Colombia: Estado mafioso, democracia sin contenido y concentración oligopólica de los medios

Entrevista a José Antonio Gutiérrez D.

José Antonio Gutiérrez D. es analista político. Reside en Irlanda donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia. Colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional http://www.anarkismo.net Autor de “Problemas e Possibilidades do Anarquismo” (en portugués -Faisca ed., 2011) y coordinador del libro “Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina” (Quimantú ed. 2010).

Radical en su análisis, porque va a la raíz de los problemas que vive Colombia, José Antonio explica con detalle y profundidad las causas reales del conflicto, el papel del Estado mafioso, la oligarquía y la industria mediática que trabaja al servicio de los grupos de poder.

José Antonio, para entrar a analizar el tema de la entrevista quisiéramos que nos de una visión general respecto al papel de los medios de comunicación en Colombia en relación a ¿quiénes tienen el control sobre esos medios?, ¿cómo se lleva adelante la información sobre el conflicto que vive el país?, ¿si existe o no libertad de expresión?, ¿si los colectivos sociales tienen acceso a los medios de comunicación o tienen la posibilidad de constituir sus propios de medios?

Colombia es uno de los países con la mayor concentración oligopólica sobre los medios de comunicación. El principal periódico, El Tiempo, por ejemplo, está en manos de la familia del presidente. Grupos económicos españoles son propietarios o asociados a estos medios y reproducen una visión de la realidad colombiana que es funcional a los intereses de las multinacionales que invierten en este país, que en última instancia, es convergente con la de los intereses de la elite colombiana.

Eso determina que los medios entreguen una visión del conflicto que es funcional a sus intereses y a su sanbenito de la “confianza inversionista”. Además, ya casi no quedan voces críticas en los medios, pues el asesinato y la amenaza durante las últimas décadas han “limpiado” los medios de voces molestas y los que quedan se autocensuran. No quedan casi periodistas que vayan a las zonas de conflicto y den parte de la realidad de la guerra. Los que lo hacen, son criminalizados y tildados de propagandistas de la insurgencia, cuando solamente quieren hacer bien su trabajo. Todos los medios tienen una sección conflicto, pero esos periodistas rara vez viajan, y cuando lo hacen, se quedan en los cuarteles. Por lo general, sencillamente van a las ruedas de prensa del ministerio de Defensa y consecuentemente repiten la propaganda de un gobierno militarista que oculta la realidad y la distorsiona. Los medios colaboran activamente con esas mentiras, como cuando han culpado a la insurgencia de atrocidades cometidas por el paramilitarismo, la delincuencia común o el mismo Estado.

Queda un par de periodistas críticos, gente como Daniel Coronell, pero no son gente de izquierda, esas voces ya han sido eliminadas. Son voces críticas, que hacen bien su trabajo de periodismo, pero que lo hacen a un costo humano altísimo.

En términos formales desde luego que existe la libertad de expresión. Pero el problema es si esta libertad es algo que tenga algún valor, y es evidente que no es el caso. Formalmente tienes la libertad de expresión, pero sabes que si la usas en un sentido que desagrade a los poderes fácticos, el precio es el asesinato impune. Colombia es un país en el cual existe una democracia superficial, pero luego existe un Estado profundo, un término que se inventó para describir el caso turco, con hondos tentáculos paraestatales. La policía política te puede chuzar, te puede seguir, te puede hacer un montaje, pero el tiro lo pega un sicario. Por eso es tan importante evidenciar los vínculos del Estado con los aparatos paraestatales represivos.

Debido a los intereses corporativos defendidos por los medios, no existe ninguna posibilidad de acceso a ellos por parte del pueblo. No al menos en una base sistemática, aunque en ciertos casos extraordinariamente graves, como los falsos positivos, los medios pueden informar, pero luego la noticia se pierde, y al ser presentada de forma descontextualizada, al asombro lo sigue el olvido.

