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1. Situación socio-económica.
La economía española agoniza. Se hunden los sectores productivos. El Índice de Producción Industrial, que empezó a presentar cifras negativas en el mes de noviembre, cayó más de un 10% en tasa interanual en el mes de marzo. El consumo de cemento, como indicador de la situación en la construcción, se situó en abril en cifras de 1966 y cae a un ritmo del 41% anual.
El descalabro y la nacionalización de BANKIA – que supondrán una aportación de fondos públicos, sólo por ahora, de 23.000 millones de euros (8.000 millones de euros más de lo que se ha recortado en salud y educación) – vienen a confirmar los peores pronósticos acerca de la situación general de la banca española. La nueva cifra del déficit público, el 8,9%, aleja cada vez más el cumplimento de los objetivos exigidos por la UE y continuará incrementándose con el trasvase de fondos públicos a la banca y el desplome de la actividad económica y de las bases imponibles de los tributos que recaudan el Estado y las CC.AA.
Los intereses que el Estado debe pagar por la financiación de la deuda se sitúan desde hace semanas en cifras superiores al 6%. La petición desesperada del Gobierno para que intervenga el Banco Central Europeo, como ha venido haciendo en los últimos meses, ha sido rechazada.
La Mesa del Congreso se ha negado a tramitar la pregunta parlamentaria de AMAIUR que exigía que el Gobierno hiciera público el nombre de los 50 principales acreedores del Estado español. Se pone así en evidencia la complicidad del Parlamento para ocultar la identidad de quienes están enriqueciéndose a manos llenas con la deuda pública española y que con toda seguridad, entre otros, incluye a los mismos banqueros “patriotas” que reclaman dinero público para financiar sus bancos y empresas.
Es más que probable que ya se haya decidido dejar al Estado español en caída libre. Ello supondría una intervención que conllevaría un préstamo multimillonario del FMI y el BCE a cambio de un nuevo y brutal plan de ajuste de reducción del gasto público, a semejanza de lo ocurrido en Grecia, con despidos de centenares de miles de empleadas públicas, recorte de las pensiones, de la prestación por desempleo y venta masiva de recursos públicos. En las grandes crisis los acreedores mandan.
El Gobierno Rajoy, igual que hizo el del PSOE, intenta evitar la intervención que ya parece decidida, aplicando “preventivamente” lo que los “mercados” le exigen: la liquidación de derechos laborales y del sistema de protección social. Recortes, cierre de servicios y privatizaciones complementarias son caras de la misma moneda que suponen un monumental trasvase de recursos públicos a la empresa privada, el desmantelamiento de todo lo público y la exclusión de amplios sectores populares de la educación y la sanidad públicas. Prosigue la masiva destrucción de empleo con cifras cada vez más aterradoras de paro, que pronto llegarán a los seis millones, y centenares de miles de personas sin derecho a subsidios, provocando situaciones desesperadas en barrios y pueblos de todo el Estado.
La fuga de mas de 200.000 millones de euros (cerca del 20% del PIB ) en menos de un año hacia lugares más seguros para grandes capitalistas es un ejemplo brutal del “patriotismo” de los capitalistas y de la utilidad de la libertad de movimientos de capitales.
El horizonte socio-económico muestra que estamos ante el estallido en el mismo centro del sistema de una profunda crisis sistémica que viene de lejos. Y en donde los grandes capitales, de la mano de su fracción dominante, la financiera, no encuentran otra manera de aumentar la tasa de ganancia que utilizar a corto plazo el mecanismo de la deuda pública, no tanto con la pretensión de crear riqueza futura, sino para convulsiva y desesperadamente apropiarse de toda la acumulada hasta ahora. Todo lo que exista y pueda “liquidarse” debe pasar cuanto antes a la esfera financiera. Lo han venido haciendo durante años aplicando la “deuda externa” a la periferia “tercermundista”. Pero ahora esa periferia ha inundado, a modo de un tsunami imparable, estados como el nuestro.
Todo esto transcurre, además, en medio de una agudísima pelea interbancaria, a niveles estatal e internacional, cuyo criterio para salir vencedor es disponer, precisamente, de suficiente liquidez y estar libre de “activos tóxicos” para poder dar crédito. En este contexto, con la fortaleza y estabilidad del euro sólo se persigue garantizar el máximo de “retorno” seguro y aumentado de las inversiones y préstamos que se realicen desde los capitales centrales europeos, principalmente alemanes.
