EE. UU. infectó a cientos con sífilis a través de experimentos en Guatemala

EE. UU. infectó a cientos con sífilis a través de experimentos en Guatemala
El Tiempo (Colombia), 2 de octubre de 2010
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El gobernante aseguró que se realizará una "profunda investigación" de los hechos, ocurridos entre 1946 y 1948 y que afectaron a más de 1.500 guatemaltecos, adelantó que se analiza presentar una denuncia para exigir un resarcimiento al país y reconoció la "hidalguía" de la Casa Blanca al pedir perdón.

La personas fueron infectadas sin que tuvieran conocimiento alguno de que se les usaba como conejillos de indias.

El aberrante experimento, donde los participantes resultaron infecados con sífilis y gonorrea fue respaldo por la entonces Organización Panamericana de la Salud y el gobierno de Guatemala.

"El estudio de Guatemala, con toda claridad, no fue ético. Estamos escandalizados que se hiciera un estudio tan cuestionable en nombre de la salud pública. Lamentamos mucho lo que pasó y pedimos perdón a las personas que se vieron afectadas por tan aberrante práctica", dijo esta mañana la secretaria de Estado Hillary Clinton.

Los procedimientos se habían mantenido en secreto hasta que fueron destapados por Susan Reverby, una profesora de la Wellesley en E.U.

De acuerdo con el reporte que hizo Reverby, en los dos años que duró el proyecto se infectó con estas enfermedades a 696 personas, muchos de ellos hombres presos en cárceles del país y mujeres de un hospital mental.

En el caso de los hombres, se les puso en contacto con prostitutas que poseían sífilis o gonorrea o se les infectó directamente.

Una vez enfermos, se promovió el contacto sexual con personas sanas para monitorear el contagio.

La idea de los investigadores era determinar si la penicilina podía prevenir la infección de la sífilis o la gonorrea. Este antibiótico se usa para tratar la enfermedad, pero una vez ya está presente en el sistema.

Igual de cuestionable, el estudio de Reverby concluye que a un tercio de estas personas ni si quiera se le dio tratamiento posterior a la infección intencional.

Entre 1932 y 1972, es decir, durante cuarenta años, en el hospital público de Tuskegee, una localidad de Alabama, los médicos experimentaron con negros pobres y analfabetos enfermos de sífilis a los que no dieron tratamiento médico para poder estudiar la evolución de la enfermedad hasta su muerte, así como el contagio de sus familias y descendientes.

En 1932 la sífilis se había convertido en una epidemia en la población rural del sur de Estados Unidos y los médicos decidieron crear un programa especial de no-tratamiento en el Hospital de Tuskegee, el único para negros que existía entonces en aquella localidad. Ocurrió muy poco después de la crisis económica de 1929. Fueron seleccionados unos 400 varones negros sifilíticos y otro grupo similar de 200 no sifilíticos sirvió de control. Su objetivo era comparar la salud y longevidad de la población sifilítica no tratada en comparación con el grupo control. A las personas seleccionadas no se les informó de la naturaleza de su enfermedad y les dijeron que tenían “mala sangre”. Además, les ofrecieron algunas ventajas materiales, incluso sanitarias, que en ningún caso incluían el tratamiento de su enfermedad.

En 1936 comprobaron que las complicaciones eran mucho más frecuentes en los infectados que en el grupo control, y diez años después resultó claro que el número de muertes era dos veces superior en los sifilíticos. A pesar de que la penicilina estuvo disponible desde los años cuarenta, en ningún momento recibieron tratamiento; a los médicos nunca les importó que sin el antibiótico su esperanza de vida se redujera en un 20 por ciento.

En este caso la ideología anticolectivista imperante en Estados Unidos no fue obstáculo para que los derechos individuales de las personas fueran sacrificados en aras de un supuesto bien “común”, aunque en realidad los pobres debían sacrificarse en interés de una investigación cuyos beneficiarios serían los más privilegiados de la sociedad. En 1947 se aprobó el código de Nuremberg y en 1964 la Declaración de Helsinki que, además del consentimiento informado del paciente, dispone que en toda investigación con seres humanos el bienestar de la persona prevalezca siempre sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. El médico, antes que investigador, es el protector de la vida y la salud de su paciente, y la persona que participe en una investigación debe recibir el mejor tratamiento disponible.

A pesar de la promulgación de la normativa, la investigación continuó, publicándose 13 artículos en revistas médicas. Ningún científico protestó, hasta que en 1972 la prensa denunció los hechos. Para entonces 74 de los pacientes del estudio seguían vivos, 28 habían muerto directamente de sífilis, 100 habían muerto por complicaciones relacionadas, 40 de sus esposas se habían infectado y 19 de sus hijos habían nacido con sífilis congénita. En 1997, en presencia de cinco de los ocho supervivientes presentes en la Casa Blanca, Bill Clinton pidió disculpas formalmente a las víctimas del experimento: “No se puede deshacer lo que ya está hecho, pero podemos acabar con el silencio [...] Podemos dejar de mirar hacia otro lado. Podemos miraros a los ojos y finalmente decir de parte del pueblo americano, que lo que hizo el gobierno americano fue vergonzoso y que lo siento”. Las buenas palabras sustituyeron a los juicios y las cárceles. Aquellos médicos que utilizaron a los pobres como cobayas humanas, así como sus cómplices y colaboradores no resultaron sancionados por el crimen que habían cometido.

Después de siete años de investigación, en 1994 el diario "Alburquerque Tribune" publicó una serie de reportajes de la periodista Eileen Welsome sobre los experimentos radiactivos con seres humanos que le valieron el Premio Pulitzer. Posteriormente fueron publicados en forma de libro.

Welsome documentó 18 casos de irradiaciones que forzaron al gobierno de Clinton, a abrir otra investigación más. En el transcurso de la misma Welsome reveló que 73 menores de una escuela de Massachusetts ingirieron isótopos radiactivos en la avena del desayuno, una mujer de Nueva York fue inyectada con plutonio por los médicos del Proyecto Manhattan (fabricación de la bomba atómica) que le atendían, mientras 829 embarazadas tomaron supuestas vitaminas en una clínica de Tennessee que, realmente, contenían hierro radiactivo.

Tras la investigación, Clinton volvió a ofrecer sus “disculpas sinceras” por el empleo de armamento bacteriológico sobre la población de su propio país, aduciendo que no se repetirían. Pero, una vez más, no hubo juicio ni culpables.

En los años treinta y cuarenta del siglo pasado el ejército imperialista británico probó el gas mostaza en cientos de soldados hindúes y pakistaníes en el cuartel militar de Rawalpindi, un experimento que formaba parte de un programa destinado a probar los efectos de distintas armas químicas en los seres humanos.

Los científicos querían saber si las lesiones del gas mostaza eran mayores en la piel de las tropas hindúes que en la de las británicas. Según uno de los informes, fechado en 1942, las pruebas provocaron importantes quemaduras a los soldados, algunas de ellas tan graves que obligaron a hospitalizar a los pacientes.

Después del final de la guerra mundial hasta 1989 los militares británicos siguieron experimentando, esta vez con soldados autóctonos en Porton Down, centro especializado en guerra bacteriológica en Inglaterra. Cientos de militares fueron utilizados para experimentar los efectos de armas tales como el gas mostaza, agentes nerviosos VX y GD y alucinógenos como el LSD. Algunos de los que participaron en los experimentos como cobayas humanas aseguraron haber sido engañados para someterse a las pruebas y exigieron ante los tribunales una indemnización.

En 2003 se abrió una investigación sobre la muerte de varios de ellos que finalmente concluyó afirmando que no había pruebas suficientes para iniciar un proceso criminal. Sin embargo, un informe oficial del gobierno reconoció en 2006 que estos experimentos se desviaban de las normas éticas.

(The Guardian, 1 de setiembre de 2007)

A comienzos de este año la revista argelina El Djeich publicaba un largo informe titulado “Ensayos nucleares: el hombre cobaya”. Según las investigaciones llevadas a cabo, 150 argelinos habían sido utilizados como cobayas humanas en los ensayos nucleares franceses en el Sáhara argelino, en su mayoría miembros de la resistencia.

Les ataban a postes colocados a un kilómetro del epicentro de las explosiones atómicas para estudiar las consecuencias de las radiaciones sobre los seres humanos.

En total se realizaron 210 pruebas en Argelia entre 1960 y 1966 y en Polinesia entre 1966 y 1996. Cerca de 150.000 militares y civiles colaboraron en estos experimentos, sin contar a la población local.

