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Como hemos venido anunciando en otros artículos anteriores, el claro salto cualitativo en la escalada represiva de este gobierno a lo largo del 2013, coincidente como es lógico con una escalada de las movilizaciones sociales y políticas de la oposición en las calles, es uno de los grandes rasgos clarificadores de este gobierno y sin duda, el frente de lucha mas importante en las calles por parte de las fuerzas opositoras al régimen monárquico-fascista actual.
A lo largo del 2013, muchas han sido las duras medidas de este gobierno para aplacar a la movilización social. Toda esta brutal campaña represiva, filón más destacado de lucha para el 2014, viene acompañada de su propia legislación, evidenciada en la Ley Mordaza, la reforma del Código Penal y del Aborto y la Ley de Seguridad Privada.
Esta alarmante escalada represiva, que va a ser probablemente amplificada en futuras legislaciones relativas al derecho de huelga, es un efecto lógico del mas que creciente miedo de las clases burguesas dirigentes a perder el control social en unas calles que, como se ha visto recientemente en Gamonal-Burgos, están cada vez mas hartas de aguantar y callar ante los desmanes y tejemanejes de este gobierno y de este sistema fascista y criminal que hunde en la miseria, paro, desesperación e incluso en la muerte a decenas de miles de ciudadanos cada año en este país.
Para intentar aplacar las crecientes movilizaciones ciudadanas en las calles (mareas, escraches, anti-desahucios, huelgas, movilizaciones vecinales…) que no han dejado de incrementarse desde la subida al poder del PP a finales de 2011, y como respuesta a los recortes sociales y la represión social, el gobierno del PP no puede si no recurrir al único elemento que conoce para controlar la situación: el terror y la fuerza armada represiva como método ya no de disuasión, si no como método de coartar las libertades básicas de todos los ciudadanos.
Para ello, no solo se le concede a la policía nacional nuevos ámbitos de represión, como ha quedado manifestado (y analizado) en las leyes de seguridad ciudadana y código penal, si no que ahora, además, se añade un nuevo elemento al saco represivo: los vigilantes de la seguridad privada.
Esto viene de lejos, no obstante. Es de sobra conocida la pretensión histórica de los vigilantes de seguridad privada de poder equipararse a una fuerza armada paramilitarizada, y ubicarse al mismo nivel de la policía o la guardia civil. En los metros, negocios o instituciones privadas, desde hace muchos años, los vigilantes de seguridad han hecho de su lugar de trabajo su feudo personal, donde aplican sus propias leyes de represión, caracterizadas por una brutalidad represiva desmedida y un afán provocador y criminalizador, propio de personas que preferirían estar en otros cuerpos armados pero que, por motivos de incapacidad física o psicológica, se han tenido que conformar con el más bajo escalafón de la represión, que suponen los cuerpos de vigilancia privada.
Pero no nos engañemos, ya que esto, por ley, no debería ser así, aunque muchos vigilantes, asociaciones o medios de comunicación que actúan como lobbies de poder de la seguridad privada, lleven tiempo presionando por cambiar el estatus del vigilante privado. Un ejemplo de ello es la publicación “Seguridad semanal”, un magazine surgido hace unos años, dedicado a los temas de seguridad de toda índole que ya, de entrada, incluye entre sus ámbitos de acción al mismo nivel a la policía, guardia civil, ejército y la vigilancia de seguridad privada, como si fuera un elemento militar mas sin ninguna distinción. A esta pretensión de militarizar al oficio de la vigilancia (tan civil, y normal como puede ser el de fontanero o electricista), se une un editorial de su redactora Raquel Nieto en febrero de 2013 en el cual se lamenta de “que los vigilantes de seguridad hayamos perdido el carácter de agentes de la autoridad”, que al parecer, en algún momento han debido de tener, o más bien de desear.
Desear porque, al parecer, los vigilantes de seguridad españoles deben ser los únicos en Europa en ver como normal la militarización de su cuerpo que es completamente ajena en otros países, como veremos.
Estas históricas pretensiones, por desgracia, se la han unido la acción desmedida de nuestros políticos por dar carácter represivo a cuantos cuerpos pueda dárselo. Desde finales de 2013, se está estudiando el polémico proyecto de Ley de Seguridad Privada, que no pretende institucionalizar la prestación de servicios de seguridad únicamente a empresas privadas, si no como complemento o prolongación de las fuerzas armadas, por lo que el monopolio del uso de la fuerza no será ya competencia exclusiva de las fuerzas de seguridad, sino de las empresas de seguridad privada, que evidencia la culminación de una histórica presión de este gremio profesional.
