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fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article30512
La formación tiene «pruebas materiales» para demostrar que la anulación de cientos de sus avales se ha debido a un «acto deliberado y consciente» por parte de la Administración. Denuncian una «operación política prediseñada» en contra para dejarles fuera del «combate político».
A menos de dos semanas para las elecciones generales, el Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) espera una solución judicial para lo que considera un «fraude electoral» en la provincia de Barcelona. El Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y el propio PCPC han tenido que presentar numerosos recursos electorales contra la no proclamación de sus candidaturas en A Coruña, Zaragoza, Madrid, Ciudad Real, Girona y Barcelona. La batalla judicial ha llegado hasta el Tribunal Constitucional en los casos de Madrid y Ciudad Real, que recientemente ha fallado en favor de la admisión de las listas. En el resto de provincias, con la excepción de Barcelona, las distintas Juntas Provinciales han acabado dando la razón al PCPE y PCPC.
En Barcelona, el partido llevó a cabo la obligación de presentar el número de firmas exigidas en la provincia a mediados de octubre. De los 4.500 avales entregados a la Junta electoral, sólo 4.300 fueron reconocidos por la misma y 900 fueron anulados días después. Precisamente veinticuatro horas antes de esa anulación, la Junta Electoral Central modificó el régimen de avales para impedir la aportación de nuevas firmas para el caso de que las entregadas hubieran sido desestimadas. La nueva norma solo permitía, a partir de esa fecha, aportar, corregidos, los mismos avales, pero no unos nuevos y distintos a los presentados en una primera instancia. La formación, que tacha la medida de «despropósito legal», denunció una «total indefensión» debido a la imposibilidad de volver a encontrar a personas desconocidas que dieron su firma en espacios públicos.
No obstante, y a pesar de la nueva normativa, la formación presentó más de 600 avales que tenía de reserva recurriendo a su vez la decisión de la Junta de impedir nuevas firmas. Los tribunales estimaron la demanda y se procedió a la entrega de aquellos. De igual forma que en la anterior ocasión, la Junta reconoció menos avales de los presentados y anuló 200. El PCPC volvió a presentar un nuevo recurso y exigió la copia de los 4.990 avales reconocidos por la Junta. Fue en ese momento, al analizar los documentos, cuando la formación vio las irregularidades que ha venido denunciando en relación con los avales presentados. Según recientes comunicados, centenares de avales que han sido desestimados por «falta de datos» están completos, con su DNI correspondiente y han sido verificados directamente con el avalista. Decenas de avales que han sido omitidos llevaban una marca en forma de equis a un lado, lo que hace sospechar a la formación que «no han sido omitidos por descuido». En algunos casos y de manera flagrante, «páginas completas de avales han sido omitidas» directamente.
El PCPC considera que al «fraude electoral» hay que añadir los obstáculos que la Justicia está interponiendo en su camino. En momentos como el actual, en plena campaña electoral, en los que la celeridad judicial es una necesidad básica para las distintas candidaturas, la formación se ha encontrado con varios juzgados que desestiman por sistema sus demandas alegando defectos formales «para evitar entrar en el fondo» del asunto. Asimismo, ayer, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 15 de Barcelona declaró que en ningún caso va a suspender las elecciones en la provincia de Barcelona, aunque existiera la posibilidad de encontrar «indicios de irregularidad», alegando que la defensa del derecho al sufragio pasivo, esto es, la defensa del derecho a ser elegido en unas elecciones, no puede vulnerar el derecho al sufragio activo, es decir, el derecho a elegir por parte de la ciudadanía.
Ante esta situación y en su último comunicado, el PCPC ha exigido a la Administración que se le permita ejercer su derecho «a participar en las elecciones» y espera asimismo «que se depuren las responsabilidades respecto al recuento fraudulendo de avales». La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, en cuyas manos se encuentra en estos momentos un recurso de amparo planteado por la formación con motivo de las irregularidades de la Junta electoral.