Pero como los grandes crímenes se encubren con dinero, también el Parlamento francés presentó en 2009 un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas de estos ensayos. Es la manera de lavar la mala conciencia

(El País, 16 de febrero de 2010; La Vanguardia, 17 de febrero de 2010; El Mundo, Suplementos, 21 de febrero de 2010).

Sobre cómo los imperialistas están exterminando a los pueblos del mundo bajo la cobertura de la ayuda sanitaria al Tercer Mundo:

- Serge Garde: «Pérou, imposture du programme de contrôle des naissances, 300.000 femmes stérilisées en quatre ans», (Perú, impostura del programa que controla los nacimientos, 300.000 mujeres esterilizadas en cuatro años), L’Humanité, diario del Partido Comunista Francés, 3 de diciembre de 2002.

- Françoise Barthélémy: «Une politique d’État froidement élaborée, Stérilisation forcée des indiennes du Pérou» (Una política de Estado friamente elaborada, la esterilización forzada de mujeres indias en Perú), Le Monde Diplomatique, mayo de 2004.

CRONOLOGÍA:

1931. El doctor Cornelius Rhoades infecta deliberadamente con células cancerosas a un grupo no determinado de personas en Puerto Rico, con el resultado de 13 muertos.

1935. Incidente de Pellagra. Después de millones de individuos muertos de Pellagra en un lapso de más de dos décadas, el Servicio de Salud Pública nortemericano actúa finalmente para detener la enfermedad. El director de la agencia admite que conocía, por lo menos 20 años antes, que el Pellagra está causada por una deficiencia de niacina pero no actuó hasta que la mayoría de las muertes ocurrieron dentro de las poblaciones negras azotadas por la pobreza.

1940. 400 presos de las cárceles de Chicago son infectados con malaria para estudiar los efectos de drogas experimentales para combatir la enfermedad. Más tarde, en el juicio en Nuremberg, los doctores nazis citaron este estudio americano para justificar sus experimentos en los campos de concentración.

1942. Los Servicios de Guerra Química comienzan unos experimentos de gas mostaza con 4.000 militares. Los experimentos continúan hasta 1945 y en ellos utilizaron a creyentes Adventistas de Séptimo Día como cobayas humanas a cambio de eludir el servicio militar.

1943. En respuesta al programa a gran escala de guerra bacteriológica japonés, Estados Unidos comienza la investigación en armas biológicas en el Fuerte Detrick.

1944. La Marina norteamericana utiliza seres humanos para probar máscaras y ropa antigás. Los individuos fueron encerrados en una cámara de gas y expuestos al gas mostaza y al lewisita.

1944. El ejército nazi diseña un plan para bombardear Londres con bombas v-1 cargadas con toxina botulínica; con menos de un kilo se podría aniquilar a la humanidad.

1945. Comienza el Proyecto Prensilla. El Departamento de Estado, la inteligencia militar y la CIA reclutan científicos nazis y les ofrecen inmunidad e identidades secretas a cambio de trabajar en proyectos secretos de Estados Unidos.

1945. Se pone en marcha el "Programa F" de la Comisión de Energía Atómica Americana. Es el estudio más extenso en Estados Unidos sobre los efectos del fluoruro en la salud, el cual era el componente químico esencial en la producción de la bomba atómica. Uno de los químicos más tóxicos conocidos por el hombre, el fluoruro, causa marcados efectos adversos al sistema nervioso central pero mucha de la información se suprime en nombre de la seguridad nacional debido al temor de que los pleitos judiciales minaran la producción en gran escala de bombas atómicas.

1946. Pacientes en los hospitales de Atención de Veteranos de guerra fueron usados como conejillos de india para experimentos médicos. Para aliviar las sospechas, se da la orden para cambiar la palabra "experimentos" a "investigaciones" u "observaciones" para los estudios médicos realizados en uno de los hospitales de veteranos de la nación.

1947. El coronel E.E. Kirkpatrick de la Comisión de Energía Atómica Americana emite un documento confidencial (8 de enero de 1947, documento 07075001) declarando que la agencia empezará a administrar dosis intravenosas de substancias radioactivas a seres humanos.

1947. La CIA empieza su estudio del LSD como un arma potencial para ser utilizada por los servicios secretos. Tanto civiles como militares son usados como cobayas sin conocimiento previo.

1950. El Departamento de Defensa empieza a planear detonar armas nucleares en áreas desérticas y observar a los residentes más cercanos por problemas médicos y tasas de mortalidad.

1950. En un experimento para determinar la susceptibilidad de una ciudad norteamericana ante un ataque biológico, la Marina rocía una nube de bacterias desde barcos sobre San Francisco, simulando que ha tenido lugar un ataque enemigo. Se colocan dispositivos de monitoreo a lo largo de la ciudad para probar la extensión de la infección. Muchos residentes se enferman con síntomas como los de la neumonía.

1950. Durante la guerra contra Corea se emplea ántrax como arma biológica. También se usaron mosquitos infectados con fiebre amarilla y roedores portadores de otras graves enfermedades.

1951. El dirigente independentista puertorriqueño Pedro Albizu Campos denuncia desde la cárcel de La Princesa de San Juan que está siendo sometido a radiaciones y que los estadounidenses utilizaban Puerto Rico como un laboratorio de guerra bacteriológica. El abogado y psiquiatra forense Jay Katz, de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, comprueba la veracidad de los documentos aportados por el periodista puertorriqueño Pedro Aponte Vázquez, que ha dedicado su vida profesional a investigar el asesinato de Pedro Albizu en una prisión norteamericana.

1951. El Departamento de Defensa empieza las pruebas al aire libre usando bacterias y virus causantes de enfermedad. Las pruebas duran hasta 1969.

1953. El Ejército norteamericano libera nubes de Sulfuro de Zinc-Cadmio sobre Winnipeg, St. Louis, Minneapolis, el Fuerte Wayne, el Valle del Monocacy en Maryland, y Leesburg, Virginia. Su intento es determinar cómo se pueden dispersar más eficazmente los agentes químicos.

1953. La unión de los experimentos del Ejército-Marina-CIA es llevada a cabo, en los cuales se exponen decenas de miles de personas en Nueva York y San Francisco a los gérmenes aerotransportados del Marcescens Serratia y del Bacilus Glogigii.

1953. La CIA comienza el Proyecto MKULTRA, un programa de once años de investigación diseñado para producir y probar drogas y agentes biológicos que serían usados para el control mental y la modificación de la conducta. Seis de los subproyectos involucraron la comprobación de los agentes en seres humanos inadvertidos.

1955. En un experimento para probar su habilidad para infectar poblaciones humanas con agentes biológicos, la CIA libera una bacteria apartada del arsenal de guerra biológica del Ejército en la Bahía de Tampa, Florida.

1955. Las Divisiones Químicas del Ejército norteamericano continúan la investigación del LSD, estudiando su uso potencial como agente químico paralizante. Más de 1.000 personas participan como cobayas en las pruebas que continúan hasta 1958.

1956. El Ejército norteamericano libera mosquitos infectados con la Fiebre amarilla sobre Savannah, Ga y Avon Park, Fl. Siguiendo cada prueba, agentes del Ejército que se hacen pasar como oficiales de salud pública comprueban los efectos en las víctimas.

1958. El LSD se prueba en 95 voluntarios en los Laboratorios de Guerra Química del Ejército para ver su efecto sobre la inteligencia.

1960. El Equipo Asistente Principal de la Inteligencia del Ejercito (ACSI) autoriza el campo de prueba del LSD en Europa y en el Lejano Oriente. Las pruebas de la población europea son nombradas con el código de Proyecto Tercera Oportunidad; las pruebas de la población asiática son nombradas con el código de Proyecto Sombrero de Hongo.

1965. La CIA y el Departamento de Defensa comienzan el Proyecto MKSEARCH, un programa para desarrollar una capacidad para manipular la conducta humana a través del uso de drogas psicodélicas.

1965. Los prisioneros en la Prisión Estatal de Holmesburg en Filadelfia son sometidos a dioxinas, el componente químico altamente tóxico del Agente Naranja usado en Vietnam. Mas tarde los hombres son estudiados por el desarrollo de cáncer, lo cual indica que el Agente Naranja había sido desde el principio un sospechoso cancerígeno.

1966. La CIA comienza el Proyecto MKOFTEN, un programa para probar los efectos toxicológicos de ciertas drogas en los humanos y los animales.

