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EEUU garantiza inmunidad a ex presidente mexicano que ideó matanza en Chiapas
Fuente:http://www.librered.net/?p=20881
Domingo, septiembre 9, 2012, 12:19Destacada, Latinoamérica, Norteamérica Comentar
El ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, actual profesor de economía y política de la universidad de Yale, puede respirar tranquilo. El Departamento de Justicia de EEUU le ha otorgado inmunidad diplomática y, por tanto, no enfrentará los cargos que se le imputan como responsable intelectual de la matanza de Acteal, el asesinato en 1997 de 45 indígenas en un pueblo de Chiapas (entre ellos mujeres embarazadas y niños) a manos de un grupo armado por el Estado.
El gobierno de EEUU consideró que “los señalamientos de los demandantes”, diez supuestos supervivientes que nunca publicitaron su nombre, “de que el ex presidente Zedillo debe ser juzgado por la conducta de funcionarios de menor rango, simplemente por su posición como presidente en ese momento, no proveen una suficiente razón para cuestionar” su inmunidad.
El ex mandatario, en un escrito hecho público en enero, había calificado las acusaciones de “indignantes” y “carentes de fundamento”, criticó que fueran anónimas y las vinculó con el proceso electoral que tuvo lugar en México el pasado mes de julio.
La decisión ha indignado a colectivos sociales. Según un comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) -representante legal de los supervivientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, lo que reivindican las víctimas es justicia y verdad para que no se repitan los hechos, se castigue a los autores materiales e intelectuales de la masacre y se ofrezca una reparación integral a los afectados.
El gobierno de Felipe Calderón había abogado ante su par estadounidense para que garantizara la inmunidad del ex mandatario y subrayó que EEUU no es competente para juzgar hechos que tuvieron lugar fuera de su territorio y en el que no están involucrados sus ciudadanos.
15 años sin justicia
Mientras, en Chiapas,la sensación de impunidad crece. El Frayba asegura que la inmunidad de Zedillo, a quien ellos consideran culpable “por acción y omisión”, tendrá como resultado “proteger y encubrir a responsables de crímenes de lesa humanidad” con lo que EEUU viola los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente.
El 1 de enero de 1994, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), liderado por el subcomandante Marcos, se alzó en armas para terminar con la marginación de los indígenas y campesinos que vivían sumidos en la pobreza. El conflicto armado abierto duró solo unos días pero el gobierno federal, dirigido desde diciembre de 1994 por Zedillo, desplegó después un intenso operativo militar que, según las comunidades de la zona y las denuncias de organizaciones de derechos humanos, conllevó que se armara y entrenara a grupos indígenas para hacer el ‘trabajo sucio’, desestabilizar el área y controlar a los insurgentes.
En 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés pero el conflicto de baja intensidad continuó. La masacre de Acteal fue el suceso más dramático de la década y el que hubiera un puesto del ejército a 200 metros del pueblo pero nadie hiciera nada para evitar los asesinatos confirma, según las ONG, la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado.
La masacre conllevó la renuncia del secretario de Gobernación de la época (ministro del Interior), Emilio Chuayffet, y del Gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, así como por la detención de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó (localidad de la que depende Acteal) por haber proporcionado las armas para realizar la acción. “Mi presidente, no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos”, respondió el entonces gobernador al alcalde, según la declaración que este hizo a las autoridades.
Después de la matanza, 34 indígenas fueron detenidos, enjuiciados y declarados culpables, pero la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de 20 de ellos en 2009 y de 7 más en 2011 porque no se cumplió el debido proceso y la Procuraduría General de la República fabricó pruebas para inculparlos.
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Domingo, septiembre 9, 2012, 12:19Destacada, Latinoamérica, Norteamérica Comentar
El ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, actual profesor de economía y política de la universidad de Yale, puede respirar tranquilo. El Departamento de Justicia de EEUU le ha otorgado inmunidad diplomática y, por tanto, no enfrentará los cargos que se le imputan como responsable intelectual de la matanza de Acteal, el asesinato en 1997 de 45 indígenas en un pueblo de Chiapas (entre ellos mujeres embarazadas y niños) a manos de un grupo armado por el Estado.
El gobierno de EEUU consideró que “los señalamientos de los demandantes”, diez supuestos supervivientes que nunca publicitaron su nombre, “de que el ex presidente Zedillo debe ser juzgado por la conducta de funcionarios de menor rango, simplemente por su posición como presidente en ese momento, no proveen una suficiente razón para cuestionar” su inmunidad.
El ex mandatario, en un escrito hecho público en enero, había calificado las acusaciones de “indignantes” y “carentes de fundamento”, criticó que fueran anónimas y las vinculó con el proceso electoral que tuvo lugar en México el pasado mes de julio.
La decisión ha indignado a colectivos sociales. Según un comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) -representante legal de los supervivientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, lo que reivindican las víctimas es justicia y verdad para que no se repitan los hechos, se castigue a los autores materiales e intelectuales de la masacre y se ofrezca una reparación integral a los afectados.
El gobierno de Felipe Calderón había abogado ante su par estadounidense para que garantizara la inmunidad del ex mandatario y subrayó que EEUU no es competente para juzgar hechos que tuvieron lugar fuera de su territorio y en el que no están involucrados sus ciudadanos.
15 años sin justicia
Mientras, en Chiapas,la sensación de impunidad crece. El Frayba asegura que la inmunidad de Zedillo, a quien ellos consideran culpable “por acción y omisión”, tendrá como resultado “proteger y encubrir a responsables de crímenes de lesa humanidad” con lo que EEUU viola los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente.
El 1 de enero de 1994, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), liderado por el subcomandante Marcos, se alzó en armas para terminar con la marginación de los indígenas y campesinos que vivían sumidos en la pobreza. El conflicto armado abierto duró solo unos días pero el gobierno federal, dirigido desde diciembre de 1994 por Zedillo, desplegó después un intenso operativo militar que, según las comunidades de la zona y las denuncias de organizaciones de derechos humanos, conllevó que se armara y entrenara a grupos indígenas para hacer el ‘trabajo sucio’, desestabilizar el área y controlar a los insurgentes.
En 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés pero el conflicto de baja intensidad continuó. La masacre de Acteal fue el suceso más dramático de la década y el que hubiera un puesto del ejército a 200 metros del pueblo pero nadie hiciera nada para evitar los asesinatos confirma, según las ONG, la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado.
La masacre conllevó la renuncia del secretario de Gobernación de la época (ministro del Interior), Emilio Chuayffet, y del Gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, así como por la detención de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó (localidad de la que depende Acteal) por haber proporcionado las armas para realizar la acción. “Mi presidente, no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos”, respondió el entonces gobernador al alcalde, según la declaración que este hizo a las autoridades.
Después de la matanza, 34 indígenas fueron detenidos, enjuiciados y declarados culpables, pero la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de 20 de ellos en 2009 y de 7 más en 2011 porque no se cumplió el debido proceso y la Procuraduría General de la República fabricó pruebas para inculparlos.