Una consecuencia mayor de la parálisis del crédito es la propia parálisis de la actividad económica, pues perversamente el capital financiero se ha constituido en “planificador” de cualquier actividad productiva y de “consumo”.
2. Perspectivas políticas.
Ante un estado de cosas que se degrada cada día y que -como sabemos- va a seguir imparable, es previsible que se produzcan cambios políticos destinados a asegurar el mantenimiento de las estructuras de poder y aplastar eventuales estallidos de revuelta popular.
El hundimiento de las expectativas de trabajo y de vida de millones de trabajadoras y trabajadores, que hasta ahora se han creído que la situación se resolvería en plazo breve, y que cada día que pasa comprueban que no hay salida, va a dar lugar a situaciones sociales explosivas.
La salida de Grecia del euro en los próximos meses hace prever que la insostenible situación del Estado español, por sus dimensiones (su PIB es más del doble del de Irlanda, Portugal y Grecia juntos), conduzca al capitalismo europeo a una reconfiguración. Este proyecto llevaría a establecer una comunidad económica restringida que incluiría a los estados y regiones con mayor potencial económico y dejaría fuera al resto: a los PIIGS o a parte de ellos Todo ello, manteniendo las fronteras políticas de los Estados para asegurar mejor los mecanismos de represión.
La opción “blanda” de una vuelta del PSOE al gobierno central con el apoyo de IU – como se ha producido en Andalucía y Asturias – no sería aceptable para un capitalismo que necesita el “puño de hierro” y que cuenta con menos maniobrabilidad para hacer concesiones formales. Por el contrario, la comprobación de que sus gobiernos llevan a cabo las mismas políticas contra las clases populares, creará un caldo de cultivo adecuado para el desarrollo de opciones de extrema derecha que mediante la mano dura garanticen el “orden” para “salvar al país del caos y la bancarrota”, azuzando en todo momento la división y conflictividad en el seno de las mismas capas populares.
La historia demuestra qué es lo que hace la burguesía en situaciones de crisis, cuando su supervivencia está en juego y tiene que evitar a toda costa que la situación en la calle se le vaya de las manos. Lo sucedido en Europa tras la crisis de 1929 y el auge del fascismo –destinado a liquidar a la izquierda y al movimiento obrero y eliminar todo tipo de libertades democráticas para crear ejércitos de esclavos- no nos permite ingenuidad alguna. Las palabras del presidente del eurogrupo, Jean Claude Juncker, no dejan lugar a duda: “Sabemos exactamente lo que debemos hacer. Lo que no sabemos es cómo salir reelegidos si lo hacemos”.
La opción está meridianamente clara. Si el problema es la democracia parlamentaria, se la liquida en aras del objetivo mayor: mantener las estructuras de poder. Y no son especulaciones. Ya han impuesto presidentes de gobierno “tecnócratas” designados por la UE y el FMI en Grecia e Italia. Un portaaviones de la OTAN estuvo atracado frente a la Plaza el Comercio en Lisboa mientras se decidía el resultado de la“Revolución de los Claveles” y está presente la amenaza de un golpe de estado en Grecia. En cualquier caso, asistimos a una profundización de la transformación de las mismas democracias parlamentarias en verdaderos regímenes de contrarrevolución preventiva donde hasta la acusación de terrorismo pierde progresivamente su carácter selectivo. Se está produciendo, como preveíamos, la aplicación de las leyes antiterroristas a sindicalistas, al movimiento estudiantil y al movimiento popular, con peticiones de decenas de años de cárcel y multas elevadísimas con las que pretenden estrangular todo tipo de disidencia.
En el Estado español varias opciones pueden estar sobre la mesa, en la perspectiva de salida de la UE y de creación de un espacio económico integrado del que, obviamente, quedaría fuera. En este escenario se intensificarían las tensiones centrífugas encabezadas por las burguesías vasca y catalana, que dirigen sectores industriales potentes y dinámicos y que no desearían quedar fuera del nuevo espacio de negocio.
Estas tensiones, que ya están presentes, junto a la probable intensificación de la movilización obrera y popular en respuesta a los ataques a sus condiciones de trabajo y de vida, exacerbarían el nacionalismo español más trasnochado y abonarían el terreno a las evocadas “soluciones” de extrema derecha.
