Hace cuatro años, en un seminario organizado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba donde nos habían invitado como expositores a una dirigente de Libres del Sur y a mí, planteamos que el gobierno debía estatizar YPF. La compañera, excesivamente kirchnerista, opinó que el gobierno no podía tomar esa medida porque le faltaría apoyo popular y quedaría en situación vulnerable.
La aprobación de la ley que expropia el 51 por ciento de YPF en manos de la multinacional Repsol, con un apoyo mayoritario estimado en el 80 por ciento de los argentinos, trae aquella discusión. ¿Faltaba apoyo de las masas o no había voluntad política del gobierno? En nuestra opinión, lo segundo.
Se vuelve a aclarar otra discusión más general: la polémica con el trotskismo y su demagógica consigna de “Que la base decida”. Para que la base decida en un sentido correcto, tiene que haber una vanguardia –un partido, un frente, un gobierno, etc.- que haya planteado una buena iniciativa que lastime los intereses de los monopolios.
Y eso es lo que ocurrió el 16 de abril, cuando Cristina Fernández planteó la argentinización de YPF con el justo objetivo del autoabastecimiento hidrocarburífero. De golpe los controlantes españoles de Repsol se quedaban apenas con el 6 por ciento de su anterior y hegemónico 57 por ciento. El precio se discutirá después, según fije el Tribunal de Tasación.
La nueva etapa procura reparar los daños producidos por Repsol, por la menor exploración, producción y refinación, amén de los daños ambientales y el agotamiento de las reservas. Se prevé achicar primero y revertir después el gasto del Estado en la importación de combustibles, de alrededor de 10.000 millones de dólares anuales.
¿Alguien podía estar en contra de una política nacional de ese tipo? Sí. Siempre hay dirigentes que se oponen a causas populares, como el PRO de Mauricio Macri, los peronistas de Eduardo Duhalde, los radicales de Oscar Aguad, los cívicos de Elisa Carrió y otros cipayos por el estilo, sin olvidar a los troscos del PO de Jorge Altamira, funcionales a aquéllos.
Junto a ellos y marcándoles el paso, los editoriales y programas de los monopolios Clarín y “La Nación”, que hasta ahora han logrado trabar la ley democrática de comunicación audiovisual. Esta lleva dos años y siete meses de votada sin que pueda ser aplicada debido a ese conglomerado de los monopolios y la derecha, más sus agentes en la “justicia”.
Que el PL apoye con todas sus fuerzas y sentimientos patrióticos la recuperación de YPF no significa que olvide ni omita el rol negativo del kirchnerismo en los ´90, cuando fue cómplice del menemismo en la privatización petrolera. Ni que crea que ésta era la ley ideal: mejor hubiera sido expropiar el 100 por ciento, incluidos los Ezkenazi e inversionistas norteamericanos. Y habría sido mejor que el gerente general de la nueva YPF no fuera Miguel Galuccio, hasta ayer ejecutivo de la mayor compañía mundial de servicios petroleros, la británica Schlumberger.
Que quede claro: una cosa es el apoyo franco al sentido de la nacionalización, y otra es el olvido del vaciamiento de YPF o el aplauso a todo, en forma acrítica. No cuenten con el PL para eso.
Se ha dado un grandísimo paso adelante. La medida va a generar una mayor confrontación entre Argentina y el imperialismo y los monopolios. Puede ser mucho más áspera que la que generó la resolución 125 y la ley de medios. Está en juego el petróleo, el gas y la energía eléctrica.
Los cuatro NO
El país se ha atrevido, tarde y parcialmente, a poner fin al negocio de Repsol, lo que provocará una reacción en cadena de varios gobiernos imperialistas, no solo el español. Están la Unión Europea, los organismos internacionales como el Banco Mundial, reclamos y juicios ante el Banco Mundial (CIADI), etc. No se puede subestimar el poder de fuego de este ejército del gran capital y las finanzas, de los gobiernos y pulpos mediáticos listos para mandar a la horca a los gobiernos que se atreven a defender intereses nacionales.
Por eso el Frente por la Soberanía Energética creado a instancias de la CTA y que integran muchas organizaciones, entre ellos el PL, debería radicalizar su programa antiimperialista y encarar un plan de movilización de masas. El objetivo debe ser la soberanía energética, expropiando en un proceso de luchas por etapas todo el petróleo, todo el gas y toda la generación, transporte y distribución eléctrica hoy en manos de empresas imperialistas y el gran capital local. Está bien localizar hoy el golpe principal sobre Repsol, pero hay que avanzar sobre el resto de las multinacionales en este rubro clave.
Y allí aparecen las limitaciones del gobierno. Cristina quiere circunscribir el problema a la firma española. Busca acuerdos con Exxon, Chevron, Panamerican y Total. Nombra un gerente general ligado a esos negocios extranjeros con el argumento de la “profesionalidad”. Conmina a los obreros petroleros a que no pueden parar “ni un segundo” la extracción de crudo por conflictos laborales, lo que significaría el fin del derecho de huelga.
En medio de la alegría inmensa por la recuperación del 51 por ciento de Repsol, y reconociendo todos los méritos del gobierno, el PL le dice con serenidad a Cristina: “así no, señora presidenta”. Reconociendo todos los méritos del gobierno, el PL le dice con serenidad a Cristina: “así no, señora presidenta”. Le pedimos cuatro NO. NO pacte con Exxon. NO proteja a los Ezkenazi. NO ponga como gerentes a tecnócratas sin militancia nacional. NO extorsione a los obreros petroleros.
http://www.pl.org.ar/articulo/avanzar-con-los-trabajadores-y-el-pueblo-en-la-batalla-antiimperialista