Portal
Sonrisa, el joven que denunció torturas y apareció muerto en la casa de un policía
Vivía en San Pedro, Jujuy; su padre pide que se investigue; varias familias de esa localidad acusan a la fuerza de abusos, amenazas y detenciones arbitrarias
las tres de la tarde en San Pedro, Jujuy, el locutorio de Telecentro cierra, el doctor Tarifa deja de atender, la feria de la plaza Manuel Belgrano se hace invisible y los que no duermen la siesta, toman mate. Por eso cuando el oficial puso a calentar el agua, "Sonrisa" pensó que se iba a preparar uno y le dejaría de pegar. Era la décima vez que caía en la misma comisaría, siempre por averiguación de antecedentes y delitos menores que nunca le pudieron comprobar. "Sonrisa" sabía que cuando lo llevaban a esa salita tenía que soportar un par de golpes, algunas amenazas y después lo largaban. Pero la tarde del 3 de noviembre de 2011 ya lo habían pateado, ya le habían puesto una bolsa en la cabeza para dejarlo sin aire, ya lo habían amenazado. Y no paraban.
Lo llevaron a esa habitación con cuatro paredes blancas, manchas de humedad y una banqueta de cemento adherida al suelo. Entre los detenidos la conocen como la salita de la tortura. Con las manos esposadas en la espalda y dos policías de infantería sosteniéndolo de los hombros, "Sonrisa" soportó en silencio los golpes. Pero cuando el oficial fue a buscar la pava con agua hirviendo y se la tiró en la zona derecha del estómago, no aguantó más y con las últimas fuerzas que le quedaban aulló del dolor, se paró y le pegó un cabezazo. Mareado, el oficial quedó tirado en el piso con la cara ensangrentada. Desfigurado, "Sonrisa" quedó con la carne viva en la panza y tan golpeado que tuvo que pasar por dos hospitales: el de San Pedro y el de la Esperanza, a tres kilómetros, donde le hicieron las curaciones. Allí permaneció detenido durante nueve días.
"El oficial fue a buscar la pava con agua hirviendo y se la tiró en la zona derecha del estómago", cuenta el padre de Martín
Juan Gómez relata con la voz firme y sin pausa la historia de su hijo, Martín. Cuenta que le decían "Sonrisa" por su permanente buen ánimo. Conteniendo el llanto, da los detalles precisos sobre cómo lo torturaron. Dice que era un chico laburante, pero que se vino abajo por culpa del paco. Que cuando empezó a fumar se le fue desdibujando la sonrisa, estaba más callado y había días en que no volvía a la casa. Que todo se desmadró cuando la policía lo empezó a usar de "mula" para trasladar la droga de Bolivia a Jujuy. Que cuando quiso dejar de hacerlo lo amenazaron. Y que cuando se animó a dejar de hacerlo lo mataron.
El operativo de selección de mulas es siempre el mismo, dice el padre de la víctima. Agarran a los chicos que están más metidos en el paco y los convencen con la promesa de darle algunos "papeles" para fumar. "Sonrisa" fue uno de ellos, así que conocía bien cómo era el accionar y sabía los nombres de los policías en funciones y retirados que se encargaban del tema. Siempre los llevaban en autos particulares hasta la frontera que divide a Salta con Bolivia, en Pocitos. Cruzaban caminando y trasladaban los kilos de paco hasta San Salvador sin que nadie los revisara, asegura Juan.
"Sonrisa" duró un año haciendo ese "trabajo" hasta que su papá logró sacarlo de la calle e internarlo en un hospital psiquiátrico. Ahí se la pasaba participando de actividades y talleres. El que más le gustaba era el de manualidades y disfrutaba de hacer pulseritas de macramé. Juan explica que mandarlo a un centro de rehabilitación era peor que dejarlo libre, por eso eligieron el hospital. Además consiguió la autorización para internarlo justo quince días después de que la policía lo quemó con agua hirviendo, y lo quería sacar de la calle porque tenía miedo.
