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El asunto Malvinas: colonialismo y globalización
texto de Hugo Enrique Sáez A.
publicado en Pacarina del Sur núm. 11, abril-junio, 2012.
Este artículo presenta un breve análisis de la cuestión de las islas Malvinas, a través de su historia antigua y su actual debate.
Breve repaso histórico sobre la cuestión Malvinas: El conde francés Louis Antoine de Bougainville[1] tomó posesión del territorio de este archipiélago en 1764 a nombre del rey de Francia y lo bautizó con el nombre de Maluines (derivado del puerto de Saint Malo de donde había partido), después de establecer Port Louis en la isla Soledad. Como las islas, aunque registraban restos arqueológicos de antiguas poblaciones extinguidas, estaban desiertas habían sido visitadas por ingleses, holandeses, españoles. A su vez, el estrecho de San Carlos que separa a las dos islas mayores (Soledad y Gran Malvina) fue llamado Falkland por el navegante inglés John Strong, en honor de Anthony Cary, quinto vizconde Falkland, tesorero de la Real Armada Británica que financiara su expedición ultramarina. Los ingleses terminaron por extender esta denominación al archipiélago.
La situación geográfica de las islas Malvinas ha sido explicada con precisión en un ensayo de Martha Delfín al aportar una semblanza general del archipiélago: … estas islas [se hallan] ubicadas en un archipiélago que emerge de la plataforma continental anexa a la Patagonia en el Océano Atlántico Sur, frente a la costa argentina de la provincia de Santa Cruz, entre los 51° y 53° de latitud austral y los 57°40’ y 61°30’ de longitud oeste a unos 550 kilómetros de la entrada al Estrecho de Magallanes. Es un conjunto de algo más de 100 islas que ocupan una superficie de 11,718 kilómetros cuadrados de las cuales destacan la de la Soledad y Gran Malvina entre las mayores.[2]
En 1766 Francia reconoció la soberanía española sobre las islas y replegó sus fuerzas; aun así, en el sitio quedaron viviendo colonos de esa nacionalidad. Los ingleses fundaron Port Egmont en la isla Trinidad, pero tuvieron que retirarse en virtud de los acuerdos firmados por las Convenciones de Nutka en reconocimiento de la soberanía española. En 1811, después de que en Buenos Aires se formara la Primera Junta de gobierno patrio, los españoles dejaron desiertas las islas, hasta que en 1820 el gobierno independiente de las Provincias Unidas del Río de la Plata envió una misión militar a establecerse en el lugar basándose en el derecho de sucesión de la soberanía española en tiempos del Virreinato del Río de la Plata. En 1833 fuerzas militares británicas, superiores en número y capacidad de fuego, arriaron la bandera argentina, izaron la del Reino Unido y expulsaron al contingente enviado por el gobierno de Buenos Aires. Desde entonces se reclama el atropello colonialista cometido por la monarquía inglesa, que no reconoce su abierta intromisión en un continente ajeno al suyo.
No se puede desligar la ocupación colonialista de las islas Malvinas del anterior intento de apropiarse el territorio del Virreinato del Río de la Plata ocurrido en 1806 y 1807 por parte de un contingente militar inglés que invadió Buenos Aires y que luego fue rechazado por la heroica defensa de los habitantes de esa ciudad. Por ende, la misión en contra de los ocupantes de las islas en 1833 no representaba una operación aislada sino que formaba parte de un plan imperial.
Es conocido el lamentable episodio de 1982, cuando la dictadura militar argentina encabezada por Leopoldo Galtieri ordenó la invasión de Las Malvinas para recuperar la soberanía sobre este territorio que se halla en la plataforma marítima del país. Mal planeada, la operación terminó con la derrota de las tropas argentinas por la flota británica, ayudada por el gobierno estadounidense presidido por Ronald Reagan. Los militares argentinos pretendían reivindicarse de sus crímenes esgrimiendo una causa muy sentida por el pueblo argentino.
