(Visión ultra-neoliberal) El recorte que debería haber aprobado Rajoy

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

El recorte que debería haber aprobado Rajoy

Únicamente eliminando la grasa más escandalosa de la Administración central podríamos haber logrado, sin subidas de impuestos, una reducción del déficit más de dos veces superior a la que salió del pasado Consejo de Ministros

El Gobierno del Partido Popular aprobó el pasado viernes una injusta y contraproducente subida de impuestos, propia del peor Zapatero. Su justificación la encontró en la desviación extraordinaria del déficit público para este año, del 6 al 8% del PIB: resultaba imprescindible incrementar los gravámenes del IRPF para compensar el ensanchamiento de ese agujero. ¿Seguro? ¿Acaso no había otras partidas de las que recortar antes de subir impuestos?

Echemos algunas cuentas. Con la estocada tributaria, los de Rajoy esperan recaudar unos 6.200 millones, cifra a la que se añade una minoración del gasto público de 8.900 millones. En total, pues, 15.100 millones de reducción del déficit, lo que dejaría éste en el 6,5% del PIB, dos puntos por encima del 4,4% comprometido para finales de año

La cuestión es, por consiguiente, si podemos alcanzar ese 4,4% sin subir los impuestos. Y la respuesta es que sí, se puede; pero falta voluntad política. A continuación les dejo un desglose de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 que podrían eliminarse y que permitirían reducir los gastos de la Administración central en cerca de 32.000 millones. Con este recorte, el déficit público quedaría en el 5% del PIB, sólo seis décimas por encima del objetivo para este año.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta reducción del gasto afectaría sólo al Estado central: si realizáramos un ejercicio parecido en las comunidades autónomas –donde el incumplimiento de los objetivos del déficit ha sido mayor–, el ajuste podría ser muy superior, lo que probablemente nos dejaría cerca del compromiso del 3% de déficit para 2013.

Nótese, además, que he sido extremadamente conservador en los recortes. Para no herir sensibilidades, no he recortado la remuneración general de los empleados públicos ni el mal llamado gasto social (las únicas excepciones son el PER agrario y la ingente rúbrica de los cursillos de formación de los desempleados, monumento a la ineficiencia y el despilfarro). También he optado por no tocar lo que se consideran funciones nucleares del Estado (justicia, seguridad y defensa). Eso no significa que no crea que, en un momento crítico como el actual, no hubiese que proceder a una revisión profunda de todas estas partidas: por ejemplo, rebajando un 10% la remuneración a los empleados públicos, reduciendo en un tercio su número e instaurando copagos en sanidad y la enseñanza no obligatoria y reformando la prestaciones por desempleo para acortar su duración (por supuesto, de la mano de una reforma laboral de verdad que permita una progresiva reocupación de los cinco millones de parados).

Más bien, lo que intento probar es que únicamente eliminando la grasa más escandalosa de la Administración central, en forma de subvenciones, planificación de la producción y organismos públicos innecesarios, podríamos haber logrado, sin subidas de impuestos, una reducción del déficit más de dos veces superior a la que salió del pasado Consejo de Ministros. En su lugar, el PP de Mariano Rajoy ha preferido castigar y perseguir a la economía privada con tal de minimizar el adelgazamiento de un entramado estatista cada vez menos justificable y sostenible.

Aquí les dejo mi propuesta de recortes con respecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Obviamente, no es necesario estar de acuerdo con toda ella para reconocer que hay un margen enorme para reducir el gasto sin necesidad de subir todavía más los impuestos. Tampoco es necesario defender que la rebaja del gasto deba ser permanente o total, sino sólo temporal (como temporal es, según nos cuentan, la subida de impuestos) y parcial para atajar el déficit sin subir impuestos.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: 2.085 millones

•Cooperación para el desarrollo: 1.971 millones.
•Cooperación, promoción y difusión de la cultura en el exterior: 114 millones.

Ministerio de Economía y Hacienda: 1.477 millones

•Incentivos regionales a la localización industrial: 179 millones.
•Seguros de crédito a la exportación: 280 millones.
•Servicios de transporte de ministerios: 47 millones.
•Transferencias a RTVE: 631 millones.
•Aportación patrimonial al ICO: 340 millones.

Ministerio del Interior: 127 millones

•Financiación de partidos políticos: 127 millones.

