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El artículo es antiguo y a pesar de ser anterior a la crisis da en el clavo
El grave conflicto que posee el Estado español es que los problemas que le asaltan son estructurales o, lo que es lo mismo, afectan a los pilares mismos del sistema político, económico y social. Esto supone que ya no sirven las pequeñas o grandes reformas de la fachada, el cambiar un poco para que todo siga igual. Veámoslo más de cerca en la economía.
A diario se empeñan los voceros y propagandistas en convencernos de que las grandes cifras de la economía española son estupendas, que crecemos más que el resto de los países de la zona, que se crean muchos más puestos de trabajo que en el resto de países europeos, que nuestras empresas son líderes mundiales que se codean con otras multinacionales, etc. Sería fácil replicar a todas estas maravillosas cifras macroeconómicas con la realidad sangrante de la sobrexplotación laboral, los salarios de miseria, el empleo masivo de mano de obra extranjera carente de cualquier derecho laboral, los miles de trabajadores muertos y heridos que quedan en el camino, etc. Pero aquí no se trata de eso. El capitalismo se basa en la explotación del trabajo asalariado, en apropiarse de la mayor cantidad de plusvalía posible a costa del trabajo realizado por el obrero y no pagado por el empresario de turno. En ese sentido, nuestros capitalistas no son ni mejores ni peores que el resto de capitalistas mundiales. Poseen los mismos problemas, entre los que destacan la progresiva bajada de la cuota general de ganancia, la falta de mercados donde vender sus mercancías, la acelerada socialización de la producción, la necesidad de concentrarse y crecer para poder hacer frente a las empresas competidoras, etc. Los capitalistas españoles, como parte de los capitalistas mundiales, participan plenamente de los problemas y conflictos que genera la crisis general del sistema capitalista en su conjunto. Ahora bien, a esos problemas generales propios del sistema hay que añadir de forma muy acentuada los problemas que les son propios y que se deben al particular desarrollo del capitalismo en España.
A la hora de estudiar los problemas estructurales de la economía española hemos de definir claramente los orígenes de esos problemas. Para ello. empecemos por el principio: el sistema capitalista se basa en la obtención plusvalía. Esta plusvalía es trabajo realizado por el obrero y no pagado en la producción. La distribución de mercancía, el comercio, los servicios y las finanzas, no crean plusvalía, solo se reparten la existente gracias a que son parte del capital global. Si queremos conocer los problemas estructurales de la economía española tenemos, pues, que ir a la raíz del sistema. es decir, debemos estudiar cómo se produce la plusvalía en España, cuáles son los sectores que la generan y los problemas con los que se encuentran.
No confundir los síntomas con el origen de la enfermedad
Un error muy común es centrar los debates económicos en aspectos como el elevado nivel de endeudamiento (del Estado y de las familias), las subidas de los tipos de interés, el incremento de la inflación diferencial (nuestra inflación sube anualmente más de lo que sube la de los países de nuestro entorno), el fin de las ayudas y subvenciones de la UE (que los últimos años suponían más del uno por cien del PIB español), la fortaleza del euro, etc. Todas estas cuestiones no son las causas de los problemas de la economía española, tan sólo son manifestaciones de aspectos secundarios. Son los síntomas de la enfermedad que aqueja a nuestra economía. Las políticas monetaristas y keynesianas tan en boga se centran en estas cuestiones.
Los economistas capitalistas llevan décadas desviando nuestra atención hacia estos asuntos como si en ellos se hallara la forma de resolver la crisis capitalista, pero la realidad se ha encargado de demostrar que la fluctuación o el control de alguno de estos parámetros, en el mejor de los casos, no pasa de ser un parche del problema que no solventa realmente la crisis. Ni que decir tiene que cualquier variación en los tipos de interés, la inflación, los impuestos, las ayudas y subvenciones, la moneda. etc., tiene unas repercusiones inmediatas muy reales sobre la economía y las clases sociales, pero eso no significa en ningún caso que esas variaciones sean determinantes para el desarrollo económico como proceso. Estas variaciones tan sólo pueden acelerar o retardar el proceso, es decir, únicamente inciden en aspectos cuantitativos del mismo, porque no pueden en ningún caso alterar el desarrollo cualitativo del proceso. Lo anterior quiere decir que los problemas estructurales de la economía española no son el incremento de los tipos de interés, el fin de las ayudas europeas, la fortaleza del euro, el endeudamiento, la inflación y aspectos similares. Buena prueba de ello es que cuando los tipos de interés eran bajos, nos llegaban ayudas europeas, el endeudamiento era menor, la moneda era más débil, etc., los problemas estructurales de la economía española estaban ya presentes. Antes y ahora nuestra economía posee los mismos problemas; lo único que ha cambiado son los síntomas que manifiestan su enfermedad. Al agravarse la crisis, los síntomas que muestra la economía también se acentúan, pero aquí se trata de estudiar los orígenes y causas de la crisis, no los síntomas que padece el enfermo.
Tampoco debemos buscar el origen de los problemas estructurales de la economía española en la dependencia energética o en el abultado déficit exterior (1). En realidad, el déficit exterior también es un síntoma de la enfermedad que padece nuestra economía. El problema no está en el déficit exterior, sino que está en las causas que originan ese déficit. Aquí nos encontramos con que la balanza de pagos española ha sido históricamente deficitaria, aunque ha logrado encubrir el problema con los ingresos del turismo. En la medida que el turismo flaquea, el déficit que estaba oculto se manifiesta. En cuanto al déficit comercial, tres cuartos de lo mismo: la productividad de nuestras empresas es mucho menor que las de nuestro entorno lo cual las hace menos competitivas y dificulta nuestras exportaciones. Muchas empresas sobreviven gracias a un mercado nacional cautivo y proteccionista, pero carecen de fuerza para enfrentarse a las empresas extranjeras. En la medida en que las empresas extranjeras (mucho más competitivas) logran romper el proteccionismo económico español y se implantan en nuestro mercado, las empresas nacionales sucumben incapaces de hacer frente a la competencia exterior, lo cual favorece las importaciones. Por otro lado, no puede achacarse el aumento del déficit exterior al incremento del dinero que los extranjeros que trabajan en España giran a sus países de origen (2), porque es gracias a esos trabajadores como se está manteniendo la economía española. De hecho el 43 por ciento de los nuevos obreros incorporados al sistema desde 2004 son extranjeros y 1’8 millones cotizan ya a la Seguridad Social. Los extranjeros no sólo no son la causa del déficit exterior sino que con su trabajo y con su consumo están contribuyendo en buena medida a paliar ese déficit.