Para ello, dicha ley prevé la aplicación de los vigilantes en espacios abiertos, públicos (cárceles, CIEs) o privados, bajo mando de las fuerzas represivas del estado y en equiparación a ellos. Entre sus nuevas ares de influencia estarán: vía pública, eventos deportivos, conciertos y otros espectáculos culturales, zonas comerciales, o en calles de urbanizaciones privadas. Además de ello, se amplían sus poderes, de forma que, a diferencia de lo que ocurre con los vigilantes en otros países, que se limitan al control de los accesos, aquí, además de ello, ahora también podrán pedir la documentación y cachear a los ciudadanos.
También los podrán detener y retener hasta que llegue la Policía, la Guardia Civil o algún otro cuerpo de las fuerzas de seguridad del estado, cosa que no ocurre en otros países como Gran Bretaña, donde el vigilante solo puede hacer esto en presencia de agentes policiales, y nunca sin su supervisión, como veremos más adelante.
Como lo califica el Colectivo de Militares Anemoi, estamos ante un intento, por parte de este gobierno del PP de instauración de cuerpos paramilitares al servicio de la oligarquía, y de su régimen autoritario y antidemocrático, y de crearse un ejército privado, y que supone un paso paso más en el “golpe de estado” encubierto que la oligarquía burguesa-fascista quiere implementar en este país, para tratar de eliminar las pocas libertades civiles y democráticas que aun no han sido arrancadas a la ciudadanía.
Estas prácticas paramilitares y represivas de la vigilancia de seguridad privada españolas contrastan con las de otros países de nuestro entorno europeo. Normalmente, los defensores del modelo militar de la vigilancia de seguridad, argumentan que esta figura es similar a la que existe en otros países europeos, y que estas atribuciones entran dentro de lo “normal” dentro del oficio de vigilante en cualquier país.
Como evidencia de lo lejano y falso de estas afirmaciones, podemos comparar la figura del vigilante de seguridad que existe en otros países, donde existe un modelo totalmente civil de estos cuerpos.
Sin ir más lejos, como sucede en Gran Bretaña. En este país, el modelo de seguridad privada está regulado por la Security Industry Authority (SIA), un organismo público dependiente de la Secretaria de Estado, que opera en el país desde 2003, según los términos del Acta de la Industria de la Seguridad Privada de 2001.
Este organismo, lejos de la regulación ministerial española, no se centra en la represión y control social, si no que se encarga de dos tareas: la expedición de licencias para los trabajadores de la industria de seguridad privada, y el control profesional de la actividad de los vigilantes privados.
Entre los roles de los vigilantes de seguridad privada, (a los cuales se accede tras pasar un curso teórico de formación de seguridad privada que no dura en los escalafones más básicos de más de una semana y obtener la licencia SIA que te habilita para el ejercicio profesional en seguridad), están la vigilancia de profesionales dedicados al transporte de efectivo y objetos de valor, supervisión de puertas, cámaras de video vigilancia CCTV, guardia de seguridad privada, y guardia de llaves, un campo muy limitado en referencia a las enormes atribuciones represivas que se establecen en la seguridad española.
Como evidencia de lo limitado del ejercicio profesional de la seguridad privada británica, incluso estos campos profesionales han llegado a ser limitados, como ocurrió el 1 de octubre de 2012, cuando el Acta de Protección de Libertades de 2012 limitó a los vigilantes sus atribuciones de inmovilizar vehículos de particulares sin una autorización y presencia policial estricta, por violar las libertades básicas de los ciudadanos. Incluso algunas de estas atribuciones, como la retención de personas, deben hacerse bajo un estricto control y vigilancia de las autoridades policiales, que son quienes las realizan directamente.
En la propia legislación nacional que regula dicha actividad profesional en el país, la ya mencionada Private Security Industry Act 2001, de 6 partes que contiene la ley, 4 de ellos están focalizados a la regulación de las licencias para el ejercicio de la actividad profesional, y solo dos de ellas ponen su foco en la descripción de la actividad profesional del vigilante, y en todas ellas, ponen el acento especialmente en las atribuciones de control de accesos e identificación de personas como las principales atribuciones del vigilante de seguridad privada británico. Ni una sola mención a cacheos, registros, patrullas callejeras o detenciones parapoliciales, como si ocurre en España.