Ministerio de Fomento: 5.262 millones

•Dirección y servicios generales de vivienda: 18 millones.
•Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda: 1.126 millones.
•Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 214 millones.
•Subvenciones y apoyo al transporte marítimo: 84 millones.
•Subvenciones y apoyo al transporte aéreo: 344 millones.
•Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías: 40 millones.
•Adquisición de participaciones de la sociedad estatal de infraestructura y transporte terrestre: 799 millones.
•Aportación patrimonial a ADIF: 574 millones.
•Inversiones ferroviarias: 1.022 millones.
•Inversiones en nuevas carreteras: 1.041 millones.

Ministerio de Educación: 107 millones

•Nuevas tecnologías aplicadas a la educación: 107 millones.

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 8.098 millones

•Fomento de la inserción y estabilidad laboral: 7.322 millones.
•Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas: 6 millones.
•Subsidio de desempleo para eventuales del Régimen Especial Agrario: 750 millones.
•Sindicatos y patronal: 20 millones.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 5.935 millones

•Desarrollo industrial: 585 millones.
•Reconversión y reindustrialización: 704 millones.
•Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón: 145 millones.
•Explotación minera: 657 millones.
•Promoción comercial e internacionalización de la empresa: 591 millones.
•Coordinación y promoción del turismo: 623 millones.
•Apoyo a la pequeña y mediana empresa: 156 millones.
•Infraestructuras en comarcas mineras del carbón: 289 millones.
•Investigación y desarrollo tecnológico-industrial: 407 millones.
•Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información: 369 millones.
•Innovación tecnológica de las telecomunicaciones: 721 millones.
•Transferencias al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras: 688 millones.

Ministerio de Ciencia e Innovación: 5.498 millones

•Investigación científica: 682 millones.
•Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica: 2.139 millones.
•Investigación y desarrollo técnico-industrial: 2.426 millones.
•Investigación y experimentación agraria: 79 millones.
•Investigación oceanográfica y pesquera: 60 millones.
•Investigación geológico-minera y ambiental: 26 millones.
•Investigación energética, ambiental y tecnológica: 86 millones.
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 388 millones

•Competitividad y calidad de la producción agraria: 53 millones.
•Competitividad y calidad de la producción ganadera: 135 millones.
•Programa de desarrollo rural sostenible: 200 millones.

Ministerio de Cultura: 391 millones

•Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior: 17 millones.
•Promoción y cooperación cultural: 54 millones.
•Promoción del libro y publicaciones culturales: 14 millones.
•Fomento de las industrias culturales: 30 millones.
•Música y danza: 107 millones.
•Teatro: 56 millones.
•Cinematografía: 113 millones.

Miscelánea: 2.398 millones

•Imprevistos y funciones no clasificadas: 2.063 millones.
•Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 335 millones.

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en el centro de estudios Isead. Puede seguirlo en Twitter o en su página web personal. Su último libro, coescrito con Carlos Rodríguez Braun, lleva por título El liberalismo no es pecado.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

España, a la cabeza en impuestos y a la cola en libertad económica

Tras la subida de impuestos, España sufre una de las fiscalidades más altas de la UE, pero su libertad económica está en niveles del Tercer Mundo.

M. Llamas 2012-01-02

La subida de impuestos aprobada por el Gobierno la pasada semana acaba de situar a España entre los países que sufren los mayores impuestos directos de la UE. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy subió, de forma progresiva, los tipos del IRPF entre el 0,75% y el 7% a las rentas del trabajo y aprobó un aumento de hasta el 6% sobre las del capital a partir del 1 de enero de 2012.

Tabla 1: En concreto, en España (ES, por su abreviatura en la siguiente tabla) el tipo impositivo máximo sobre la renta (top statutory tax rate on personal income, en inglés) se sitúa ahora en el 52%, a la altura de Holanda (NL) y tan sólo superado por Suecia (SE) y Bélgica (BE), con un 56,4% y un 53,7%, respectivamente, según los datos de la oficina estadística de la UE (Eurostat) correspondientes a 2011.

De este modo, de un día para otro, España se ha colocado como el tercer país de la UE con un tipo máximo del IRPF más elevado, cuando antes ocupaba el undécimo puesto del ranking, superando a las grandes potencias europeas: Alemania (DE), con un 47,5%, Francia (FR), con un 46,7%, Italia (IT), con un 45,6%, o Gran Bretaña (UK), con un 50%. La media de la UE-27 apenas alcanza el 37,1%, mientras que la de la zona euro es del 41,8%.