Juan lo visitaba dos veces por semana y en cada encuentro le llevaba facturas, yogurt, gaseosas y caramelos que "Sonrisa" repartía entre los internos. La rehabilitación duró cuatro meses, entre fines de noviembre y febrero del año pasado, hasta que una junta médica le dio el alta. Cuando "Sonrisa" volvió a San Pedro, había recuperado algo de su particular buen humor. Pero ya no se lo veía andando sólo por las calles. Sólo salía a la mañana para ir a trabajar en la construcción con su papá, y a la noche para cursar en el colegio de adultos que quedaba a cuatro cuadras de su casa.
DE LA RECUPERACIÓN A LA MUERTE
Cuando las cosas parecían encaminadas para bien en la vida de la familia Gómez, la suerte cambió de golpe. Cuatro meses después de su recuperación, el domingo 17 de junio del año pasado, esa tarde en la que Arsenal goleó a Boca por 3 a 0, "Sonrisa", que estaba mirando el partido, decidió vencer el miedo y salir solo a la calle a visitar a una amiga. Juan dudó en acompañarlo, pero dejó que saliera con la promesa de que iba a estar de vuelta para la cena, así festejaban juntos el Día del Padre. Fue cerca de las diez de la noche cuando un amigo del barrio tocó la puerta una, dos, tres veces. "Sonrisa tuvo un accidente, tenemos que ir a verlo".
Lo encontraron en la morgue. La autopsia dice que la muerte de Martín Gómez fue por asfixia mecánica. Según le dijo la policía a Juan, "Sonrisa", que tenía 29 años, medía un metro 85 y pesaba 83 kilos, entró a robar en una casa y se asfixió cuando quiso escapar por el ventiluz del baño, que tenía 60 centímetros de ancho y 25 de alto. También le dijeron que la marca de un golpe que "Sonrisa" tenía en el pómulo derecho no era importante para la investigación. Otro detalle al que le restaron importancia es que en la casa en la que murió "Sonrisa" vivía un policía, según asegura Juan.
En la fiscalía de Investigaciones n° 9 de San Pedro, que en su momento estaba a cargo del Dr. Carlos Emilio Catán, la causa por la muerte de "Sonrisa" quedó archivada. Según informaron a LA NACION fuentes de la propia fiscalía, la intervención en el hecho fue de oficio, no por una denuncia. Cuando recibieron el informe forense que establecía que Martín Gómez se había asfixiado con la campera, la investigación se cerró.
Juan siguió averiguando por varios medios quién podía ayudarle a esclarecer las circunstancias de la muerte de su hijo. Ya había hecho denuncias por torturas cuando Martín estaba vivo. No tuvo novedades sobre eso. Tampoco supo nada más sobre qué sucedió aquella fatídica noche del 17 de junio. Entre tanto, Juan cuenta que su hermano y su hijo menor fueron detenidos y amenazados por la policía. Asegura que el mensaje es para él: que se deje de joder con las denuncias. Que deje la muerte de su hijo archivada como está. Pero no se dejó amedrentar y se juntó con otros familiares y víctimas de torturas, apremios ilegales y muertes para que la denuncia tuviera más peso. Fue tanta la insistencia, que lograron tener una reunión en el salón blanco de la casa de gobierno de Jujuy, donde pudieron contar con detalles cómo fueron las torturas. De ese encuentro, dice, tampoco surgió una respuesta que dejara satisfechas a las familias . En la reunión, en octubre del año pasado, estuvieron el ministro de Gobierno y Justicia Oscar Insausti, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia Natacha Fraijo, el diputado nacional Remo Carlotto y algunos organismos de DD.HH.
A través de la Secretaría de DDHH se canalizaron las denuncias, en las que familiares y víctimas dejaron constancia de las vejaciones y tormentos que vivieron en diversas circunstancias. Las acusaciones por esos hechos apuntaron a la policía local, principalmente a dos oficiales de San Pedro, que son los que más aparecen nombrados por las víctimas (ver aparte). Las denuncias, que son alrededor de 30, aseguran en la Secretaría, fueron trasladadas a la Sede Judicial de San Pedro.
La Secretaría también solicitó un informe sobre la situación a la Policía de Jujuy, aunque en la fuerza negaron estar al tanto de estos hechos.