En 2012 se reaviva el tema a raíz del reclamo pacífico del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, diecisiete intelectuales publican una declaración en el que consideran irrelevante la causa Malvinas en la agenda política, económica y social de Argentina.[3] Desde un inicio califican de “agitación nacionalista” la posición de ambos gobiernos (tanto el argentino como el británico) y desechan la intervención militar para recuperar las islas, algo que expresamente también ha sostenido la cancillería argentina. A continuación defienden que los habitantes de las islas deben considerarse “sujetos de derechos”, a los que no se les podría imponer una soberanía que “no deseen”. Como criterio, presuntamente neutral, esgrimen que les parece obsesiva la afirmación “Las Malvinas son argentinas”, principio que se predica a los niños desde la escuela primaria. Su negativa a torcer una política colonialista se expresa así: La República Argentina ha sido fundada sobre el principio de autodeterminación de los pueblos y para todos los hombres del mundo. Como país cuyos antecedentes incluyen la conquista española, nuestra propia construcción como nación es tan imposible de desligar de episodios de ocupación colonial como la de Malvinas. La Historia, por otra parte, no es reversible, y el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi dos siglos -es decir: anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino- abre una caja de Pandora que no conduce a la paz.
En conclusión, hacen un llamado a abandonar “la agitación de la causa-Malvinas” y se oponen a las “declamaciones patrioteras” que, según ellos, se emitirán el próximo 2 de abril cuando se cumplan 30 años del intento militar por recuperar las islas por la vía armada. Hasta aquí una síntesis de la desafortunada y abstracta declaración que a estos intelectuales les valió ser designados como gurkas (la brigada mercenaria del ejército inglés, compuesta por nepalíes), colonizados y cipayos, entre otros calificativos descalificadores. Sin embargo, es necesario retomar el asunto para discutir sin personalizar.
Horacio Verbitsky (diario Página 12, 26 de febrero de 2012) ha resaltado el carácter anacrónico que exhiben estos intelectuales al criticar el nacionalismo con argumentos que Marx empleara en 1848 al apoyar la invasión estadounidense del territorio mexicano como un “avance” de la “civilización” que sacaría de la inercia a este pueblo de “perezosos”. Por fortuna, el propio Marx corrigió su absurda posición cuando felicitó a Benito Juárez por la derrota y expulsión de las tropas francesas. Ya tenía otra visión del colonialismo que los 17 parecen no haber asimilado. En su análisis de la intervención francesa en México, Marx alababa la abolición (jurídica, por cierto) del sistema de peón acasillado hecha por Benito Juárez, sistema reintroducido por decreto del emperador Maximiliano. Además, en un artículo publicado en el New York Daily Tribune se expresaba en estos términos: La proyectada intervención de México, por parte de Inglaterra, Francia y España, en mi opinión, es una de las empresas más monstruosas que jamás se hayan registrado en los anales de la historia internacional. Se trata de una idea típicamente parmerstoniana, que asombró a los no iniciados por la locura del propósito y la imbecilidad de los medios empleados, que parecen ser bastantes incompatibles con la conocida capacidad del viejo maquinador…
Ellos saben pues, que la intervención conjunta, sin otro fin declarado, salvo el de rescatar a México de la anarquía, producirá precisamente el efecto opuesto, debilitará al gobierno constitucional, fortalecerá al partido clerical mediante el abastecimiento de bayonetas francesas y españolas, reavivará las brasas de la guerra civil, y en lugar de extinguirla, restaurará la anarquía al máximo…
La ilustración es insuficiente pero sirve para mostrar el anacronismo de los 17 en su crítica abstracta al nacionalismo. El origen marxista “retro” de la mayoría de estos intelectuales reaparece en su tránsito hacia el liberalismo. De hecho, Beatriz Sarlo pasó del maoísmo setentero a ser articulista del diario La Nación, el periódico que los ingleses le regalaron a Bartolomé Mitre por su triste papel en la guerra de la “Triple infamia”, en la que los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay exterminaron un millón de paraguayos. Por supuesto, esta intelectual ejerce su pleno derecho a inclinarse hacia esta opción informativa. Emilio de Ípola estuvo exiliado en México después de que fuera liberado de la prisión de la dictadura militar, y en su momento fue un preclaro filósofo althusseriano. Se trata de personas muy respetables, por lo que asombra aun más que hayan producido un documento tan endeble en nombre de los derechos humanos al margen de toda perspectiva histórica. En un solo caso, Osvaldo Bayer reprocha que entre ellos se encuentren historiadores que han defendido el genocidio del general Roca en contra de los habitantes originarios del territorio argentino. En ese sentido, es censurable que uno de los firmantes, el historiador Luis Alberto Romero, haya escrito recientemente una diatriba en contra de las Madres de la Plaza de Mayo, a las que acusa de corruptas protegidas por el gobierno. En uno de sus libros (Breve historia contemporánea de la Argentina) alaba la estabilidad institucional del país a partir del gobierno del general Roca iniciado en 1880, después de la llamada Campaña del Desierto en contra del indígena. Resulta contradictorio que ahora defienda en abstracto los derechos de los habitantes de Las Malvinas, que fueron trasplantados a ese territorio.
