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Obras Sociales: Crimenes de la burocracia sindical y funcionarios corruptos
Por Natalia Aguiar
Fuente: Perfil
Prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro, son sólo algunas de las irregularidades detectadas por el organismo de control.
Desde que estalló la denominada “mafia de los medicamentos”, los negocios oscuros en torno de los servicios de salud quedaron en la mira, particularmente en lo que se refiere al rol de las obras sociales y a su interacción con la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo dependiente del Ministerio de Salud que se encarga de los tratamientos de alta complejidad y de mayor costo.
Ese escándalo motivó en 2009 la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), que se dedicó a investigar no sólo la actuación de la APE y de más de cuarenta obras sociales, sino también de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), encargada de controlar el funcionamiento del circuito de fondos entre el Estado y las obras sociales.
Y el resultado de ese trabajo, que se encuentra en etapa final de elaboración y que será debatido en un plenario de la AGN antes de fin de mes, no podría ser menos controvertido: prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro, son sólo algunas de las irregularidades detectadas por el organismo de control.
El preinforme, al cual tuvo acceso exclusivo PERFIL, abarca el período 2005-2010 y exigió un relevamiento de 10.114 expedientes tramitados en el APE. Una vez aprobado y presentado en público, el presidente de la comisión de Salud del Senado, José Cano, encabezará una demanda ante la justicia penal, que será respaldada por todo el bloque radical.
Una de las cosas que llama la atención del trabajo, es que en su tramo inicial deja constancia de que no le fueron suministrados 43 expedientes de apoyos financieros, de los cuales, “27 expedientes se encuentran en el Juzgado Nacional y Correccional Federal Nª 5, a cargo del juez Norberto Oyarbide”, correspondientes a la megacausa de la “mafia de los medicamentos”.
A partir de entonces, avanza en señalamientos de extrema gravedad. Por ejemplo, se denuncia que hay 923 expedientes, que corresponden a 117 beneficiarios que habían fallecido con anterioridad a la fecha en la que se le realizaron las supuestas prácticas médicas. Sólo en este aspecto, las obras sociales facturaron $ 2.195.097, que fueron motivo de reintegro de parte del APE. En este aspecto están incluidas obras sociales de grandes gremios, como Camioneros, Colectiveros, Bancarios, Ferroviarios, Docentes y Mercantiles, entre muchas otras.
También resulta sorprendente en lo que respecta a las operaciones de cadera, en donde se encontraron 694 casos en los que no se pudieron determinar las edades de los beneficiarios. Pero además, hubo 11 casos en los que las personas presuntamente intervenidas superaban los 100 años, inclusive con personas que supuestamente tenían 178, 137, 128, 121 y 113 años. El rubro insumió en el período evaluado, más de $ 13 millones.
“El sindicalismo que maneja las obras sociales y la Presidenta son como Titanes en el Ring, se pegan pero de mentira. Son socios y participan de la misma empresa: la malversación y el robo de los fondos de la salud de los trabajadores. Esto demuestra que los actos de corrupción producen desastres como el accidente de tren en la Estación Once”, señaló Cano respecto de los resultados del preinforme.
Otro aspecto se refiere a las personas con discapacidad. Los auditores encontraron que 251 personas con esa condición no contaban con “declaraciones juradas de discapacidad, ni el aval de la historia clínica, o del médico auditor ni se encontró la conformidad del beneficiario o titular”.
En el caso de los medicamentos truchos, quedó de manifiesto que uno de los aspectos cruciales del sistema irregular era la presentación de troqueles de remedios falsos. En este caso, no se han podido certificar como legítimos”, medicamentos por $4,6 millones. Llama la atención de los auditores el notable incremento de aportes realizados como “excepción”, que según se indica, “por su esencia no revisten un tratamiento prolongado, con lo cual es de esperarse que al tratarse de excepciones el apoyo económico no sea constante entre ejercicios”. Pero bajo este rótulo de “excepción” se han aplicado stent coronarios y vasculares, y prótesis cardíacas, entre otras prestaciones de alta complejidad. Mientras que en el año 2000, sólo se aportaron $32 en este apartado, en 2010 fue de casi $423 millones.