1966. El Ejército norteamericano distribuye la variante de los negros del Bacillus subtilis en la red de ventilación del metro de la Ciudad de Nueva York. Más de un millón de civiles fueron expuestos cuando los científicos del ejército dejaron caer ampollas llenas con la bacteria desde las rejas de ventilación. Los detalles siguen clasificados como secreto militar.

1967. La CIA y el Departamento de Defensa implementan el Proyecto MKNAOMI, sucesor del MKULTRA y diseñado para mantener, almacenar y ensayar armas biológicas y químicas.

1968. La CIA experimenta con la posibilidad de envenenar el agua potable inyectando químicos en el suministro de agua de la FDA en Washington.

1969. Robert MacMahan, del Departamento de Defensa, solicita al Congreso 10 millones de dólares para desarrollar, de 5 a 10 años, un agente biológico sintético para el cual no existe ninguna inmunidad natural.

1970. El Pentágono logra financiación para un agente biológico sintético. El proyecto, bajo la supervisión de la CIA, se lleva a cabo por la División de Operaciones Especiales en el Fuerte Detrick, las instalaciones secretas de armas biológicas del ejército norteamericano. Se empieza a rumorear que se usan técnicas de biología molecular para producir retrovirus como el SIDA.

1970. Estados Unidos intensifica su desarrollo de armas étnicas (Revista del Ejercito, noviembre de 1970), diseñadas para selectivamente buscar objetivos y eliminar grupos étnicos específicos que son susceptibles a las diferencias genéticas y las variaciones en el ADN.

1975. La sección virus del Centro para la Investigación de Guerra Biológica del Fuerte Detrick pasa a llamarse "Instalaciones Fredrick para la Investigación del Cáncer" y puesta bajo la supervisión del Instituto Nacional del Cáncer. La Marina norteamericana inicia un programa especial de virus del cáncer. Los científicos encargados de los retrovirus aíslan un virus para el que no existe inmunidad. Se nombra mas tarde como HTLV (Virus Humano de la célula T de Leucemia).

1977. Las audiencias del senado en la Comisión Investigación Científica y Salud confirmaron que entre 1949 y 1969 se contaminaron 239 áreas pobladas con agentes biológicos lanzados desde el aire y 80 con bacterias vivas. Algunas de las áreas incluyeron San Francisco, Washington, Centro-Oeste de EE.UU., Ciudad de Panamá, Minneapolis y St. Louis. Las Fuerzas Armadas confirmaron el bombardeo pero sostuvieron que sus bacterias no eran nocivas.

1978. Empiezan en Nueva York, Los Angeles y San Francisco las pruebas de la vacuna para la Hepatitis B, dirigidas por el CDC. Los anuncios para solicitar individuos de investigación piden específicamente a hombres homosexuales promiscuos.

1981. Durante su estancia en cárceles de Miami, centenares de refugiados haitianos desarrollan ginecomastia (crecimiento de los pechos) como consecuencia de experimentos con hormonas. Los afectados denunciaron que les sometían a sesiones forzosas de inyecciones.

1981. Se confirman los primeros casos de SIDA en hombres homosexuales en Nueva York, Los Angeles y San Francisco, promoviendo el rumor de que se puede haber introducido el SIDA a través de la vacuna para la Hepatitis B.

1984. Continúan los experimentos químicos y biológicos contra Cuba. Introduce en la isla una variedad del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue hemorrágico, desarrollado por especialistas norteamericanos en guerra biológica, según confesó Eduardo Arocena, cabecilla de la organización terrorista Omega 7, en un juicio celebrado en 1984 en Estados Unidos. Unos 300.000 cubanos fueron afectados.

1986. Un informe para el Congreso revela que el desarrollo de agentes biológicos del Gobierno de los EE.UU. incluye: los virus modificados, toxinas naturalmente originadas y agentes que son alterados a través de la ingeniería genética para cambiar el carácter inmunológico y prevenir el tratamiento por todas las vacunas existentes.

1987. El Departamento de Defensa admite que, a pesar de un tratado que prohíbe la investigación y el desarrollo de agentes biológicos, continúa operando instalaciones de investigación en 127 laboratorios y universidades alrededor de la nación.

1990. A más de 1.500 neonatos negros e hispanos de seis meses de edad en Los Ángeles se les da una vacuna experimental del sarampión que no estaba autorizada para ser administrada en Estados Unidos. La CDC admite después que los padres nunca fueron informados de que la vacuna que fue inyectada a sus hijos era experimental.

1994. Con una técnica llamada "rastreador de genes", el Dr. Garth Nicolson en el Centro del Cáncer MD Anderson en Houston, descubre que los veteranos que volvieron de la operación Tormenta del Desierto fueron infectados con una cadena alterada de Micoplasma incognitus, un microbio normalmente usado en la producción de armas biológicas.

1994. En un informe el senador John D. Rockefeller revela que durante por lo menos 50 años, el Departamento de Defensa usó a centenares de miles de militares en experimentos y exposiciones deliberadas a substancias peligrosas. Los materiales incluyeron gas mostaza y nervioso, radiación de iones, psicoquímicos, alucinógenos y drogas como las usadas durante la Guerra del Golfo.

1995. El Gobierno americano admite que había ofrecido a los criminales de guerra y científicos japoneses que habían realizado experimentos médicos en humanos sueldos e inmunidad de prosecución a cambio de los datos de la investigación de la guerra biológica.

1995. El doctor Garth Nicholson revela que los agentes biológicos usados durante la Guerra del Golfo habían sido fabricados en Houston, TX y Boca Raton, Fl y probados en presos en la cárcel de Texas.

1996. El Departamento de Defensa reconoce que en aquella fecha mantiene 127 programas de investigación de guerra biológica en Estados Unidos y, asimismo, que durante la Guerra del Golfo 20.000 militares resultaron afectados por algunos de estos agentes biológicos.

1997. Ochenta y ocho miembros del Congreso firman una carta exigiendo una investigación sobre el uso de la armas biológicas y el Síndrome de la Guerra del Golfo.

2001. Los ataques con ántrax perpetrados tras el ataque a las Torres Gemelas utilizan cepas Ames, desarrolladas en laboratorios de Iowa y utilizadas por el Ejército en los sesenta para fabricar armas biológicas. Los experimentos con el ébola se desarrollaron en el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército en Fort Detrick (Maryland).

En enero de 1946 diagnosticaron a un australiano de cuatro años de edad, Simeón Shaw, de una forma altamente maligna de cáncer de hueso. En un esfuerzo desesperado para salvar vida del niño, sus padres decidieron llevarle a Estados Unidos para su tratamiento. La familia acudió al hospital de la Universidad de California en San Francisco.

Una vez en América, Simeón no recibió el tratamiento médico que buscaban desesperadamente sus padres para salvarle la vida. En su lugar fue atrapado por un experimento médico. Fue uno de los 18 pacientes inyectados con plutonio radiactivo, por los científicos que trabajan para el Proyecto Manhattan, la organización que fabricó la bomba atómica. Los matarifes del gobierno querían descubrir cómo eliminaba el plutonio el cuerpo humano.

A Simeón le faltaban dos meses para su quinto cumpleaños cuando el 26 de abril de 1946 le inyectaron, 0.169 microcuries de plutonio 239, una dosis de radiación casi 24 veces lo que la persona promedio recibe en 50 años. Una semana más tarde, se tomaron muestras del hueso, la sangre y tejidos del niño. También se obtuvieron muestras en otras ocasiones. Simeón murió ocho meses después de la inyección.

Muchos estadounidenses fueron expuestos a experimentos parecidos con radiaciones sin ninguna clase de objetivo médico curativo. El plutonio carece de utilidad médica. Las inyecciones de plutonio en personas humanas, como Simeón Shaw, no tenían ningún propósito distinto que el de proporcionar información para determinar las normas de seguridad para la producción de armamento nuclear.

Algunos experimentos humanos con radiaciones se realizaron en Estados Unidos en la década de 1940 y 1950, pero otros se realizaron durante los años sesenta y setenta. Es posible que el programa involucrara a más de 1.000 personas. Estos experimentos se realizaron dentro del Proyecto de Manhattan.

En 1945-47, como parte del Proyecto Manhattan, los pacientes a quienes diagnosticaron enfermedades con una esperanza de vida de menos de 10 años, fueron inyectados con plutonio. Además de la Universidad del Hospital Califomia, los estudios se realizaron en el hospital de Distrito de Manhattan, Oak Ridge, Tennessee; Strong Memorial Hospital, Rochester, N.Y.; y la Universidad de Chicago. A pesar de los diagnósticos originales, siete de los 18 pacientes vivieron más de 10 años y cinco sobrevivieron más de 20.