Por supuesto, es elemental defender los derechos de los llamados kelpers (apelación despectiva de los propios ingleses que significa “los que comen algas”), cuyos intereses son ajenos a los de la corona de la reina Isabel II. Pero, vayamos por partes. Me parece adecuado un encuadramiento histórico de la reivindicación argentina sobre la soberanía. En principio, como destaca Verbitsky, el surgimiento del Mercosur, la UNASUR y la CELAC significa la emergencia de un nuevo poder regional en el subcontinente, tanto en el ámbito económico como en el político. En segundo lugar, el entrenamiento militar del príncipe Harry en las islas Malvinas contiene un claro mensaje de la corona británica en el sentido de afirmar su injerencia imperial en la región. Al respecto, Verbitsky aporta un claro panorama de esta iniciativa de los ingleses: La militarización y nuclearización de la única zona de paz del mundo es una amenaza gravísima, sobre todo si se ejerce en apoyo de las exploraciones hidrocarburíferas en el mar y de la depredación de los recursos ictícolas. Ambas cuestiones están vinculadas con algunos de los problemas principales del país, como la restricción externa que amaga por la crisis global. En 2011 la Argentina exportó pescados y mariscos por 1.365 millones de dólares, más de lo que obtiene por la venta de carne vacuna. Y la balanza del comercio energético arrojó un saldo negativo de 4.500 millones de dólares, que explica la escalada de conflicto con Repsol-YPF. ¿Qué lógica tendría controlar la remisión de utilidades y exigir inversiones a las multinacionales radicadas en el continente e ignorar que Gran Bretaña explota los tan necesarios recursos propios en el Atlántico Sur?
Esa zona del Atlántico Sur está sujeta a explotación por otras potencias, como Japón, cuyos barcos pesqueros, al igual que los polacos, tienen capacidad para procesar los productos obtenidos del mar y comercializarlos a nivel internacional. En particular, cabe subrayar la importancia que tiene la captura del krill, un molusco muy preciado por su valor alimenticio en proteínas. Sin una regulación internacional, estas actividades ponen en peligro el equilibrio de la fauna marina de la región antártica. ¿Qué opinaría la Unión Europea de que naves latinoamericanas se desplazaran en total libertad cerca de su zona marítima?
Resalta en particular el valor que las islas adquieren para la explotación petrolera de las empresas británicas:
… se están haciendo exploraciones que le permitirían a Gran Bretaña ahorrarse años de importaciones de crudo por un valor cercano a los 60 mil millones de dólares, tal como plantea Federico Bernal en su libro Malvinas y petróleo. Una historia de piratas (Capital Intelectual, 2011), debe sumársele el saqueo ictícola que se viene cometiendo, incluso bastante antes que las denunciadas maniobras recientes de exploración petrolera.[4]
Por su parte, la industria pesquera, según el periódico londinense The Telegraph, arroja 45 millones de libras, que se sustentan en buena parte en la venta del calamar illex a países asiáticos. Esta especie figura entre las cuatro más importantes de la pesca argentina. La cancillería londinense pretexta que la reivindicación argentina por la soberanía apunta a destruir la economía de los kelpers. Por el contrario, se trata de respetar esta actividad y de permitir el acceso de pesqueros argentinos a aguas controladas por la marina inglesa.
Ahora bien, cuál es la realidad de los aproximadamente 3000 habitantes de las islas Malvinas. Son acompañados de un número similar de fuerzas militares que resguardan los intereses británicos. Se afirma que sólo un tercio de la población desciende de los inmigrantes llegados en 1833; el resto, o bien son funcionarios de la administración colonial, provienen de otros territorios del Commonwealth o son trabajadores migrantes de Chile y Perú. La principal actividad económica de la población consiste la cría de ovejas; de hecho la "Falklands Island Company" acumula la propiedad del 50% de las tierras laneras. Cifras recientes ubican el hato ovino en alrededor de 600.000 cabezas.
La estricta separación con el subcontinente los obliga a depender de la potencia ubicada a miles de kilómetros de la zona. El alto costo económico y militar para la corona británica se justifica por la riqueza ictícola y petrolífera del mar circundante. A su vez, los ciudadanos argentinos están privados del derecho a radicarse en el archipiélago, donde no existen partidos políticos (¿y la autodeterminación de la que hablan los 17?), al tiempo que una sola radio y un solo canal de televisión son militares y constituyen su principal vínculo con el mundo exterior. De hecho, repugna la presencia de tropas extracontinentales que ensayan modernas tecnologías militares, en clara violación al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco). ¿Se puede tolerar la presencia en el archipiélago del rompehielos Protector, camuflado como barco científico aunque sus defensas lo tornan invisible para el radar? Si los militares ingleses intervienen impunemente en países como Afganistán, ¿sus pertrechos en la zona no significan una amenaza letal para la región?