Un gobierno “tecnócrata”, como el de Italia o Grecia, o de “concentración nacional” (como reiteradamente pide “El País”), podría adoptar modalidad de República autoritaria o de Monarquía, previa abdicación en Felipe. Lo que es seguro es que, en cualquier caso, asumiría formas para, con el pretexto del Orden, la mano dura, la “lucha contra la corrupción” o el consabido “salvar a España”, imponer las medidas más brutales aplastando el movimiento obrero y popular. De ello, sin duda, se habrá hablado en la reciente reunión del muy secreto Club de Bildeberg, en el que, como es habitual, participan además de la reina Sofía, dirigentes del PP y del PSOE especialmente vinculados al núcleo duro “otanista” y en los que no falta Juan Luis Cebrián, Consejero Delegado del Grupo PRISA
Si estas opciones son el producto del pacto con las burguesías vasca y catalana, o bien las dirige también contra ellas el sector más retrógrado del capitalismo español, son incógnitas hoy por hoy imposibles de resolver. Por lo demás, la posibilidad de que AMAIUR gane las próximas elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca, no hace más que echar más leña en la caldera españolista, último reducto –como en otras etapas históricas- del capitalismo más atrasado y más corrupto.
Lo que es evidente es que las organizaciones revolucionarias debemos prepararnos para escenarios cuyas formas pueden variar pero que serán esencialmente autoritarias. La liquidación de derechos y libertades, aún tan raquíticos como los que hoy tenemos, será la opción de una clase que no tiene otra salida que intentar recuperar el crecimiento, haciendo producir a la clase obrera en situaciones de miseria y esclavitud, concentrando empresas y capital y acabando con la pequeña y mediana empresa.
Como ha sucedido con diferentes pueblos en otras épocas de crisis económica profunda, la secular lucha por los derechos nacionales se tiñe profundamente de rojo y el órdago es total. La esperanza en la victoria de las organizaciones que en los diferentes pueblos del Estado español defendemos el socialismo y los derechos nacionales de los pueblos carece de fundamento si no enfrentamos de forma coordinada el enemigo común.
La situación en el movimiento obrero y popular en el Estado español se caracteriza por lo siguiente:
Salvo en Hego Euskal Herria y en Galicia, donde mayorías sindicales diferentes de CC.OO y UGT son capaces de convocar con éxito importantes huelgas generales, en el Estado español predomina la ausencia de perspectiva alternativa que lleva a la clase obrera a la pasividad y al sentimiento de impotencia ante el paro masivo y el deterioro de las condiciones de vida.
No hay prácticamente resistencia obrera organizada en las grandes y medianas empresas ante la destrucción de empleo y la precarización de las condiciones de trabajo. Continúa el desprestigio de los dos sindicatos mayoritarios, sin que se produzca un crecimiento significativo de los sindicatos alternativos.
Entre los sectores de la clase obrera más explotados: mujeres, emigrantes y jóvenes, predomina de forma abrumadora la ausencia de organización sindical, con excepciones, como la del recién creado Sindihogar, que agrupa a muchas inmigrantes del servicio domestico.
Se agudiza la percepción por parte de amplios sectores de la ignominia de la corrupción política y empresarial, empezando por la Casa Real, y del expolio organizado desde los poderes públicos.
El auge y la penetración social del discurso y de la actuación de organizaciones fascistas,
Se están iniciando experiencias de coordinación de luchas, de ayuda mutua ante despidos o discriminaciones, o de oficinas de derechos sociales en barrios, con la colaboración de militantes del sindicalismo de clase y alternativo. No se trata de asesorar como en una gestoría, sino de implicar en una asamblea estable a muchas personas asalariadas precarias de pequeñas empresas o paradas en la recuperación de la solidaridad de clase.
Se está produciendo una politización primaria en cada vez más sectores y una radicalización en las consignas del movimiento popular que se ha expresado en: las masivas manifestaciones de la Huelga General, en la manifestación del 15 de abril (sanidad, educación y servicios sociales), en las del 12M y en la huelga y manifestación de la huelga de enseñanza del pasado 22 de mayo, a pesar de la pasividad manifiesta de las burocracias sindicales.
3. ¿Qué hacer?
La complicidad de las direcciones de CC.OO. y de UGT y de la dirección de IU con las políticas de los gobiernos, aceptando los compromisos con la UE y colaborando en los recortes como en Andalucía –y con toda seguridad en Asturias -no sólo les inhabilita para constituirse en alternativa alguna, sino que favorece el discurso dominante de que no hay salida por la izquierda y abonan la penetración de discursos y opciones de extrema derecha.