En cuanto a la dependencia energética, es la eterna excusa de los capitalistas cuando viene la crisis: que si los precios del petróleo, que si los problemas de suministros del gas natural... Esto son en su mayor parte disculpas para encubrir el origen real de los problemas. A decir verdad, somos mucho menos dependientes del petróleo que antaño y cada vez se diversifican más las fuentes energéticas (nuclear, hidráulica, eólica, gas natural, biodiesel, solar...). De la misma manera, los motores e industrias hacen un consumo mucho más eficiente de la energía. En todo caso, la dependencia energética es en parte una consecuencia del modelo productivo español. Es cierto que apenas tenemos petróleo o gas natural, pero tenemos las condiciones para generar otro tipo de energías que han sido totalmente relegadas. Apenas se dedica presupuesto para la investigación y el desarrollo de nuevas fuentes energéticas capaces de dotarnos de la energía que necesitamos. En todo caso, en este asunto conviene recordar que el precio de la gasolina está inflado en su gran mayoría por impuestos y tasas, o que el Estado paga regularmente a las empresas eléctricas un elevado canon por el parón nuclear, de manera que la energía no es tan cara como se dice. Resulta significativo que en momentos en los que el precio del petróleo está subiendo, las principales petroleras no sólo no están sufriendo la crisis, sino que están engordando notablemente sus beneficios.
Pero dejémonos de digresiones y busquemos el origen estructural de los problemas del capitalismo español.
Las tres patas de la economía española
En nuestro país prima el capitalismo especulativo, es decir, se trata de conseguir el máximo beneficio posible con la menor inversión y sin preocuparse por generar o consolidar un tejido productivo que pueda hacer frente a otras potencias capitalistas. Tenemos uno de los presupuestos más bajos en educación, un creciente fracaso escolar, una universidad sin recursos. Los científicos e investigadores se ven obligados a emigrar por la escasa financiación en I + D. Las infraestructuras de comunicación dejan mucho que desear.
Las grandes empresas españolas proceden en su gran mayoría de la privatización de empresas públicas (Tabacalera, Gas Natural, Endesa, Telefónica...). Su crecimiento ha sido debido a dos factores principales: las ayudas económicas y políticas del Estado y el monopolio del sector en España. Nos vendieron que la privatización del sector público abarataría costes y precios al consumidor al aumentar la competencia pero la realidad ha sido la contraria. Las eléctricas han recibido y reciben del Estado enormes sumas de dinero. Telefónica es la operadora que más gana en el mundo y los precios de las llamadas en España son los más altos de nuestro entorno. El Estado subió los impuestos a las cajetillas de cigarrillos baratas para frenar la competencia que empezaban a suponer...
Otros importantes sectores económicos como son el turismo y la construcción también están fuertemente apadrinados por el Estado. La especulación inmobiliaria adquiere carácter legal con el aval y la participación de municipios y comunidades autónomas. Gracias a la recalificación de terrenos los precios y las ganancias se multiplican de forma arbitraria y artificial.
Los sectores productivos que no generaron grandes y rápidas ganancias han sido desmantelados o, en el mejor de los casos vendidos a multinacionales extranjeras. Las enormes ayudas económicas recibidas por la CE para pagar la reconversión de la industria, la agricultura, la ganadería o la pesca (que durante años supusieron sobre el uno por ciento del PIB) han terminado en manos de terratenientes, especuladores y grandes financieros. El desmantelamiento de nuestro tejido productivo ha engordado sus arcas sin abrir nuevas alternativas o canales de producción. Regiones que poseían un fuerte sector industrial, agrícola o ganadero son ahora solares yermos. El antaño poderoso sector pesquero languidece. Los astilleros públicos han sido desmantelados y divididos en pequeñas empresas incapaces de salir adelante; en Vigo incluso se ponen mil impedimentos para que avancen en la construcción de barcos civiles.
España es uno de los mayores productores mundiales de coches, pero carece de marca nacional. El Estado vendió la SEAT por dos perras gordas después de una reconversión salvaje y de asumir todas las deudas. Volkswagen ha sido fuertemente subvencionada estos años para que no se lleve la producción a otros países, a pesar de lo cual los despidos se suceden con el apoyo de los sindicatos oficiales. Delphi también ha recibido mucho dinero del Estado y ahora amenaza cerrar el kiosco. A pesar de ser los más grandes productores de aceite de oliva, todas las distribuidoras de este producto están en manos italianas. El agricultor se ve obligado a no producir aceite para no pasarse de la cuota de producción y, mientras, el consumidor se ve obligado a consumir aceite de girasol y otros porque el precio del de oliva está por las nubes. Algo parecido pasa con la leche (3). Durante años la cuota láctea ha hecho estragos en los pequeños productores del norte de España. Mientras, los ganaderos eran obligados a limitar su producción so pena de multas, los consumidores nos veíamos obligados a adquirir leche francesa (4). Cuando se puso en marcha el tren de alta velocidad en España, TALGO tenía tecnología capaz de prestar este servicio, pero se le dio el contrato de abastecimiento y mantenimiento a empresas francesas y alemanas.
El sector financiero español ha sufrido un enorme proceso de crecimiento y concentración quedando prácticamente reducido a dos grandes bancos y alguna caja de ahorros. El Estado ha favorecido esa concentración (expropiación de Rumasa, intervención del Banesto,...). En realidad han sido el núcleo principal que ha gobernado el timón de la economía española de las últimas décadas. Por sus manos han pasado los miles de millones de los fondos y ayudas europeos. También han sido ellos los intermediarios y principales beneficiarios de la privatización del INI. El Santander, el BBVA, la Caixa y Caja Madrid, son socios mayoritarios o muy significativos de las principales empresas españolas. Sin embargo, nuestro sector financiero no es una banca de inversión. Ellos han sido los que han concedido los préstamos para las inversiones y OPA de nuestras empresas en el extranjero, de manera que directa o indirectamente tienen una enorme influencia sobre la gestión de las mismas. Sus operaciones financieras son eminentemente especulativas, no buscan crear un tejido productivo nacional.
El hecho de que algunas empresas españolas estén entre las más grandes de su sector a nivel mundial no implica realmente la fortaleza de las mismas. En realidad son gigantes con pies de barro. Ya hemos visto lo que ha pasado con Endesa. Tres cuartos de lo mismo tenemos con Iberia o Altadis (antigua Tabacalera) que ya están siendo opadas. REPSOL se las ve y se las desea para seguir adelante, pues apenas sí posee yacimientos propios, lo que la hace depender en gran medida de los flujos del mercado y de las decisiones políticas de otros países. Todas esas compañías se mantienen en pie únicamente por el blindaje que las asegura el Estado, por el mantenimiento del mercado cautivo y de los precios de monopolio en España.
