screencore escribió:ya vimos que pachito santos le puso peros al asunto discutiendo que ellos auque se tomaban como mártires también tenían cuadros militares que asesinaban a los "inocentes" desmovilizados del epl (de inocentes no tienen nada ya que ellos mismos después de su desmivilización militaron junto a los paramilitares) entonces ahora cabe preguntarse ¿la UP tiene oportunidad si desde antes de efectuarse una posición en en ente político ya esta siendo juzgada? es triste pero no todas las noticias son buenas ahora hay que ver que rumbo toma y si decide continuar con procesos que ya estamos consolidando o hace como tradicionalmente la izquierda en Colombia de irse por su lado , me gustaría que se vinculara a Marcha patriotica tal como lo ha hecho incluso el Partido Comunista Colombiano
Desconozco la complejidad de la situación de Colombia y menos de lo que es la UP.Sin embargo este artículo me ha parecido interesante.¿es así?
http://www.monde-diplomatique.es/?url=mostrar%2FpagLibre%2F%3Fnodo%3D6f7ad542-b680-4818-bcad-4f790c9c6c9a
En mayo de 1985, en el marco de las negociaciones que intentaban consensuar una solución al conflicto armado que todavía hoy padece Colombia, nacía la Unión Patriótica. La exterminación de miembros de este partido de oposición atrae la atención sobre una de las causas que explican la duración y la crueldad de esta interminable tragedia: un contexto de democracia formal que esconde sofisticadas técnicas de eliminación de opositores.
Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz*
* Investigadores en derechos humanos y derecho humanitario. Miembros de la Fundación “Manuel Cepeda-Vargas”.
El 28 de marzo de 1984, bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur-Cuartas, fueron firmados los Acuerdos de la Uribe entre los representantes del Estado y la dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En aquel pacto se explicitaba el compromiso del Gobierno para promover reformas políticas, sociales y económicas, así como la condena del grupo guerrillero al secuestro y al terrorismo, y su voluntad para contribuir a poner fin a esta clase de prácticas. Los Acuerdos de la Uribe consagraron, adicionalmente, que pasado un año del comienzo de la negociación de paz, se deberían generar condiciones propicias para que el grupo guerrillero pudiera organizarse política, económica y socialmente. Este punto particular de los acuerdos dio lugar al surgimiento del movimiento político Unión Patriótica, en mayo de 1985, un año después del comienzo de la negociación.
En el plano internacional se conoce poco acerca de la criminalidad sistemática que se ha practicado, y se practica, en Colombia contra los movimientos de oposición política. Dicha persecución sistemática se ejerce, abierta o soterradamente, por parte de sectores del poder estatal a través de las Fuerzas Militares, los cuerpos de seguridad o en complicidad con grupos paramilitares. La invisibilidad de la autoría estatal en estos hechos de violencia se ha logrado gracias a eficaces estrategias de impunidad y a la imagen confusa que se presenta del conflicto colombiano en los medios de información. En estas condiciones, los ataques contra vastos sectores de la sociedad colombiana quedan mimetizados en una nebulosa en la que es difícil distinguir si son los grupos ilegales o el narcotráfico los autores de los actos de violencia. Esta situación paradójica –la de un sistema democrático en el que se ejercen sofisticadas técnicas de represión de los opositores– llama la atención sobre la capacidad que tiene el poder para disimular sus arbitrariedades en contextos en los que se ejerce formalmente la democracia.
En Colombia se ha gestado a lo largo del último medio siglo una estructura dual en el uso de la función coercitiva del Estado. Esta estructura combina mecanismos legales con dispositivos ilegales para habilitar un empleo arbitrario y excesivo de la fuerza. Así, dentro del ámbito legal, se adoptan legislaciones (bajo la forma de estados de excepción o de estatutos de seguridad) que habilitan la delegación de funciones de policía judicial en las Fuerzas Militares. La cara oculta de esta estructura la constituyen los dispositivos de guerra sucia: la conformación de grupos paramilitares, la actuación ilegal de miembros del Ejército Nacional mediante operaciones encubiertas de brigadas de inteligencia, las acciones de guerra psicológica, etc.