Existe un evidente desfase entre el grado de arraigo en el seno de nuestro pueblo de una alternativa política revolucionaria para superar la crisis y, por otro lado, la indignación y las importantes movilizaciones populares que esta crisis ya ha provocado. No en vano, el nuevo escenario de potente movilización popular abierto principalmente tras el 15M de 2011 y losperfiles contradictorios que ha desarrollado, son resultado lógico de dos crisis de carácter histórico. Por un lado, la que atraviesa el capitalismo, y que, como ya hemos señalado, cada vez más se percibe como una crisis sistémica generadora de una “guerra social” sin precedentes. Pero también, de la persistencia de nuestra propia crisis como movimiento comunista internacional, que abona los discursos de impotencia reformistas, antiorganizacionales y de conciliación de clase que, en parte, se dan dentro de ese movimiento popular.
Urge volcar todas las energías y recursos de los que dispongamos para conseguir articular el sindicalismo alternativo y el movimiento popular para que sean capaces de resistir y erigir alternativas ante la brutal ofensiva en ciernes. La deslegitimación del sistema que se extiende por amplios sectores obreros -sobre todo los más jóvenes y precarios-, esa conciencia cada vez más amplia de que no hay salida para millones de personas, hace posible que una acción organizada, con ideas claras y perspectivas organizativas unitarias, surgida desde dentro de los movimientos, se perciba como una alternativa viable.
4. ¿Cómo y en qué dirección trabajar?
Conscientes de la gravedad de la situación y del momento histórico que vivimos, Red Roja plantea la necesidad de actuar de manera organizada para recuperar la democracia y la política al servicio de los de abajo y con los de abajo. Ello supone:
1. Conseguir que los sectores más conscientes y con una perspectiva política compartida, discutamos y acordemos formas de trabajo que coincidan en objetivos y en los instrumentos organizativos.
2. Potenciar las asambleas populares que aglutinen y potencien las luchas obreras locales, el movimiento de paradas, inmigrantes, el movimiento ciudadano por sus reivindicaciones –incluida la
revitalización de las asociaciones vecinales a través de la participación de sectores que desbanquen a las actuales direcciones corrompidas– y la lucha contra la privatización y el desmantelamiento de servicios sanitarios, educativos y de servicios sociales públicos.
3. Desde ya, allí donde sea posible, fomentar la creación de agrupaciones o comités populares de base contra la crisis en centros de trabajo, estudio, de barrio,…como estructura de poder embrionario popular que asegure la continuidad y la máxima eficacia en las movilizaciones populares y el propio asamblearismo.
4. Promover la creación de Plataformas o Coordinadoras contra la privatización de la sanidad y los recortes que se coordinen con la Red Autogestionada Antiprivatización de la Sanidad como estructura más eficaz para impedir que propuestas como las “Plataformas en defensa de los servicios públicos” - promovidas por PSOE, IU, CC.OO. y UGT cumplan su objetivo de desviar, integrar y debilitar la lucha popular. De la misma forma, en educación, es preciso apoyar las organizaciones y plataformas que identifican la esencia del problema: los recortes están al servicio de la privatización y a la misma han contribuido y contribuyen decididamente PSOE y PP y callan CC.OO. y UGT. Apoyar decididamente la lucha contra los desahucios y por la vivienda social, así como fomentar formas de autogestión y autoorganización social que se propongan dar respuesta a las necesidades populares más acuciantes.
5. Incidir específicamente dentro de las organizaciones del sindicalismo de clase para impulsar y fortalecer los planteamientos unitarios y de coordinación con el movimiento de asambleas populares. En general, llevar a cabo todas las iniciativas a nuestro alcance para promover la unidad entre el sindicalismo de clase y el movimiento popular. Trabajar de forma continuada para buscar formas de confluencia entre el sindicalismo de clase del conjunto del Estado con el de Galicia y Hego Euskal Herria.
Todo ello con el objetivo de desarrollar un movimiento político y social de resistencia y de lucha que plantee, entre otros objetivos programáticos que ya son patrimonio unitario del movimiento popular, la imperiosa necesidad de salir de la UE y del euro y la construcción del poder popular1 que garantice la plena soberanía sobre los recursos y sobre todos los aspectos de la organización social.