La propia licencia para ejercer la actividad profesional dista un mundo entre ambos países, y evidencia el carácter que, en ambos casos, se le ha querido dar a este sector profesional. En el caso de Gran Bretaña, para ejercer como vigilante, se necesita pasar un curso de seguridad privada (security officer), el cual en su versión más simple no dista más de una semana (en algunos casos hasta dos días nada mas), que se imparte en academias privadas homologadas por la S.I.A. que, al finalizar se limita a un examen tipo test fácilmente superable. Tras ello, se aplica para obtener el carnet oficial de S.I.A. a la agencia estatal encargada de ello, y ya está.
En España, para ejercer en el gremio tienes que acceder al carnet T.I.P. (Tarjeta de Identificación Profesional) el equivalente al S.I.A. británico, al cual se accede después de un curso formativo (de, al menos 1 o 2 meses) en el que, además de las capacitaciones teóricas sobre el oficio, se requiere de un entrenamiento físico (carreras, saltos, flexiones, lanzamiento de balón…) y en el que se incluyen prácticas de tiro con arma de fuego. Tras superar el curso impartido en un centro de formación autorizado y homologado, se debe acudir a la comisaría de policía para solicitar los documentos (algo inédito en Gran Bretaña, donde las autoridades policiales no tienen absolutamente nada que ver con el ejercicio de la seguridad privada, como no tienen nada que ver en el ejercicio de la fontanería o peluquería) pertinentes.
En todo el proceso, como vemos, la preparación paramilitar y el tutelaje policial (ahora, con la nueva ley, mucho mas) está presente de inicio a fin y se trata, institucionalmente, de mentalizar al futuro vigilante de su equiparación con un agente de la autoridad mas y de sus funciones represivas, que se van a ver ahora mucho más agravadas.
Para aclarar esto, hemos consultado estas diferencias con un profesional de la vigilancia privada en Londres, Cyril H. en posesión de varias licencias S.I.A. y con años de experiencia en el gremio de la seguridad privada.
En todo momento, este vigilante se mostraba sorprendido del papel represivo y militarizado de la seguridad privada española, especialmente en el papel de la formación física de los aspirantes (lo cual, afirma, no es necesario aquí, cualquier persona puede ejercer como vigilante, ya que nuestras atribuciones se centran en el control e identificación de personas dentro de las instituciones públicas o privadas en las que trabajamos, mientras que la represión o detención es atribución única de la policía metropolitana londinense), y de las enormes atribuciones parapoliciales otorgadas en el proyecto de Ley de Seguridad Privada.
Afirma este vigilante, que jamás ha tenido que utilizar la fuerza física, y que, en caso de necesidad, es norma llamar a las fuerzas policiales para que estén presentes en caso de alteración del orden en su lugar de trabajo. Además, afirma que su trabajo “termina donde está la puerta de salida de este edificio” (en referencia a su lugar de trabajo) y que mas allá, la seguridad es tarea exclusiva de la Metropolitan Police of London.
Extrañados ante tan abismales diferencias de atribuciones en un mismo gremio profesional dentro de la propia UE, pasamos a elucubrar que, quizá, las diferencias se deban a los índices de criminalidad que deben ser mayores en nuestro país que en el corazón del viejo imperio británico. Pero ni por esas.
En una ciudad cosmopolita como Londres, con más de 8 millones de habitantes de todo el mundo (5 millones más que en Madrid), las tasas de criminalidad, aunque no son alarmantes son desproporcionadamente diferentes que en la capital española, aun cuando en ambos casos ha decrecido en los últimos años. Para 2012, Madrid obtenía una tasa de criminalidad del 1,14 puntos frente a los casi 2 puntos de Londres.
Además, el Ministerio del Interior reconocía que en todo el 2009, en toda España se registraron 412 crímenes. Solamente en uno de los distritos de Londres, el céntrico distrito de Westminster, y en un solo mes (diciembre de 2013) se registró 4529 crímenes, y eso tratándose del barrio con mayor tasa de criminalidad de Londres. Pero es que, incluso en los barrios más seguros y lujosos de toda la ciudad, el elitista barrio de Chelsea, en esos mismos datos se registraron 1398 crímenes, es decir, 986 crímenes mas en un solo mes de lo que ha pasado en todo un año en todo el estado español.