Cansados de esperar, los familiares decidieron darle más difusión a sus reclamos. El primer fin de semana de este mes viajaron cuarenta personas desde Jujuy a Buenos Aires para participar en el encuentro Nacional contra la Violencia Institucional. La lucha no terminó ahí. Juan y dos compañeros más decidieron quedarse en la ciudad para visibilizar el tema.
"Te levantan en la calle por averiguación de antecedentes y terminás incomunicado y torturado por la policía, o trabajando para ellos", cuenta Pablo Juárez, militante del movimiento 24 de marzo- Nunca más y compañero de Juan. Juárez cuenta que la gente tiene miedo de denunciar. Juan le da la razón. "Yo también tengo miedo. Si a mí o a mi familia le pasa algo cuando vuelva a San Pedro, culpo directamente al Estado, porque es el Estado el que tiene que manejar a la policía. Nadie nos da respuestas, solicitamos un habeas corpus, hicimos todas las denuncias que teníamos que hacer, pero nada", dice Juan mientras acaricia una foto de "Sonrisa".
La respuesta de la Secretaria de DD.HH.
La secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy, Natacha Fraijo, dijo estar al tanto de las denuncias. "Estamos trabajando en los casos, hemos tenido reuniones con familias y víctimas y pedimos informes sobre los policías denunciados", dijo Fraijo a LA NACION. "Nos preocupa la situación, pero la Policía no depende de nosotros y hay instancias investigativas que tenemos que derivar", explicó la funcionaria. Por otra parte, señaló que implementarán "cuestiones preventivas", como visitas a los lugares de detención para verificar las condiciones de los mismos.También señaló que aún "no hay un mecanismo para la implementación" del Sistema de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. "Es una ley muy nueva, estamos trabajando para que se aplique, mientras tanto, queremos que la Secretaría funcione al menos en la prevención. Somos un equipo muy reducido, trabajamos con los recursos que tenemos", se justificó Fraijo.
Qué dice la policía
Consultado por LA NACION, el comisario Inspector Ernesto Guillermo Corro, director de prensa de la policía de la provincia de Jujuy, dijo: "No recibimos ninguna denuncia formal. No se está investigando ningún caso como ese desde la policía. Es posible que las denuncias hayan sido presentadas ante la fiscalía de San Pedro, y la fiscalía esté llevando la investigación de manera reservada. De ser así, hasta que ellos no lo comuniquen a la jefatura de policía, no se puede comenzar ninguna investigación interna en la fuerza".
En cifras. Del último relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) surge que en 2007 hubo 21.546 detenciones policiales sin imputación de delito en la provincia de Jujuy. La mayoría (más de 18.000) correspondieron a detenciones para identificar o averiguar antecedentes, y el resto al código de faltas local.
QUÉ DICE LA LEY
La Ley Orgánica de la Policía de Jujuy permite a los efectivos detener a personas para "conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a ser identificados". Esta detención no puede exceder las 24 horas. Sin embargo, en ninguna provincia está avalado por la ley mantener incomunicado a un detenido sin orden judicial, mucho menos si la persona fue aprehendida con la sola excusa de "averiguar sus antecedentes".
Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) explican que, de todas formas, en la práctica esto se hace, y que el problema es la naturalización del accionar ilegal de la policía. "En los hechos, un policía termina teniendo más facultades para detener a una persona que un juez o un fiscal", sostienen desde Correpi y aseguran que la única forma de prevenir la tortura y el abuso policial es castigar al torturador, dejar de naturalizar acciones que deberían ser duramente sancionadas por la ley..