Como decíamos más arriba, no es cierto que la llegada masiva de emigrantes haya sido un problema para la economía española. Al contrario, es gracias a la incorporación de esos millones de trabajadores carentes de derechos y sobrexplotados como las empresas españolas han podido mantenerse y competir sin apenas invertir en los últimos años. De hecho representantes del gobierno han declarado que se necesitan aún más emigrantes para conservar el actual nivel de crecimiento.
Observamos, pues, que el capitalismo español adolece de unas infraestructuras débiles, una inversión en el tejido productivo mínima una capacidad tecnológica y de formación e investigación cada vez más relegada. Esto hace que la productividad de las empresas españolas sea cada vez menor. La única forma de superar esta situación y de hacer que esas empresas sean competitivas ha sido la sobrexplotación laboral y el monopolio en el mercado nacional. Esta es la causa de la precariedad laboral, los sueldos de miseria, los horarios extenuantes, la falta de seguridad e higiene en el trabajo, la traída masiva de trabajadores extranjeros en condiciones de semiesclavitud, el incremento de precios y de la inflación, etc.
A la crisis del sistema capitalista en su conjunto, los capitalistas españoles deben sumar su enorme debilidad estructural por tener una economía basada en la especulación (principalmente en la construcción), los sectores improductivos (es decir, los que no generan directamente plusvalía, sino que la obtienen del reparto que genera el mercado, por ejemplo el turismo) y el uso masivo de mano de obra poco cualificada en condiciones se sobreexplotación. La consecuencia de todo lo anterior es que cualquier alteración, por mínima que sea, en uno de esos pilares hace tambalearse todo el sistema económico.
La construcción supone un 12 por ciento del PIB. No se puede prescindir de la especulación inmobiliaria porque es una de las más importantes fuentes de financiación (habría que decir expolio) de la economía española. Un claro ejemplo lo tenemos en la entrada de las constructoras en el sector eléctrico y energético para hacer frente a las OPA extranjeras (ACS en FENOSA e Iberdrola. Acciona en Endesa, Sacyr en Repsol, Manuel Jové (que vendió la inmobiliaria Fadesa para tomar el 5 por ciento de FENOSA), etc. Esto supone que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ocasionaría el desplome de la economía española, no solo por la desaparición de esa fuente de financiación, sino porque muchas grandes empresas españolas quedarían en unas condiciones precarias y podrían ser opadas por la competencia internacional. Cabe recordar que la deuda de las empresas constructoras a los grandes bancos es de 158.000 millones.
Aunque la construcción sea un sector productivo que crea plusvalía, su participación real en la creación de riqueza está sobrevalorada por los precios de monopolio que se dan en el mercado español. El hecho de que el Estado no construya apenas vivienda pública, no fomente el alquiler y participe en la especulación a través de la recalificación de terrenos, implica que los consumidores se enfrentan a un mercado cautivo en manos de unos pocos constructores que inflan los precios de forma artificial. Este sobreprecio de los pisos supone un gran incremento de la ganancia que se apropian estos capitalistas, pero en ningún caso el sobreprecio de las viviendas supone una mayor producción de plusvalía, es decir, el sobreprecio del mercado inmobiliario no crea riqueza, tan solo es especulativo, fruto de los precios inflados por el monopolio de la construcción. Este sobreprecio sólo se puede mantener de dos formas: disminuyendo el poder adquisitivo de los consumidores y apropiándose de parte de la plusvalía generada por otros sectores productivos (5). Cualquiera de estas dos formas tan solo supone un reparto de la plusvalía existente, no es creación de nueva plusvalía.
De lo anterior se deduce que una parte considerable del crecimiento de las ganancias que se generan en el sector de la construcción no proceden de la producción de plusvalía, proceden en realidad de una notable reducción de la participación de los trabajadores en la riqueza nacional. O dicho de otra manera, la construcción mantiene un importante papel en la economía española porque es una forma de que los capitalistas aumenten la sobrexplotación laboral. La manifestación práctica de este expolio a los trabajadores es la inflación.
Si nos fijamos en las cifras oficiales de la inflación veremos que en España suben los precios de forma más acentuada que en los países de nuestro entorno y eso de manera permanente, es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores va disminuyendo de forma geométrica año a año según los propios datos del Estado (6). Pero la realidad es mucho más sangrante de lo que muestran las cifras oficiales. Esto es así porque para calcular lo que suben los precios (la inflación) se utiliza una cesta de productos manipulada, es decir, se incrementa la participación de artículos que suben poco y se minimizan los que tienen grandes subidas. Un ejemplo claro en este sentido es el de la vivienda. Durante años los precios en la construcción han subido por encima del 10 por ciento. Si a eso le sumamos que la inmensa mayoría de las familias dedica más del 50 por ciento de sus ingresos a pagar la hipoteca, deberíamos concluir que, para los trabajadores la inflación real (su cesta de la compra) supera los dos dígitos todos los años (lo que supone una enorme pérdida de poder adquisitivo que crece geométricamente). Además, la inflación no afecta a todos por igual: como los capitalistas dedican una parte muy pequeña de sus ingresos a la compra de su vivienda, la subida del precio de la misma le afecta mucho menos (su inflación es muy inferior a los dos dígitos). O lo que viene a ser lo mismo, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada día son más pobres, en eso se basa el milagro económico español.
En segundo lugar, los empresarios españoles están obligados a atraer a miles de nuevos emigrantes para asegurarse la renovación y el mantenimiento de un mercado laboral barato y carente de derechos. Sin esta sobrexplotación nuestras empresas no son competitivas. Además, esos millones de nuevos trabajadores son también consumidores, de manera que generan un crecimiento del mercado interno. Ahora bien, aunque a corto plazo esta entrada masiva de mano de obra barata permita un enorme incremento de los beneficios con una mínima inversión, a medio plazo, la estrategia está condenada al fracaso, porque la asimilación de mano de obra tiene un límite, más allá del cual no resulta rentable. Y, sobre todo, esta forma de capitalismo salvaje está haciendo que la clase obrera en general y el proletariado en particular sea cada vez más numeroso en España y tenga una conciencia de clase más acentuada. La masiva llegada de enmigrantes, lejos de crear sentimientos racistas y xenófobos está sirviendo para fortalecer al movimiento obrero y las luchas de masas. Hay que tener muy en cuenta que el pueblo español ha sido tradicionalmente un pueblo de emigrantes (decenas de miles de españoles viven aún hoy en otros países). De aquí se deduce que más temprano que tarde este sistema de producción basado en la sobrexplotación masiva de mano de obra barata les saltará en pedazos tanto por su incapacidad de competir en el mercado internacional como por la agudización de la lucha de clases que genera.
