Una empresa de armas bélicas llevará a los tribunales al Gobierno español

La empresa de armamento Instalaza ha recurrido a los tribunales para intentar conseguir una indemnización del gobierno por aprobar, en julio de 2008, una moratoria unilateral en el uso, producción y venta de bombas de racimo, una medida que ha perjudicado los negocios de esta compañía, único fabricante que queda en España de este tipo de bombas (llamadas también MAT-120) que están prohibidas desde hace años en Europa aunque se siguen fabricando, pues los gobiernos de la Unión europea las siguen usando y los tres principales bancos españoles (Santander, BBVA y Bankia) además de laCaixa, las han estado financiando hasta hace escasos 4 meses.

La compañía presentó en mayo de 2011 una reclamación al Ejecutivo por un importe de más de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante.

La decisión de recurrir a los tribunales se desprende del informe de las cuentas de la empresa correspondientes al ejercicio 2010, en el que se señala que la reclamación ha sido aceptada a trámite y está pendiente de resolución por los tribunales en vía contencioso-administrativa. Como si el gobierno además de las supuestas pérdidas de los bancos también tuviera que hacerse cargo de las de las empresas armamentísticas.

En concreto, la compañía demanda una indemnización por los contratos de venta con países como Libia o Finlandia, que dejaron de tener validez tras la moratoria del Gobierno.

También piden que se les compense por los “materiales acumulados” para la fabricación de las bombas de racimo y el gasto en I+D invertido en los explosivos. Según la empresa, el valor de estas existencias ronda los 4 millones de euros y cifra el dinero que ha destinado a su desarrollo en casi otro millón de euros. Esto se puede entender como un chantaje, pero el gobierno español les encargaba la fabricación y les compraba las armas.

La prohibición de fabricar y vender bombas de racimo llevó a la empresa Instalaza a facturar un 42,6% menos en 2009 y cerrar el negocio anual con una pérdida de 127.499 euros. Sin embargo, según las cuentas correspondientes a 2010, la empresa terminó el año con un beneficio neto de 634.485 euros gracias a que en realidad, la facturación superó los 8,31 millones de euros, con una mejora del 37,1%

Este incremento se debió a que las ventas en España se duplicaron, frente al desplome de sus exportaciones. Aun así “exigen” una indemnización y lo peor es que si el gobierno se la da, la pagaremos, como pagamos sus “servicios” y como seguimos pagando a otras multinacionales de armas. El estado español se gasta 17.000 millones de euros al año en “asuntos militares” (ejército, fabricar armas y comprarlas a otros paises, etc.) lo que se traduce en 46 millones de euros cada día. Cabe destacar que el nuevo ministro de defensa, llamado Pedro Morenés era hasta hace un mes y medio representante de Instalaza.

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