Un antecedente en el norte:
El año pasado se difundió a través de los medios un video que mostraba cómo era torturado un joven detenido en la comisaría de General Güemes, Salta. El caso desató un escándalo y volvió a poner sobre el tapete el debate sobre las prácticas represivas de la policía en todo el país.
http://www.lanacion.com.ar/1581998-sonrisa-el-joven-que-denuncio-torturas-y-aparecio-muerto-en-la-casa-de-un-policia?utm_source=FB&utm_medium=Parti&utm_campaign=1581998
Vivía en San Pedro, Jujuy; su padre pide que se investigue; varias familias de esa localidad acusan a la fuerza de abusos, amenazas y detenciones arbitrarias
las tres de la tarde en San Pedro, Jujuy, el locutorio de Telecentro cierra, el doctor Tarifa deja de atender, la feria de la plaza Manuel Belgrano se hace invisible y los que no duermen la siesta, toman mate. Por eso cuando el oficial puso a calentar el agua, "Sonrisa" pensó que se iba a preparar uno y le dejaría de pegar. Era la décima vez que caía en la misma comisaría, siempre por averiguación de antecedentes y delitos menores que nunca le pudieron comprobar. "Sonrisa" sabía que cuando lo llevaban a esa salita tenía que soportar un par de golpes, algunas amenazas y después lo largaban. Pero la tarde del 3 de noviembre de 2011 ya lo habían pateado, ya le habían puesto una bolsa en la cabeza para dejarlo sin aire, ya lo habían amenazado. Y no paraban.
Lo llevaron a esa habitación con cuatro paredes blancas, manchas de humedad y una banqueta de cemento adherida al suelo. Entre los detenidos la conocen como la salita de la tortura. Con las manos esposadas en la espalda y dos policías de infantería sosteniéndolo de los hombros, "Sonrisa" soportó en silencio los golpes. Pero cuando el oficial fue a buscar la pava con agua hirviendo y se la tiró en la zona derecha del estómago, no aguantó más y con las últimas fuerzas que le quedaban aulló del dolor, se paró y le pegó un cabezazo. Mareado, el oficial quedó tirado en el piso con la cara ensangrentada. Desfigurado, "Sonrisa" quedó con la carne viva en la panza y tan golpeado que tuvo que pasar por dos hospitales: el de San Pedro y el de la Esperanza, a tres kilómetros, donde le hicieron las curaciones. Allí permaneció detenido durante nueve días.
"El oficial fue a buscar la pava con agua hirviendo y se la tiró en la zona derecha del estómago", cuenta el padre de Martín
Juan Gómez relata con la voz firme y sin pausa la historia de su hijo, Martín. Cuenta que le decían "Sonrisa" por su permanente buen ánimo. Conteniendo el llanto, da los detalles precisos sobre cómo lo torturaron. Dice que era un chico laburante, pero que se vino abajo por culpa del paco. Que cuando empezó a fumar se le fue desdibujando la sonrisa, estaba más callado y había días en que no volvía a la casa. Que todo se desmadró cuando la policía lo empezó a usar de "mula" para trasladar la droga de Bolivia a Jujuy. Que cuando quiso dejar de hacerlo lo amenazaron. Y que cuando se animó a dejar de hacerlo lo mataron.
El operativo de selección de mulas es siempre el mismo, dice el padre de la víctima. Agarran a los chicos que están más metidos en el paco y los convencen con la promesa de darle algunos "papeles" para fumar. "Sonrisa" fue uno de ellos, así que conocía bien cómo era el accionar y sabía los nombres de los policías en funciones y retirados que se encargaban del tema. Siempre los llevaban en autos particulares hasta la frontera que divide a Salta con Bolivia, en Pocitos. Cruzaban caminando y trasladaban los kilos de paco hasta San Salvador sin que nadie los revisara, asegura Juan.
"Sonrisa" duró un año haciendo ese "trabajo" hasta que su papá logró sacarlo de la calle e internarlo en un hospital psiquiátrico. Ahí se la pasaba participando de actividades y talleres. El que más le gustaba era el de manualidades y disfrutaba de hacer pulseritas de macramé. Juan explica que mandarlo a un centro de rehabilitación era peor que dejarlo libre, por eso eligieron el hospital. Además consiguió la autorización para internarlo justo quince días después de que la policía lo quemó con agua hirviendo, y lo quería sacar de la calle porque tenía miedo.
