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Tras la muerte de Wilmar Villar, preso cubano detenido por la comisión de agresiones a su esposa, a la madre de ésta y a los agentes que acudieron en defensa de las dos mujeres, el gobierno español se ha sumado a una campaña promovida por los gobiernos de los EEUU y Chile para difamar a Cuba, a su gobierno y a su revolución.
Las declaraciones de las autoridades españolas instan al gobierno de Cuba a “liberar a todos los presos políticos, a garantizar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y a permitir la libre expresión de todas las ideas políticas sin excepción".
Estas declaraciones de las autoridades españolas no dejan de sorprender por su cinismo, su falta de catadura moral, su hipocresía y la falta de honestidad cuando está realizada por el gobierno de un país que sistemáticamente viola los derechos de centenares de presos políticos independentistas, comunistas y anarquistas en nuestro propio territorio, muchos de ellos con enfermedades terminales y que no han tenido derecho a ningún tipo de atención especial; viola los derechos de cientos de miles de inmigrantes a los que no han dudado en sedar para trasladarlos a terceros países condenándolos a vagar por sus calles; viola los derechos fundamentales al trabajo, a una vivienda digna, a la alimentación, y ahora también pretende recortar los derechos a la sanidad y a la educación gratuita a millones de ciudadanos españoles; viola el derecho a la libertad de expresión, a la vez que mantiene una ley denominada Ley de Partidos que restringe la actividad de cualquier organización que no comulgue con los postulados del régimen capitalista de producción.
Del mismo modo, la existencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal plantea la incomunicación de detenidos en España durante cinco días, extensivos a 13 en los denominados casos de terrorismo, conduce a una persona detenida por cualquier razón a desaparecer durante días, como tragadas por la tierra.
El Estado español, y según palabras de Amnistía Internacional, es “uno de los regímenes de detención más severos de toda la Unión Europea y sigue aplicando criterios raciales en los controles policiales, que se traducen en detenciones ilegales y maltrato a personas extranjeras, en un contexto de amplia impunidad para los responsables de tales abusos”.
No deja de ser inmoral apelar a los Derechos Humanos por parte del gobierno de un país que ha participado en los últimos años, con la aprobación de los partidos mayoritarios, en los bombardeos sistemáticos contra los pueblos de la antigua Yugoslavia, Irak, Afganistán o Libia, causando millones de víctimas civiles. Un país que ha permitido los vuelos y repostaje en su territorio de aviones de la CIA con personas secuestradas, e incluso ha participado directamente en los interrogatorios a prisioneros de origen español, secuestrados en la cárcel ilegal de Guantánamo, territorio ocupado militarmente por el gobierno imperialista de los EEUU a Cuba.
El Partido Comunista Obrero Español considera que la condena al gobierno de Cuba por parte del gobierno reaccionario del estado español lleva implícita una actitud provocadora y subversiva que pretende que el pueblo cubano opte por el modelo capitalista de producción, el mismo modelo que condena a más de cinco millones de ciudadanos españoles al desempleo, que recorta diariamente los derechos laborales de los trabajadores, que llevará en el próximo año a más de un millón de familias a no disponer de vivienda, y que ha dilapidado el futuro de las generaciones venideras.
El actual gobierno español, al igual que el anterior gobierno, está inmerso en centenares de casos de corrupción en los cuales están implicados sus máximos dirigentes en todo el territorio nacional; las máximas autoridades baleares, valencianas y otras no han dudado en saquear las arcas del Estado siempre y cuando han tenido oportunidad de hacerlo, han participado en la corrupción de cargos policiales y judiciales en provecho de sus intereses personales haciendo pagar a los trabajadores españoles el déficit originado a la Hacienda Pública.
Por otra parte, cabría recordarle al gobierno español la hipocresía de sus mandatarios exigiendo respeto por las “libertades” al gobierno cubano, cuando en estos días lloran la muerte del fundador del Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne, ex ministro franquista y responsable, entre otras fechorías, del asesinato de cinco obreros que participaban en una asamblea de trabajadores en la Iglesia San Francisco de Vitoria, así como de causar heridas de gravedad a 60 trabajadores que participaban en la misma.
Si el gobierno español está sensibilizado por la situación de los presos políticos, no es al gobierno cubano a quién debe dirigirse, sino a su propia Administración para responder a la solicitud de cientos de miles de ciudadanos que el pasado día 7 de enero abarrotaron las calles de Bilbao reclamando derechos para los presos políticos en el estado español.
Por último, el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), acusa al gobierno español, así como a los gobiernos de la UE y al gobierno de los Estados Unidos, de la financiación y ayuda a organizaciones contrarrevolucionarias cubanas, así como a grupos terroristas que operan desde Miami, apoyando actitudes ilegales contra Cuba e incitando y utilizando a presos comunes en beneficio de su campaña para desacreditar a la nación caribeña.
El Partido Comunista Obrero Español realiza un llamamiento a los trabajadores españoles a manifestar el apoyo y la solidaridad a Cuba y su revolución a la vez que reclama la necesidad de estar organizados para luchar contra las nuevas agresiones políticas, sociales y laborales que el nuevo gobierno español ha anunciado que realizará en estos próximos meses contra el conjunto de la clase trabajadora en nuestro país.
