemos que en este país hay un 30% de fracaso escolar, que no se corresponde precisamente –al menos en una aplastante mayoría– a los hijos del sector de nivel más alto). Y si llegan, en calidad de becarios, eligen carreras con un índice más bajo de suspensos, para conservar la beca, con lo que algunas carreras no tienen movilidad social –situación que se profundizará, evidentemente, con el incremento en la segunda y sucesivas matrículas. La subida de tasas que trae la EU2015, acompañada de un sistema de becas ridículo, acentúa enormemente la función de máquina reproductora de las diferencias sociales que realiza la universidad de masas.
Faltaría aún referirse al nuevo Estatuto del Estudiante universitario, que, puesto que ya ha sido aprobado y está en vigor, será tratado en un artículo aparte (junto con el nuevo Estatuto del PAS y Estatuto del PDI). Aún así, no está de más llamar la atención sobre su punto más importante: la creación del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, el nuevo máximo órgano de representación estudiantil a nivel estatal. Nos damos cuenta de que estamos ante un verdadero golpe a la participación de los estudiantes en la política universitaria, cuando vemos que el Presidente de dicho Consejo es el Ministro de Educación, el Vicepresidente es el Secretario General de Universidades y el Secretario es el titular de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria. También hay en el Consejo 5 miembros vitalicios nombrados directamente por el Presidente. El resto son estudiantes miembros de las Juntas de Gobierno de todas las universidades del Estado, tanto públicas como privadas16. Los miembros más importantes del nuevo “máximo órgano de participación estudiantil” forman parte del Gobierno central. El máximo representante estudiantil es el Ministro de Educación.
Esto, de nuevo, es tan absurdo que parece un chiste, pero desgraciadamente no lo es. La EU2015 pudre aún más si cabe las pocas vías “institucionales” que los estudiantes poníamos a nuestra disposición para tratar de influir en las decisiones que afectan a nuestra educación, y nos demuestra una vez más que la lógica de esos organismos burocráticos no es compatible, ni puede serlo, con nuestros intereses. Nada podremos lograr en esos espacios, y cuanto antes seamos conscientes de ello, mejor. Nuestra estrategia pasa por la desobediencia y la movilización.
En este artículo hemos repasado los puntos más importantes de la EU2015: gobierno de facto de las universidades por parte de las grandes empresas, subida de tasas, revisión de convenios de contratación y remuneración, desregulación que permita la competencia y la concentración de capital en pocas universidades (su “diferenciación”), protección y promoción activa de esa diferenciación.
En el análisis de los documentos vemos cómo a los impulsores de estas reformas se les llena la boca con alegatos y defensas altisonantes de la “autonomía” universitaria. Ni que decir tiene que han pervertido por completo el significado de esta palabra, le han dado la vuelta como a un calcetín. Ellos no se refieren, claro, a que la universidad sea un espacio de reflexión y pensamiento crítico independiente de toda influencia del poder y ajeno a toda lógica de dominación. No se refieren, no, a que la universidad sea autónoma para producir el conocimiento que juzgue oportuno y beneficioso para el avance y la mejora de sus disciplinas, al margen de cualquier lucro económico de cualquier entidad privada. No quieren decir, por supuesto, que la universidad sea un lugar de producción de discursos alternativos a la ideología dominante, libre de toda dialéctica mercantilista. Ellos hablan de otro tipo de “autonomía” universitaria, de otro tipo de universidades “libres”: “libres” para precarizar las condiciones de sus estudiantes, docentes e investigadores, “libres” para someterse a los grupos económicos más poderosos, “libres” de obstáculos para ser intervenidas definitivamente por el “libre” mercado capitalista.
En estos últimos meses de desmovilización hemos perdido mucho terreno, y la primera muestra es precisamente esta radicalización del lenguaje neoliberal de los documentos oficiales, que las autoridades utilizan alegremente y sin pagar por ello, a día de hoy, ningún precio político. Todos los esfuerzos que hizo el gobierno en los medios de comunicación, hace dos-tres años, por negar la naturaleza eminentemente mercantilista del EEES (incluso se destinaron 13 millones de euros, en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, a propaganda sobre Bolonia en diarios y televisiones), han sido absolutamente desterrados en esta nueva fase del proceso: cuando la respuesta de la comunidad universitaria ha perdido intensidad, el Estado ha abandonado sus reservas a la hora de declarar abiertamente los planes que tiene para nuestra educación. Es cierto que los textos se entienden mejor y que son por lo tanto más fáciles de criticar (puesto que en seguida notamos las intenciones nocivas que tienen), pero no hay olvidar que el avance en su lenguaje es proporcional al retroceso en nuestra lucha –o a su ausencia. Ante el enorme fortalecimiento y la ambición que muestran los planes de la EU2015, no valen medias tintas. No podemos andarnos con tibiezas en este escenario, en el que enfrentamos un proyecto drástico, fulminante. Hay que construir un discurso rupturista y radical, como mínimo en el mismo grado que el que rechazamos, para oponernos a estos ataques.
También tenemos que estar muy atentos a todos los pasos que vaya dando el gobierno en la aplicación de sus planes, puesto que su intención es hacer esta reforma poco a poco y sin hacer ruido, para que no nos demos cuenta. El documento de Gobernanza del Ministerio, que se ha ido citando repetidas veces, dice textualmente: “La reforma (…) ha de acometerse de forma progresiva y paulatina. Cualquier intento de cambio brusco puede chocar con la incomprensión y resistencia de instituciones que, por razones puramente históricas, tienden al recelo frente a cualquier novedad o modificación sustancial (véase Bolonia, no sólo desde la perspectiva estudiantil sino desde la reticencia latente en determinados sectores del personal docente e investigador). (…) La estrategia de comunicación ha de ser, además, diseñada desde un principio, sin margen a la improvisación. El ejemplo de Bolonia y su deficiente “comunicación” a la sociedad está demasiado reciente como para olvidarlo” (Pág. 22-23).
Por supuesto, la educación no es el único campo en el que los grupos de presión capitalistas están ganando posiciones: no hay que perder de vista la situación de retroceso general que estamos viviendo en sanidad, sueldos, despidos, pensiones, contratos, jornada laboral, y demás convenios colectivos. La EU2015 forma parte de un proceso amplio que rebasa el ámbito estrictamente universitario. Los estudiantes, futuros trabajadores precarios, futuros parados, futuros engranajes de un mercado que ofrece unas condiciones cada vez más penosas, tenemos que ser capaces de construir una fuerza socialmente visible, y tratar de confluir con una masa crítica lo más amplia posible para luchar contra esta deriva generalizada que solo beneficia al capital.
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