Investigaciones internas de la AEC demostraron que los pacientes no fueron informados de que se les había inyectado plutonio hasta 1974.

El 18 de julio de 1947 tres médicos y una enfermera inyectaron plutonio en el hospital de la Universidad de California en la pierna izquierda de Elmer Allen. Tres días más tarde, le tuvieron que amputar la pierna y la extremidad la enviaron a patología para un estudio radiológico. Erróneamente a Allen le diagnosticaron que padecía un cáncer de hueso, cuando se había caído de un tren a finales del verano de 1946 y se había lesionado su rodilla izquierda. Estaba lejos de padecer una enfermedad terminal.

Allen vivió hasta el 10 de junio de 1991, con horribles complicaciones derivadas del experimento de plutonio. Sufría convulsiones epilépticas, alcoholismo y finalmente fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide, que su médico de familia cree que se debió a la forma en que había sido incluído dentro del experimento del plutonio.

BUENISIMO POST!!!

Tenemos que crear uno de las farmaceuticas tambien que tienen tela.

Hay que crear el foro de las maravillas del libre mercado cuanto antes...

Y lo peor es que hablan de que los nazis investigaban los cranios de los judios y gitanos...

Los experimentos, fuera de casa. Los laboratorios de los países ricos acuden a América Latina, Europa Oriental, Asia y África para realizar sus ensayos. Perú constituye un vergel legal para la investigación científica debido a su laxa regulación sobre ensayos clínicos. Dos madres piden justicia porque experimentaron con sus hijos enfermos sin su consentimiento.

Diana Canessa recuerda al milímetro aquel viaje a uno de los mejores pediátricos de Lima. Una mañana de febrero de 2005. Su bebé de ocho meses enfermísimo de diarrea. Doctores y enfermeras amables. Sin saberlo, su hijo formó parte de un proyecto de investigación llevado a cabo por una entidad privada peruana sin ánimo de lucro llamada Instituto de Investigación Nutricional (IIN) junto al laboratorio estadounidense Ventria Bioscience y la Universidad de California Davis. El ensayo se llevó a cabo en 140 niños del Instituto Especializado de Salud del Niño de Lima y el Hospital de Belén de Trujillo. Para tratar la diarrea usaron en un tercio de los niños una solución de rehidratación oral que contenía genes de proteínas humanas introducidos en arroz.

“Si en el documento que firmé en el hospital hubiera estado la palabra experimento yo no hubiera aceptado, aunque en ese momento no tuviera plata. Se aprovecharon de mi necesidad, de la situación, de mi hijo, de que no teníamos dinero”, se lamenta Canessa, madre de 28 años que vive en Carabayllo, uno de los distritos marginales al norte de Lima.

Canessa incide en que nunca dio el consentimiento para que su hijo fuera uno de los 140 bebés usados como conejillos de indias en este ensayo clínico con arroz transgénico. Cinco años después, el niño sufre alergias quizá provocadas por el experimento y la doctora de la Asociación Médica de Perú que denunció el caso, Flora Luna, afirma que está en juego la posibilidad de que en el futuro pueda sufrir alzheimer, cáncer o artritis.

“Tienes que firmar, apúrate mamita porque ¡mira cómo está tu bebé!”, recuerda Canessa que le dijo la enfermera. La practicante rellenó el formulario por ella, le dijo que era un nuevo programa y que su niño iba a mejorar rápido. Nadie le explicó que era un experimento o de qué se trataba el mismo. Tampoco tuvo oportunidad de leer el protocolo en sí, que de todas formas estaba escrito en un lenguaje técnico y evasivo.

Perú se ha convertido en una suerte de paraíso para investigadores y laboratorios del hemisferio norte. “Los que quieren aprovecharse de la gente pobre, indigente, aquí tienen todas las oportunidades”, dice Alexandro Saco, analista independiente que trabaja sobre cuestiones de sanidad pública. La doctora Luna, ex presidenta de la Asociación Médica de Perú, indica que la agencia gubernamental estadounidense FDA, Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Fármacos), había prohibido tres veces este experimento médico en monos en EE UU antes de que se realizara con recién nacidos en Perú.

Diana Canessa y Johana Sánchez están detrás de la denuncia que, en enero de 2010, interpuso contra el Estado peruano el Instituto de Defensa Legal (IDL), una organización de derechos humanos que hace seguimiento de políticas públicas. La Asociación de Médicos de Perú había presentado ya en 2006 una denuncia que fue desestimada. Sánchez, quien llevó a su hijo al hospital dos días después que Canessa y recibió una información similar, apunta que le pareció raro que el Estado fuera tan generoso: pañales, medicamentos, almuerzos, balones y camisetas de regalo. La diarrea de ambos niños mejoró a corto plazo, pero a los pocos días ambas tuvieron que volver a llevar a los niños al hospital. Desde entonces, según relatan las madres, sus hijos son enfermizos y han desarrollado diferentes cuadros alérgicos.

Si bien no se conocen con certeza los efectos del biofármaco que utilizaron con sus hijos en fase experimental, la polémica está servida. “Las variaciones en las proteínas de la solución usada generan una alteración en el sistema inmune. A corto plazo provocan reacciones alérgicas. A largo plazo se describen enfermedades como artritis, alzheimer e incluso cáncer”, advierte la doctora Luna.

Otros médicos discrepan y consideran esta hipótesis alarmista. Al ser el alzheimer y el cáncer enfermedades que se desarrollan a largo plazo, es difícil demostrar su relación con transgénicos. El doctor Ricardo Fujita, de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres de Lima, es un ferviente defensor de los mismos: “Este ensayo fue positivo porque vi los resultados científicos. No tiene nada de criminal porque va a ayudar a gente pobre”.

Diana Canessa y Johana Sánchez piden justicia y un seguro de salud de por vida para sus hijos. “También luchamos por los derechos de los demás”, expresa Sánchez. En la actualidad, Perú no cuenta con una legislación apropiada sobre ensayos clínicos, pero no siempre ha sido así. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, promulgó una ley en 2006 acorde a las normas internacionales. Ofrecía a los peruanos que se sometieran a ensayos clínicos información adecuada en su idioma nativo y un seguro de salud completo.

El posterior ministro de salud, Carlos Vallejos, modificó la ley en enero de 2007 con la eliminación de la condición del seguro médico y muchos otros artículos, convirtiendo a Perú en un destino muy atractivo para la experimentación científica. “Vallejos era uno de los médicos que hacían ensayos clínicos y uno de los principales investigadores en temas de cáncer, por lo que había intereses obvios”, señala el investigador en políticas de salud pública Alexandro Saco.

El cambio legislativo dejó desprotegidos nuevamente a los pobres, a las minorías y las poblaciones más vulnerables. Saco subraya que además de que es más barato realizar esta clase de investigaciones en países empobrecidos como Perú, al haber un marco legal más distendido los laboratorios encuentran más facilidad para el abuso impune.

Las madres denunciantes señalan que no desconfiaron porque se trataba del Hospital del Niño, uno de los pediátricos con más reputación del país. Sánchez denuncia: “No porque tengamos pocos recursos se pueden aprovechar. Ahora vivo con miedo, con la incertidumbre del no saber qué le pasará a mi hijo más adelante”.

ENSAYO CON ARROZ TRANSGÉNICO EN BEBÉS
Perú, un nuevo paraíso para la experimentación médica
9 de septiembre de 2010

Tras la creación de una comisión de alto nivel para aclarar los abominables ensayos médicos realizados por estadounidenses con centenares de guatemaltecos en los años 40, el gobierno de este país centroamericano discute alternativas de resarcimiento del daño.

"Estos actos deben condenarse y ser sujetos de proceso. Es necesario que repudiemos el hecho y condenemos este tipo de actitudes. La humanidad ha evolucionado y estas acciones no deben tolerarse bajo ningún punto de vista. La actitud tomada por Estados Unidos logra esa jerarquía de delitos de lesa humanidad", dijo a IPS el abogado indígena Amílcar Pop.

El gobierno de Estados Unidos informó el 1 de este mes que, entre 1946 y 1948, científicos de ese país infectaron a por lo menos 696 guatemaltecos con enfermedades de transmisión sexual, por lo cual el presidente Barack Obama pidió disculpas a su par guatemalteco, Álvaro Colom, y anunció una "profunda investigación" para esclarecer lo sucedido.

La noticia provocó una ola de indignación en la población, que considera insuficientes las disculpas de las autoridades estadounidenses y exige justicia.