1. Situación socio-económica.
La economía española agoniza. Se hunden los sectores productivos. El Índice de Producción Industrial, que empezó a presentar cifras negativas en el mes de noviembre, cayó más de un 10% en tasa interanual en el mes de marzo. El consumo de cemento, como indicador de la situación en la construcción, se situó en abril en cifras de 1966 y cae a un ritmo del 41% anual.
El descalabro y la nacionalización de BANKIA – que supondrán una aportación de fondos públicos, sólo por ahora, de 23.000 millones de euros (8.000 millones de euros más de lo que se ha recortado en salud y educación) – vienen a confirmar los peores pronósticos acerca de la situación general de la banca española. La nueva cifra del déficit público, el 8,9%, aleja cada vez más el cumplimento de los objetivos exigidos por la UE y continuará incrementándose con el trasvase de fondos públicos a la banca y el desplome de la actividad económica y de las bases imponibles de los tributos que recaudan el Estado y las CC.AA.
Los intereses que el Estado debe pagar por la financiación de la deuda se sitúan desde hace semanas en cifras superiores al 6%. La petición desesperada del Gobierno para que intervenga el Banco Central Europeo, como ha venido haciendo en los últimos meses, ha sido rechazada.
La Mesa del Congreso se ha negado a tramitar la pregunta parlamentaria de AMAIUR que exigía que el Gobierno hiciera público el nombre de los 50 principales acreedores del Estado español. Se pone así en evidencia la complicidad del Parlamento para ocultar la identidad de quienes están enriqueciéndose a manos llenas con la deuda pública española y que con toda seguridad, entre otros, incluye a los mismos banqueros “patriotas” que reclaman dinero público para financiar sus bancos y empresas.
Es más que probable que ya se haya decidido dejar al Estado español en caída libre. Ello supondría una intervención que conllevaría un préstamo multimillonario del FMI y el BCE a cambio de un nuevo y brutal plan de ajuste de reducción del gasto público, a semejanza de lo ocurrido en Grecia, con despidos de centenares de miles de empleadas públicas, recorte de las pensiones, de la prestación por desempleo y venta masiva de recursos públicos. En las grandes crisis los acreedores mandan.
El Gobierno Rajoy, igual que hizo el del PSOE, intenta evitar la intervención que ya parece decidida, aplicando “preventivamente” lo que los “mercados” le exigen: la liquidación de derechos laborales y del sistema de protección social. Recortes, cierre de servicios y privatizaciones complementarias son caras de la misma moneda que suponen un monumental trasvase de recursos públicos a la empresa privada, el desmantelamiento de todo lo público y la exclusión de amplios sectores populares de la educación y la sanidad públicas. Prosigue la masiva destrucción de empleo con cifras cada vez más aterradoras de paro, que pronto llegarán a los seis millones, y centenares de miles de personas sin derecho a subsidios, provocando situaciones desesperadas en barrios y pueblos de todo el Estado.
La fuga de mas de 200.000 millones de euros (cerca del 20% del PIB ) en menos de un año hacia lugares más seguros para grandes capitalistas es un ejemplo brutal del “patriotismo” de los capitalistas y de la utilidad de la libertad de movimientos de capitales.
El horizonte socio-económico muestra que estamos ante el estallido en el mismo centro del sistema de una profunda crisis sistémica que viene de lejos. Y en donde los grandes capitales, de la mano de su fracción dominante, la financiera, no encuentran otra manera de aumentar la tasa de ganancia que utilizar a corto plazo el mecanismo de la deuda pública, no tanto con la pretensión de crear riqueza futura, sino para convulsiva y desesperadamente apropiarse de toda la acumulada hasta ahora. Todo lo que exista y pueda “liquidarse” debe pasar cuanto antes a la esfera financiera. Lo han venido haciendo durante años aplicando la “deuda externa” a la periferia “tercermundista”. Pero ahora esa periferia ha inundado, a modo de un tsunami imparable, estados como el nuestro.
Todo esto transcurre, además, en medio de una agudísima pelea interbancaria, a niveles estatal e internacional, cuyo criterio para salir vencedor es disponer, precisamente, de suficiente liquidez y estar libre de “activos tóxicos” para poder dar crédito. En este contexto, con la fortaleza y estabilidad del euro sólo se persigue garantizar el máximo de “retorno” seguro y aumentado de las inversiones y préstamos que se realicen desde los capitales centrales europeos, principalmente alemanes.