La tercera pata de la economía española la constituye el turismo. Este sector posee una característica que lo hace muy inestable: es un trabajo improductivo, no genera plusvalía. Las ganancias que se obtienen de él proceden en realidad de su participación como parte del capital global internacional. Es decir, el turismo obtiene ganancias en cuanto que el mercado internacional le permite asumir parte de la plusvalía generada en los otros sectores que sí son productivos. Esto no es problema en los momentos de auge económico, pero con una crisis económica internacional galopante resulta bastante complicado. La crisis está generando reconversiones en todas partes, los gastos sociales se recortan y el dinero disponible para el ocio y el turismo disminuye. La bajada de precios de los transportes posibilita viajar a otros lugares más económicos y menos explotados. Los gobiernos fomentan el turismo interior para que el dinero no abandone su país. El creciente contesto bélico limita los viajes al extranjero. E1 turismo es también una burbuja que puede estallar en cualquier momento.
No sirven las reformas
Los distintos gobiernos que se han sucedido en España se han empeñado en buscar medidas coyunturales que trataran de paliar los síntomas de la crisis, tales como el fomento de la integración (para que los empresarios dispusieran de mucha mano de obra barata y carente de derechos al tiempo que se intentaba desarticular la respuesta a la sobrexplotación laboral de la clase obrera). O el mantenimiento de los precios de monopolio en algunos sectores (así Telefónica ha podido financiar sus inversiones en el extranjero cobrando en España las llamadas y accesos a Internet a precios mucho más altos que los países de nuestro entorno). O Los acuerdos con los sindicatos oficiales que han permitido la bajada del poder adquisitivo de los trabajadores (los salarios reales permanecen estancados desde 1994, mientras que los precios han subido notablemente). O la recalificación de terrenos, los bajos tipos de interés (que desincentivan el ahorro) y la casi nula oferta de vivienda pública o ayudas al alquiler (que ha potenciado la especulación inmobiliaria generando grandes fortunas a costa del endeudamiento masivo de la población trabajadora).
Estas y otras medidas similares lejos de solucionar la crisis la han acentuado añadiéndole además un fuerte carácter antagonista a la lucha de clases, porque las medidas políticas, sociales y económicas que se han tomado han incrementado notablemente las diferencias existentes entre las clases sociales. El número de obreros y proletarios ha subido, las profesiones liberales, autónomos, pequeños comerciantes o funcionarios que antaño disponían de un cierto bienestar, económico han visto derrumbada su capacidad adquisitiva y se proletarizan a marchas forzadas. Suele hablarse de los jóvenes mileuristas, pero una gran parte de los trabajadores cobran menos de esos mil euros al mes y los pensionistas viven en condiciones que rayan la miseria.
La única forma de capear el temporal era un gobierno socialdemócrata que dictase medidas que reduzcan el nivel de antagonismo de las contradicciones internas y externas del Estado. Que reduzcan, no que eviten o impidan, porque la única forma de superar esas contradicciones es a través de medidas revolucionarias (y no es eso lo que hacen los socialdemócratas).
Los socialdemócratas son parte integrante del fascismo: el fascismo con rostro humano, así que no podemos esperar de ellos concesiones ni medidas populares a no ser que se vean obligados a realizarlas. Buena prueba de ello es que desde el triunfo del PSOE las condiciones que sufren los presos políticos en las cárceles españolas han empeorado, hacen falta más años cotizados para aspirar a cobrar una pensión, la especulación inmobiliaria se ha multiplicado, el salario real (o lo que es lo mismo, el poder adquisitivo de los trabajadores, ha disminuido, continúa y se incrementa el número de soldados españoles en el extranjero, se mantienen en vigor la Ley de Partidos y otras tantas medidas, se han legalizado partidos, se han detenido y encarcelado disidentes políticos... Es decir, todo pretende seguir atado y bien atado. Esto supone que los cambios y medidas que adopten serán positivos sólo en la medida en que no les quede más remedio o las masas les obliguen a ello.
Las condiciones objetivas ya hemos visto que les obligan a realizar algunos cambios, pero las condiciones objetivas por sí solas no son suficientes para forzar una profunda transformación de la situación actual. La debilidad política, social y económica del Estado no supone mecánicamente la fortaleza del movimiento obrero y las masas populares. Y sin esa fortaleza del movimiento obrero y las masas populares, las transformaciones, por muy necesarias o imprescindibles que sean, no se realizarán o lo harán de forma somera. El grado de organización y unidad del movimiento obrero y las masas populares es bastante bajo. Esto facilita la labor de zapa de los socialdemócratas.
Resulta muy significativo que el debate político actual se centre en la vigencia o no de la Ley de Partidos. Esta Ley personaliza la posibilidad de que el Estado admita o reprima la organización libre e independiente del pueblo trabajador.
Solo la unidad de acción y la organización de las masas obreras y populares en torno a un partido comunista con una firme línea marxista-leninista puede asegurar que los cambios que necesita la economía española sean profundos. Sin organización y unidad las reformas que realice el Estado seguirán agravando la penosa situación de las clases trabajadoras.
Notas:
(1) Nuestro déficit exterior desde 1996 crece notablemente. En términos absolutos es el mayor del mundo después del de los EE.UU. Si se mira el déficit exterior en relación al PIB incluso el nuestro es mayor que el norteamericano (un 8’8 frente a un 6’5).
(2) El volumen de remesas al extranjero se ha triplicado en los cuatro últimos años y en 2006 superó por primera vez los 6.000 millones de euros.
(3) En 1993 pasamos de 140.000 a 27.000 explotaciones lecheras. Según el Ministerio, desde 2003 han desaparecido el 34 por ciento de las explotaciones.
(4) Se podía producir 6’1 millones de toneladas cuando el consumo era de 91 millones de toneladas.
(5) El monopolio obliga a pagar al consumidor precios más altos, lo cual supone que al consumidor le queda menos dinero para adquirir otras cosas (disminuye su poder adquisitivo real y aumenta la inflación), además, al disminuir el poder de compra del consumidor el resto de empresas del mercado se ven obligadas a bajar sus precios si quieren vender sus productos (lo cual supone una cesión indirecta de plusvalía a la empresa monopolista).
(6) El salario real permanece estancado desde 1994. Desde la entrada del euro el coste de la vida ha subido tres veces más que los salarios. Casi el 20 por ciento de la población española se sitúa por debajo del umbral de la pobreza...