Entre la multiplicidad de irregularidades administrativas, hay una que reviste una gravedad especial: se detectó que en el 43% de los casos en los que los datos del auditor médico no figura registrado, e inclusive hay casos en los que el auditor médico ni siquiera tenía la matrícula profesional. Además, en el 73 % de los expedientes analizados hay faltante de documentación (facturas, recibos, historias clínicas, análisis de laboratorio, etc.). Los trámites abarcan prácticas por más de $16 millones.
Ausencia de controles
La Superintendencia de Servicios de Salud es el organismo del Ministerio de Salud encargado de derivar los fondos del Estado a la APE y de controlar el funcionamiento de esa administración. Sin embargo, el informe preliminar de la AGN determina una serie de irregularidades y falta de políticas de contralor que “debilitan el funcionamiento de los Agentes del Seguro de Salud”. Aclaran los especialistas las deficiencias y falta de seguimiento de los estados contables y financieros de las obras sociales. También se detectó que se deben fondos a las obras sociales y de los expedientes seleccionados para auditar,se dedujo que en el 54% se advierten deficiencias en la implementación de los programas preventivos. En el 27 % de los casos se registran deficiencias en la realización y registro de auditorias médicas y en el 18%, incumplimientos en la presentación de información sobre el consumo de medicamentos.
La administracion de programas especiales (APE)
Un organismo salpicado por el affaire de la mafia de remedios
Por R.P.
La Administración de Programas Especiales (APE) es un organismo clave en la relación entre el Gobierno y los sindicalistas, y en destino de los fondos para la salud pública. La APE es autárquica pero funciona en el marco de la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Su misión es la administración de gran parte de los fondos de las obras sociales, lo que la ha convertido en objeto de disputa entre los popes sindicales que buscan insertar allí a sus hombres de confianza.
También fue convertido, desde el menemismo a la fecha, en una caja codiciada por los Gobiernos. Por la mafia de los medicamentos, varios de sus ex titulares están procesados por la Justicia.
De hecho, el ex presidente Néstor Kirchner había puesto al mando de la “Super” al locutor Héctor Capaccioli, también procesado en la mafia de los medicamentos, con el objetivo de que custodiara la caja de las obras sociales y ejerciera su función de “recaudador de campaña” de los K.
Actualmente, el APE es dirigido por Manuel Martín Alves, un hombre de confianza del ministro de Salud, Juan Manzur.
Los funcionarios de este organismo son quienes deciden el destino de unos 1.200 millones de pesos anuales –lo que manejó en 2011- y determinan si una obra social cobra o no cobra por los tratamiento de alta complejidad que prestan a sus afiliados.
Los fondos de las obras sociales, que son descontados mensualmente de los sueldos de los trabajadores registrados y de los aportes patronales, quedan en poder del Estado. Una vez al año, cuando el poder Ejecutivo envía al Congreso el presupuesto para su aprobación, incluye cuántos fondos se dispondrán al APE para los tratamientos de alta complejidad. Se trata de los costos que las obras sociales deben invertir en las denominadas enfermedades catastróficas, de alto costo y baja incidencia en la población, como el cáncer, el HIV, la hemofilia y discapacidades.
En los últimos tres años, el Congreso aprobó el envío de entre 1.050 y 1.200 millones de pesos al APE. Antes de la llegada de la ex ministra Graciela Ocaña, el APE pagaba estos costos a través de subsidios. Los gremios luego debían rendir cuentas de lo gastado. Ante las irregularidades que detectó la ex funcionaria, los subsidios se transformaron en reintegros. Desde entonces, las obras sociales deben pagar de su bolsillo los tratamientos y presentar expedientes que justifiquen los gastos para recuperar el dinero.
El nuevo esquema desató la ira de muchos sindicalistas, que aún hoy denuncian que este sistema llevará a las obras sociales a la quiebra, debido a la demora del APE en pagar los reintegros. Para Ocaña, es la mejor manera de evitar la corrupción en el sistema de salud, como la presentación de expedientes falsos.
Quien maneja el APE, maneja la caja de las obras sociales, columna vertebral de los gremios de la CGT. Por eso, durante su alianza con el kirchnerismo, Hugo Moyano logró ubicar a hombres de su confianza al mando del organismo y agudizó su interna con otros gremios que no se veían favorecidos en el reparto de reintegros.
http://www.izquierda.info/modules.php?name=News&file=article&sid=12581
Por Natalia Aguiar
Fuente: Perfil
Prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro, son sólo algunas de las irregularidades detectadas por el organismo de control.