En la nueva colectividad política decidieron participar sectores que compartían como objetivo común la búsqueda de la reconciliación nacional por medio de transformaciones estructurales de la sociedad. En calidad de formación pluralista de oposición, la UP planteó propuestas innovadoras tras décadas de hegemonía liberal y conservadora en el país. Su programa proponía una apertura hacia formas de democracia más reales y profundas, que incluyeran cambios sociales tendientes a superar la inequidad característica de la sociedad colombiana. Igualmente, proponía la elaboración de una nueva carta constitucional; propuesta que se hizo realidad en 1991 a través de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que redactó la nueva constitución.
La originalidad del proyecto de la UP consistía en que ensayaba el camino de la reconciliación en un proceso de paz que apenas comenzaba a gestarse. Sin embargo, meses después de la presentación pública del nuevo movimiento, diversos actos de violación de los acuerdos condujeron al fracaso de la negociación. La guerrilla se replegó a sus zonas de influencia y en el espacio público quedó la Unión Patriótica. Pese al compromiso estatal de garantizar su actividad política, los primeros homicidios golpean al movimiento a mediados de 1985.
Desde ese entonces, se ha manifestado una intención criminal que ha buscado aniquilar a la UP por medio de una acción claramente articulada y sostenida en el tiempo. Esta acción sistemática ha consistido en la combinación de actos de criminalidad, represión y hostigamiento tendientes a provocar la eliminación total o parcial del grupo opositor. Miles de sus miembros y simpatizantes han sido asesinados en masacres. El 11 de noviembre de 1988, por ejemplo, 40 militantes de la UP fueron asesinados públicamente en la plaza central del municipio de Segovia, Antioquia. Tales homicidios colectivos han ocurrido de manera simultánea, o se han prolongado en el tiempo a través de crímenes individuales dirigidos a destruir núcleos determinados. Así ha sucedido con la persecución de familias enteras, como en el caso de los Cañón-Trujillo, quienes a causa de su militancia política han sufrido, desde 1986, el asesinato de cuatro de sus parientes. También se ha recurrido al método de la desaparición forzosa para eliminar sin dejar rastro a cientos de integrantes del movimiento.
Contra los representantes en las corporaciones públicas y los líderes del grupo se ha empleado el método del asesinato selectivo. De esta forma, dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo-Leal y Bernardo Jaramillo-Ossa, fueron asesinados en 1987 y 1990 respectivamente. En 1994, la UP perdió al último de los miembros de su grupo parlamentario, al ser asesinado el senador Manuel Cepeda-Vargas. Con anterioridad ocho congresistas habían sido víctimas de mortales atentados ocurridos, mayoritariamente, en sus domicilios. Cientos de alcaldes y representantes de los poderes locales han sido eliminados. En ocasiones se han asesinado sucesivamente hasta a cuatro alcaldes del movimiento en una misma localidad. Las sedes de la UP han sufrido los estragos devastadores de más de 30 atentados con explosivos, y también se ha recurrido a silenciar a los testigos, a los sobrevivientes y de los familiares a las víctimas que han exigido justicia.
El resultado de esta multiforme estrategia de persecución ha sido la muerte violenta de más de 3.000 personas y el desplazamiento o exilio forzoso de una cifra indeterminada de la base social de la clase política. Dichas cifras tienen carácter provisional, pues hasta hoy se siguen llevando a cabo actos de ejecución, persecución y amenaza. La gran mayoría de los casos se encuentran en la impunidad total. En un informe especial sobre esta situación, la Oficina del Ombudsman señaló que de los numerosos actos de violencia cometidos contra la UP entre 1985 y 1992, tan sólo en cuatro casos la justicia colombiana había emitido sentencias condenatorias.