El grave conflicto que posee el Estado español es que los problemas que le asaltan son estructurales o, lo que es lo mismo, afectan a los pilares mismos del sistema político, económico y social. Esto supone que ya no sirven las pequeñas o grandes reformas de la fachada, el cambiar un poco para que todo siga igual. Veámoslo más de cerca en la economía.
A diario se empeñan los voceros y propagandistas en convencernos de que las grandes cifras de la economía española son estupendas, que crecemos más que el resto de los países de la zona, que se crean muchos más puestos de trabajo que en el resto de países europeos, que nuestras empresas son líderes mundiales que se codean con otras multinacionales, etc. Sería fácil replicar a todas estas maravillosas cifras macroeconómicas con la realidad sangrante de la sobrexplotación laboral, los salarios de miseria, el empleo masivo de mano de obra extranjera carente de cualquier derecho laboral, los miles de trabajadores muertos y heridos que quedan en el camino, etc. Pero aquí no se trata de eso. El capitalismo se basa en la explotación del trabajo asalariado, en apropiarse de la mayor cantidad de plusvalía posible a costa del trabajo realizado por el obrero y no pagado por el empresario de turno. En ese sentido, nuestros capitalistas no son ni mejores ni peores que el resto de capitalistas mundiales. Poseen los mismos problemas, entre los que destacan la progresiva bajada de la cuota general de ganancia, la falta de mercados donde vender sus mercancías, la acelerada socialización de la producción, la necesidad de concentrarse y crecer para poder hacer frente a las empresas competidoras, etc. Los capitalistas españoles, como parte de los capitalistas mundiales, participan plenamente de los problemas y conflictos que genera la crisis general del sistema capitalista en su conjunto. Ahora bien, a esos problemas generales propios del sistema hay que añadir de forma muy acentuada los problemas que les son propios y que se deben al particular desarrollo del capitalismo en España.
A la hora de estudiar los problemas estructurales de la economía española hemos de definir claramente los orígenes de esos problemas. Para ello. empecemos por el principio: el sistema capitalista se basa en la obtención plusvalía. Esta plusvalía es trabajo realizado por el obrero y no pagado en la producción. La distribución de mercancía, el comercio, los servicios y las finanzas, no crean plusvalía, solo se reparten la existente gracias a que son parte del capital global. Si queremos conocer los problemas estructurales de la economía española tenemos, pues, que ir a la raíz del sistema. es decir, debemos estudiar cómo se produce la plusvalía en España, cuáles son los sectores que la generan y los problemas con los que se encuentran.
No confundir los síntomas con el origen de la enfermedad
Un error muy común es centrar los debates económicos en aspectos como el elevado nivel de endeudamiento (del Estado y de las familias), las subidas de los tipos de interés, el incremento de la inflación diferencial (nuestra inflación sube anualmente más de lo que sube la de los países de nuestro entorno), el fin de las ayudas y subvenciones de la UE (que los últimos años suponían más del uno por cien del PIB español), la fortaleza del euro, etc. Todas estas cuestiones no son las causas de los problemas de la economía española, tan sólo son manifestaciones de aspectos secundarios. Son los síntomas de la enfermedad que aqueja a nuestra economía. Las políticas monetaristas y keynesianas tan en boga se centran en estas cuestiones.
Los economistas capitalistas llevan décadas desviando nuestra atención hacia estos asuntos como si en ellos se hallara la forma de resolver la crisis capitalista, pero la realidad se ha encargado de demostrar que la fluctuación o el control de alguno de estos parámetros, en el mejor de los casos, no pasa de ser un parche del problema que no solventa realmente la crisis. Ni que decir tiene que cualquier variación en los tipos de interés, la inflación, los impuestos, las ayudas y subvenciones, la moneda. etc., tiene unas repercusiones inmediatas muy reales sobre la economía y las clases sociales, pero eso no significa en ningún caso que esas variaciones sean determinantes para el desarrollo económico como proceso. Estas variaciones tan sólo pueden acelerar o retardar el proceso, es decir, únicamente inciden en aspectos cuantitativos del mismo, porque no pueden en ningún caso alterar el desarrollo cualitativo del proceso. Lo anterior quiere decir que los problemas estructurales de la economía española no son el incremento de los tipos de interés, el fin de las ayudas europeas, la fortaleza del euro, el endeudamiento, la inflación y aspectos similares. Buena prueba de ello es que cuando los tipos de interés eran bajos, nos llegaban ayudas europeas, el endeudamiento era menor, la moneda era más débil, etc., los problemas estructurales de la economía española estaban ya presentes. Antes y ahora nuestra economía posee los mismos problemas; lo único que ha cambiado son los síntomas que manifiestan su enfermedad. Al agravarse la crisis, los síntomas que muestra la economía también se acentúan, pero aquí se trata de estudiar los orígenes y causas de la crisis, no los síntomas que padece el enfermo.
Tampoco debemos buscar el origen de los problemas estructurales de la economía española en la dependencia energética o en el abultado déficit exterior (1). En realidad, el déficit exterior también es un síntoma de la enfermedad que padece nuestra economía. El problema no está en el déficit exterior, sino que está en las causas que originan ese déficit. Aquí nos encontramos con que la balanza de pagos española ha sido históricamente deficitaria, aunque ha logrado encubrir el problema con los ingresos del turismo. En la medida que el turismo flaquea, el déficit que estaba oculto se manifiesta. En cuanto al déficit comercial, tres cuartos de lo mismo: la productividad de nuestras empresas es mucho menor que las de nuestro entorno lo cual las hace menos competitivas y dificulta nuestras exportaciones. Muchas empresas sobreviven gracias a un mercado nacional cautivo y proteccionista, pero carecen de fuerza para enfrentarse a las empresas extranjeras. En la medida en que las empresas extranjeras (mucho más competitivas) logran romper el proteccionismo económico español y se implantan en nuestro mercado, las empresas nacionales sucumben incapaces de hacer frente a la competencia exterior, lo cual favorece las importaciones. Por otro lado, no puede achacarse el aumento del déficit exterior al incremento del dinero que los extranjeros que trabajan en España giran a sus países de origen (2), porque es gracias a esos trabajadores como se está manteniendo la economía española. De hecho el 43 por ciento de los nuevos obreros incorporados al sistema desde 2004 son extranjeros y 1’8 millones cotizan ya a la Seguridad Social. Los extranjeros no sólo no son la causa del déficit exterior sino que con su trabajo y con su consumo están contribuyendo en buena medida a paliar ese déficit.