¡VIVA LA REVOLUCIÓN CUBANA!
¡ABAJO EL SISTEMA CAPITALISTA!
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)
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Las declaraciones de las autoridades españolas instan al gobierno de Cuba a “liberar a todos los presos políticos, a garantizar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y a permitir la libre expresión de todas las ideas políticas sin excepción".
Estas declaraciones de las autoridades españolas no dejan de sorprender por su cinismo, su falta de catadura moral, su hipocresía y la falta de honestidad cuando está realizada por el gobierno de un país que sistemáticamente viola los derechos de centenares de presos políticos independentistas, comunistas y anarquistas en nuestro propio territorio, muchos de ellos con enfermedades terminales y que no han tenido derecho a ningún tipo de atención especial; viola los derechos de cientos de miles de inmigrantes a los que no han dudado en sedar para trasladarlos a terceros países condenándolos a vagar por sus calles; viola los derechos fundamentales al trabajo, a una vivienda digna, a la alimentación, y ahora también pretende recortar los derechos a la sanidad y a la educación gratuita a millones de ciudadanos españoles; viola el derecho a la libertad de expresión, a la vez que mantiene una ley denominada Ley de Partidos que restringe la actividad de cualquier organización que no comulgue con los postulados del régimen capitalista de producción.
Del mismo modo, la existencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal plantea la incomunicación de detenidos en España durante cinco días, extensivos a 13 en los denominados casos de terrorismo, conduce a una persona detenida por cualquier razón a desaparecer durante días, como tragadas por la tierra.
El Estado español, y según palabras de Amnistía Internacional, es “uno de los regímenes de detención más severos de toda la Unión Europea y sigue aplicando criterios raciales en los controles policiales, que se traducen en detenciones ilegales y maltrato a personas extranjeras, en un contexto de amplia impunidad para los responsables de tales abusos”.
No deja de ser inmoral apelar a los Derechos Humanos por parte del gobierno de un país que ha participado en los últimos años, con la aprobación de los partidos mayoritarios, en los bombardeos sistemáticos contra los pueblos de la antigua Yugoslavia, Irak, Afganistán o Libia, causando millones de víctimas civiles. Un país que ha permitido los vuelos y repostaje en su territorio de aviones de la CIA con personas secuestradas, e incluso ha participado directamente en los interrogatorios a prisioneros de origen español, secuestrados en la cárcel ilegal de Guantánamo, territorio ocupado militarmente por el gobierno imperialista de los EEUU a Cuba.
El Partido Comunista Obrero Español considera que la condena al gobierno de Cuba por parte del gobierno reaccionario del estado español lleva implícita una actitud provocadora y subversiva que pretende que el pueblo cubano opte por el modelo capitalista de producción, el mismo modelo que condena a más de cinco millones de ciudadanos españoles al desempleo, que recorta diariamente los derechos laborales de los trabajadores, que llevará en el próximo año a más de un millón de familias a no disponer de vivienda, y que ha dilapidado el futuro de las generaciones venideras.
El actual gobierno español, al igual que el anterior gobierno, está inmerso en centenares de casos de corrupción en los cuales están implicados sus máximos dirigentes en todo el territorio nacional; las máximas autoridades baleares, valencianas y otras no han dudado en saquear las arcas del Estado siempre y cuando han tenido oportunidad de hacerlo, han participado en la corrupción de cargos policiales y judiciales en provecho de sus intereses personales haciendo pagar a los trabajadores españoles el déficit originado a la Hacienda Pública.
Por otra parte, cabría recordarle al gobierno español la hipocresía de sus mandatarios exigiendo respeto por las “libertades” al gobierno cubano, cuando en estos días lloran la muerte del fundador del Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne, ex ministro franquista y responsable, entre otras fechorías, del asesinato de cinco obreros que participaban en una asamblea de trabajadores en la Iglesia San Francisco de Vitoria, así como de causar heridas de gravedad a 60 trabajadores que participaban en la misma.
Si el gobierno español está sensibilizado por la situación de los presos políticos, no es al gobierno cubano a quién debe dirigirse, sino a su propia Administración para responder a la solicitud de cientos de miles de ciudadanos que el pasado día 7 de enero abarrotaron las calles de Bilbao reclamando derechos para los presos políticos en el estado español.
Por último, el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), acusa al gobierno español, así como a los gobiernos de la UE y al gobierno de los Estados Unidos, de la financiación y ayuda a organizaciones contrarrevolucionarias cubanas, así como a grupos terroristas que operan desde Miami, apoyando actitudes ilegales contra Cuba e incitando y utilizando a presos comunes en beneficio de su campaña para desacreditar a la nación caribeña.
El Partido Comunista Obrero Español realiza un llamamiento a los trabajadores españoles a manifestar el apoyo y la solidaridad a Cuba y su revolución a la vez que reclama la necesidad de estar organizados para luchar contra las nuevas agresiones políticas, sociales y laborales que el nuevo gobierno español ha anunciado que realizará en estos próximos meses contra el conjunto de la clase trabajadora en nuestro país.
¡VIVA LA REVOLUCIÓN CUBANA!
¡ABAJO EL SISTEMA CAPITALISTA!
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