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Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya decretado que los despidos impuestos por el ERE a Canal Nou han sido completamente irregulares, unilaterales y de antemano, con variaciones incomprensible en la motivación de los mismo, la Generalitat Valenciana ha anunciado el cierre de la cadena y los trabajadores de la misma han tomado el control de las instalaciones y el contenido. Hoy los consejeros designados por PSOE, EU y Compromis han acudido a tomar las riendas, aprovechado la dimisión de los cinco representantes del PP con la clara intención de acabar con la autogestión de los trabajadores.
La realidad es que estos despidos, al igual que los del ERE de Telemadrid, no están justificados de ninguna de las maneras.
Para empezar, las radiotelevisiones de las comunidades autónomas, e incluso RTVE, como servicios públicos que son, no deberían responder ante unos principios de rentabilidad. La comunicación es una necesidad para el conjunto de la sociedad y aunque una oferta pública pueda ser “deficitaria” se debe mantener como herramienta de difusión informativa y cultural.
En segundo lugar, el gobierno de Fabra hace un par de meses ha hecho una rebaja total de Impuestos de Actos Jurídicos Documentados sobre empresarios que junto a otra serie de medidas han supuesto el adelgazamiento del presupuesto de la Comunidad Autónoma en ciento de millones de euros, demostrando que siempre se priorizan los intereses de los propietarios de empresas y bancos frente a las necesidades de la mayoría de la población trabajadora.
En tercer lugar, es un despropósito que una entidad pública de este calibre se endeude con entidades privadas. Esto no es sino otra manera de traspasar dinero público a manos privadas. La televisión pública debería financiarse únicamente a través del dinero público. Las aportaciones de entidades privadas deben ser gestionada por los órganos estatales mediante impuestos o negociaciones controladas por el conjunto de la sociedad, debemos evitar que los medios privados establezcan relaciones bilaterales chantajeando a la dirección de las cadenas para influir sobre la línea editorial.
Finalmente, debemos aclarar que esta deuda se debe a la gestión de los diferentes gobiernos del PP valenciano, caracterizados por casos de corrupción y redes clientelares que han llevado a la televisión a acumular 1.200 millones de euros de endeudamiento. Al no existir control sobre los presupuestos de los diferentes gobiernos ni del resto de entidades públicas, pueden hacer lo que les plazca con ese dinero, usándolo descaradamente en reforzar sus posiciones con una línea editorial propia de su partido o beneficiar a sus amigos a través de diferentes negocios más o menos lícitos. La televisión pública es de todos, por lo tanto el control sobre sus contenidos, la elección de su dirección y su financiación debe estar en manos del pueblo.
Nos solidarizamos con los trabajadores del Canal Nou, y aplaudimos su ejemplo al haber tomado el control del medio de comunicación demostrando que una gestión por parte de los trabajadores es posible. Apoyamos abiertamente su lucha y la de todos trabajadores de la comunicación pública que defienden sus puestos de trabajo ante aquellos que quieren destruir ese bien colectivo que deben ser los medios públicos, con un carácter independiente, de calidad y de gestión popular.
A su vez, denunciamos el oportunismo de la oposición de la Comunidad Valenciana, quienes pretenden aprovechar el vacío para tomar las riendas a costa de acabar con esta experiencia de organización.
¡Nou no se cierra!
¡Defendamos la televisión pública!
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Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya decretado que los despidos impuestos por el ERE a Canal Nou han sido completamente irregulares, unilaterales y de antemano, con variaciones incomprensible en la motivación de los mismo, la Generalitat Valenciana ha anunciado el cierre de la cadena y los trabajadores de la misma han tomado el control de las instalaciones y el contenido. Hoy los consejeros designados por PSOE, EU y Compromis han acudido a tomar las riendas, aprovechado la dimisión de los cinco representantes del PP con la clara intención de acabar con la autogestión de los trabajadores.
La realidad es que estos despidos, al igual que los del ERE de Telemadrid, no están justificados de ninguna de las maneras.
Para empezar, las radiotelevisiones de las comunidades autónomas, e incluso RTVE, como servicios públicos que son, no deberían responder ante unos principios de rentabilidad. La comunicación es una necesidad para el conjunto de la sociedad y aunque una oferta pública pueda ser “deficitaria” se debe mantener como herramienta de difusión informativa y cultural.
En segundo lugar, el gobierno de Fabra hace un par de meses ha hecho una rebaja total de Impuestos de Actos Jurídicos Documentados sobre empresarios que junto a otra serie de medidas han supuesto el adelgazamiento del presupuesto de la Comunidad Autónoma en ciento de millones de euros, demostrando que siempre se priorizan los intereses de los propietarios de empresas y bancos frente a las necesidades de la mayoría de la población trabajadora.
En tercer lugar, es un despropósito que una entidad pública de este calibre se endeude con entidades privadas. Esto no es sino otra manera de traspasar dinero público a manos privadas. La televisión pública debería financiarse únicamente a través del dinero público. Las aportaciones de entidades privadas deben ser gestionada por los órganos estatales mediante impuestos o negociaciones controladas por el conjunto de la sociedad, debemos evitar que los medios privados establezcan relaciones bilaterales chantajeando a la dirección de las cadenas para influir sobre la línea editorial.
Finalmente, debemos aclarar que esta deuda se debe a la gestión de los diferentes gobiernos del PP valenciano, caracterizados por casos de corrupción y redes clientelares que han llevado a la televisión a acumular 1.200 millones de euros de endeudamiento. Al no existir control sobre los presupuestos de los diferentes gobiernos ni del resto de entidades públicas, pueden hacer lo que les plazca con ese dinero, usándolo descaradamente en reforzar sus posiciones con una línea editorial propia de su partido o beneficiar a sus amigos a través de diferentes negocios más o menos lícitos. La televisión pública es de todos, por lo tanto el control sobre sus contenidos, la elección de su dirección y su financiación debe estar en manos del pueblo.
Nos solidarizamos con los trabajadores del Canal Nou, y aplaudimos su ejemplo al haber tomado el control del medio de comunicación demostrando que una gestión por parte de los trabajadores es posible. Apoyamos abiertamente su lucha y la de todos trabajadores de la comunicación pública que defienden sus puestos de trabajo ante aquellos que quieren destruir ese bien colectivo que deben ser los medios públicos, con un carácter independiente, de calidad y de gestión popular.
A su vez, denunciamos el oportunismo de la oposición de la Comunidad Valenciana, quienes pretenden aprovechar el vacío para tomar las riendas a costa de acabar con esta experiencia de organización.
¡Nou no se cierra!
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