La comisión investigadora formada en Guatemala está integrada por el vicepresidente Rafael Espada y representantes de los ministerios de Salud, Gobernación, Defensa, Relaciones Exteriores y también del Colegio de Médicos de Guatemala.

Pop consideró que el trabajo de este comité será de suma importancia para buscar condenas judiciales y morales contra los responsables.

Al estilo del médico y criminal de guerra nazi Josef Mengele, el médico estadounidense John Cutler realizó en Guatemala experimentos, principalmente con soldados, prostitutas y enfermos mentales, a quienes infectó con sífilis, gonorrea y otras enfermedades, reveló la investigadora Susan Reverby, del Wellesley College de Massachusetts.

Paradójicamente, entre 1945 y 1946, en Núremberg, Alemania, en el llamado "juicio de los doctores", Estados Unidos juzgó y sentenció a una veintena de médicos por sus macabros experimentos con miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

El objeto del estudio de Cutler, avalado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos en la administración de Harry Truman (1945-1953), era observar el desarrollo prolongado de las enfermedades sin ofrecer tratamiento a los infectados , algo que además "nunca produjo ninguna información útil", según Reverby.

De hecho, un informe reciente del caso realizado por el estadounidense Departamento de Salud y Recursos Humanos concluyó que 71 personas inoculadas con sífilis murieron, aunque no relaciona directamente su fallecimiento con la inoculación.

Pop señaló que la búsqueda de resarcimientos y apoyos económicos "es la típica actitud de países pobres, aunque la dignidad colectiva de nuestros pueblos debe ir más allá, lo cual no tiene por qué afectar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Guatemala".

Otros creen que el resarcimiento para el país es muy importante.

Víctor Manuel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Poder Legislativo, dijo a IPS que incluso Estados Unidos podría contribuir al país con Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de guatemaltecos que viven ilegalmente en ese país.

"Debe haber una consideración de los Estados Unidos para el país y un resarcimiento u otro beneficio para los guatemaltecos que trabajan en ese país pues mucha gente así lo desea. Esa sería una buena alternativa para ellos y para nuestro país", dijo.

Además, el congresista anunció que solicitará al Organismo Ejecutivo --Consejo de ministros-- que les permita integrarse a la comisión que investigará estos ensayos para aclarar lo ocurrido, pues esto "marca una invasión a nuestra dignidad nacional".

Para iniciar la investigación el presidente Colom solicitó a Estados Unidos toda la información relacionada con el caso.

"Se ha pedido oficialmente toda la información, pero todavía está en la universidad donde descubrieron los archivos", dijo el miércoles el mandatario guatemalteco, quien calificó el experimento como "un crimen de lesa humanidad".

Carlos Mejía, presidente del Colegio de Médicos de Guatemala e integrante de la comisión investigadora, dijo que este es un hecho similar al protagonizado por el nazismo durante la Segunda Guerra mundial.

Por ello analizarán la información disponible del caso en Guatemala y en Estados Unidos para lograr determinar qué fue lo que ocurrió y quiénes son los responsables.

Mientras tanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de un anuncio pagado en la prensa nacional, pidió el miércoles a los sobrevivientes de los ensayos o a sus familiares que acudan a la institución para darles apoyo legal para iniciar demandas y reparaciones.

El ex canciller guatemalteco Gabriel Orellana dijo a IPS que antes de demandar al gobierno de los Estados Unidos y exigirle un resarcimiento se debe saber cuál fue la participación que tuvieron las autoridades guatemaltecas de turno cuando ocurrió el experimento. El presidente del país en ese entonces era Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951).

"Estamos dando por sentado que fue un abuso lo que se hizo, pero no sabemos si fue con la bendición del gobierno de Guatemala", sostuvo.

"Imagínese que el gobierno de Guatemala hubiera dado su visto bueno, con qué legitimación vamos a reclamar", sostuvo.

Al abogado guatemalteco le parece "sospechoso" que ni la Procuraduría de los Derechos Humanos ni el Ministerio Público formen parte de la comisión investigadora del caso, "lo cual le resta beligerancia al tema", concluyó.

El cobayo busca justicia
Danilo Valladares, IPS, 9 de octubre de 2010

Mujeres campesinas, pobres y quechua hablantes de la provincia peruana de Anta, víctimas del programa de esterilización compulsiva de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000, vuelven a buscar la esquiva justicia con una nueva demanda contra los responsables del plan.

El 26 de mayo de 2009, el fiscal a cargo de Derechos Humanos, Jaime Schwartz, archivó un caso contra cuatro ex ministros de Salud del régimen de Fujimori (1990-2000) con el alegato de que las imputaciones habían prescrito, al considerar que los posibles delitos eran contra la vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo.

La parte acusadora, en cambio, había pedido juzgar a los acusados por un delito de genocidio y tortura. El Ministerio Público (fiscalía) ratificó le decisión de Schwartz, pese a la queja interpuesta por las víctimas y las organizaciones humanitarias que las asesoran legalmente.

Ahora, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta, una provincia andina del sureño departamento de Cusco, decidió poner nuevo cerco a la impunidad y presentar una nueva demanda, con una estrategia diferente, contra los responsables de la política de planificación familiar del último cuatrienio de Fujimori.

La asociación congrega a un centenar de campesinas que documentaron con sus testimonios lo que se escondió tras el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que impuso a la fuerza y con engaños el ex mandatario mientras lo presentaba como un plan contra la pobreza.

"Recuerdo perfectamente el día que me esterilizaron contra mi voluntad porque lo que me hicieron me hace sufrir hasta el día de hoy", contó Sabina Huilca. "Ese día fue el 24 de agosto de 1996", dijo intentando parecer neutra.

Ella va a ser una de las víctimas que testificará ante las autoridades para que los autores y ejecutores del programa sean sancionados. "Después de haber dado a luz a mi cuarta hija, me fui al centro de salud de Izcuchaca donde, luego de recibir la atención del médico, me dijo que ya no tuviera más hijos y que me hiciera el AQV (anticoncepción quirúrgica voluntaria)", detalló.

"Le dije que no. Tonta, me decía, vas a tener más hijos y no podrías criarlos", le insistió, y mientras reposaba en una cama, una enfermera le aplicó una inyección "que no sabía ni me dijeron que era anestesia". "Cuando desperté tenía los pies y las manos atadas con vendas en la cama. Estaba inmovilizada. Pude ver que me estaban cosiendo los últimos puntos. ¡Qué me han hecho!", grité. "Ya vamos a terminar, me dijo el médico. Y me puse a llorar. ¡Yo no quiero, yo no quiero!, grité desesperada. Pero el daño ya estaba hecho", narró Huillca, que entonces tenía 28 años y ahora 41.

"Nada personal", un reporte realizado por la abogada Giulia Tamayo, por encargo de la sección peruana del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), desveló en 1998 lo compulsivo del plan. La investigación documentó por primera vez la sistemática y progresiva práctica de esterilización que afectaba especialmente a mujeres pobres, indígenas y campesinas.

Las revelaciones provocaron amenazas del gobierno contra Tamayo, que debió abandonar el país y residenciarse en España, de donde ha llegado ahora para asesorar a la asociación de Anta en la nueva demanda. El propio Estado reconoció que bajo el plan se realizaron 300.000 esterilizaciones, de las cuales la Defensoría del Pueblo documentó con base en denuncias 2.074 casos forzados. "Las estructuras de poder que protegieron a los autores de los hechos criminales siguen vigentes y en consecuencia eso les garantiza impunidad hasta el día de hoy, lo que implica una continuidad de la vulneración de los derechos de las mujeres afectadas por las esterilizaciones masivas y compulsivas", explicó Tamayo.

En 2003, el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un acuerdo amistoso sobre el caso de la campesina Mamérita Mestanza, fallecida en 1998 tras practicarle una esterilización no consentida. El Estado aceptó su responsabilidad, reconoció los abusos perpetrados en la ejecución del programa de planificación familiar y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables, además de de medidas de reparación para la familia de Mestanza.

Pero el Ministerio Público dio largas a la investigación hasta su archivo definitivo en 2009. Eso permitió, por ejemplo, que uno de los acusados, Alejandro Aguinaga, ex ministro de Salud y médico personal de Fujimori, fuese electo como legislador del unicameral Congreso nacional en 2006, y desde julio sea su vicepresidente.

Fujimori cumple actualmente penas de hasta 25 años, por varias condenas por delitos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.