En cuanto a la dependencia energética, es la eterna excusa de los capitalistas cuando viene la crisis: que si los precios del petróleo, que si los problemas de suministros del gas natural... Esto son en su mayor parte disculpas para encubrir el origen real de los problemas. A decir verdad, somos mucho menos dependientes del petróleo que antaño y cada vez se diversifican más las fuentes energéticas (nuclear, hidráulica, eólica, gas natural, biodiesel, solar...). De la misma manera, los motores e industrias hacen un consumo mucho más eficiente de la energía. En todo caso, la dependencia energética es en parte una consecuencia del modelo productivo español. Es cierto que apenas tenemos petróleo o gas natural, pero tenemos las condiciones para generar otro tipo de energías que han sido totalmente relegadas. Apenas se dedica presupuesto para la investigación y el desarrollo de nuevas fuentes energéticas capaces de dotarnos de la energía que necesitamos. En todo caso, en este asunto conviene recordar que el precio de la gasolina está inflado en su gran mayoría por impuestos y tasas, o que el Estado paga regularmente a las empresas eléctricas un elevado canon por el parón nuclear, de manera que la energía no es tan cara como se dice. Resulta significativo que en momentos en los que el precio del petróleo está subiendo, las principales petroleras no sólo no están sufriendo la crisis, sino que están engordando notablemente sus beneficios.
Pero dejémonos de digresiones y busquemos el origen estructural de los problemas del capitalismo español.
Las tres patas de la economía española
En nuestro país prima el capitalismo especulativo, es decir, se trata de conseguir el máximo beneficio posible con la menor inversión y sin preocuparse por generar o consolidar un tejido productivo que pueda hacer frente a otras potencias capitalistas. Tenemos uno de los presupuestos más bajos en educación, un creciente fracaso escolar, una universidad sin recursos. Los científicos e investigadores se ven obligados a emigrar por la escasa financiación en I + D. Las infraestructuras de comunicación dejan mucho que desear.
Las grandes empresas españolas proceden en su gran mayoría de la privatización de empresas públicas (Tabacalera, Gas Natural, Endesa, Telefónica...). Su crecimiento ha sido debido a dos factores principales: las ayudas económicas y políticas del Estado y el monopolio del sector en España. Nos vendieron que la privatización del sector público abarataría costes y precios al consumidor al aumentar la competencia pero la realidad ha sido la contraria. Las eléctricas han recibido y reciben del Estado enormes sumas de dinero. Telefónica es la operadora que más gana en el mundo y los precios de las llamadas en España son los más altos de nuestro entorno. El Estado subió los impuestos a las cajetillas de cigarrillos baratas para frenar la competencia que empezaban a suponer...
Otros importantes sectores económicos como son el turismo y la construcción también están fuertemente apadrinados por el Estado. La especulación inmobiliaria adquiere carácter legal con el aval y la participación de municipios y comunidades autónomas. Gracias a la recalificación de terrenos los precios y las ganancias se multiplican de forma arbitraria y artificial.
Los sectores productivos que no generaron grandes y rápidas ganancias han sido desmantelados o, en el mejor de los casos vendidos a multinacionales extranjeras. Las enormes ayudas económicas recibidas por la CE para pagar la reconversión de la industria, la agricultura, la ganadería o la pesca (que durante años supusieron sobre el uno por ciento del PIB) han terminado en manos de terratenientes, especuladores y grandes financieros. El desmantelamiento de nuestro tejido productivo ha engordado sus arcas sin abrir nuevas alternativas o canales de producción. Regiones que poseían un fuerte sector industrial, agrícola o ganadero son ahora solares yermos. El antaño poderoso sector pesquero languidece. Los astilleros públicos han sido desmantelados y divididos en pequeñas empresas incapaces de salir adelante; en Vigo incluso se ponen mil impedimentos para que avancen en la construcción de barcos civiles.
España es uno de los mayores productores mundiales de coches, pero carece de marca nacional. El Estado vendió la SEAT por dos perras gordas después de una reconversión salvaje y de asumir todas las deudas. Volkswagen ha sido fuertemente subvencionada estos años para que no se lleve la producción a otros países, a pesar de lo cual los despidos se suceden con el apoyo de los sindicatos oficiales. Delphi también ha recibido mucho dinero del Estado y ahora amenaza cerrar el kiosco. A pesar de ser los más grandes productores de aceite de oliva, todas las distribuidoras de este producto están en manos italianas. El agricultor se ve obligado a no producir aceite para no pasarse de la cuota de producción y, mientras, el consumidor se ve obligado a consumir aceite de girasol y otros porque el precio del de oliva está por las nubes. Algo parecido pasa con la leche (3). Durante años la cuota láctea ha hecho estragos en los pequeños productores del norte de España. Mientras, los ganaderos eran obligados a limitar su producción so pena de multas, los consumidores nos veíamos obligados a adquirir leche francesa (4). Cuando se puso en marcha el tren de alta velocidad en España, TALGO tenía tecnología capaz de prestar este servicio, pero se le dio el contrato de abastecimiento y mantenimiento a empresas francesas y alemanas.
El sector financiero español ha sufrido un enorme proceso de crecimiento y concentración quedando prácticamente reducido a dos grandes bancos y alguna caja de ahorros. El Estado ha favorecido esa concentración (expropiación de Rumasa, intervención del Banesto,...). En realidad han sido el núcleo principal que ha gobernado el timón de la economía española de las últimas décadas. Por sus manos han pasado los miles de millones de los fondos y ayudas europeos. También han sido ellos los intermediarios y principales beneficiarios de la privatización del INI. El Santander, el BBVA, la Caixa y Caja Madrid, son socios mayoritarios o muy significativos de las principales empresas españolas. Sin embargo, nuestro sector financiero no es una banca de inversión. Ellos han sido los que han concedido los préstamos para las inversiones y OPA de nuestras empresas en el extranjero, de manera que directa o indirectamente tienen una enorme influencia sobre la gestión de las mismas. Sus operaciones financieras son eminentemente especulativas, no buscan crear un tejido productivo nacional.
El hecho de que algunas empresas españolas estén entre las más grandes de su sector a nivel mundial no implica realmente la fortaleza de las mismas. En realidad son gigantes con pies de barro. Ya hemos visto lo que ha pasado con Endesa. Tres cuartos de lo mismo tenemos con Iberia o Altadis (antigua Tabacalera) que ya están siendo opadas. REPSOL se las ve y se las desea para seguir adelante, pues apenas sí posee yacimientos propios, lo que la hace depender en gran medida de los flujos del mercado y de las decisiones políticas de otros países. Todas esas compañías se mantienen en pie únicamente por el blindaje que las asegura el Estado, por el mantenimiento del mercado cautivo y de los precios de monopolio en España.