(Pinche para ampliar Tabla 1)

De hecho, incluso antes de que el PP aprobara subir el IRPF, España ya contaba con una de las fiscalidades directas más gravosas de los países ricos, englobados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así, de los 34 países que conforman dicha organización, España ocupó en 2010 la duodécima posición en el particular ranking que mide la carga tributaria sobre los salarios -incluyendo el impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales-, con un 39,6%. Bélgica, con un 55,4%, soportó el mayor peso de impuestos directos sobre la renta, seguido de Francia (49,3%), Alemania (49,1%), Austria (47,9%), Italia (46,9%) y Hungría (46,4%), mientras que la media de la OCDE fue del 34,9 %.

España fue, además, el segundo país de la OCDE, tras Islandia, en donde más aumentó la fiscalidad directa sobre los salarios en 2010 (casi 3,3 puntos porcentuales). La nueva subida aplicada por Rajoy añadirá aún más esta costosa carga que sufren los trabajadores, elevando a España al top ten de la OCDE en esta materia.

Lo mismo sucede con la tributación sobre los rendimientos de capital. Hasta ahora había dos tramos: hasta 6.000 euros se pagaba el 19% y desde esa cantidad el 21%. Sin embargo, el Gobierno del PP ha establecido ahora tres tramos aplicando un incremento fiscal progresivo: hasta 6.000 euros se pagará el 21%; de 6.000 a 24.000 se pagará el 25% y a partir de esa cantidad, el 27%.

Así pues, España contará también con uno de los tributos más altos de la UE sobre el capital. Reino Unido tan sólo supera a España en un punto porcentual, después de que el Gobierno de David Cameron elevara en 2010 en diez puntos, hasta el 28%, la carga sobre las ganancias de capital de las rentas más altas, aunque manteniendo en el 18% las de los inversores con rentas medias y bajas.

Escasa libertad económica

El problema es que esta elevada fiscalidad se combina con una escasa libertad económica, lastrando con ello el potencial crecimiento de la economía nacional. Y es que, España, si bien sufre una de las fiscalidades más altas de la UE, se sitúa a la cola de los países europeos en cuando a facilidad para abrir negocios y desarrollar empresas.

Según el último ranking de libertad económica que elabora el prestigioso Fraser Institute canadiense, España ocupó el puesto 54 del mundo, de un total de 141 países analizados. Una posición muy alejada de casi todos los grandes países de la UE, que se sitúan en los 30 primeros puestos. Tan sólo Italia, Portugal y Grecia están peor clasificados. De hecho, en el puesto 52 del ránking está Uganda, en el 55 Trinidad y Tobago, en el 56 Kazajstán y en el 57 Kenya.

Tabla 2: En concreto, ocupa el puesto 94 del mundo en cuanto a tamaño estatal (area 1 en la siguiente gráfica), el 42 en materia de protección y propiedad privada (area 3), el 56 en comercio internacional (area 4), el 101 en cuanto a regulación, el 118 en materia laboral y el 81 en cuanto a regulación empresarial (area 5, ocupando un puesto global de 92).



(Pinche para ampliar tabla 2)



Tabla 3: Además, la evolución de España a lo largo de los últimos años deja mucho que desear en este ámbito, ya que ha ido perdiendo posiciones de forma progresiva durante las legislaturas del PSOE, pasando del puesto 21 del ranking mundial en 2004 al 54 en 2009, tal y como muestra la siguiente tabla, que mide el nivel de libertad económica (una nota de 10 indica máxima libertad económica).



(Pinche para ampliar tabla 3)

Destaca el contraste que mantiene España respecto a otros países europeos. Así, por ejemplo, Suiza se alza con el puesto cuarto del mundo en libertad económica, Reino Unido ocupa el octavo lugar, mientras que los países nórdicos con elevados impuestos como Finlandia se sitúan en el undécimo lugar del ránking. Los países bálticos y del Este de Europa también lideran este indicador a nivel europeo: Eslovaquia (13), Estonia (15), Hungría (15), Lituania (24) o Georgia (27). Por último, Irlanda (rescatado por la UE y el FMI) se mantiene como vigésimo quinto más libre del planeta.