El argumento de los 17 respecto de que es contradictorio negociar la soberanía sin renunciar al derecho de soberanía sobre las islas, queda refutado por hechos históricos recientes, como la devolución de Hong Kong a China, en la que esta potencia respetó los intereses económicos y el sistema en que se desenvolvía este territorio durante la ocupación inglesa. La constitución argentina de 1994 expresa el respeto por los intereses de los kelpers, aunque su deseo de permanecer al amparo de la corona británica esté determinado por una campaña terrorista del gobierno inglés que se apoya en una visión catastrofista de lo que acarrearía para ellos incorporarse a un país no desarrollado.
De nuevo el artículo de Verbitsky aporta datos contundentes respecto del derecho de autodeterminación que reclaman los 17: El sujeto de ese derecho no son los individuos sino los pueblos y, desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas sancionó en diciembre de 1960 la Resolución 1514, está condicionado al derecho de integridad territorial de los Estados. En 1964, la Secretaría General incluyó a las Malvinas entre los territorios a descolonizar aplicando esos principios y en 1965 la Asamblea votó la resolución 2065 en la que reconoce que hay una disputa de soberanía entre ambos países, a los que insta a negociar una solución pacífica que tenga en cuenta “los intereses de la población”, pero no sus deseos. Es decir que el principio de integridad territorial prevalece sobre el de autodeterminación de un agrupamiento humano injertado allí por un acto de fuerza.
Precisamente, se trata de integrar a los kelpers a la realidad argentina sin que pierdan los principios esenciales de su identidad. Osvaldo Bayer (diario Página 12, 3 de marzo de 2012) sugiere la posibilidad de tender lazos de hermandad hacia ellos mediante diversos recursos: Está claro que la Argentina tiene que ganar también el afecto de esa población y respetar sus derechos. Por eso debería darles a todo ellos ya mismo la nacionalidad argentina, otorgar becas a estudiantes malvineros para estudiar en nuestras universidades, realizar encuentros culturales, invitar a docentes y científicos isleños a congresos, etc. Todo lo que haga a la confraternidad humana para que esa población se encuentre en su propio país. Principalmente las provincias patagónicas tendrían que abrirles las puertas a toda esa población. Y mientras tanto, nuestros gobiernos seguir una política internacional contra el imperialismo y el coloniaje.
La integración de esos habitantes, respetando sus tradiciones e intereses mediante un estatuto especial, significaría una situación más favorable que el actual estado de aislamiento en que se encuentran, respaldados por un casco militar que sólo beneficia los intereses de la potencia ultramarina.
En suma, los antecedentes históricos y políticos de Las Malvinas, la seguridad del continente frente a la escalada militarista británica en la zona, el derecho argentino a explotar los recursos naturales de su área geográfica, los intereses de los habitantes de las islas –que estarían mejor resguardados si se los incorporara con un estatuto especial a la soberanía argentina-, en fin, la coyuntura latinoamericana y caribeña, abonan la idea de que la iniciativa de los 17 debe calificarse como una auténtica boutade irresponsable, basada principalmente en su animadversión hacia el actual gobierno argentino que los lleva a privilegiar su oposición por encima de los intereses del estado nacional.
Notas:
[1] Este explorador francés llevó a Europa la planta que hoy conocemos en México como bugambilia (nombre adoptado en su honor por varias lenguas del viejo continente) o camelina, y en Argentina se la denomina Santa Rita.
[2] Véase el ensayo de Martha Delfín Guillaumin, “¿Las Malvinas son y serán argentinas?”, [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[3] El documento se titula “Malvinas: una visión alternativa” (diario Página 12, 23 de febrero de 2012) y lo firman Emilio de Ípola, Pepe Eliaschev, Rafael Filippelli, Roberto Gargarella, Fernando Iglesias, Santiago Kovadloff, Jorge Lanata, Gustavo Noriega, Marcos Novaro, José Miguel Onaindia, Vicente Palermo, Eduardo Antin (Quintín), Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, Daniel Sabsay, Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli.