El incumplimiento de la solución amistosa por el Estado "prolonga el dolor de miles de mujeres afectadas, porque los acusados continúan con sus actividades como personas respetables cuando en realidad deben responder ante la justicia", dijo Tamayo. "Esta vez se demandará individualmente a los autores de los hechos por delitos de lesa humanidad y tortura", explicó.

La demanda a cada presunto responsable del plan también será "por crímenes de guerra porque la esterilización compulsiva se impuso en el contexto de la guerra interna (1980-2000), recurriendo a las Fuerzas Armadas para imponer la amenaza y el miedo", dijo la abogada. La tipificación de crímenes internacionales permitirá que "otro país pueda aplicar justicia, en el caso de que los acusados sigan recibiendo la protección del Estado", dijo la activista humanitaria.

"La CIDH ya ha señalado la responsabilidad internacional por la esterilización forzada", puntualizó Tamayo. Explicó que la demanda la presentan las víctimas de Anta, porque allí "la esterilización se produjo casa por casa, las autoridades de Salud de la zona fueron obligadas a cumplir con ‘cuotas’ de mujeres intervenidas y las afectadas pertenecían a una misma comunidad indígena". Eso significa, dijo Tamayo, "que quienes diseñaron este programa definieron su objetivo con abominable precisión".

Una de las primeras en abanderar la lucha contra las esterilizaciones forzadas y por justicia fue la ahora famosa legisladora quechua hablante Hilaria Supa, originaria de Anta y una de cuyas hijas es víctima del programa. "Desde que me operaron hasta el día de hoy sigo sufriendo por lo que me hicieron a la fuerza", relató Huillca, residente de la comunidad campesina de Huayllaccocha, donde se registraron varios casos similares. "Dañaron mi condición de mujer. Desde entonces no pude cargar a mis hijos que eran pequeños, tampoco puedo realizar labores de campo, que es de lo que vivimos, y mucho menos estoy en condiciones de cocinar porque me vienen dolores horribles", detalló al contar consecuencias poco conocidas de lo que soportan las víctimas.

"Tengo dificultades para caminar, mi vida es un sufrimiento. Además, en la comunidad me tratan como una disminuida, porque en el pueblo una mujer que no trabaja se ve muy mal", siguió su recuento, ya sin poder ocultar la tristeza en que vive. "Lo peor de todo que uno de los médicos que me hizo daño para toda la vida sigue trabajando en la misma posta médica (ambulatorio) de Izcuchaca", continuó. "Cada vez que lo veo, me lleno de cólera porque a él no le sucede nada", reconoció.

Otra vez, esterilizadas forzadas intentan justicia en Perú
Ángel Páez, octubre de 2010

Experimentar con niños del Tercer Mundo para curar a los que viven en el primero. Esto es lo que cada año realizan centenares de farmacéuticas estadounidenses, según un informe publicado por la Universidad de Duke en el que se denuncia que al menos un tercio de los medicamentos infantiles comercializados en Estados Unidos son probados antes en países subdesarrollados, fundamentalmente africanos.

En la Asociación de Farmacéuticas e Investigadores de EE.UU. se defienden alegando que incluso en el Tercer Mundo las pruebas de fármacos en niños están sometidas a estrictos protocolos: «Todos nuestros ensayos clínicos cumplen con las premisas legales exigidas, independientemente de dónde se desarrollen», dice Mark Grayson, portavoz de la organización.

Entre los requisitos que se exigen antes de autorizar un ensayo clínico se cuentan la elaboración de un informe ético local y la firma de un consentimiento de los participantes, o de sus padres si los pacientes son menores de edad. Sin embargo, estas premisas no siempre se cumplen fuera de la frontera americana.

Tal y como explica Nabeel Ghayu, farmacéutico paquistaní y profesor en la Universidad de Hamilton, «conseguir el visto bueno de las autoridades locales es extremadamente fácil en estos países, donde hay corrupción y casi todo el mundo está dispuesto a firmar lo que sea por un puñado de dólares».

Por otro lado, la falta de formación de los participantes en las pruebas suele acarrear problemas de comunicación. Por ejemplo, muchos pacientes tratados con placebos creen en realidad que reciben medicación.

Otro de los grandes problemas de los ensayos clínicos en países subdesarrollados se produce al publicarse los resultados del estudio. Es entonces cuando, en muchos casos, las farmacéuticas abandonan a su suerte a los pacientes, que no suelen tener acceso al medicamento que ayudaron a desarrollar, ya que probablemente no se comercialice en su país.

Para tratar de arrojar algo de luz sobre estas practicas, el informe de la Universidad de Duke propone que se aumente el numero de estudios que son publicados anualmente, ya que, en la actualidad, menos de la mitad de estos ensayos difunden públicamente los resultados, sobre los que suele haber un profundo oscurantismo.

Un tercio de los medicamentos se prueban en niños africanos
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La Operación Ranch Hand desarrollada por el ejército estadounidense en la guerra de Vietnam, consistió en el vertido aéreo de millones de litros de diferentes herbicidas altamente tóxicos, entre los que destacó por su elevado contenido cancerígeno el "agente naranja". Estos herbicidas fueron fabricados y suministrados al ejército de los Estados Unidos principalmente por la compañía Monsanto.

Las tóxinas altamente cancerígenas del "agente naranja" provocaron una tragedia sin precedentes en la historia de la humanidad. Una tragedia cuyas secuelas se han extendido, entre la población vietnamita, durante más de 40 años, hasta la actualidad.

Se estima que actualmente hay 3 millones de personas afectadas por el "agente naranja" que padecen malformaciones o diferentes tipos de enfermedades y que en su inmensa mayoría no llegaron a conocer la guerra.

Este gravísimo crimen de guerra (aún sin juzgar) constituye un clarísimo ejemplo de los extremos de barbarie a los que es capaz de llegar el capitalismo en su última fase, el imperialismo.

El proyecto SHAD (Project Shipboard Hazard and Defense) formó parte de un proyecto mucho más amplio denominado proyecto 112, que se inició en 1962, durante la administración Kennedy. Este proyecto fue desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos de Armas Biológicas y Químicas.

Aunque el proyecto SHAD no fue firmado directamente por Kennedy, sí lo fue por su Secretario de Defensa, Robert McNamara.

La explicación oficial del Proyecto SHAD fue que se llevó a cabo "para identificar las vulnerabilidades de los buques de guerra estadounidenses a posibles ataques con agentes de guerra biológica o química y para desarrollar procedimientos para responder a tales ataques, manteniendo las capacidades bélicas".

Inicialmente, se proyectaron 134 pruebas, pero sólo se completaron 46. En estas pruebas, se rociaron agentes químicos y biológicos, sobre el personal militar de la marina estadounidense, que durante todo el tiempo que estuvieron sometidos a este experimento, no tuvieron conocimiento del mismo. En el experimento se incluyeron agentes nerviosos como el gas nervioso VX, el gas Tabún, Sarín, Soman, y agentes químicos como el sulfuro de cinc, sulfuro de cadmio y QNB. Los agentes biológicos utilizados fueron globigii Bacillus, Coxiella burnetii (causante de la fiebre Q), y Francisella tularensis (que causa la tularemia o "fiebre de los conejos").

Las primeras revelaciones sobre Proyecto SHAD fueron expuestos por el periodista de investigación Eric Longabardi. Sus investigaciones dieron lugar a una serie de reportajes de investigación producidos por él, que fueron difundidas en un noticiero de la CBS de mayo de 2000. Después de la emisión de estos reportajes, el Pentágono y la Administración de Veteranos abrieron sus propias investigaciones.

Hoy el Departamento de Defensa admite que probó el agente nervo-mortal Sarin, conocido como VX, y toxinas biológicas en el personal militar americano. En el presente, 12 de las operaciones han sido parcialmente desclasificadas, pero la información entregada es muy limitada. Se ha notificado sólo a aproximadamente 600 veteranos, de las decenas de miles que fueron expuestos a agentes de guerra, que podrían estar padeciendo efectos peligrosos relacionados con tales experimentos.

Un estudio del Departamento Americano de Veteranos completado en septiembre de 2001, pero que nunca fue entregado al público o a los veteranos afectados, sugiere que los Veteranos que participaron en el "Proyecto SHAD" pueden estar en alto riesgo de sufrir enfermedades cerebro vasculares y respiratorias y que tendrían tres veces más probabilidades de morir de enfermedades del cerebro, respiratorias y vasculares que la población general.

Steve Robinson, el director ejecutivo del National Gulf War Resorse Center, dijo: "Estos veteranos podrían estar muriendo en una proporción tres veces mayor que la población general por enfermedades que podrían relacionarse a su servicio militar".