Por su parte, el Estado colombiano se ha negado a reconocer su responsabilidad en esta eliminación sistemática. Ha eludido cualquier medida tendiente a asumir que los autores de dichos actos sean miembros de la Fuerza Pública, quienes frecuentemente actúan en compañía de paramilitares. En cambio ha recurrido a múltiples formas de legitimación de la impunidad, alegando que lo acontecido con la UP sería el resultado de “hechos individuales e inconexos” ejecutados por narcotraficantes en venganzas locales o por delincuentes comunes. El esfuerzo oficial de legitimación de la intencionalidad criminal contra el grupo político ha dado lugar a actos de incitación y justificación pública de la violencia ejercida en su contra. Algunos funcionarios estatales han sostenido que, en última instancia, lo ocurrido sería la “suerte previsible” para un movimiento político fruto de acuerdos con la guerrilla. De igual forma, han buscado minimizar la proporción de las masacres cometidas diciendo que se trata de uno de tantos hechos ocurridos en el contexto de la violencia generalizada en Colombia, cuya explicación sería la natural reacción a las atrocidades que comete la guerrilla. El actual presidente de la República, Álvaro Uribe-Vélez, afirmó, durante la campaña electoral para su elección, que el “error” cometido con la UP es comprensible, pues no es posible querer “combinar la política con los fusiles” (1). El silencio ante la legitimación pública de esta ola de criminalidad por parte de influyentes sectores de la sociedad colombiana –como la alta jerarquía de la Iglesia católica– ha contribuido a que se afiance un ambiente de permisividad generalizada ante la cadena ininterrumpida de actos de violencia.
La campaña de exterminio se ha querido sellar con una medida administrativa en la que se retiraba el estatuto legal para el funcionamiento del grupo de oposición. La instancia encargada en Colombia de tales decisiones, el Consejo Nacional Electoral, justificó la medida afirmando que la UP “no reunía el número de sufragios electorales necesarios” para la renovación de su personalidad jurídica. Esta medida, además de constituir un impedimento legal para la actividad pública de los sobrevivientes del movimiento, tiene un alto significado simbólico: después de la destrucción física del grupo político por parte del poder estatal se legaliza su defunción con una decisión oficial.
Los móviles reales de la aniquilación de la oposición política en Colombia provienen de una larga tradición de exclusión del espacio público, y de una arraigada ideología de sectarismo político que se ha practicado históricamente. En el transcurso del último medio siglo, la violencia política ha costado la vida a opositores de diversas vertientes y orígenes. Ya en las décadas de los cuarenta y cincuenta, miles de partidarios y simpatizantes del movimiento de Jorge Eliécer Gaitán –líder del liberalismo popular asesinado en 1948– cayeron víctimas de atentados o masacres ejecutadas por bandas paramilitares promovidas por los gobiernos conservadores (2). Los opositores a la hegemonía de los partidos liberal y conservador, o quienes han sido disidentes en sus filas, han padecido tradicionalmente persecuciones sistemáticas. Estos crímenes se han presentado no sólo en el contexto del conflicto armado, sino en el marco de procesos de negociación o de aplicación de acuerdos de paz. A lo largo de este tipo de procesos en Colombia, ha sido una constante que los portavoces de los grupos armados opositores fueran asesinados, ya fuera durante los períodos de negociación o en el momento de su reinserción en la vida legal.
En vista de la ausencia de garantías para obtener justicia, las víctimas y los sobrevivientes de la UP han recurrido a instancias internacionales y, en particular, a los mecanismos que a estos efectos brinda la Organización de Estados Americanos (OEA). En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido el caso 11.227, en el que examina este proceso de exterminio a solicitud de la Corporación “Reiniciar” y la Comisión Colombiana de Juristas.