Es decir, España se sitúa a la altura de países del Tercer Mundo en materia de libertad económica. Un dato, que sumado a la elevada tributación que soportan los españoles, acaba configurando un peligroso cóctel. Y es que, la escasa capacidad de generar riqueza y los impuestos altos amenazan de forma directa al potencial crecimiento de la economía nacional.

La burguesia española ha demostrado a lo largo de la historia que no le tiembla el pulso a la hora de sacrificarnos.

No olvidar la guerra de africa y la tragedia de annual donde la tropa fue masacrada y estrangulada con sus propios intestinos mientras los oficiales contemporizaban con abd del krim.

Son los mismos

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

¿Quién es el culpable del exceso de deuda privada?
Juan Ramón Rallo

¿Quién es, en suma, el culpable del perverso sistema en qué vivimos? Desde luego, el intervencionismo monetario y financiero del Estado.

Cuando los liberales afirmamos que la actual crisis es consecuencia del intervencionismo estatal se nos suele replicar que en algunos países como España el problema no viene tanto por el volumen de deuda pública –relativamente bajo para los estándares internacionales– sino por el de deuda privada, es decir, por la deuda que libremente han contraído familias, empresas y bancos en un mercado desregulado. Por consiguiente, se concluye, no ha sido el sector público quien ha ocasionado los desbarajustes actuales, sino el privado: el neoliberalismo salvaje desbocado que no hizo sino multiplicar las deudas por el afán especulador y la visión extremadamente cortoplacista de los seres humanos.

No es momento de analizar aquí si la austeridad que presuntamente practicaron muchos Estados como el español durante la época del boom fue real o más bien un mero espejismo contable derivado de que sus ingresos crecieron muchísimo al socaire de la burbuja crediticia. Mi objetivo es más limitado: explicar por qué el sector privado no habría sido capaz de endeudarse de una manera tan desorbitada sin el concurso imprescindible del Estado.

El volumen de deuda de toda sociedad depende de dos factores: la oferta y la demanda de crédito. A su vez, la oferta depende fundamentalmente del volumen de ahorros disponible en una parte de esa sociedad (de cuánto tiempo está dispuesta a esperar cada persona para consumir) y la demanda de cuánto desea gastar por encima de su renta la sociedad. Es decir, los ahorradores difieren la satisfacción de sus necesidades para que otros puedan adelantarla: unos gastan de menos para que otros gasten de más.

¿Y cómo se coordina la demanda y la oferta de crédito? Fundamentalmente a través de los tipos de interés: a saber, el precio que deben pagar los demandantes de crédito por adelantar su gasto y el que reciben los oferentes para compensarles por el retraso. Por un lado, si el ahorro aumenta, esto es, si hay más gente dispuesta a diferir sus necesidades durante más tiempo, la oferta de crédito crecerá y los tipos de interés bajarán (y lo contrario si el ahorro se reduce). Por otro, si la demanda de crédito aumenta, como habrá más gente compitiendo por un volumen dado de ahorros, los tipos de interés se incrementarán, y aquellos que valoren en menor medida anticipar su gasto futuro, se quedarán sin crédito.

Los tipos de interés son un elemento fundamental en nuestras economías, en tanto en cuanto permiten la coordinación de las personas a lo largo del tiempo: si uno gasta más de lo que ha producido o va a producir durante un período de tiempo es porque otro gasta menos de lo que ha producido o va a producir. Pero los tipos de interés libremente establecidos no sólo facilitan la coordinación entre los agentes, sino que imponen un límite muy severo al endeudamiento: sólo se puede conceder como crédito aquello que se haya previamente ahorrado. Ya vimos que los aumentos de la demanda de crédito son en gran parte esterilizados por subidas del tipo de interés, por lo que resulta harto complicado que las burbujas financieras basadas en el aumento continuado del crédito puedan mantenerse por mucho tiempo: si la demanda de deuda se incrementa exponencialmente, los tipos de interés también lo harán, lo que secará la demanda.