Como decíamos más arriba, no es cierto que la llegada masiva de emigrantes haya sido un problema para la economía española. Al contrario, es gracias a la incorporación de esos millones de trabajadores carentes de derechos y sobrexplotados como las empresas españolas han podido mantenerse y competir sin apenas invertir en los últimos años. De hecho representantes del gobierno han declarado que se necesitan aún más emigrantes para conservar el actual nivel de crecimiento.
Observamos, pues, que el capitalismo español adolece de unas infraestructuras débiles, una inversión en el tejido productivo mínima una capacidad tecnológica y de formación e investigación cada vez más relegada. Esto hace que la productividad de las empresas españolas sea cada vez menor. La única forma de superar esta situación y de hacer que esas empresas sean competitivas ha sido la sobrexplotación laboral y el monopolio en el mercado nacional. Esta es la causa de la precariedad laboral, los sueldos de miseria, los horarios extenuantes, la falta de seguridad e higiene en el trabajo, la traída masiva de trabajadores extranjeros en condiciones de semiesclavitud, el incremento de precios y de la inflación, etc.
A la crisis del sistema capitalista en su conjunto, los capitalistas españoles deben sumar su enorme debilidad estructural por tener una economía basada en la especulación (principalmente en la construcción), los sectores improductivos (es decir, los que no generan directamente plusvalía, sino que la obtienen del reparto que genera el mercado, por ejemplo el turismo) y el uso masivo de mano de obra poco cualificada en condiciones se sobreexplotación. La consecuencia de todo lo anterior es que cualquier alteración, por mínima que sea, en uno de esos pilares hace tambalearse todo el sistema económico.
La construcción supone un 12 por ciento del PIB. No se puede prescindir de la especulación inmobiliaria porque es una de las más importantes fuentes de financiación (habría que decir expolio) de la economía española. Un claro ejemplo lo tenemos en la entrada de las constructoras en el sector eléctrico y energético para hacer frente a las OPA extranjeras (ACS en FENOSA e Iberdrola. Acciona en Endesa, Sacyr en Repsol, Manuel Jové (que vendió la inmobiliaria Fadesa para tomar el 5 por ciento de FENOSA), etc. Esto supone que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ocasionaría el desplome de la economía española, no solo por la desaparición de esa fuente de financiación, sino porque muchas grandes empresas españolas quedarían en unas condiciones precarias y podrían ser opadas por la competencia internacional. Cabe recordar que la deuda de las empresas constructoras a los grandes bancos es de 158.000 millones.
Aunque la construcción sea un sector productivo que crea plusvalía, su participación real en la creación de riqueza está sobrevalorada por los precios de monopolio que se dan en el mercado español. El hecho de que el Estado no construya apenas vivienda pública, no fomente el alquiler y participe en la especulación a través de la recalificación de terrenos, implica que los consumidores se enfrentan a un mercado cautivo en manos de unos pocos constructores que inflan los precios de forma artificial. Este sobreprecio de los pisos supone un gran incremento de la ganancia que se apropian estos capitalistas, pero en ningún caso el sobreprecio de las viviendas supone una mayor producción de plusvalía, es decir, el sobreprecio del mercado inmobiliario no crea riqueza, tan solo es especulativo, fruto de los precios inflados por el monopolio de la construcción. Este sobreprecio sólo se puede mantener de dos formas: disminuyendo el poder adquisitivo de los consumidores y apropiándose de parte de la plusvalía generada por otros sectores productivos (5). Cualquiera de estas dos formas tan solo supone un reparto de la plusvalía existente, no es creación de nueva plusvalía.
De lo anterior se deduce que una parte considerable del crecimiento de las ganancias que se generan en el sector de la construcción no proceden de la producción de plusvalía, proceden en realidad de una notable reducción de la participación de los trabajadores en la riqueza nacional. O dicho de otra manera, la construcción mantiene un importante papel en la economía española porque es una forma de que los capitalistas aumenten la sobrexplotación laboral. La manifestación práctica de este expolio a los trabajadores es la inflación.
Si nos fijamos en las cifras oficiales de la inflación veremos que en España suben los precios de forma más acentuada que en los países de nuestro entorno y eso de manera permanente, es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores va disminuyendo de forma geométrica año a año según los propios datos del Estado (6). Pero la realidad es mucho más sangrante de lo que muestran las cifras oficiales. Esto es así porque para calcular lo que suben los precios (la inflación) se utiliza una cesta de productos manipulada, es decir, se incrementa la participación de artículos que suben poco y se minimizan los que tienen grandes subidas. Un ejemplo claro en este sentido es el de la vivienda. Durante años los precios en la construcción han subido por encima del 10 por ciento. Si a eso le sumamos que la inmensa mayoría de las familias dedica más del 50 por ciento de sus ingresos a pagar la hipoteca, deberíamos concluir que, para los trabajadores la inflación real (su cesta de la compra) supera los dos dígitos todos los años (lo que supone una enorme pérdida de poder adquisitivo que crece geométricamente). Además, la inflación no afecta a todos por igual: como los capitalistas dedican una parte muy pequeña de sus ingresos a la compra de su vivienda, la subida del precio de la misma le afecta mucho menos (su inflación es muy inferior a los dos dígitos). O lo que viene a ser lo mismo, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada día son más pobres, en eso se basa el milagro económico español.
En segundo lugar, los empresarios españoles están obligados a atraer a miles de nuevos emigrantes para asegurarse la renovación y el mantenimiento de un mercado laboral barato y carente de derechos. Sin esta sobrexplotación nuestras empresas no son competitivas. Además, esos millones de nuevos trabajadores son también consumidores, de manera que generan un crecimiento del mercado interno. Ahora bien, aunque a corto plazo esta entrada masiva de mano de obra barata permita un enorme incremento de los beneficios con una mínima inversión, a medio plazo, la estrategia está condenada al fracaso, porque la asimilación de mano de obra tiene un límite, más allá del cual no resulta rentable. Y, sobre todo, esta forma de capitalismo salvaje está haciendo que la clase obrera en general y el proletariado en particular sea cada vez más numeroso en España y tenga una conciencia de clase más acentuada. La masiva llegada de enmigrantes, lejos de crear sentimientos racistas y xenófobos está sirviendo para fortalecer al movimiento obrero y las luchas de masas. Hay que tener muy en cuenta que el pueblo español ha sido tradicionalmente un pueblo de emigrantes (decenas de miles de españoles viven aún hoy en otros países). De aquí se deduce que más temprano que tarde este sistema de producción basado en la sobrexplotación masiva de mano de obra barata les saltará en pedazos tanto por su incapacidad de competir en el mercado internacional como por la agudización de la lucha de clases que genera.