Que los sectores populares no tengan capacidad de construir medios alternativos pasa por dos factores principalmente: primero, por la dificultad de la persecución de los tentáculos paraestatales del régimen. Eso es muy fuerte. Segundo, por la dispersión que hasta ahora ha existido entre los mismos movimientos sociales, muchas veces atravesados por sectarismos absurdos. Creo que existen algunos medios alternativos importantes, ahí está Periferia, Contagio Radio, Desde Abajo, o la revista CEPA. Pero nos faltan medios de alcance más masivo. Eso podría ser una tarea de primera línea para los movimientos que ahora han entrado a una positiva dinámica de convergencia sobre la base de la lucha por las demandas comunes más sentidas del pueblo.

¿Los medios de comunicación en Colombia llevan adelante un proceso de información veraz, fidedigno o se han parcializado a favor del Estado colombiano y sus instituciones dentro del conflicto que vive el país?

Está claramente parcializado por las razones ya expuestas más arriba. Incluso medios considerados “progresistas” como El Espectador, pierden toda noción de vergüenza para culpar a la insurgencia de todos los males del país, para hablar del Estado paramilitar como un garante del bien común, y toman partido en sus editoriales abiertamente por las políticas de gobierno como la mal llamada “seguridad democrática”.

¿Podría hablarse de que en Colombia hay una guerra mediática contra la insurgencia Colombia o son correctas las informaciones que sobre ella se dicen, principalmente que han dejado sus ideales para transformarse en una banda delincuencial?

La guerra del Estado colombiano es una guerra total, con múltiples componentes: guerra jurídica, económica, militar, política, diplomática, y por supuesto lo mediático es fundamental. El Plan Colombia ha dado una gran importancia a lo mediático, y presidentes como Uribe o Santos son más hombres de espectáculo que estadistas en el sentido propio del término. En última instancia, comunican decisiones tomadas por otros.

Todo lo que los medios dicen sobre la insurgencia debe ser tomado con cautela, por las razones ya mencionadas. El discurso dominante que han planteado es que no hay negociación posible con criminales. Entonces todos sus esfuerzos han ido en ese sentido. Se quejan de una guerrilla supuestamente narcotizada por cobrar gramaje, y luego se arrastran ante el presidente de un partido lleno de parapolíticos y mafiosos de la peor laya.

El conflicto colombiano tiene un cierto elemento de complejidad, pero tampoco es tanta que impida entender sus elementos básicos que arrancan de la naturaleza agraria del conflicto. Decir que la guerrilla “no tiene ideales” o que es una banda de narcotraficantes es una manera de ocultar la naturaleza del conflicto, que se inició varias décadas antes del narcotráfico. Además, es ignorar el hecho de que lo que empuja a los campesinos a la insurgencia no son “ideales” así abstractos, sino que necesidades y dinámicas de resistencia forzadas por un modelo económico basado en el despojo violento. Desde luego que la educación política es importante para la insurgencia, pero no es una guerrilla excesivamente ideológica. Aun así, en medio del conflicto, recuerda que los campesinos tienen opciones: pueden convertirse en sicarios, en paramilitares, en soldados o en guerrilleros. Si eligen la guerrilla, que es una vida sacrificada, donde se enfrentan al poder en lugar de servirlo, tenemos que entender que estamos hablando de gente que si bien en su mayoría no tendrá una ideología política muy articulada, al menos antes de su educación política, toman una opción por ciertas convicciones muy profundas, y porque asocian el proyecto insurgente con un proyecto de país que en cierta medida representa valores que comparten. Creo que quienes pasan este hecho por alto, demuestran su elitismo porque consideran que es inadecuado que los campesinos patirrajados se pronuncien de manera política y desprecian a quienes no tienen la refinación del académico universitario. Pero a veces en esa visión más simple, hay más realidad que en las formulitas abstractas de los defensores del “Estado de derecho”.

Esto no es nada nuevo. En los ’50 les llamaban bandoleros, chusmeros. Después los llamaron infiltrados comunistas, como si las querellas de los campesinos fueran fruto de la agitación extranjera, como si Colombia fuera el Edén. Nunca la elite colombiana ha dado legitimidad a las ideas insurgentes, y no creo que nunca el poder haya dado legitimidad a quien lo interpele. Pero confrontados con la realidad, hasta los mismos medios que dicen que la insurgencia son meros delincuentes, deben reconocer que existen motivaciones profundas. Mira los artículos recientes de gente como León Valencia, que dicen que hay que negociar con un movimiento guerrillero débil para que no pidan demasiado… ¿qué molesta a esta gente? Que se toque el status quo. Mira la última entrevista a Pastrana en El Tiempo, donde dice que hay que evitar temas “ideológicos” como el libre comercio. Desde los medios, gente como José Obdulio critican la conspiración comunista internacional. Todos los días apresan a “ideólogos” de las guerrillas. Entonces, uno no sabe en qué quedamos.