[4] Véase Arturo Trinelli, “Malvinas: pesca y petróleo”, en El club de los filómatas.
texto de Hugo Enrique Sáez A.
publicado en Pacarina del Sur núm. 11, abril-junio, 2012.
Este artículo presenta un breve análisis de la cuestión de las islas Malvinas, a través de su historia antigua y su actual debate.
Breve repaso histórico sobre la cuestión Malvinas: El conde francés Louis Antoine de Bougainville[1] tomó posesión del territorio de este archipiélago en 1764 a nombre del rey de Francia y lo bautizó con el nombre de Maluines (derivado del puerto de Saint Malo de donde había partido), después de establecer Port Louis en la isla Soledad. Como las islas, aunque registraban restos arqueológicos de antiguas poblaciones extinguidas, estaban desiertas habían sido visitadas por ingleses, holandeses, españoles. A su vez, el estrecho de San Carlos que separa a las dos islas mayores (Soledad y Gran Malvina) fue llamado Falkland por el navegante inglés John Strong, en honor de Anthony Cary, quinto vizconde Falkland, tesorero de la Real Armada Británica que financiara su expedición ultramarina. Los ingleses terminaron por extender esta denominación al archipiélago.
La situación geográfica de las islas Malvinas ha sido explicada con precisión en un ensayo de Martha Delfín al aportar una semblanza general del archipiélago: … estas islas [se hallan] ubicadas en un archipiélago que emerge de la plataforma continental anexa a la Patagonia en el Océano Atlántico Sur, frente a la costa argentina de la provincia de Santa Cruz, entre los 51° y 53° de latitud austral y los 57°40’ y 61°30’ de longitud oeste a unos 550 kilómetros de la entrada al Estrecho de Magallanes. Es un conjunto de algo más de 100 islas que ocupan una superficie de 11,718 kilómetros cuadrados de las cuales destacan la de la Soledad y Gran Malvina entre las mayores.[2]
En 1766 Francia reconoció la soberanía española sobre las islas y replegó sus fuerzas; aun así, en el sitio quedaron viviendo colonos de esa nacionalidad. Los ingleses fundaron Port Egmont en la isla Trinidad, pero tuvieron que retirarse en virtud de los acuerdos firmados por las Convenciones de Nutka en reconocimiento de la soberanía española. En 1811, después de que en Buenos Aires se formara la Primera Junta de gobierno patrio, los españoles dejaron desiertas las islas, hasta que en 1820 el gobierno independiente de las Provincias Unidas del Río de la Plata envió una misión militar a establecerse en el lugar basándose en el derecho de sucesión de la soberanía española en tiempos del Virreinato del Río de la Plata. En 1833 fuerzas militares británicas, superiores en número y capacidad de fuego, arriaron la bandera argentina, izaron la del Reino Unido y expulsaron al contingente enviado por el gobierno de Buenos Aires. Desde entonces se reclama el atropello colonialista cometido por la monarquía inglesa, que no reconoce su abierta intromisión en un continente ajeno al suyo.
No se puede desligar la ocupación colonialista de las islas Malvinas del anterior intento de apropiarse el territorio del Virreinato del Río de la Plata ocurrido en 1806 y 1807 por parte de un contingente militar inglés que invadió Buenos Aires y que luego fue rechazado por la heroica defensa de los habitantes de esa ciudad. Por ende, la misión en contra de los ocupantes de las islas en 1833 no representaba una operación aislada sino que formaba parte de un plan imperial.
Es conocido el lamentable episodio de 1982, cuando la dictadura militar argentina encabezada por Leopoldo Galtieri ordenó la invasión de Las Malvinas para recuperar la soberanía sobre este territorio que se halla en la plataforma marítima del país. Mal planeada, la operación terminó con la derrota de las tropas argentinas por la flota británica, ayudada por el gobierno estadounidense presidido por Ronald Reagan. Los militares argentinos pretendían reivindicarse de sus crímenes esgrimiendo una causa muy sentida por el pueblo argentino.