Joder, si es que estamos rodeados de nazis...que asco de sociedad...

Chile esterilizó a mujeres con VIH
IPS, 22 de octubre de 2010
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Cuando Francisca llegó al hospital de Curicó, en la central región chilena de Maule, para dar a luz a su primer hijo, no imaginó que ése sería el único que tendría.

Cuando se estaba recuperando del parto, entró una enfermera a la sala. "Después de preguntarme cómo me sentía, me dijo que me habían esterilizado y que ya no podría tener más hijos", recuerda en un informe presentado el jueves por el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, y la organización no gubernamental chilena Vivo Positivo. Eso ocurrió en 2002. Francisca (nombre ficticio) tenía entonces 20 años y, junto con su esposo, quería tener más hijos. Pero, según el informe, el cirujano que la atendió la esterilizó durante la cesárea, sin pedirle permiso, por ser VIH positiva. "Me trataron como si fuera menos que una persona", dijo la mujer. "No fue mi decisión poner fin a mi fertilidad; me la quitaron".

La historia de Francisca no es un hecho aislado, dijo Suzannah Phillips, una de las autoras del informe, que documenta casos de tratos discriminatorios a madres con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida). El informe, titulado "Dignity Denied" (Dignidad negada), señala que las esterilizaciones forzadas a mujeres VIH positivas en Chile eran habituales antes de 2000, cuando se revisaron sus leyes sanitarias para incluir el concepto de "consentimiento informado". Éste consiste en un proceso de comunicación por el cual los pacientes autorizan voluntariamente un tratamiento luego de haber sido asesorados adecuadamente sobre todas las opciones posibles.

Pero la práctica continuó: en un estudio de Vivo Positivo de 2004, 29 por ciento de las participantes -mujeres seropositivas- dijeron que sus proveedores de servicios de salud las presionaron para esterilizarse, mientras que 12,9 por ciento dijeron haber sido esterilizadas sin mediar su consentimiento.

Vasili Deliyanis, coordinador ejecutivo de Vivo Positivo, dijo a IPS que, por un lado, Chile "es uno de los países que más ha bajado la tasa de nacimientos de bebés seropositivos", gracias a la aplicación de un protocolo sobre transmisión vertical. Pero, por otro, las chilenas con VIH siguen siendo discriminadas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, aseveró.

Para María Eugenia Calvin, de la no gubernamental Fundación Educación Popular en Salud (EPES), las esterilizaciones sin consentimiento son sólo la expresión más grave de un problema más profundo. En Chile "no hay programas específicos dirigidos a las mujeres que viven con VIH en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos", planteó la asistente social, coautora de varias investigaciones sobre el tema.

Pese a que la normativa de salud en Chile incorpora el enfoque de género y de derechos, y que la atención de las personas viviendo con VIH es buena en el país, "hay limitaciones en el abordaje" de la realidad particular de estas mujeres, enfatizó Calvin. Ellas no están incluidas, por ejemplo, en las orientaciones del Ministerio de Salud sobre atención humanizada del parto, planteó, lo cual se hace necesario debido a las diversas restricciones que sufren en este proceso, como no poder amamantar al recién nacido.

En el marco de un estudio sobre violencia contra las mujeres y feminización del VIH/sida, publicado en 2009, EPES entrevistó a 102 chilenas viviendo con esta enfermedad. Algunas de ellas contaron experiencias de esterilizaciones sin consentimiento y de presiones del personal de salud para realizarse el procedimiento, aseguró Calvin.

Calvin también llamó la atención sobre la falta de programas de prevención del VIH/sida orientado a las mujeres, señalando que las campañas nacionales contra esta enfermedad aún se concentran en los hombres que tienen sexo con hombres.

Aunque el informe "Dignity Denied" se centra en Chile, Phillips dijo a IPS que los 27 casos que incluye son representativos de una tendencia mundial que "probablemente surgió en la última década".

Desde el estudio de 2004, madres seropositivas a las que esterilizaron por la fuerza presentaron demandas en República Dominicana, México, Namibia, Sudáfrica y Venezuela. Phillips dijo a IPS que estas prácticas discriminatorias también son comunes en partes de Europa oriental y Asia. Pero a causa del estigma que rodea al VIH/sida y al temor a represalias, las mujeres suelen ser reticentes a relatar esos maltratos. A consecuencia, "es difícil obtener datos estadísticos para saber realmente cuán generalizado es el fenómeno", dijo Phillips. "Las esterilizaciones forzadas no sólo son una violación fundamental a los derechos reproductivos de una mujer; tienen pocos beneficios en términos de prevención del VIH", señala en el reporte Yakin Ertürk, ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer.

Durante el primer año posterior al nacimiento de su hijo, Francisca no dijo nada sobre su esterilización forzada, señaló Phillips. Sólo cuando Vivo Positivo la contactó en una clínica donde recibía tratamiento antirretroviral empezó a saber más sobre sus derechos reproductivos y finalmente compartió su experiencia.

Phillips explicó a IPS que ella y sus coautores hallaron una "rampante" falta de concientización e información errónea en Chile, aún entre los propios profesionales de la salud, que no cuentan con la formación necesaria para tratar a pacientes seropositivos. Casos documentados en el informe revelan que algunos médicos y enfermeros incluso estaban mal informados sobre las vías de transmisión del VIH.

En cuanto a Francisca, en 2007 demandó al hospital de Curicó en un tribunal local, con la ayuda de Vivo Positivo. Al verano austral siguiente, la rechazaron sin posibilidad de apelar. Ahora, su caso, presentado contra Chile por el Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo, está pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

y hablar del SIDA que tanto daño hase al mundo.
es casi peor que una querra termonuclear.

Que raro. (Sarcasmo)

Abogados que representan a miles de guatemaltecos que fueron afectados por los experimentos de sífilis realizados por Estados Unidos hace décadas demandarán a las más altas autoridades federales de salud a menos que se llegue a un arreglo fuera de los tribunales para compensar las reclamaciones de las víctimas o sus supervivientes.

La decisión llegó después de las revelaciones que se hicieron el año pasado acerca de que científicos estadounidenses, para estudiar los efectos de la penicilina en la década de 1940, deliberadamente infectaron a unos 700 guatemaltecos, entre ellos presos, enfermos mentales, soldados y huérfanos, algunos incluso de seis años de edad, de acuerdo con los abogados. Ninguno fue informado o dio su consentimiento.

El equipo estadounidense convenció a las autoridades de los orfanatos y prisiones de cooperar a cambio de darles artículos como refrigeradores y medicinas difíciles de conseguir para la malaria y la epilepsia. Otros individuos recibieron cigarros a cambio y, en el caso de los prisioneros, se emplearon prostitutas infectadas para exponerlos a la enfermedad, de acuerdo con documentos del tribunal.

Dos despachos de abogados informaron en una carta enviada al secretario de justicia Eric Holder que la demanda, que podría convertirse en una acción colectiva, será interpuesta en un tribunal federal en Washington a menos que el gobierno del presidente Barack Obama responda positivamente a la oferta de acuerdo para el viernes.

"Hemos decidido crear una oportunidad para ver si podemos arreglar los asuntos presentados en esta trágica situación sin involucrar el proceso judicial", destacó la carta de los abogados Andrés Alonso y Terrence Collingsworth.

Los experimentos en guatemaltecos se realizaron de 1946 a 1948 y fueron financiados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Su existencia se mantuvo en secreto por décadas hasta que la historiadora médica del Colegio Wellesley descubrió los archivos en 2009.

Estados Unidos ha estado involucrado en otros estudios médicos infames con humanos. El más notorio fue la investigación de Tuskegee sobre sífilis en 600 hombres de raza negra en Alabama que fueron estudiados sin recibir tratamiento alguno. El médico en ese estudio, el doctor John Cutler, también estuvo involucrado en la investigación guatemalteca.

Los Archivos Nacionales de Estados Unidos acaban de publicar en internet los documentos relacionados con el contagio de sífilis y gonorrea provocado en la década de 1940 a guatemaltecos por parte de científicos estadounidenses.

Los documentos, disponibles en la página web de los Archivos Nacionales y en sus instalaciones en Atlanta (Georgia), fueron elaborados por el doctor John C. Cutler, quien lideró el estudio bajo el control del Servicio de Salud Pública estadounidense.

La colección, donada por el propio Cutler en 1990 a la Universidad de Pittsburgh (Pensilvania), incluye alrededor de 12.000 páginas de informes, fotografías, cartas e historiales médicos de pacientes.