Por lo tanto, si la criminalidad o inseguridad ciudadana no es el motivo, si la similitud de otros sistemas de seguridad europeos tampoco es el motivo…cual es la razón de este alarmante incremento de las atribuciones represivas de todos los cuerpos armados (policía, guardia civil, ejercito…) y del incremento de la militarización de cuerpos civiles, como la vigilancia de seguridad privada?
Pues, obviamente, como ya indicábamos en nuestro análisis de la situación política actual en nuestro país, y como también indicaba en su artículo acerca de la Ley de Seguridad Privada el Colectivo Anemoi, el objetivo es claro: a mayor contestación y movilización ciudadana, mayor represión institucional del gobierno a través de todos los organismos civiles o militares que tenga a su alcance y que en los próximos meses y años, no dudemos van a ser reiteradamente utilizados de forma sistemática por este gobierno a la hora de afrontar los diversos conflictos sociales y laborales que se van a abrir en masa en nuestro país, como consecuencia de los cada vez mayores y más insoportables ajustes y reformas económicas que ahogan a la población a un futuro de precariedad, paro, miseria, desahucios y desesperación.
A veces, como en Gamonal, o en menor medida en Melilla estas últimas semanas, esa rabia contenida estalla, organizadamente o no en las calles, y evidencia las cada vez mayores tensiones sociales fruto de la contradicción social de clases imperante en el sistema capitalista vigente que tenemos la desgracia de padecer en nuestro país desde hace muchos decenios.
La vigilancia de seguridad no debe ser utilizada por este gobierno fascista para incrementar la represión de manifestaciones o del descontento social, ni para atemorizar ni intimidar a los ciudadanos. Y desde luego que, los usen o no, el pueblo trabajador no debe ceder ante los chantajes, amenazas y toques de atención represivos de un gobierno, y de un sistema político-económico que ya no se sostiene por ningún lado y que tiene que tirar de porra y grillete para contener a su propio pueblo y sobrevivir.
Frente a sus leyes y cuerpos represivos, nuestra rabia y organización.
Diez, cien, mil Gamonales…
http://nnbes.blogspot.co.uk/2014/01/asegurando-la-represion.html
A lo largo del 2013, muchas han sido las duras medidas de este gobierno para aplacar a la movilización social. Toda esta brutal campaña represiva, filón más destacado de lucha para el 2014, viene acompañada de su propia legislación, evidenciada en la Ley Mordaza, la reforma del Código Penal y del Aborto y la Ley de Seguridad Privada.
Esta alarmante escalada represiva, que va a ser probablemente amplificada en futuras legislaciones relativas al derecho de huelga, es un efecto lógico del mas que creciente miedo de las clases burguesas dirigentes a perder el control social en unas calles que, como se ha visto recientemente en Gamonal-Burgos, están cada vez mas hartas de aguantar y callar ante los desmanes y tejemanejes de este gobierno y de este sistema fascista y criminal que hunde en la miseria, paro, desesperación e incluso en la muerte a decenas de miles de ciudadanos cada año en este país.
Para intentar aplacar las crecientes movilizaciones ciudadanas en las calles (mareas, escraches, anti-desahucios, huelgas, movilizaciones vecinales…) que no han dejado de incrementarse desde la subida al poder del PP a finales de 2011, y como respuesta a los recortes sociales y la represión social, el gobierno del PP no puede si no recurrir al único elemento que conoce para controlar la situación: el terror y la fuerza armada represiva como método ya no de disuasión, si no como método de coartar las libertades básicas de todos los ciudadanos.
Para ello, no solo se le concede a la policía nacional nuevos ámbitos de represión, como ha quedado manifestado (y analizado) en las leyes de seguridad ciudadana y código penal, si no que ahora, además, se añade un nuevo elemento al saco represivo: los vigilantes de la seguridad privada.