La formación tiene «pruebas materiales» para demostrar que la anulación de cientos de sus avales se ha debido a un «acto deliberado y consciente» por parte de la Administración. Denuncian una «operación política prediseñada» en contra para dejarles fuera del «combate político».
A menos de dos semanas para las elecciones generales, el Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) espera una solución judicial para lo que considera un «fraude electoral» en la provincia de Barcelona. El Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y el propio PCPC han tenido que presentar numerosos recursos electorales contra la no proclamación de sus candidaturas en A Coruña, Zaragoza, Madrid, Ciudad Real, Girona y Barcelona. La batalla judicial ha llegado hasta el Tribunal Constitucional en los casos de Madrid y Ciudad Real, que recientemente ha fallado en favor de la admisión de las listas. En el resto de provincias, con la excepción de Barcelona, las distintas Juntas Provinciales han acabado dando la razón al PCPE y PCPC.
En Barcelona, el partido llevó a cabo la obligación de presentar el número de firmas exigidas en la provincia a mediados de octubre. De los 4.500 avales entregados a la Junta electoral, sólo 4.300 fueron reconocidos por la misma y 900 fueron anulados días después. Precisamente veinticuatro horas antes de esa anulación, la Junta Electoral Central modificó el régimen de avales para impedir la aportación de nuevas firmas para el caso de que las entregadas hubieran sido desestimadas. La nueva norma solo permitía, a partir de esa fecha, aportar, corregidos, los mismos avales, pero no unos nuevos y distintos a los presentados en una primera instancia. La formación, que tacha la medida de «despropósito legal», denunció una «total indefensión» debido a la imposibilidad de volver a encontrar a personas desconocidas que dieron su firma en espacios públicos.
No obstante, y a pesar de la nueva normativa, la formación presentó más de 600 avales que tenía de reserva recurriendo a su vez la decisión de la Junta de impedir nuevas firmas. Los tribunales estimaron la demanda y se procedió a la entrega de aquellos. De igual forma que en la anterior ocasión, la Junta reconoció menos avales de los presentados y anuló 200. El PCPC volvió a presentar un nuevo recurso y exigió la copia de los 4.990 avales reconocidos por la Junta. Fue en ese momento, al analizar los documentos, cuando la formación vio las irregularidades que ha venido denunciando en relación con los avales presentados. Según recientes comunicados, centenares de avales que han sido desestimados por «falta de datos» están completos, con su DNI correspondiente y han sido verificados directamente con el avalista. Decenas de avales que han sido omitidos llevaban una marca en forma de equis a un lado, lo que hace sospechar a la formación que «no han sido omitidos por descuido». En algunos casos y de manera flagrante, «páginas completas de avales han sido omitidas» directamente.
El PCPC considera que al «fraude electoral» hay que añadir los obstáculos que la Justicia está interponiendo en su camino. En momentos como el actual, en plena campaña electoral, en los que la celeridad judicial es una necesidad básica para las distintas candidaturas, la formación se ha encontrado con varios juzgados que desestiman por sistema sus demandas alegando defectos formales «para evitar entrar en el fondo» del asunto. Asimismo, ayer, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 15 de Barcelona declaró que en ningún caso va a suspender las elecciones en la provincia de Barcelona, aunque existiera la posibilidad de encontrar «indicios de irregularidad», alegando que la defensa del derecho al sufragio pasivo, esto es, la defensa del derecho a ser elegido en unas elecciones, no puede vulnerar el derecho al sufragio activo, es decir, el derecho a elegir por parte de la ciudadanía.
Ante esta situación y en su último comunicado, el PCPC ha exigido a la Administración que se le permita ejercer su derecho «a participar en las elecciones» y espera asimismo «que se depuren las responsabilidades respecto al recuento fraudulendo de avales». La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, en cuyas manos se encuentra en estos momentos un recurso de amparo planteado por la formación con motivo de las irregularidades de la Junta electoral.