El Estado colombiano no sólo ha perseguido a las y los luchadores populares, sino que las y los ha estigmatizado. La insurgencia colombiana, fundamentalmente la de las FARC-EP, ha sido calificada como “narco-terrorista”. ¿Cuál considera usted que es el alcance que esto ha tenido en las personas y que repercusiones tiene para el avance de la lucha revolucionaria en Colombia?

La persecución y la estigmatización, ha tenido un rol muy específico: destruir los tejidos sociales que han sustentado proyectos emancipatorios en Colombia. Eso fue un objetivo explícito del paramilitarismo, que no le tembló la mano para dejar un reguero de 175.000 víctimas en ese proceso, en menos de una década casi. El rol de la estigmatización es sembrar el miedo, para que el tejido no vuelva a crearse. Eso obviamente está hecho porque saben que el conflicto no es solamente armado sino sobretodo social. Entonces al pueblo deben darle muy duro, para que no se organice, para que no reclame, para que no se movilice. La lucha de la elite colombiana es por conservar sus privilegios. Por eso su guerra no es solamente contra la guerrilla, sino contra cualquier forma de oposición. Aún las de expresiones que toman distancia explícitamente de la lucha guerrillera.

Se ha acusado a las FARC-EP de mantener secuestrados a policías y militares, incluso a civiles; también se las ha señalado como un cartel de la droga y como terroristas. ¿Cuál es su criterio respecto de estos calificativos utilizados contra esta agrupación revolucionaria?

Sobre el secuestro, hay que distinguir cosas. En el marco del conflicto interno se producen acciones como la retención de personas. En el caso de policías y militares, estos son retenidos según lo estipula toda la normativa internacional. El caso de los civiles es más complejo, y ahí es donde se han cometido muchos errores y no pocos excesos. Según la ley 002 las FARC-EP por ejemplo retienen a personas de muchos recursos que se niegan a pagar el impuesto revolucionario. El ELN hace lo mismo. El problema es cuando se ha tendido también a secuestrar a civiles de estratos más bajos. Ese es un error que la misma insurgencia ha reconocido, como por ejemplo el comandante Pablo Beltrán del ELN, que ha sido muy franco y abierto sobre este tema. También en las filas de las FARC-EP ha habido una tendencia a reconocer ciertos errores en algunos procedimientos que han dado innecesariamente alimento a los medios para alimentar la política belicista del Estado, la cual no depende de la “protección de civiles” porque se basa en el asesinato y el desplazamiento. Es sólo una excusa.

En el marco del conflicto se producen acciones deplorables por todos los bandos, aún cuando uno puede discriminar que el grueso de las acciones violatorias del derecho internacional las producen los actores estatales y paraestatales, quienes las han convertido en norma de conducta, en estrategia político-militar. La insurgencia ha cometido errores y excesos también, que han costado vidas humanas que no tendrían porqué haberse perdido, hasta se han enfrentado entre sí. Eso no debe ser negado, y la crítica no puede ser ignorada por la izquierda consecuente. Otra cosa es descontextualizar la crítica, ignorar las circunstancias, ignorar las motivaciones de fondo, o incluso ignorar el peso específico que estas acciones tienen entre los distintos actores. A fin de cuenta Marulanda tenía razón que la guerra no puede ser humanizada, sino que hay que acabarla. Qué significa acabarla, ese es el tema a debate abierto por los comunicados recientes de la insurgencia llamando a retomar la agenda de diálogo.