Esto viene de lejos, no obstante. Es de sobra conocida la pretensión histórica de los vigilantes de seguridad privada de poder equipararse a una fuerza armada paramilitarizada, y ubicarse al mismo nivel de la policía o la guardia civil. En los metros, negocios o instituciones privadas, desde hace muchos años, los vigilantes de seguridad han hecho de su lugar de trabajo su feudo personal, donde aplican sus propias leyes de represión, caracterizadas por una brutalidad represiva desmedida y un afán provocador y criminalizador, propio de personas que preferirían estar en otros cuerpos armados pero que, por motivos de incapacidad física o psicológica, se han tenido que conformar con el más bajo escalafón de la represión, que suponen los cuerpos de vigilancia privada.
Pero no nos engañemos, ya que esto, por ley, no debería ser así, aunque muchos vigilantes, asociaciones o medios de comunicación que actúan como lobbies de poder de la seguridad privada, lleven tiempo presionando por cambiar el estatus del vigilante privado. Un ejemplo de ello es la publicación “Seguridad semanal”, un magazine surgido hace unos años, dedicado a los temas de seguridad de toda índole que ya, de entrada, incluye entre sus ámbitos de acción al mismo nivel a la policía, guardia civil, ejército y la vigilancia de seguridad privada, como si fuera un elemento militar mas sin ninguna distinción. A esta pretensión de militarizar al oficio de la vigilancia (tan civil, y normal como puede ser el de fontanero o electricista), se une un editorial de su redactora Raquel Nieto en febrero de 2013 en el cual se lamenta de “que los vigilantes de seguridad hayamos perdido el carácter de agentes de la autoridad”, que al parecer, en algún momento han debido de tener, o más bien de desear.
Desear porque, al parecer, los vigilantes de seguridad españoles deben ser los únicos en Europa en ver como normal la militarización de su cuerpo que es completamente ajena en otros países, como veremos.
Estas históricas pretensiones, por desgracia, se la han unido la acción desmedida de nuestros políticos por dar carácter represivo a cuantos cuerpos pueda dárselo. Desde finales de 2013, se está estudiando el polémico proyecto de Ley de Seguridad Privada, que no pretende institucionalizar la prestación de servicios de seguridad únicamente a empresas privadas, si no como complemento o prolongación de las fuerzas armadas, por lo que el monopolio del uso de la fuerza no será ya competencia exclusiva de las fuerzas de seguridad, sino de las empresas de seguridad privada, que evidencia la culminación de una histórica presión de este gremio profesional.
Para ello, dicha ley prevé la aplicación de los vigilantes en espacios abiertos, públicos (cárceles, CIEs) o privados, bajo mando de las fuerzas represivas del estado y en equiparación a ellos. Entre sus nuevas ares de influencia estarán: vía pública, eventos deportivos, conciertos y otros espectáculos culturales, zonas comerciales, o en calles de urbanizaciones privadas. Además de ello, se amplían sus poderes, de forma que, a diferencia de lo que ocurre con los vigilantes en otros países, que se limitan al control de los accesos, aquí, además de ello, ahora también podrán pedir la documentación y cachear a los ciudadanos.
También los podrán detener y retener hasta que llegue la Policía, la Guardia Civil o algún otro cuerpo de las fuerzas de seguridad del estado, cosa que no ocurre en otros países como Gran Bretaña, donde el vigilante solo puede hacer esto en presencia de agentes policiales, y nunca sin su supervisión, como veremos más adelante.
Como lo califica el Colectivo de Militares Anemoi, estamos ante un intento, por parte de este gobierno del PP de instauración de cuerpos paramilitares al servicio de la oligarquía, y de su régimen autoritario y antidemocrático, y de crearse un ejército privado, y que supone un paso paso más en el “golpe de estado” encubierto que la oligarquía burguesa-fascista quiere implementar en este país, para tratar de eliminar las pocas libertades civiles y democráticas que aun no han sido arrancadas a la ciudadanía.
Estas prácticas paramilitares y represivas de la vigilancia de seguridad privada españolas contrastan con las de otros países de nuestro entorno europeo. Normalmente, los defensores del modelo militar de la vigilancia de seguridad, argumentan que esta figura es similar a la que existe en otros países europeos, y que estas atribuciones entran dentro de lo “normal” dentro del oficio de vigilante en cualquier país.
Como evidencia de lo lejano y falso de estas afirmaciones, podemos comparar la figura del vigilante de seguridad que existe en otros países, donde existe un modelo totalmente civil de estos cuerpos.