Una consecuencia mayor de la parálisis del crédito es la propia parálisis de la actividad económica, pues perversamente el capital financiero se ha constituido en “planificador” de cualquier actividad productiva y de “consumo”.
2. Perspectivas políticas.
Ante un estado de cosas que se degrada cada día y que -como sabemos- va a seguir imparable, es previsible que se produzcan cambios políticos destinados a asegurar el mantenimiento de las estructuras de poder y aplastar eventuales estallidos de revuelta popular.
El hundimiento de las expectativas de trabajo y de vida de millones de trabajadoras y trabajadores, que hasta ahora se han creído que la situación se resolvería en plazo breve, y que cada día que pasa comprueban que no hay salida, va a dar lugar a situaciones sociales explosivas.
La salida de Grecia del euro en los próximos meses hace prever que la insostenible situación del Estado español, por sus dimensiones (su PIB es más del doble del de Irlanda, Portugal y Grecia juntos), conduzca al capitalismo europeo a una reconfiguración. Este proyecto llevaría a establecer una comunidad económica restringida que incluiría a los estados y regiones con mayor potencial económico y dejaría fuera al resto: a los PIIGS o a parte de ellos Todo ello, manteniendo las fronteras políticas de los Estados para asegurar mejor los mecanismos de represión.
La opción “blanda” de una vuelta del PSOE al gobierno central con el apoyo de IU – como se ha producido en Andalucía y Asturias – no sería aceptable para un capitalismo que necesita el “puño de hierro” y que cuenta con menos maniobrabilidad para hacer concesiones formales. Por el contrario, la comprobación de que sus gobiernos llevan a cabo las mismas políticas contra las clases populares, creará un caldo de cultivo adecuado para el desarrollo de opciones de extrema derecha que mediante la mano dura garanticen el “orden” para “salvar al país del caos y la bancarrota”, azuzando en todo momento la división y conflictividad en el seno de las mismas capas populares.
La historia demuestra qué es lo que hace la burguesía en situaciones de crisis, cuando su supervivencia está en juego y tiene que evitar a toda costa que la situación en la calle se le vaya de las manos. Lo sucedido en Europa tras la crisis de 1929 y el auge del fascismo –destinado a liquidar a la izquierda y al movimiento obrero y eliminar todo tipo de libertades democráticas para crear ejércitos de esclavos- no nos permite ingenuidad alguna. Las palabras del presidente del eurogrupo, Jean Claude Juncker, no dejan lugar a duda: “Sabemos exactamente lo que debemos hacer. Lo que no sabemos es cómo salir reelegidos si lo hacemos”.
La opción está meridianamente clara. Si el problema es la democracia parlamentaria, se la liquida en aras del objetivo mayor: mantener las estructuras de poder. Y no son especulaciones. Ya han impuesto presidentes de gobierno “tecnócratas” designados por la UE y el FMI en Grecia e Italia. Un portaaviones de la OTAN estuvo atracado frente a la Plaza el Comercio en Lisboa mientras se decidía el resultado de la“Revolución de los Claveles” y está presente la amenaza de un golpe de estado en Grecia. En cualquier caso, asistimos a una profundización de la transformación de las mismas democracias parlamentarias en verdaderos regímenes de contrarrevolución preventiva donde hasta la acusación de terrorismo pierde progresivamente su carácter selectivo. Se está produciendo, como preveíamos, la aplicación de las leyes antiterroristas a sindicalistas, al movimiento estudiantil y al movimiento popular, con peticiones de decenas de años de cárcel y multas elevadísimas con las que pretenden estrangular todo tipo de disidencia.
En el Estado español varias opciones pueden estar sobre la mesa, en la perspectiva de salida de la UE y de creación de un espacio económico integrado del que, obviamente, quedaría fuera. En este escenario se intensificarían las tensiones centrífugas encabezadas por las burguesías vasca y catalana, que dirigen sectores industriales potentes y dinámicos y que no desearían quedar fuera del nuevo espacio de negocio.
Estas tensiones, que ya están presentes, junto a la probable intensificación de la movilización obrera y popular en respuesta a los ataques a sus condiciones de trabajo y de vida, exacerbarían el nacionalismo español más trasnochado y abonarían el terreno a las evocadas “soluciones” de extrema derecha.