La propaganda negativa realizada contra las FARC-EP, como parte de las operaciones sicológicas que lleva adelante el Estado colombiano y el gobierno de Estados Unidos contra este ejército revolucionario, han calado en algunos sectores de la población en el mundo entero. Pero lo más grave es que muchas agrupaciones de izquierda también han tomado distancia de las FARC-EP, haciéndose eco de la propaganda enemiga. ¿Cuál es su apreciación sobre este planteamiento, tomando en cuenta que el gobierno colombiano habla de que el 90 % de la población rechaza a la insurgencia? ¿Es real esto?

Lo que realmente hay que preguntarse es de qué izquierda es que estamos hablando. Hay una izquierda consecuente que tiene diferencias ideológicas legítimas con la insurgencia, muchas de las cuales comparto, pero eso no puede significar olvidar quién es el enemigo de clase, el enemigo de los intereses fundamentales de los oprimidos, ni mucho menos utilizar esas diferencias ideológicas para justificar el terrorismo de Estado con el que se golpea al conjunto del pueblo –terrorismo que es el que originó, en primera instancia, la respuesta guerrillera por parte del pueblo.

Hay otra izquierda, la izquierda socialdemócrata, que es fruto de la derechización del espectro político mundial desde los ’80. Bueno, digamos que se derechizó aún más de lo que ya era. Esa izquierda ha renunciado a la revolución, y solamente les interesa su representación política, aunque sea minoritaria, en las instituciones de la clase dominante. Desean, ardientemente, ser aceptados como socios respetables (aunque minoritarios) por parte del 1% que controla las riquezas del mundo. Confunden victorias electoreras con cambio político. Uno de sus mejores exponentes es Boaventura de Sousa Santos, quien defiende a capa y espada la actual sociedad, y reduce sus deseos de cambio a un sentimentalismo demagógico y vacío. Él fue parte de esos tránsfugas de izquierda que corrieron a darle credenciales de “progresista” a Santos. Eso no debe ser olvidado y a donde vaya, hay que echarle al rostro su rol de triste partidario del régimen más antipopular del continente. Un día anda con los zapatistas, otro día anda con Santos en Colombia, pero siempre defiende al status quo, imponiendo una versión dogmática del quehacer político de la izquierda como un reformismo tibio sin ambición transformadora del mundo.

Esta izquierda ha asumido el discurso nocivo de que hay que rechazar “por igual” toda forma de violencia. Ciertamente, debemos rechazar las acciones violatorias del pueblo, pero eso no significa creer que todas las violencias son iguales, porque los “actores” del conflicto, como se les llama a veces, no son iguales. Acá hay que reconocer, junto al sacerdote sudafricano Desmond Tutu, que en un contexto de opresión manifiesta, decir que la violencia de los oprimidos es igual a la de sus opresores, consiste en ponerse objetivamente del lado de los opresores. En Colombia también está el discurso de que la discusión real es el debate entre los “legales” y los “ilegales” –lo cual es ignorar olímpicamente, que los legales, es decir, el Estado, recurre frecuentemente a métodos ilegales y a su brazo paraoficial, a la vez que se valida una legalidad mañosa, creada tras décadas de violencia oficial contra el pueblo y gracias al exterminio sistemático de toda forma de oposición sustantiva al régimen. En el fondo, el tema de legales versus ilegales es una manera de naturalizar al Estado, de legitimarlo, y de criminalizar a quienes se oponen a éste.

No creo que este tipo de izquierda pueda ser seriamente considerada tal. Es una forma de derecha objetiva, con un discurso que toma muchos elementos históricos de la izquierda más carente de imaginación, los cuales sin embargo, vacían de contenido. Son completamente inofensivos para la clase dominante.

Respecto al respaldo popular de la insurgencia, creo que esto lo reconoce el mismo establecimiento. Mira que una columna de Humberto de la Calle, recientemente publicada en El Espectador, llamaba a combatir a la insurgencia dirigiendo los esfuerzos contra las bases sociales de ésta, que le dan oxígeno. O sea, hace un llamado a reforzar el terrorismo de Estado, a seguir desplazando, a seguir reforzando la tenaza militar y paramilitar de los territorios. Esa columna es un abierto llamado a apoyar los crímenes más odiosos, pero eso es normal en Colombia, nadie se sorprende del descaro con que los apologistas del régimen defienden sus crímenes. Es algo imposible de cuantificar, pero resulta claro que la insurgencia tiene áreas donde su influencia política es muy fuerte y hegemónica. Esas son sus bases sociales históricas, donde las raíces que tienen son muy profundas. Hay otras áreas donde tienen diversos grados de influencia o presencia. Pero es imposible sobrellevar una campaña militar y política como la que lleva la insurgencia sin ninguna clase de apoyo popular. La pregunta es hasta cuándo esas voces serán criminalizadas y perseguidas, y no se abrirá un espacio democrático para la participación popular en política, y eso no significa solamente participación en elecciones.

