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Ante la crisis provocada en diversas naciones por el pago de los llamados créditos académicos para cursar estudios universitarios, como ocurre en Estados Unidos, Chile y Colombia, no es la mejor decisión pedir a los jóvenes y sus familias que se endeuden, afirmaron rectores de instituciones públicas de educación superior de México.
Felipe Calderón
Tras el anuncio de la puesta en marcha del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (PNFE), con el que se busca destinar 2.500 millones de pesos para créditos educativos en instituciones privadas, afirmaron que se trata de una estrategia orientada a privatizar la formación universitaria en beneficio de los grupos bancarios y crediticios.
Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional, indicó que con la decisión del gobierno de Felipe Calderón “entramos en un modelo que favorece la educación privada, cuando lo que tendríamos que hacer es reforzar la pública”.
“Además, sin la garantía de que un estudiante tendrá empleo al concluir su formación, es un riesgo aceptar un crédito. Deben tener una buena formación financiera para medir las consecuencias y decidir sensatamente si les conviene”, añadió.
Desafortunadamente, agregó, “no se han adoptado medidas para incrementar la matrícula y se argumenta que si hay lugares en las universidades privadas, los estudiantes tomen los créditos para entrar. Me parece que no es la mejor opción, porque lo más fácil es obtener el crédito, pero el problema es que los estudiantes pasan mucho tiempo comprometidos para pagar esos préstamos, porque las escuelas privadas demandan cantidades fuertes”.
Fernando Bilbao, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), aseguró que se trata de una estrategia del gobierno federal para dar una alternativa al problema de la cobertura, pero al final se fortalece la privatización de la educación.
“Es incomprensible que se otorguen apoyos a las universidades privadas cuando las públicas enfrentan déficit financiero que, como en el caso de la UAEM, con una inversión adicional de sólo 200 millones de pesos podríamos salir adelante, pero esos recursos no nos llegan y seguimos sin poder alcanzar las metas de crecimiento”, dijo Bilbao.
“Consideró que también es injustificable que cuando los modelos de crédito han fallado en otras regiones de América Latina, como en Chile y Colombia, donde los propios rectores exigen otras alternativas, aquí se apoye la entrega de créditos académicos, pues uno por ciento de las universidades privadas tienen ciento por ciento de sus programas académicos reconocidos por su calidad, en contraste con el esfuerzo que realizan las públicas”.
René Asomoza Palacios, director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, consideró que “cualquier esfuerzo en favor de la educación es positivo, pero falta hacer muchas cosas en las instituciones públicas, como destinar más recursos a la investigación y creación de plazas para nuestros egresados de doctorado”.
Ángel Cano Garza, rector de la Universidad Latina y presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), consideró que quienes se vean beneficiados con los créditos académicos, cuyo monto puede alcanzar 215.000 pesos para licenciatura y 280.000 para posgrado, y no realicen los pagos correspondientes, entrarán al Buró de Crédito y tendrán problemas que ya conocemos cuando uno se ve inmerso en una deuda.
Dijo que el programa es todo un logro para las instituciones privadas y que en la primera etapa se buscará consolidar los créditos en 21 universidades particulares, sobre todo en aquellas que cuentan con la mayor matrícula, pues el préstamo no es a fondo perdido; quienes lo reciben están sujetos a los requerimientos y obligaciones de un préstamo bancario.
Cano Garza explicó que el PNFE depende de los recursos presupuestales de los próximos años y anunció que el programa será prioridad en la agenda con los candidatos a la Presidencia de la República, con quienes la FIMPES buscará reunirse en los próximos meses.
RNV / La Jornada
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