La tercera pata de la economía española la constituye el turismo. Este sector posee una característica que lo hace muy inestable: es un trabajo improductivo, no genera plusvalía. Las ganancias que se obtienen de él proceden en realidad de su participación como parte del capital global internacional. Es decir, el turismo obtiene ganancias en cuanto que el mercado internacional le permite asumir parte de la plusvalía generada en los otros sectores que sí son productivos. Esto no es problema en los momentos de auge económico, pero con una crisis económica internacional galopante resulta bastante complicado. La crisis está generando reconversiones en todas partes, los gastos sociales se recortan y el dinero disponible para el ocio y el turismo disminuye. La bajada de precios de los transportes posibilita viajar a otros lugares más económicos y menos explotados. Los gobiernos fomentan el turismo interior para que el dinero no abandone su país. El creciente contesto bélico limita los viajes al extranjero. E1 turismo es también una burbuja que puede estallar en cualquier momento.
No sirven las reformas
Los distintos gobiernos que se han sucedido en España se han empeñado en buscar medidas coyunturales que trataran de paliar los síntomas de la crisis, tales como el fomento de la integración (para que los empresarios dispusieran de mucha mano de obra barata y carente de derechos al tiempo que se intentaba desarticular la respuesta a la sobrexplotación laboral de la clase obrera). O el mantenimiento de los precios de monopolio en algunos sectores (así Telefónica ha podido financiar sus inversiones en el extranjero cobrando en España las llamadas y accesos a Internet a precios mucho más altos que los países de nuestro entorno). O Los acuerdos con los sindicatos oficiales que han permitido la bajada del poder adquisitivo de los trabajadores (los salarios reales permanecen estancados desde 1994, mientras que los precios han subido notablemente). O la recalificación de terrenos, los bajos tipos de interés (que desincentivan el ahorro) y la casi nula oferta de vivienda pública o ayudas al alquiler (que ha potenciado la especulación inmobiliaria generando grandes fortunas a costa del endeudamiento masivo de la población trabajadora).
Estas y otras medidas similares lejos de solucionar la crisis la han acentuado añadiéndole además un fuerte carácter antagonista a la lucha de clases, porque las medidas políticas, sociales y económicas que se han tomado han incrementado notablemente las diferencias existentes entre las clases sociales. El número de obreros y proletarios ha subido, las profesiones liberales, autónomos, pequeños comerciantes o funcionarios que antaño disponían de un cierto bienestar, económico han visto derrumbada su capacidad adquisitiva y se proletarizan a marchas forzadas. Suele hablarse de los jóvenes mileuristas, pero una gran parte de los trabajadores cobran menos de esos mil euros al mes y los pensionistas viven en condiciones que rayan la miseria.
La única forma de capear el temporal era un gobierno socialdemócrata que dictase medidas que reduzcan el nivel de antagonismo de las contradicciones internas y externas del Estado. Que reduzcan, no que eviten o impidan, porque la única forma de superar esas contradicciones es a través de medidas revolucionarias (y no es eso lo que hacen los socialdemócratas).
Los socialdemócratas son parte integrante del fascismo: el fascismo con rostro humano, así que no podemos esperar de ellos concesiones ni medidas populares a no ser que se vean obligados a realizarlas. Buena prueba de ello es que desde el triunfo del PSOE las condiciones que sufren los presos políticos en las cárceles españolas han empeorado, hacen falta más años cotizados para aspirar a cobrar una pensión, la especulación inmobiliaria se ha multiplicado, el salario real (o lo que es lo mismo, el poder adquisitivo de los trabajadores, ha disminuido, continúa y se incrementa el número de soldados españoles en el extranjero, se mantienen en vigor la Ley de Partidos y otras tantas medidas, se han legalizado partidos, se han detenido y encarcelado disidentes políticos... Es decir, todo pretende seguir atado y bien atado. Esto supone que los cambios y medidas que adopten serán positivos sólo en la medida en que no les quede más remedio o las masas les obliguen a ello.
Las condiciones objetivas ya hemos visto que les obligan a realizar algunos cambios, pero las condiciones objetivas por sí solas no son suficientes para forzar una profunda transformación de la situación actual. La debilidad política, social y económica del Estado no supone mecánicamente la fortaleza del movimiento obrero y las masas populares. Y sin esa fortaleza del movimiento obrero y las masas populares, las transformaciones, por muy necesarias o imprescindibles que sean, no se realizarán o lo harán de forma somera. El grado de organización y unidad del movimiento obrero y las masas populares es bastante bajo. Esto facilita la labor de zapa de los socialdemócratas.
Resulta muy significativo que el debate político actual se centre en la vigencia o no de la Ley de Partidos. Esta Ley personaliza la posibilidad de que el Estado admita o reprima la organización libre e independiente del pueblo trabajador.
Solo la unidad de acción y la organización de las masas obreras y populares en torno a un partido comunista con una firme línea marxista-leninista puede asegurar que los cambios que necesita la economía española sean profundos. Sin organización y unidad las reformas que realice el Estado seguirán agravando la penosa situación de las clases trabajadoras.
Notas:
(1) Nuestro déficit exterior desde 1996 crece notablemente. En términos absolutos es el mayor del mundo después del de los EE.UU. Si se mira el déficit exterior en relación al PIB incluso el nuestro es mayor que el norteamericano (un 8’8 frente a un 6’5).
(2) El volumen de remesas al extranjero se ha triplicado en los cuatro últimos años y en 2006 superó por primera vez los 6.000 millones de euros.
(3) En 1993 pasamos de 140.000 a 27.000 explotaciones lecheras. Según el Ministerio, desde 2003 han desaparecido el 34 por ciento de las explotaciones.
(4) Se podía producir 6’1 millones de toneladas cuando el consumo era de 91 millones de toneladas.
(5) El monopolio obliga a pagar al consumidor precios más altos, lo cual supone que al consumidor le queda menos dinero para adquirir otras cosas (disminuye su poder adquisitivo real y aumenta la inflación), además, al disminuir el poder de compra del consumidor el resto de empresas del mercado se ven obligadas a bajar sus precios si quieren vender sus productos (lo cual supone una cesión indirecta de plusvalía a la empresa monopolista).
(6) El salario real permanece estancado desde 1994. Desde la entrada del euro el coste de la vida ha subido tres veces más que los salarios. Casi el 20 por ciento de la población española se sitúa por debajo del umbral de la pobreza...