La insurgencia ha sido y sigue siendo un fenómeno fundamentalmente rural, con alguna presencia marginal en los centros urbanos, pero siempre el foco de su lucha estuvo en el campo. Por eso los cinco millones de desplazados. Ahora bien, sería un objeto de investigación ver en qué medida la manera en que el conflicto cambia la demografía del país, altera la naturaleza de sus “actores”. Pero es algo de lo cual no tengo sino algunas especulaciones.

¿Cuáles son a su parecer los hechos que los medios no dicen, ocultan y tergiversan respecto a lo que sucede en Colombia alrededor del conflicto que vive el país?

Fundamentalmente que se sigue entendiendo a la insurgencia desde el prisma de un grupo terrorista. Tal descripción es completamente inadecuada cuando uno analiza un fenómeno político tan arraigado, que se desarrolló de manera tan orgánica, un fenómeno además tan amplio, extendido y con un apoyo tan sostenido en muchísimas comunidades. Esto obviamente afecta el lenguaje utilizado por los medios, el cual de por sí es tendencioso: los “terroristas” “atentan” “cobardemente” contra los policías en las zonas en que “delinquen”.

También está el tema de la manera selectiva en que se informa sobre las violaciones de derechos humanos. La guerra no es un escenario agradable. Desde luego que todas las partes, en el marco del conflicto, realizan acciones atentatorias. Pero no se muestra que el grueso es cometido por la llamada fuerza pública y su brazo paramilitar, las cuales lo practican de forma sistemática y como una estrategia para quebrar las comunidades, algo que la insurgencia jamás ha hecho. De igual manera, la mentira anda a la orden del día y frecuentemente se culpa a la insurgencia de cosas que no han cometido o se exageran aquellas acciones que son repudiables y se recuerdan frecuentemente en los medios, mientras las cometidas por la ultraderecha o la llamada fuerza pública se minimizan, se trivializan, se justifican, se presentan como casos aislados cuando no lo son, y se echan rápidamente al olvido.

También está la confusión constante –se les tilda de narcotraficantes, cuando nunca trafican y el impuesto que cobran a los narcos es una imposición para nada amistosa, como tampoco lo son las vacunas que piden a las petroleras, mineras, hacendados, etc. Se confunde así el derecho a la rebelión de los pueblos con un acto meramente criminal. Se dice ahora, haciéndose eco del discurso socialdemócrata que contrapone a los legales e ilegales, como si el Estado estuviera más allá del bien y del mal, que ahora supuestamente los grupos paramilitares y los guerrilleros estarían aliados. No han dado ninguna prueba convincente de ello, basándose en que muchos grupos paramilitares ya no tienen igual interés en enfrentarse directamente a la guerrilla y eso es porque la estrategia del nuevo paramilitarismo es descentralizada y por ello, en muchas regiones, carecen de fuerza para enfrentarse a la insurgencia. Pero entre ambos corre plomo. Lo que sí sabemos es que el paramilitarismo sigue operando al alero de las fuerzas represivas del Estado. Es una manera para confundir al público y reforzar el carácter sacrosanto del Estado.

Hay muchas cosas en realidad que se ocultan y tergiversan, pero desde que ya prácticamente no queda periodismo investigativo en Colombia y la prensa es tan perezosa que ni siquiera viajan a las zonas de conflicto, entonces es imposible obtener información veraz en la prensa. Eso no significa que la información esté totalmente ausente, a veces aparece, pero hay que saber leer entre líneas. Yo me base fundamentalmente en los informes de la prensa oficial y del gobierno, los cuales leo de manera crítica y sabiendo que hay varias cosas que son abiertamente mentiras –pero es necesario seguir la noticia en el día a día, para darse cuenta de las inconsistencias y eso es algo que la mayoría del pueblo no puede hacer por falta de tiempo y porque tiene preocupaciones más inmediatas, y no por ello menos respetables.