Las víctimas y sobrevivientes de la UP han reclamado que se reconozca que lo acontecido tiene el carácter de un genocidio con móviles políticos. La Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio (1948) estipula que solamente se podrá hablar de esta clase de crímenes cuando la acción de destrucción esté dirigida contra grupos de carácter nacional, étnico, racial o religioso. Sin embargo, el debate contemporáneo en el terreno de la doctrina del derecho internacional, y de las ciencias sociales encargadas del estudio de esta forma de violencia extrema, tiende a fortalecer la convicción de que es necesario ampliar el campo de aplicación del concepto de genocidio. Las masacres globales cometidas contra colectividades que se identifican por sus ideas políticas deberían ser entonces incluidas en esta definición.
En 1985, el informe del relator especial para la cuestión del genocidio, Benjamin Whitaker, reconoció la necesidad de que otros grupos (sociales, sexuales, políticos) fueran incluidos a través de la ampliación de la definición que otorga la Convención contra el genocidio. En noviembre de 1998, la Audiencia Nacional española, al revisar su competencia para juzgar a miembros de la Junta Militar argentina, en una decisión unánime, se declaró habilitada para procesar a los militares por el delito de genocidio al intentar eliminar a un grupo en razón de sus convicciones políticas. En dicha sentencia, la Audiencia Nacional acepta que junto a prácticas criminales masivas y sistemáticas, la estrategia de la dictadura militar argentina, entre los años 1976 y 1983, incluyó la eliminación de una o varias colectividades políticas de oposición. La sentencia señala que “lo que caracteriza el genocidio es el exterminio de un grupo por razones raciales, religiosas, políticas u otras”. Y añade que en el presente caso se hizo un intento de “depuración ideológica” de quienes “no cabían en el proyecto de reorganización nacional” (3).
En el marco del sistema regional de protección de derechos humanos, la argumentación que en un primer momento hicieron los asesores jurídicos del Estado colombiano fue que el caso de la UP no podía ser recibido por la Comisión Interamericana, pues se trataba de hechos inconexos de violencia. Por su parte, la CIDH señaló en el informe 5/97 sobre la admisibilidad de este caso que “los peticionarios han presentado argumentos que procuran establecer una práctica de asesinatos políticos en masa y la persecución extrema de los miembros de la Unión Patriótica con la intención de eliminar físicamente al partido y de diluir su fuerza política”. En ese mismo informe, la instancia internacional se pronunció a favor de analizar este caso sobre la base de la existencia de suficientes elementos para determinar una pauta de persecución. Esta línea de acción sistemática haría posible demostrar que los casos de la UP, aparentemente aislados, corresponden a una práctica dirigida de manera concertada. Los sobrevivientes del grupo político han aportado al caso evidencias sobre la existencia de al menos cinco planes de exterminio diseñados desde altas esferas estatales. Los planes de exterminio regional Esmeralda (1988) y Retorno (1993) habrían tenido como objetivo hacer desaparecer varias secciones regionales de la UP. La Operación Cóndor (1985) y los planes Baile Rojo (1986) y Golpe de Gracia (1992) habrían tenido cobertura nacional y habrían estado dirigidos a socavar las estructuras de dirección del movimiento y a asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos para las instituciones públicas (4).
Como resultado de la presión de las víctimas y de los supervivientes, el Código Penal colombiano hoy vigente ha reconocido la figura de genocidio por móviles políticos; crimen atroz que este compendio normativo define como “destruir total o parcialmente un grupo por razones políticas” y ocasionar la muerte a sus miembros por “razón de su pertenencia al mismo” (5).
Actualmente, mientras se desarrolla el proceso ante la CIDH, al conmemorarse veinte años del surgimiento de la UP y tras dos décadas de ataques incesantes en su contra, se discuten los términos de una solución amistosa entre el Gobierno colombiano y las víctimas. Este proceso debe conducir a un eventual acuerdo que honre los derechos a la verdad y a la justicia, o por el contrario, a la continuación del litigio en la instancia internacional, que concluiría muy probablemente con una condena al Estado colombiano.