En 2012 se reaviva el tema a raíz del reclamo pacífico del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, diecisiete intelectuales publican una declaración en el que consideran irrelevante la causa Malvinas en la agenda política, económica y social de Argentina.[3] Desde un inicio califican de “agitación nacionalista” la posición de ambos gobiernos (tanto el argentino como el británico) y desechan la intervención militar para recuperar las islas, algo que expresamente también ha sostenido la cancillería argentina. A continuación defienden que los habitantes de las islas deben considerarse “sujetos de derechos”, a los que no se les podría imponer una soberanía que “no deseen”. Como criterio, presuntamente neutral, esgrimen que les parece obsesiva la afirmación “Las Malvinas son argentinas”, principio que se predica a los niños desde la escuela primaria. Su negativa a torcer una política colonialista se expresa así: La República Argentina ha sido fundada sobre el principio de autodeterminación de los pueblos y para todos los hombres del mundo. Como país cuyos antecedentes incluyen la conquista española, nuestra propia construcción como nación es tan imposible de desligar de episodios de ocupación colonial como la de Malvinas. La Historia, por otra parte, no es reversible, y el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi dos siglos -es decir: anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino- abre una caja de Pandora que no conduce a la paz.
En conclusión, hacen un llamado a abandonar “la agitación de la causa-Malvinas” y se oponen a las “declamaciones patrioteras” que, según ellos, se emitirán el próximo 2 de abril cuando se cumplan 30 años del intento militar por recuperar las islas por la vía armada. Hasta aquí una síntesis de la desafortunada y abstracta declaración que a estos intelectuales les valió ser designados como gurkas (la brigada mercenaria del ejército inglés, compuesta por nepalíes), colonizados y cipayos, entre otros calificativos descalificadores. Sin embargo, es necesario retomar el asunto para discutir sin personalizar.
Horacio Verbitsky (diario Página 12, 26 de febrero de 2012) ha resaltado el carácter anacrónico que exhiben estos intelectuales al criticar el nacionalismo con argumentos que Marx empleara en 1848 al apoyar la invasión estadounidense del territorio mexicano como un “avance” de la “civilización” que sacaría de la inercia a este pueblo de “perezosos”. Por fortuna, el propio Marx corrigió su absurda posición cuando felicitó a Benito Juárez por la derrota y expulsión de las tropas francesas. Ya tenía otra visión del colonialismo que los 17 parecen no haber asimilado. En su análisis de la intervención francesa en México, Marx alababa la abolición (jurídica, por cierto) del sistema de peón acasillado hecha por Benito Juárez, sistema reintroducido por decreto del emperador Maximiliano. Además, en un artículo publicado en el New York Daily Tribune se expresaba en estos términos: La proyectada intervención de México, por parte de Inglaterra, Francia y España, en mi opinión, es una de las empresas más monstruosas que jamás se hayan registrado en los anales de la historia internacional. Se trata de una idea típicamente parmerstoniana, que asombró a los no iniciados por la locura del propósito y la imbecilidad de los medios empleados, que parecen ser bastantes incompatibles con la conocida capacidad del viejo maquinador…
Ellos saben pues, que la intervención conjunta, sin otro fin declarado, salvo el de rescatar a México de la anarquía, producirá precisamente el efecto opuesto, debilitará al gobierno constitucional, fortalecerá al partido clerical mediante el abastecimiento de bayonetas francesas y españolas, reavivará las brasas de la guerra civil, y en lugar de extinguirla, restaurará la anarquía al máximo…
La ilustración es insuficiente pero sirve para mostrar el anacronismo de los 17 en su crítica abstracta al nacionalismo. El origen marxista “retro” de la mayoría de estos intelectuales reaparece en su tránsito hacia el liberalismo. De hecho, Beatriz Sarlo pasó del maoísmo setentero a ser articulista del diario La Nación, el periódico que los ingleses le regalaron a Bartolomé Mitre por su triste papel en la guerra de la “Triple infamia”, en la que los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay exterminaron un millón de paraguayos. Por supuesto, esta intelectual ejerce su pleno derecho a inclinarse hacia esta opción informativa. Emilio de Ípola estuvo exiliado en México después de que fuera liberado de la prisión de la dictadura militar, y en su momento fue un preclaro filósofo althusseriano. Se trata de personas muy respetables, por lo que asombra aun más que hayan producido un documento tan endeble en nombre de los derechos humanos al margen de toda perspectiva histórica. En un solo caso, Osvaldo Bayer reprocha que entre ellos se encuentren historiadores que han defendido el genocidio del general Roca en contra de los habitantes originarios del territorio argentino. En ese sentido, es censurable que uno de los firmantes, el historiador Luis Alberto Romero, haya escrito recientemente una diatriba en contra de las Madres de la Plaza de Mayo, a las que acusa de corruptas protegidas por el gobierno. En uno de sus libros (Breve historia contemporánea de la Argentina) alaba la estabilidad institucional del país a partir del gobierno del general Roca iniciado en 1880, después de la llamada Campaña del Desierto en contra del indígena. Resulta contradictorio que ahora defienda en abstracto los derechos de los habitantes de Las Malvinas, que fueron trasplantados a ese territorio.