¿Cuál es su apreciación del manejo informativo (principalmente los comunicados recientes emitidos por Timoleón Jiménez) que hace las FARC-EP sobre la lucha que llevan adelante?

Creo que Jiménez ha realizado una labor muy importante en el plano comunicativo para orientar el debate político en función de los proyectos de país que se están discutiendo. Romper el cerco comunicativo para la insurgencia es muy difícil. Y el estilo de Jiménez logra hacerlo hasta cierto punto, pues es directo, urgente y tiene múltiples referencias que hablan a un círculo mucho más amplio que el que tradicionalmente ha apoyado a las propuestas de la insurgencia. No es que esté reinventando la política de la insurgencia, pero sí la contextualiza bien y la comunica de mejor manera que anteriores comandantes. Todos sus comunicados se han convertido en hechos políticos, pese a la hostilidad de los medios, pese a los límites objetivos que ponen al discurso de la insurgencia para aislarlo de la opinión pública.

¿Cómo romper el cerco mediático contra la lucha revolucionaria en Colombia y como desalienar la mente de las personas que están influenciadas por la propaganda fascista del Estado colombiano, no solo en Colombia, sino en diversos lugares del mundo?

Esa es una tarea para la cual no tengo respuesta. Creo que los hechos hablan más fuerte que las palabras, pero los hechos de los sectores subalternos son puntuales y limitados geográficamente y necesitan ser comunicados. Hay que luchar por un espacio alternativo de comunicación, pero que sea pluralista, crítico y sobretodo, que esté libre de ese canibalismo que afecta a la izquierda.

¿Los medios han sido propiciadores del conflicto, de la solución militar o de la búsqueda de una salida política al mismo?

Los medios son propiciadores de los intereses de la clase dominante. Cualquier alternativa que escojan lo hacen en función de cual puede salvaguardar de mejor manera los intereses de la clase dominante. Como la oligarquía está borracha de triunfo aún con el Plan Colombia, su discurso es mayoritariamente favorable a la solución militar, pero cuando esa confianza se está erosionando por los reacomodos estratégicos de la insurgencia desde el 2008, comienzan a aparecer voces por la solución política, pero para ellos el diálogo tiene que ser solamente sobre los términos de la desmovilización, no hay nada de fondo que cambiar. Ese discurso del diálogo, sin cambios estructurales, es una variante de derrota militar en la mesa de negociaciones.

¿Juega algún papel los EEUU en la guerra mediática contra la insurgencia?

Desde luego, los medios como CNN y Fox monopolizan gran parte de la información en inglés que circula sobre el conflicto. Sin embargo, hay que reconocer que aún estos medios tienen un poco más de objetividad, sin ser objetivos, que la prensa española, la cual está estructuralmente aliada con la gran prensa colombiana. Esa es la peor, y la noticia sobre Colombia en Europa está mediatizada, fundamentalmente, por la rabiosamente antisubversiva prensa española.

¿Cuál es su criterio sobre la detención del compañero Joaquín Pérez Becerra en Venezuela quien luego fue entregado al Estado colombiano?

Es un crimen injustificable. Injustificable a la luz del derecho internacional, injustificable desde una perspectiva política, injustificable desde una perspectiva humana. Pero creo que es sintomático de algunas cosas que andan muy mal en el proceso venezolano –qué significa la entrega de la resistencia en Honduras, qué significa la alianza con Colombia, qué significa la presencia de oportunistas de último minuto en la burocracia del Estado. Becerra fue víctima de un mal manejo geopolítico –pero nuestros compañeros, y siento a Pérez Becerra como uno aunque nunca milité con él directamente ni estuvimos de acuerdo en todo, nuestros compañeros, insisto, no son moneda de cambio. Considerarlos así es abandonar un aspecto fundamental de la ética socialista. Nosotros, no la derecha, tenemos una palabra como compañero. No debemos quitarle su sentido.