Pero, ¿qué sucede en nuestros sistemas financieros modernos? Pues que los bancos gozan de una serie de privilegios concedidos por el sector público por los que son capaces de incrementar la oferta de crédito muy por encima del nivel de ahorro disponible. Básicamente: los bancos pueden asumir nuevas deudas y refinanciarlas continuamente en el banco central a los tipos de interés artificialmente bajos que éste establezca; y, a su vez, este banco central no tiene límite alguno a la hora de refinanciar las deudas de la banca porque no ha de convertir sus propias deudas en oro (o en otro dinero líquido que no genere él mismo). Es decir, el sistema financiero se construye sobre una pirámide de apalancamiento: con tal de aumentar la oferta de crédito a los particulares, los bancos privados asumen nuevas deudas que no pueden pagar y el banco central refinancia esas deudas asumiendo, a su vez, nuevas deudas que no tiene la obligación de pagar de ninguna manera (de hecho, las deudas del banco central es lo que se utiliza en nuestras sociedades como "dinero de curso legal").

Parece claro que, dentro de este marco financiero, si la demanda de crédito se incrementa, los bancos privados lo tienen muy sencillo para atenderla mediante la concesión de una barra libre de financiación que evite los aumentos en los tipos de interés y el consiguiente aborto de la demanda crediticia. Los bancos no necesitan ni mucho menos captar más ahorro para conceder más crédito y tampoco tienen por qué cargar tipos de interés más altos ante una mayor propensión al endeudamiento de la sociedad: pueden prestar hoy un ahorro que se supone que la sociedad generará mañana.

En España, por ejemplo, el crédito hipotecario creció entre 2003 y 2007 a una tasa media del 18% anual y en EEUU al 10% anual, pero los tipos de interés no sólo no subieron sino que bajaron entre tanto. ¿Acaso fue que el ahorro español y estadounidense creció a tasas similares o superiores al de la demanda de crédito? Obviamente no: fue que los bancos concedieron créditos con cargo al ahorro futuro. Algunos economistas afirman que durante esos años nos estuvimos financiando con cargo al ahorro alemán y chino, pero, de nuevo, la financiación extranjera que entraba en nuestro país no era ahorro, sino crédito alemán y chino que superaba en mucho el ahorro interno de esos países. Sólo es necesario acercarse al balance de cualquier banco alemán para comprobar que el plazo de los créditos que concedieron esos bancos era muy superior al de las deudas que creaban para sufragarlos; es decir, los alemanes no estuvieron dispuestos a ahorrar durante todo el tiempo como el que se nos permitió a los españoles gastar en exceso a cuenta de esos alemanes.

Por consiguiente, ¿quién provocó el actual problema de exceso de endeudamiento privado? ¿El sector privado por demandar crédito o el sector público por forzar a que se diera ese crédito? Desde luego, sin una fuerte demanda de crédito, el volumen de deudas no puede aumentar; pero tampoco es capaz de hacerlo sin una elástica oferta de crédito. La cuestión, por tanto, debe replantearse: ¿quién es el responsable de haberse las instituciones que en el pasado permitieron frenar a tiempo estas borracheras de endeudamiento?

Y aquí la respuesta es clara: el intervencionismo estatal en materia monetaria y financiera. Fueron los Estados quienes, primero, abandonaron el patrón oro para que los bancos centrales pudieran refinanciar indefinidamente a la banca privada cuando concediera crédito y quienes, después, instrumentaron a esos bancos centrales para que en 2002 rebajaran los tipos de interés a niveles artificialmente bajos, reanimando así una demanda de crédito que en aquel momento estaba decayendo en medio de la recesión internacional. Se quiso salir de la crisis de 2002 con nuevas dosis de endeudamiento y, desde luego, el objetivo se logró, pero sólo a costa de acrecentar los desajustes económicos y de alcanzar unos niveles de deuda privada totalmente insostenibles.

¿Quién es, en suma, el culpable del perverso sistema en qué vivimos? Desde luego, el intervencionismo monetario y financiero del Estado. En su ausencia –es decir, con patrón oro y una banca sin acceso casi ilimitado al banco central– podría haber habido una intensísima demanda de crédito, pero ésta hubiese sido aplastada por una oferta inelástica y por unos tipos de interés al alza. Pero no, quisimos fiesta... y la tuvimos.

Puede dirigir sus preguntas a [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en el centro de estudios Isead. Puede seguirlo en Twitter o en su página web personal. Su último libro, coescrito con Carlos Rodríguez Braun, lleva por título El liberalismo no es pecado.