Sin ir más lejos, como sucede en Gran Bretaña. En este país, el modelo de seguridad privada está regulado por la Security Industry Authority (SIA), un organismo público dependiente de la Secretaria de Estado, que opera en el país desde 2003, según los términos del Acta de la Industria de la Seguridad Privada de 2001.
Este organismo, lejos de la regulación ministerial española, no se centra en la represión y control social, si no que se encarga de dos tareas: la expedición de licencias para los trabajadores de la industria de seguridad privada, y el control profesional de la actividad de los vigilantes privados.
Entre los roles de los vigilantes de seguridad privada, (a los cuales se accede tras pasar un curso teórico de formación de seguridad privada que no dura en los escalafones más básicos de más de una semana y obtener la licencia SIA que te habilita para el ejercicio profesional en seguridad), están la vigilancia de profesionales dedicados al transporte de efectivo y objetos de valor, supervisión de puertas, cámaras de video vigilancia CCTV, guardia de seguridad privada, y guardia de llaves, un campo muy limitado en referencia a las enormes atribuciones represivas que se establecen en la seguridad española.
Como evidencia de lo limitado del ejercicio profesional de la seguridad privada británica, incluso estos campos profesionales han llegado a ser limitados, como ocurrió el 1 de octubre de 2012, cuando el Acta de Protección de Libertades de 2012 limitó a los vigilantes sus atribuciones de inmovilizar vehículos de particulares sin una autorización y presencia policial estricta, por violar las libertades básicas de los ciudadanos. Incluso algunas de estas atribuciones, como la retención de personas, deben hacerse bajo un estricto control y vigilancia de las autoridades policiales, que son quienes las realizan directamente.
En la propia legislación nacional que regula dicha actividad profesional en el país, la ya mencionada Private Security Industry Act 2001, de 6 partes que contiene la ley, 4 de ellos están focalizados a la regulación de las licencias para el ejercicio de la actividad profesional, y solo dos de ellas ponen su foco en la descripción de la actividad profesional del vigilante, y en todas ellas, ponen el acento especialmente en las atribuciones de control de accesos e identificación de personas como las principales atribuciones del vigilante de seguridad privada británico. Ni una sola mención a cacheos, registros, patrullas callejeras o detenciones parapoliciales, como si ocurre en España.
La propia licencia para ejercer la actividad profesional dista un mundo entre ambos países, y evidencia el carácter que, en ambos casos, se le ha querido dar a este sector profesional. En el caso de Gran Bretaña, para ejercer como vigilante, se necesita pasar un curso de seguridad privada (security officer), el cual en su versión más simple no dista más de una semana (en algunos casos hasta dos días nada mas), que se imparte en academias privadas homologadas por la S.I.A. que, al finalizar se limita a un examen tipo test fácilmente superable. Tras ello, se aplica para obtener el carnet oficial de S.I.A. a la agencia estatal encargada de ello, y ya está.
En España, para ejercer en el gremio tienes que acceder al carnet T.I.P. (Tarjeta de Identificación Profesional) el equivalente al S.I.A. británico, al cual se accede después de un curso formativo (de, al menos 1 o 2 meses) en el que, además de las capacitaciones teóricas sobre el oficio, se requiere de un entrenamiento físico (carreras, saltos, flexiones, lanzamiento de balón…) y en el que se incluyen prácticas de tiro con arma de fuego. Tras superar el curso impartido en un centro de formación autorizado y homologado, se debe acudir a la comisaría de policía para solicitar los documentos (algo inédito en Gran Bretaña, donde las autoridades policiales no tienen absolutamente nada que ver con el ejercicio de la seguridad privada, como no tienen nada que ver en el ejercicio de la fontanería o peluquería) pertinentes.
En todo el proceso, como vemos, la preparación paramilitar y el tutelaje policial (ahora, con la nueva ley, mucho mas) está presente de inicio a fin y se trata, institucionalmente, de mentalizar al futuro vigilante de su equiparación con un agente de la autoridad mas y de sus funciones represivas, que se van a ver ahora mucho más agravadas.
Para aclarar esto, hemos consultado estas diferencias con un profesional de la vigilancia privada en Londres, Cyril H. en posesión de varias licencias S.I.A. y con años de experiencia en el gremio de la seguridad privada.
