Si estar recluido en una cárcel fuera un trabajo, en EE.UU. sería uno de los empleos más comunes. En 2012 había aproximadamente 1.570.000 presidiarios en prisiones estatales y federales en ese país, según recientes datos del Departamento de Justicia.
En comparación, para el mismo año se contabilizaron aproximadamente 1.530.000 ingenieros, 815.000 obreros de la construcción y 1 millón de profesores de escuela secundaria, según la Oficina de Estadística del Trabajo.
Hay que aclarar que algunas ocupaciones son mucho más populosas que los reclusos: Más de 4 millones de estadounidenses trabajan en ventas minoristas, y más de 6 millones son meseros. De todos modos, el número de reclusos del Departamento de Justicia no incluye a presidiarios que se encuentran en cárceles de las ciudades y los condados, una cifra difícil de estimar, ya que los condados y las ciudades manejan sus propios archivos y no informan a las autoridades federales, según ‘Huffington Post’.
Aun así, hay casi cinco veces más personas en las cárceles que en 1980, cuando la guerra contra las drogas estaba tan solo empezando. “Casi la mitad de los presidiarios que llenan nuestras prisiones federales son encarcelados por delitos de drogas”, aseguró Raúl Labrador, representante del estado de Idaho, durante una declaración la semana pasada.
Labrador y el representante demócrata Bobby Scott formaron un equipo para introducir una ley destinada a reformar las leyes condenatorias del país. La iniciativa ha sido respaldada por otros representantes de ambos partidos.
“Concederles a los jueces federales más discreción a la hora de condenar los delitos no violentos relacionados con la droga es lo que se debe hacer”, dijo Scott en una declaración. “Los estudios de los mínimos obligatorios concluyen que estos no han reducido el delito, gastan el dinero de los contribuyentes y, a menudo, requieren la imposición de sentencias que violan el sentido común”, agregó.
Las cárceles privadas en EE.UU. y los imigrantes
En su lucha contra la superpoblación de las prisiones estatales, la Administración estadounidense dio permiso a empresas privadas para abrir sus propias instituciones penitenciarias. Se sobrentiende que, a diferencia de las instituciones financiadas con el dinero público, estas cárceles tienen fines de lucro.
Entre los años 1999 y 2001 las cárceles privadas experimentaron dificultades graves y tuvieron que encontrar nuevas fuentes de ingresos para sobrevivir. Y la oportunidad no se hizo esperar: concentraron su atención en la detención de inmigrantes. Tras la adopción en 1996 de la Ley de Responsabilidad para Inmigrantes, que cambió la política de EE.UU. respecto a la inmigración, la cantidad de arrestos se triplicó. Además, después de septiembre de 2001, la detención de inmigrantes se volvió a disparar creando amplias posibilidades para el negocio de las prisiones, que se encargó de recoger a casi la mitad de los inmigrantes arrestados.
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