Desde que estalló la denominada “mafia de los medicamentos”, los negocios oscuros en torno de los servicios de salud quedaron en la mira, particularmente en lo que se refiere al rol de las obras sociales y a su interacción con la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo dependiente del Ministerio de Salud que se encarga de los tratamientos de alta complejidad y de mayor costo.
Ese escándalo motivó en 2009 la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), que se dedicó a investigar no sólo la actuación de la APE y de más de cuarenta obras sociales, sino también de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), encargada de controlar el funcionamiento del circuito de fondos entre el Estado y las obras sociales.
Y el resultado de ese trabajo, que se encuentra en etapa final de elaboración y que será debatido en un plenario de la AGN antes de fin de mes, no podría ser menos controvertido: prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro, son sólo algunas de las irregularidades detectadas por el organismo de control.
El preinforme, al cual tuvo acceso exclusivo PERFIL, abarca el período 2005-2010 y exigió un relevamiento de 10.114 expedientes tramitados en el APE. Una vez aprobado y presentado en público, el presidente de la comisión de Salud del Senado, José Cano, encabezará una demanda ante la justicia penal, que será respaldada por todo el bloque radical.
Una de las cosas que llama la atención del trabajo, es que en su tramo inicial deja constancia de que no le fueron suministrados 43 expedientes de apoyos financieros, de los cuales, “27 expedientes se encuentran en el Juzgado Nacional y Correccional Federal Nª 5, a cargo del juez Norberto Oyarbide”, correspondientes a la megacausa de la “mafia de los medicamentos”.
A partir de entonces, avanza en señalamientos de extrema gravedad. Por ejemplo, se denuncia que hay 923 expedientes, que corresponden a 117 beneficiarios que habían fallecido con anterioridad a la fecha en la que se le realizaron las supuestas prácticas médicas. Sólo en este aspecto, las obras sociales facturaron $ 2.195.097, que fueron motivo de reintegro de parte del APE. En este aspecto están incluidas obras sociales de grandes gremios, como Camioneros, Colectiveros, Bancarios, Ferroviarios, Docentes y Mercantiles, entre muchas otras.
También resulta sorprendente en lo que respecta a las operaciones de cadera, en donde se encontraron 694 casos en los que no se pudieron determinar las edades de los beneficiarios. Pero además, hubo 11 casos en los que las personas presuntamente intervenidas superaban los 100 años, inclusive con personas que supuestamente tenían 178, 137, 128, 121 y 113 años. El rubro insumió en el período evaluado, más de $ 13 millones.
“El sindicalismo que maneja las obras sociales y la Presidenta son como Titanes en el Ring, se pegan pero de mentira. Son socios y participan de la misma empresa: la malversación y el robo de los fondos de la salud de los trabajadores. Esto demuestra que los actos de corrupción producen desastres como el accidente de tren en la Estación Once”, señaló Cano respecto de los resultados del preinforme.
Otro aspecto se refiere a las personas con discapacidad. Los auditores encontraron que 251 personas con esa condición no contaban con “declaraciones juradas de discapacidad, ni el aval de la historia clínica, o del médico auditor ni se encontró la conformidad del beneficiario o titular”.
En el caso de los medicamentos truchos, quedó de manifiesto que uno de los aspectos cruciales del sistema irregular era la presentación de troqueles de remedios falsos. En este caso, no se han podido certificar como legítimos”, medicamentos por $4,6 millones. Llama la atención de los auditores el notable incremento de aportes realizados como “excepción”, que según se indica, “por su esencia no revisten un tratamiento prolongado, con lo cual es de esperarse que al tratarse de excepciones el apoyo económico no sea constante entre ejercicios”. Pero bajo este rótulo de “excepción” se han aplicado stent coronarios y vasculares, y prótesis cardíacas, entre otras prestaciones de alta complejidad. Mientras que en el año 2000, sólo se aportaron $32 en este apartado, en 2010 fue de casi $423 millones.