Juan lo visitaba dos veces por semana y en cada encuentro le llevaba facturas, yogurt, gaseosas y caramelos que "Sonrisa" repartía entre los internos. La rehabilitación duró cuatro meses, entre fines de noviembre y febrero del año pasado, hasta que una junta médica le dio el alta. Cuando "Sonrisa" volvió a San Pedro, había recuperado algo de su particular buen humor. Pero ya no se lo veía andando sólo por las calles. Sólo salía a la mañana para ir a trabajar en la construcción con su papá, y a la noche para cursar en el colegio de adultos que quedaba a cuatro cuadras de su casa.
DE LA RECUPERACIÓN A LA MUERTE
Cuando las cosas parecían encaminadas para bien en la vida de la familia Gómez, la suerte cambió de golpe. Cuatro meses después de su recuperación, el domingo 17 de junio del año pasado, esa tarde en la que Arsenal goleó a Boca por 3 a 0, "Sonrisa", que estaba mirando el partido, decidió vencer el miedo y salir solo a la calle a visitar a una amiga. Juan dudó en acompañarlo, pero dejó que saliera con la promesa de que iba a estar de vuelta para la cena, así festejaban juntos el Día del Padre. Fue cerca de las diez de la noche cuando un amigo del barrio tocó la puerta una, dos, tres veces. "Sonrisa tuvo un accidente, tenemos que ir a verlo".
Lo encontraron en la morgue. La autopsia dice que la muerte de Martín Gómez fue por asfixia mecánica. Según le dijo la policía a Juan, "Sonrisa", que tenía 29 años, medía un metro 85 y pesaba 83 kilos, entró a robar en una casa y se asfixió cuando quiso escapar por el ventiluz del baño, que tenía 60 centímetros de ancho y 25 de alto. También le dijeron que la marca de un golpe que "Sonrisa" tenía en el pómulo derecho no era importante para la investigación. Otro detalle al que le restaron importancia es que en la casa en la que murió "Sonrisa" vivía un policía, según asegura Juan.
En la fiscalía de Investigaciones n° 9 de San Pedro, que en su momento estaba a cargo del Dr. Carlos Emilio Catán, la causa por la muerte de "Sonrisa" quedó archivada. Según informaron a LA NACION fuentes de la propia fiscalía, la intervención en el hecho fue de oficio, no por una denuncia. Cuando recibieron el informe forense que establecía que Martín Gómez se había asfixiado con la campera, la investigación se cerró.
Juan siguió averiguando por varios medios quién podía ayudarle a esclarecer las circunstancias de la muerte de su hijo. Ya había hecho denuncias por torturas cuando Martín estaba vivo. No tuvo novedades sobre eso. Tampoco supo nada más sobre qué sucedió aquella fatídica noche del 17 de junio. Entre tanto, Juan cuenta que su hermano y su hijo menor fueron detenidos y amenazados por la policía. Asegura que el mensaje es para él: que se deje de joder con las denuncias. Que deje la muerte de su hijo archivada como está. Pero no se dejó amedrentar y se juntó con otros familiares y víctimas de torturas, apremios ilegales y muertes para que la denuncia tuviera más peso. Fue tanta la insistencia, que lograron tener una reunión en el salón blanco de la casa de gobierno de Jujuy, donde pudieron contar con detalles cómo fueron las torturas. De ese encuentro, dice, tampoco surgió una respuesta que dejara satisfechas a las familias . En la reunión, en octubre del año pasado, estuvieron el ministro de Gobierno y Justicia Oscar Insausti, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia Natacha Fraijo, el diputado nacional Remo Carlotto y algunos organismos de DD.HH.
A través de la Secretaría de DDHH se canalizaron las denuncias, en las que familiares y víctimas dejaron constancia de las vejaciones y tormentos que vivieron en diversas circunstancias. Las acusaciones por esos hechos apuntaron a la policía local, principalmente a dos oficiales de San Pedro, que son los que más aparecen nombrados por las víctimas (ver aparte). Las denuncias, que son alrededor de 30, aseguran en la Secretaría, fueron trasladadas a la Sede Judicial de San Pedro.
La Secretaría también solicitó un informe sobre la situación a la Policía de Jujuy, aunque en la fuerza negaron estar al tanto de estos hechos.