Un gobierno “tecnócrata”, como el de Italia o Grecia, o de “concentración nacional” (como reiteradamente pide “El País”), podría adoptar modalidad de República autoritaria o de Monarquía, previa abdicación en Felipe. Lo que es seguro es que, en cualquier caso, asumiría formas para, con el pretexto del Orden, la mano dura, la “lucha contra la corrupción” o el consabido “salvar a España”, imponer las medidas más brutales aplastando el movimiento obrero y popular. De ello, sin duda, se habrá hablado en la reciente reunión del muy secreto Club de Bildeberg, en el que, como es habitual, participan además de la reina Sofía, dirigentes del PP y del PSOE especialmente vinculados al núcleo duro “otanista” y en los que no falta Juan Luis Cebrián, Consejero Delegado del Grupo PRISA
Si estas opciones son el producto del pacto con las burguesías vasca y catalana, o bien las dirige también contra ellas el sector más retrógrado del capitalismo español, son incógnitas hoy por hoy imposibles de resolver. Por lo demás, la posibilidad de que AMAIUR gane las próximas elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca, no hace más que echar más leña en la caldera españolista, último reducto –como en otras etapas históricas- del capitalismo más atrasado y más corrupto.
Lo que es evidente es que las organizaciones revolucionarias debemos prepararnos para escenarios cuyas formas pueden variar pero que serán esencialmente autoritarias. La liquidación de derechos y libertades, aún tan raquíticos como los que hoy tenemos, será la opción de una clase que no tiene otra salida que intentar recuperar el crecimiento, haciendo producir a la clase obrera en situaciones de miseria y esclavitud, concentrando empresas y capital y acabando con la pequeña y mediana empresa.
Como ha sucedido con diferentes pueblos en otras épocas de crisis económica profunda, la secular lucha por los derechos nacionales se tiñe profundamente de rojo y el órdago es total. La esperanza en la victoria de las organizaciones que en los diferentes pueblos del Estado español defendemos el socialismo y los derechos nacionales de los pueblos carece de fundamento si no enfrentamos de forma coordinada el enemigo común.
La situación en el movimiento obrero y popular en el Estado español se caracteriza por lo siguiente:
Salvo en Hego Euskal Herria y en Galicia, donde mayorías sindicales diferentes de CC.OO y UGT son capaces de convocar con éxito importantes huelgas generales, en el Estado español predomina la ausencia de perspectiva alternativa que lleva a la clase obrera a la pasividad y al sentimiento de impotencia ante el paro masivo y el deterioro de las condiciones de vida.
No hay prácticamente resistencia obrera organizada en las grandes y medianas empresas ante la destrucción de empleo y la precarización de las condiciones de trabajo. Continúa el desprestigio de los dos sindicatos mayoritarios, sin que se produzca un crecimiento significativo de los sindicatos alternativos.
Entre los sectores de la clase obrera más explotados: mujeres, emigrantes y jóvenes, predomina de forma abrumadora la ausencia de organización sindical, con excepciones, como la del recién creado Sindihogar, que agrupa a muchas inmigrantes del servicio domestico.
Se agudiza la percepción por parte de amplios sectores de la ignominia de la corrupción política y empresarial, empezando por la Casa Real, y del expolio organizado desde los poderes públicos.
El auge y la penetración social del discurso y de la actuación de organizaciones fascistas,
Se están iniciando experiencias de coordinación de luchas, de ayuda mutua ante despidos o discriminaciones, o de oficinas de derechos sociales en barrios, con la colaboración de militantes del sindicalismo de clase y alternativo. No se trata de asesorar como en una gestoría, sino de implicar en una asamblea estable a muchas personas asalariadas precarias de pequeñas empresas o paradas en la recuperación de la solidaridad de clase.
Se está produciendo una politización primaria en cada vez más sectores y una radicalización en las consignas del movimiento popular que se ha expresado en: las masivas manifestaciones de la Huelga General, en la manifestación del 15 de abril (sanidad, educación y servicios sociales), en las del 12M y en la huelga y manifestación de la huelga de enseñanza del pasado 22 de mayo, a pesar de la pasividad manifiesta de las burocracias sindicales.
3. ¿Qué hacer?
La complicidad de las direcciones de CC.OO. y de UGT y de la dirección de IU con las políticas de los gobiernos, aceptando los compromisos con la UE y colaborando en los recortes como en Andalucía –y con toda seguridad en Asturias -no sólo les inhabilita para constituirse en alternativa alguna, sino que favorece el discurso dominante de que no hay salida por la izquierda y abonan la penetración de discursos y opciones de extrema derecha.