Entre la multiplicidad de irregularidades administrativas, hay una que reviste una gravedad especial: se detectó que en el 43% de los casos en los que los datos del auditor médico no figura registrado, e inclusive hay casos en los que el auditor médico ni siquiera tenía la matrícula profesional. Además, en el 73 % de los expedientes analizados hay faltante de documentación (facturas, recibos, historias clínicas, análisis de laboratorio, etc.). Los trámites abarcan prácticas por más de $16 millones.
Ausencia de controles
La Superintendencia de Servicios de Salud es el organismo del Ministerio de Salud encargado de derivar los fondos del Estado a la APE y de controlar el funcionamiento de esa administración. Sin embargo, el informe preliminar de la AGN determina una serie de irregularidades y falta de políticas de contralor que “debilitan el funcionamiento de los Agentes del Seguro de Salud”. Aclaran los especialistas las deficiencias y falta de seguimiento de los estados contables y financieros de las obras sociales. También se detectó que se deben fondos a las obras sociales y de los expedientes seleccionados para auditar,se dedujo que en el 54% se advierten deficiencias en la implementación de los programas preventivos. En el 27 % de los casos se registran deficiencias en la realización y registro de auditorias médicas y en el 18%, incumplimientos en la presentación de información sobre el consumo de medicamentos.
La administracion de programas especiales (APE)
Un organismo salpicado por el affaire de la mafia de remedios
Por R.P.
La Administración de Programas Especiales (APE) es un organismo clave en la relación entre el Gobierno y los sindicalistas, y en destino de los fondos para la salud pública. La APE es autárquica pero funciona en el marco de la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Su misión es la administración de gran parte de los fondos de las obras sociales, lo que la ha convertido en objeto de disputa entre los popes sindicales que buscan insertar allí a sus hombres de confianza.
También fue convertido, desde el menemismo a la fecha, en una caja codiciada por los Gobiernos. Por la mafia de los medicamentos, varios de sus ex titulares están procesados por la Justicia.
De hecho, el ex presidente Néstor Kirchner había puesto al mando de la “Super” al locutor Héctor Capaccioli, también procesado en la mafia de los medicamentos, con el objetivo de que custodiara la caja de las obras sociales y ejerciera su función de “recaudador de campaña” de los K.
Actualmente, el APE es dirigido por Manuel Martín Alves, un hombre de confianza del ministro de Salud, Juan Manzur.
Los funcionarios de este organismo son quienes deciden el destino de unos 1.200 millones de pesos anuales –lo que manejó en 2011- y determinan si una obra social cobra o no cobra por los tratamiento de alta complejidad que prestan a sus afiliados.
Los fondos de las obras sociales, que son descontados mensualmente de los sueldos de los trabajadores registrados y de los aportes patronales, quedan en poder del Estado. Una vez al año, cuando el poder Ejecutivo envía al Congreso el presupuesto para su aprobación, incluye cuántos fondos se dispondrán al APE para los tratamientos de alta complejidad. Se trata de los costos que las obras sociales deben invertir en las denominadas enfermedades catastróficas, de alto costo y baja incidencia en la población, como el cáncer, el HIV, la hemofilia y discapacidades.
En los últimos tres años, el Congreso aprobó el envío de entre 1.050 y 1.200 millones de pesos al APE. Antes de la llegada de la ex ministra Graciela Ocaña, el APE pagaba estos costos a través de subsidios. Los gremios luego debían rendir cuentas de lo gastado. Ante las irregularidades que detectó la ex funcionaria, los subsidios se transformaron en reintegros. Desde entonces, las obras sociales deben pagar de su bolsillo los tratamientos y presentar expedientes que justifiquen los gastos para recuperar el dinero.
El nuevo esquema desató la ira de muchos sindicalistas, que aún hoy denuncian que este sistema llevará a las obras sociales a la quiebra, debido a la demora del APE en pagar los reintegros. Para Ocaña, es la mejor manera de evitar la corrupción en el sistema de salud, como la presentación de expedientes falsos.
Quien maneja el APE, maneja la caja de las obras sociales, columna vertebral de los gremios de la CGT. Por eso, durante su alianza con el kirchnerismo, Hugo Moyano logró ubicar a hombres de su confianza al mando del organismo y agudizó su interna con otros gremios que no se veían favorecidos en el reparto de reintegros.
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