Cansados de esperar, los familiares decidieron darle más difusión a sus reclamos. El primer fin de semana de este mes viajaron cuarenta personas desde Jujuy a Buenos Aires para participar en el encuentro Nacional contra la Violencia Institucional. La lucha no terminó ahí. Juan y dos compañeros más decidieron quedarse en la ciudad para visibilizar el tema.
"Te levantan en la calle por averiguación de antecedentes y terminás incomunicado y torturado por la policía, o trabajando para ellos", cuenta Pablo Juárez, militante del movimiento 24 de marzo- Nunca más y compañero de Juan. Juárez cuenta que la gente tiene miedo de denunciar. Juan le da la razón. "Yo también tengo miedo. Si a mí o a mi familia le pasa algo cuando vuelva a San Pedro, culpo directamente al Estado, porque es el Estado el que tiene que manejar a la policía. Nadie nos da respuestas, solicitamos un habeas corpus, hicimos todas las denuncias que teníamos que hacer, pero nada", dice Juan mientras acaricia una foto de "Sonrisa".
La respuesta de la Secretaria de DD.HH.
La secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy, Natacha Fraijo, dijo estar al tanto de las denuncias. "Estamos trabajando en los casos, hemos tenido reuniones con familias y víctimas y pedimos informes sobre los policías denunciados", dijo Fraijo a LA NACION. "Nos preocupa la situación, pero la Policía no depende de nosotros y hay instancias investigativas que tenemos que derivar", explicó la funcionaria. Por otra parte, señaló que implementarán "cuestiones preventivas", como visitas a los lugares de detención para verificar las condiciones de los mismos.También señaló que aún "no hay un mecanismo para la implementación" del Sistema de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. "Es una ley muy nueva, estamos trabajando para que se aplique, mientras tanto, queremos que la Secretaría funcione al menos en la prevención. Somos un equipo muy reducido, trabajamos con los recursos que tenemos", se justificó Fraijo.
Qué dice la policía
Consultado por LA NACION, el comisario Inspector Ernesto Guillermo Corro, director de prensa de la policía de la provincia de Jujuy, dijo: "No recibimos ninguna denuncia formal. No se está investigando ningún caso como ese desde la policía. Es posible que las denuncias hayan sido presentadas ante la fiscalía de San Pedro, y la fiscalía esté llevando la investigación de manera reservada. De ser así, hasta que ellos no lo comuniquen a la jefatura de policía, no se puede comenzar ninguna investigación interna en la fuerza".
En cifras. Del último relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) surge que en 2007 hubo 21.546 detenciones policiales sin imputación de delito en la provincia de Jujuy. La mayoría (más de 18.000) correspondieron a detenciones para identificar o averiguar antecedentes, y el resto al código de faltas local.
QUÉ DICE LA LEY
La Ley Orgánica de la Policía de Jujuy permite a los efectivos detener a personas para "conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a ser identificados". Esta detención no puede exceder las 24 horas. Sin embargo, en ninguna provincia está avalado por la ley mantener incomunicado a un detenido sin orden judicial, mucho menos si la persona fue aprehendida con la sola excusa de "averiguar sus antecedentes".
Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) explican que, de todas formas, en la práctica esto se hace, y que el problema es la naturalización del accionar ilegal de la policía. "En los hechos, un policía termina teniendo más facultades para detener a una persona que un juez o un fiscal", sostienen desde Correpi y aseguran que la única forma de prevenir la tortura y el abuso policial es castigar al torturador, dejar de naturalizar acciones que deberían ser duramente sancionadas por la ley..
Un antecedente en el norte:
El año pasado se difundió a través de los medios un video que mostraba cómo era torturado un joven detenido en la comisaría de General Güemes, Salta. El caso desató un escándalo y volvió a poner sobre el tapete el debate sobre las prácticas represivas de la policía en todo el país.
http://www.lanacion.com.ar/1581998-sonrisa-el-joven-que-denuncio-torturas-y-aparecio-muerto-en-la-casa-de-un-policia?utm_source=FB&utm_medium=Parti&utm_campaign=1581998