Por supuesto, es elemental defender los derechos de los llamados kelpers (apelación despectiva de los propios ingleses que significa “los que comen algas”), cuyos intereses son ajenos a los de la corona de la reina Isabel II. Pero, vayamos por partes. Me parece adecuado un encuadramiento histórico de la reivindicación argentina sobre la soberanía. En principio, como destaca Verbitsky, el surgimiento del Mercosur, la UNASUR y la CELAC significa la emergencia de un nuevo poder regional en el subcontinente, tanto en el ámbito económico como en el político. En segundo lugar, el entrenamiento militar del príncipe Harry en las islas Malvinas contiene un claro mensaje de la corona británica en el sentido de afirmar su injerencia imperial en la región. Al respecto, Verbitsky aporta un claro panorama de esta iniciativa de los ingleses: La militarización y nuclearización de la única zona de paz del mundo es una amenaza gravísima, sobre todo si se ejerce en apoyo de las exploraciones hidrocarburíferas en el mar y de la depredación de los recursos ictícolas. Ambas cuestiones están vinculadas con algunos de los problemas principales del país, como la restricción externa que amaga por la crisis global. En 2011 la Argentina exportó pescados y mariscos por 1.365 millones de dólares, más de lo que obtiene por la venta de carne vacuna. Y la balanza del comercio energético arrojó un saldo negativo de 4.500 millones de dólares, que explica la escalada de conflicto con Repsol-YPF. ¿Qué lógica tendría controlar la remisión de utilidades y exigir inversiones a las multinacionales radicadas en el continente e ignorar que Gran Bretaña explota los tan necesarios recursos propios en el Atlántico Sur?
Esa zona del Atlántico Sur está sujeta a explotación por otras potencias, como Japón, cuyos barcos pesqueros, al igual que los polacos, tienen capacidad para procesar los productos obtenidos del mar y comercializarlos a nivel internacional. En particular, cabe subrayar la importancia que tiene la captura del krill, un molusco muy preciado por su valor alimenticio en proteínas. Sin una regulación internacional, estas actividades ponen en peligro el equilibrio de la fauna marina de la región antártica. ¿Qué opinaría la Unión Europea de que naves latinoamericanas se desplazaran en total libertad cerca de su zona marítima?
Resalta en particular el valor que las islas adquieren para la explotación petrolera de las empresas británicas:
… se están haciendo exploraciones que le permitirían a Gran Bretaña ahorrarse años de importaciones de crudo por un valor cercano a los 60 mil millones de dólares, tal como plantea Federico Bernal en su libro Malvinas y petróleo. Una historia de piratas (Capital Intelectual, 2011), debe sumársele el saqueo ictícola que se viene cometiendo, incluso bastante antes que las denunciadas maniobras recientes de exploración petrolera.[4]
Por su parte, la industria pesquera, según el periódico londinense The Telegraph, arroja 45 millones de libras, que se sustentan en buena parte en la venta del calamar illex a países asiáticos. Esta especie figura entre las cuatro más importantes de la pesca argentina. La cancillería londinense pretexta que la reivindicación argentina por la soberanía apunta a destruir la economía de los kelpers. Por el contrario, se trata de respetar esta actividad y de permitir el acceso de pesqueros argentinos a aguas controladas por la marina inglesa.
Ahora bien, cuál es la realidad de los aproximadamente 3000 habitantes de las islas Malvinas. Son acompañados de un número similar de fuerzas militares que resguardan los intereses británicos. Se afirma que sólo un tercio de la población desciende de los inmigrantes llegados en 1833; el resto, o bien son funcionarios de la administración colonial, provienen de otros territorios del Commonwealth o son trabajadores migrantes de Chile y Perú. La principal actividad económica de la población consiste la cría de ovejas; de hecho la "Falklands Island Company" acumula la propiedad del 50% de las tierras laneras. Cifras recientes ubican el hato ovino en alrededor de 600.000 cabezas.
La estricta separación con el subcontinente los obliga a depender de la potencia ubicada a miles de kilómetros de la zona. El alto costo económico y militar para la corona británica se justifica por la riqueza ictícola y petrolífera del mar circundante. A su vez, los ciudadanos argentinos están privados del derecho a radicarse en el archipiélago, donde no existen partidos políticos (¿y la autodeterminación de la que hablan los 17?), al tiempo que una sola radio y un solo canal de televisión son militares y constituyen su principal vínculo con el mundo exterior. De hecho, repugna la presencia de tropas extracontinentales que ensayan modernas tecnologías militares, en clara violación al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco). ¿Se puede tolerar la presencia en el archipiélago del rompehielos Protector, camuflado como barco científico aunque sus defensas lo tornan invisible para el radar? Si los militares ingleses intervienen impunemente en países como Afganistán, ¿sus pertrechos en la zona no significan una amenaza letal para la región?