Entre ellos, sin embargo, no hay ningún informe final que detalle las conclusiones del experimento, que trataba de determinar si la penicilina, utilizada para curar la sífilis, podía, además, prevenir que la enfermedad se extendiera por el organismo en las primeras etapas del contagio.

Para ello, se infectó con el virus a 696 personas -la mayoría de ellos presos y pacientes de instituciones mentales- a través de visitas de prostitutas que tenían la enfermedad, por inoculación directa en su órgano sexual, o incluso mediante inyecciones en la médula espinal.

Los documentos de Cutler sí apuntan, según quienes los han revisado, que fue un funcionario de salud guatemalteco quien propuso que el estudio lo condujeran doctores estadounidenses, aunque no aclaran si lo hizo con pleno conocimiento sobre lo que implicaban los experimentos.

Cuando la historia salió a la luz, el pasado octubre, los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH) ya indicaron que hubo "algún tipo de complicidad" por parte del Gobierno del presidente guatemalteco Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951), pero hasta el momento no había ninguna muestra de su implicación.

Los datos personales y cuadros médicos de los pacientes contenidos en los documentos, rescatados en octubre por la investigadora Susan Reverby, permiten determinar que hubo al menos una víctima mortal, fallecida por un ataque epiléptico.

La revelación de Reverby provocó en su momento sendas llamadas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, al mandatario de Guatemala, Álvaro Colom, para disculparse por el estudio desarrollado entre 1946 y 1948.

Ese mea culpa y las dos investigaciones sobre los hechos abiertas por el Gobierno estadounidense no impidieron que centenares de guatemaltecos presentaran este mes una demanda en Washington en contra del Gobierno, para lograr una indemnización en nombre de los afectados.

¿Qué impresión le hubiera causado, amigo lector, escuchar a un funcionario alemán, declarar que: "Los estudios médicos realizados por el Dr. Mengele sobre prisioneros de los campos de concentración eran claramente poco éticos"?... Pues bien, ante hechos que guardan un terrible paralelismo, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton declaró: "El estudio de la inoculación de esta enfermedad de transmisión sexual llevado a cabo desde 1946 hasta 1948 en Guatemala era claramente poco ético".

Kathleen Sebelius, Secretaria de Salud, con un cinismo a toda prueba agregó "Aunque estos eventos se han producido allí hace más de sesenta y cuatro años, estamos indignados que la mala conducta de investigación también se haya llevado a cabo en nombre de la salud pública. Lamentamos profundamente lo ocurrido y se presenta una disculpa a todos aquellos que han sido afectados por esas prácticas odiosas".

A conductas criminales, iguales a las que inspiraron a los juristas del mundo para tipificar el concepto de “crímenes de lesa humanidad”, las funcionarias norteamericanas las denominan “estudios médicos” [Hillary Clinton] o “mala conducta de investigación” [Kathleen Sebelius], aunque es de caballeros reconocer que en un notable esfuerzo de humanidad una de ellas se animó a calificarlas como “prácticas odiosas” [Kathleen Sebelius].

Para profundizar en el nefasto paralelismo, ¿Qué pensaría Usted, amigo lector, si un funcionario alemán declarara que: “Aunque los eventos ocurridos en los laboratorios del Dr. Menguele se han producido allí hace más de 70 años [todavía hace más tiempo] estamos indignados que esta mala conducta de investigación se haya llevado en nombre de la ciencia”?

Por último, amigo lector ¿Cree que a las víctimas con las que Mengele experimentó en los campos de concentración nazis, les hubiera bastado que el hipotético funcionario alemán les presentara una disculpa?

Vamos a los acontecimientos que motivan estas reflexiones:

Susan Reverby, investigadora del Wellesley College, estaba realizando una investigación sobre los hechos de Tuskegee [un experimento realizado por el servicio de salud de Estados Unidos entre 1932 1972], sobre sífilis no tratada en varones negros, analfabetos y que ignoraban los hechos].

Al revisar los archivos de la Universidad de Pittsburg, por casualidad encontró la documentación que consignaba la existencia de experimentos sobre seres humanos, realizados por un médico estadounidense, perteneciente al Servicio Público de Salud, llamado John Cutler en Guatemala.

Susan Reverby, [que ha escrito sobre Tuskegee], impresionada con los hechos comenzó a redactar un informe sobre este nuevo caso. Por un error en el sitio de Internet de la investigadora, la historia fue conocida, aunque el informe completo, según la autora, lo será el año 2011.

En julio de 2010, “se enteró” de los hechos el gobierno de Barack Obama y decidió hacer su propia investigación [sin la participación de Susan Reverby] y de sus resultados surgió la decisión de comunicarse con el Gobierno de Guatemala y el 1 de octubre ocurrieron las extrañas disculpas y declaraciones de sus funcionarias Hillary Clinton y Kathleen Sebelius. Todo “políticamente correcto” y dentro de los rangos de tolerancia humanitaria de la actual administración norteamericana.

¿Qué hizo John Cutler y su equipo? Utilizó en Guatemala, como conejillos de indias a: enfermos mentales, prisioneros, soldados y prostitutas.

En una primera fase se inoculó con sífilis, chancroide y gonorrea a prostitutas [sin su consentimiento] para utilizarlas como vía de contagio de otras personas. De esta forma promovieron que presos, soldados y enfermos mentales tengan relaciones sexuales en cárceles, cuarteles y manicomios. Como la cantidad de enfermos obtenida no era suficiente para el “experimento” [los síntomas no siempre aparecen en igual período en distintas personas], se decidió en una segunda fase infectar en forma directa [inoculando los microorganismos en la sangre] a la muestra humana elegida.

Entre 700 y 1000 personas fueron incluidas sin su consentimiento en este experimento en el que se probó la eficacia de la penicilina para combatir la enfermedad y según los propios registros encontrados con distintos niveles de eficacia.

No todos los infectados se curaron. ¿Se pondrán a la luz pública los archivos encontrados? ¿Podrá Susan Reverby publicar en forma íntegra su informe en 2011?

El Presidente guatemalteco Alvaro Colom declaró a la prensa: "Lo que pasó en ese momento es un crimen contra la humanidad y el gobierno se reserva el derecho a quejarse", luego que la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, le informara del caso.

El hecho criminal, que involucra la participación del Servicio de Salud Federal de los Estados Unidos, la Oficina de la Organización Panamericana de Salud y el propio Gobierno de Guatemala de aquel entonces [satélite de Washington], es una triste demostración de la unilateralidad, parcialidad y selectividad con que se evalúan conductas similares, pero igual de perversas y delictivas.

El Dr. John Charles Cutler [el Mengele norteamericano] que había nacido en el 29 de junio de 1915, falleció luego de una larga vida, protegida por el silencio cómplice de las distintas administraciones el 8 de febrero de 2003. Luego de su aventura guatemalteca, estuvo involucrado en experimentos en 1954 en la prisión se Sing Sing y en los aberrantes hechos de Tuskegee, aunque en este caso hubo varios “investigadores” involucrados.
En Tuskeegee, cuando ya la penicilina era el tratamiento para la sífilis, se infectaron a personas [negros, analfabetos y que no conocían lo que les estaban haciendo], pero no las trataron con penicilina. Los científicos del experimento, ocultaron la información sobre la penicilina para continuar estudiando cómo la enfermedad se diseminaba y acababa provocando la muerte. El experimento terminó recién en 1972 y se ocultó por varios años. En 1997 fue otro Clinton [Bill] y esposo de la actual Secretaria de Estado quien pidió a las víctimas y sus familiares, elegantes disculpas. Se estima que de los 299 casos encontrados, 28 murieron de sífilis y otros 100 de complicaciones médicas relacionadas.

En 1967, John Cutler fue nombrado profesor de salud internacional en la Universidad de Pittsburgh, donde también se desempeñó como presidente del departamento de administración de la salud y decano interino de la Escuela Graduada de Salud Pública en 1968-1969. Murió el 8 de febrero de 2003 en Western Pennsylvania Hospital de Pittsburgh.

De acuerdo con estos hechos, si el tristemente célebre Joseph Mengele hubiera emigrado en 1940 a los Estados Unidos: ¿Habría encontrado la “comprensión” necesaria para el desarrollo de sus experimentos y un reconocimiento académico análogo al que la Universidad de Pittsburgh le dispensó a John Cutler?

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Me he quedado estrupefacto al oir esta noticia.Investige y me quede mucho mas helado.

Luego dicen que los EEUU es la cuna de la libertad.

Manga de fascistas