El 9 de febrero de 2004, el Gobierno Nacional anunció, a través de una declaración del vicepresidente de la República, Francisco Santos, su disposición para avanzar en la búsqueda de una solución amistosa en el caso 11.227 que se lleva a cabo ante la CIDH. En dicha declaración pública, el Gobierno aseveraba que los crímenes masivos cometidos contra la UP constituyen una “página vergonzosa en la historia de nuestro país”. No obstante, después de este reconocimiento público, el Gobierno sigue justificando lo acontecido. Horas después del anuncio oficial del comienzo de la búsqueda de una solución amistosa, el propio Vicepresidente volvía a eludir la responsabilidad estatal en este caso. Ante los medios de comunicación, el funcionario afirmó que los crímenes contra esta formación política de oposición serían obra del narcotráfico que, en un contexto de polarización, habría hecho un ajuste de cuentas con las guerrillas utilizando a los activistas del movimiento como chivos expiatorios.
Los motivos de desconfianza sobre la sinceridad de los propósitos gubernamentales provienen del hecho de que las atrocidades contra la UP se siguen llevando a cabo sin obstáculos. En la política de Seguridad Democrática del actual Gobierno existen elementos que siguen incentivando el exterminio y la persecución judicial de los supervivientes del movimiento. Con el argumento de la acción antiterrorista, muchos de sus activistas han sido arrestados en redadas masivas y mostrados ante las cámaras de televisión como miembros de las organizaciones armadas subversivas. Además, durante el gobierno actual ya van más de 150 casos de activistas de la UP víctimas de homicidios o desapariciones en diversas regiones del país. También se han constatado desplazamientos masivos en zonas donde ejerce aún su influencia la oposición política.
Frente a estas nuevas denuncias no se advierte ninguna acción sustancial del Estado por detener y enjuiciar a quienes organizan las acciones criminales. Por el contrario, se asiste a nuevas formas de vejación contra las víctimas, como ocurrió con Alirio Silva –líder regional de la UP, asesinado el 1 de marzo de 2004 en la región de Putumayo– cuyo cuerpo sin vida fue sometido a una cadena de procedimientos administrativos que incluyeron el impedimento de su traslado a Bogotá hasta que no se le practicara la autopsia con el fin de verificar si no se trataba de un cadáver bomba preparado por la guerrilla para un atentado.
Por otra parte, el gobierno del presidente Uribe ha emprendido un proceso con los grupos paramilitares con el que busca reintegrarlos a la sociedad. Parte de esta política de reinserción es la aprobación de medidas legislativas que garantizan la impunidad y el perdón incondicional de los paramilitares. La adopción de tales beneficios jurídicos implica que varios de los principales autores del genocidio contra la UP queden automáticamente exonerados de toda responsabilidad, y que el proceso de esclarecimiento y reparación de las víctimas se vea seriamente afectado.
El conjunto de actos de terror y violencia perpetrados contra la UP ha constituido un duro golpe para la perspectiva de democratizar la sociedad colombiana. Así mismo, esta persecución sistemática ha fortalecido el miedo a ejercer libremente la oposición, ha sembrado una sensación de escepticismo sobre la viabilidad de practicar la actividad política de manera civilizada, y con ello ha revitalizado permanentemente la convicción de quienes sólo creen en una salida violenta para los problemas del país.
La solución negociada del conflicto armado que padece Colombia desde hace medio siglo pasa, en consecuencia, por un proceso de verdad, justicia y reparación de lo acontecido con un movimiento político que ha explorado el camino de la reconciliación. Para ello se requerirá que cesen las violaciones sistemáticas contra quienes han sobrevivido a este genocidio. Pero además se hará necesario que el Estado colombiano renuncie a la estrategia de presentar medidas minimalistas como auténticos procesos de resarcimiento de las víctimas. Pues sólo con un proceso genuino de reparación que restablezca el proyecto político que fue violentamente coartado podrá lograrse la confianza necesaria para transitar por el camino de la paz en Colombia.
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