En todo momento, este vigilante se mostraba sorprendido del papel represivo y militarizado de la seguridad privada española, especialmente en el papel de la formación física de los aspirantes (lo cual, afirma, no es necesario aquí, cualquier persona puede ejercer como vigilante, ya que nuestras atribuciones se centran en el control e identificación de personas dentro de las instituciones públicas o privadas en las que trabajamos, mientras que la represión o detención es atribución única de la policía metropolitana londinense), y de las enormes atribuciones parapoliciales otorgadas en el proyecto de Ley de Seguridad Privada.
Afirma este vigilante, que jamás ha tenido que utilizar la fuerza física, y que, en caso de necesidad, es norma llamar a las fuerzas policiales para que estén presentes en caso de alteración del orden en su lugar de trabajo. Además, afirma que su trabajo “termina donde está la puerta de salida de este edificio” (en referencia a su lugar de trabajo) y que mas allá, la seguridad es tarea exclusiva de la Metropolitan Police of London.
Extrañados ante tan abismales diferencias de atribuciones en un mismo gremio profesional dentro de la propia UE, pasamos a elucubrar que, quizá, las diferencias se deban a los índices de criminalidad que deben ser mayores en nuestro país que en el corazón del viejo imperio británico. Pero ni por esas.
En una ciudad cosmopolita como Londres, con más de 8 millones de habitantes de todo el mundo (5 millones más que en Madrid), las tasas de criminalidad, aunque no son alarmantes son desproporcionadamente diferentes que en la capital española, aun cuando en ambos casos ha decrecido en los últimos años. Para 2012, Madrid obtenía una tasa de criminalidad del 1,14 puntos frente a los casi 2 puntos de Londres.
Además, el Ministerio del Interior reconocía que en todo el 2009, en toda España se registraron 412 crímenes. Solamente en uno de los distritos de Londres, el céntrico distrito de Westminster, y en un solo mes (diciembre de 2013) se registró 4529 crímenes, y eso tratándose del barrio con mayor tasa de criminalidad de Londres. Pero es que, incluso en los barrios más seguros y lujosos de toda la ciudad, el elitista barrio de Chelsea, en esos mismos datos se registraron 1398 crímenes, es decir, 986 crímenes mas en un solo mes de lo que ha pasado en todo un año en todo el estado español.
Por lo tanto, si la criminalidad o inseguridad ciudadana no es el motivo, si la similitud de otros sistemas de seguridad europeos tampoco es el motivo…cual es la razón de este alarmante incremento de las atribuciones represivas de todos los cuerpos armados (policía, guardia civil, ejercito…) y del incremento de la militarización de cuerpos civiles, como la vigilancia de seguridad privada?
Pues, obviamente, como ya indicábamos en nuestro análisis de la situación política actual en nuestro país, y como también indicaba en su artículo acerca de la Ley de Seguridad Privada el Colectivo Anemoi, el objetivo es claro: a mayor contestación y movilización ciudadana, mayor represión institucional del gobierno a través de todos los organismos civiles o militares que tenga a su alcance y que en los próximos meses y años, no dudemos van a ser reiteradamente utilizados de forma sistemática por este gobierno a la hora de afrontar los diversos conflictos sociales y laborales que se van a abrir en masa en nuestro país, como consecuencia de los cada vez mayores y más insoportables ajustes y reformas económicas que ahogan a la población a un futuro de precariedad, paro, miseria, desahucios y desesperación.
A veces, como en Gamonal, o en menor medida en Melilla estas últimas semanas, esa rabia contenida estalla, organizadamente o no en las calles, y evidencia las cada vez mayores tensiones sociales fruto de la contradicción social de clases imperante en el sistema capitalista vigente que tenemos la desgracia de padecer en nuestro país desde hace muchos decenios.
La vigilancia de seguridad no debe ser utilizada por este gobierno fascista para incrementar la represión de manifestaciones o del descontento social, ni para atemorizar ni intimidar a los ciudadanos. Y desde luego que, los usen o no, el pueblo trabajador no debe ceder ante los chantajes, amenazas y toques de atención represivos de un gobierno, y de un sistema político-económico que ya no se sostiene por ningún lado y que tiene que tirar de porra y grillete para contener a su propio pueblo y sobrevivir.
Frente a sus leyes y cuerpos represivos, nuestra rabia y organización.
Diez, cien, mil Gamonales…
http://nnbes.blogspot.co.uk/2014/01/asegurando-la-represion.html