Existe un evidente desfase entre el grado de arraigo en el seno de nuestro pueblo de una alternativa política revolucionaria para superar la crisis y, por otro lado, la indignación y las importantes movilizaciones populares que esta crisis ya ha provocado. No en vano, el nuevo escenario de potente movilización popular abierto principalmente tras el 15M de 2011 y losperfiles contradictorios que ha desarrollado, son resultado lógico de dos crisis de carácter histórico. Por un lado, la que atraviesa el capitalismo, y que, como ya hemos señalado, cada vez más se percibe como una crisis sistémica generadora de una “guerra social” sin precedentes. Pero también, de la persistencia de nuestra propia crisis como movimiento comunista internacional, que abona los discursos de impotencia reformistas, antiorganizacionales y de conciliación de clase que, en parte, se dan dentro de ese movimiento popular.
Urge volcar todas las energías y recursos de los que dispongamos para conseguir articular el sindicalismo alternativo y el movimiento popular para que sean capaces de resistir y erigir alternativas ante la brutal ofensiva en ciernes. La deslegitimación del sistema que se extiende por amplios sectores obreros -sobre todo los más jóvenes y precarios-, esa conciencia cada vez más amplia de que no hay salida para millones de personas, hace posible que una acción organizada, con ideas claras y perspectivas organizativas unitarias, surgida desde dentro de los movimientos, se perciba como una alternativa viable.
4. ¿Cómo y en qué dirección trabajar?
Conscientes de la gravedad de la situación y del momento histórico que vivimos, Red Roja plantea la necesidad de actuar de manera organizada para recuperar la democracia y la política al servicio de los de abajo y con los de abajo. Ello supone:
1. Conseguir que los sectores más conscientes y con una perspectiva política compartida, discutamos y acordemos formas de trabajo que coincidan en objetivos y en los instrumentos organizativos.
2. Potenciar las asambleas populares que aglutinen y potencien las luchas obreras locales, el movimiento de paradas, inmigrantes, el movimiento ciudadano por sus reivindicaciones –incluida la
revitalización de las asociaciones vecinales a través de la participación de sectores que desbanquen a las actuales direcciones corrompidas– y la lucha contra la privatización y el desmantelamiento de servicios sanitarios, educativos y de servicios sociales públicos.
3. Desde ya, allí donde sea posible, fomentar la creación de agrupaciones o comités populares de base contra la crisis en centros de trabajo, estudio, de barrio,…como estructura de poder embrionario popular que asegure la continuidad y la máxima eficacia en las movilizaciones populares y el propio asamblearismo.
4. Promover la creación de Plataformas o Coordinadoras contra la privatización de la sanidad y los recortes que se coordinen con la Red Autogestionada Antiprivatización de la Sanidad como estructura más eficaz para impedir que propuestas como las “Plataformas en defensa de los servicios públicos” - promovidas por PSOE, IU, CC.OO. y UGT cumplan su objetivo de desviar, integrar y debilitar la lucha popular. De la misma forma, en educación, es preciso apoyar las organizaciones y plataformas que identifican la esencia del problema: los recortes están al servicio de la privatización y a la misma han contribuido y contribuyen decididamente PSOE y PP y callan CC.OO. y UGT. Apoyar decididamente la lucha contra los desahucios y por la vivienda social, así como fomentar formas de autogestión y autoorganización social que se propongan dar respuesta a las necesidades populares más acuciantes.
5. Incidir específicamente dentro de las organizaciones del sindicalismo de clase para impulsar y fortalecer los planteamientos unitarios y de coordinación con el movimiento de asambleas populares. En general, llevar a cabo todas las iniciativas a nuestro alcance para promover la unidad entre el sindicalismo de clase y el movimiento popular. Trabajar de forma continuada para buscar formas de confluencia entre el sindicalismo de clase del conjunto del Estado con el de Galicia y Hego Euskal Herria.
Todo ello con el objetivo de desarrollar un movimiento político y social de resistencia y de lucha que plantee, entre otros objetivos programáticos que ya son patrimonio unitario del movimiento popular, la imperiosa necesidad de salir de la UE y del euro y la construcción del poder popular1 que garantice la plena soberanía sobre los recursos y sobre todos los aspectos de la organización social.