El argumento de los 17 respecto de que es contradictorio negociar la soberanía sin renunciar al derecho de soberanía sobre las islas, queda refutado por hechos históricos recientes, como la devolución de Hong Kong a China, en la que esta potencia respetó los intereses económicos y el sistema en que se desenvolvía este territorio durante la ocupación inglesa. La constitución argentina de 1994 expresa el respeto por los intereses de los kelpers, aunque su deseo de permanecer al amparo de la corona británica esté determinado por una campaña terrorista del gobierno inglés que se apoya en una visión catastrofista de lo que acarrearía para ellos incorporarse a un país no desarrollado.
De nuevo el artículo de Verbitsky aporta datos contundentes respecto del derecho de autodeterminación que reclaman los 17: El sujeto de ese derecho no son los individuos sino los pueblos y, desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas sancionó en diciembre de 1960 la Resolución 1514, está condicionado al derecho de integridad territorial de los Estados. En 1964, la Secretaría General incluyó a las Malvinas entre los territorios a descolonizar aplicando esos principios y en 1965 la Asamblea votó la resolución 2065 en la que reconoce que hay una disputa de soberanía entre ambos países, a los que insta a negociar una solución pacífica que tenga en cuenta “los intereses de la población”, pero no sus deseos. Es decir que el principio de integridad territorial prevalece sobre el de autodeterminación de un agrupamiento humano injertado allí por un acto de fuerza.
Precisamente, se trata de integrar a los kelpers a la realidad argentina sin que pierdan los principios esenciales de su identidad. Osvaldo Bayer (diario Página 12, 3 de marzo de 2012) sugiere la posibilidad de tender lazos de hermandad hacia ellos mediante diversos recursos: Está claro que la Argentina tiene que ganar también el afecto de esa población y respetar sus derechos. Por eso debería darles a todo ellos ya mismo la nacionalidad argentina, otorgar becas a estudiantes malvineros para estudiar en nuestras universidades, realizar encuentros culturales, invitar a docentes y científicos isleños a congresos, etc. Todo lo que haga a la confraternidad humana para que esa población se encuentre en su propio país. Principalmente las provincias patagónicas tendrían que abrirles las puertas a toda esa población. Y mientras tanto, nuestros gobiernos seguir una política internacional contra el imperialismo y el coloniaje.
La integración de esos habitantes, respetando sus tradiciones e intereses mediante un estatuto especial, significaría una situación más favorable que el actual estado de aislamiento en que se encuentran, respaldados por un casco militar que sólo beneficia los intereses de la potencia ultramarina.
En suma, los antecedentes históricos y políticos de Las Malvinas, la seguridad del continente frente a la escalada militarista británica en la zona, el derecho argentino a explotar los recursos naturales de su área geográfica, los intereses de los habitantes de las islas –que estarían mejor resguardados si se los incorporara con un estatuto especial a la soberanía argentina-, en fin, la coyuntura latinoamericana y caribeña, abonan la idea de que la iniciativa de los 17 debe calificarse como una auténtica boutade irresponsable, basada principalmente en su animadversión hacia el actual gobierno argentino que los lleva a privilegiar su oposición por encima de los intereses del estado nacional.
Notas:
[1] Este explorador francés llevó a Europa la planta que hoy conocemos en México como bugambilia (nombre adoptado en su honor por varias lenguas del viejo continente) o camelina, y en Argentina se la denomina Santa Rita.
[2] Véase el ensayo de Martha Delfín Guillaumin, “¿Las Malvinas son y serán argentinas?”, [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
[3] El documento se titula “Malvinas: una visión alternativa” (diario Página 12, 23 de febrero de 2012) y lo firman Emilio de Ípola, Pepe Eliaschev, Rafael Filippelli, Roberto Gargarella, Fernando Iglesias, Santiago Kovadloff, Jorge Lanata, Gustavo Noriega, Marcos Novaro, José Miguel Onaindia, Vicente Palermo, Eduardo Antin (Quintín), Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, Daniel Sabsay, Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli.
[4] Véase Arturo Trinelli, “Malvinas: pesca y petróleo”, en El club de los filómatas.
