Minería imperialista saquea criminalmente Latino America

Durante el seminario en San Salvador, activistas antiminería de toda Centroamérica recordaron a sus “mártires” muertos en la lucha contra la minería en la región. (Foto: Javier Córdoba)

Pese a que los conflictos armados tienen casi dos décadas de haber terminado en Centroamérica, algunas de sus comunidades aún viven bajo amenaza de muerte y represión, por el solo hecho de oponerse a los proyectos de extracción minera.

Pueblos completos sitiados por la policía, líderes comunales amenazados y muertos, dirigentes de la lucha antiminera acusados por cargos de terrorismo, destrucción de recursos naturales y deterioro en la salud, son parte de los problemas que aún se viven en muchos sitios remotos de Centroamérica.

Desde El Salvador



Este es el panorama que presentaron activistas contra la minería de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en un seminario realizado entre el 18 y 20 de setiembre en San Salvador, capital salvadoreña.

Pese a que Costa Rica logró la prohibición por ley de la minería metálica, y El Salvador intenta consolidar una moratoria, en los restantes países afloran los proyectos mineros promovidos por los gobiernos, y que encuentran en las comunidades una heroica resistencia que suma ya muchas vidas perdidas.

“ESTÁN DESTROZANDO A LA MADRE TIERRA”

Guatemala es uno de los países centroamericanos con mayor riqueza mineral oculta bajo sus selvas y montañas, lo que ha atraído a gran cantidad de inversionistas mineros, en busca de oro, plata, zinc y otros metales.

Los datos del Viceministerio de Minería e Hidrocarburos de Guatemala (al 1 de agosto de este año), existen 284 licencias vigentes de exploración y 85 de exploración; además de otras 605 solicitudes en trámite.

Pueblos como Santa María Xalapán, San José del Golfo y San Pedro Ayampú han sufrido en carne propia los impactos de este auge minero, por la presión de las transnacionales interesadas en sacar sus recursos de la tierra.

Rigoberto Aguilar recordó cómo el conflicto llegó en el 2007 a Santa María Xalapán, Jalapa, con el otorgamiento de una licencia de exploración en el sitio conocido como Patache, lo que provocó el rechazo de buena parte de la población.

El movimiento antiminería en esta zona del oriente guatemalteco ha motivado masivas manifestaciones que fueron reprimidas con violencia, al punto de que dejaron un muerto y varios heridos en mayo de este año.

Aguilar ha estado al frente de este movimiento y asegura que el gobierno guatemalteco ha llegado a poner en “estado de sitio”  su comunidad, y se ha perseguido judicialmente a varios de los dirigentes.

“Yo fui secuestrado. Las palabras de los secuestradores encapuchados fueron: ¿por qué se oponen a la mina si es desarrollo. Nos ataron de pies y manos y nos tiraron en un lugar apartado; me quité las cintas de plástico y logré escapar a eso de las 10:30 de la noche; caminé hasta las 5 de la mañana para lograr dar aviso”, rememoró Aguilar.

Celinda Pérez, de San Miguel Ixtahuacán, asegura que en su país se han cometido asesinatos por parte de las autoridades, quienes dicen a la opinión pública que se trata de enfrentamientos con grupos de delincuentes, cuando en realidad se trata de activistas de las comunidades.

En San Miguel Ixtahuacán tiene siete años de operar la mina Marlin, a cargo de la empresa canadiense Gold Corp, la cual llegó con promesas de prosperidad a la región, que −según Pérez− hasta el momento no se han cumplido.

Para estas poblaciones indígenas, el impacto de la minería no solo tiene que ver con el mantener disponible para su gente recursos como el agua, sino que actividades tan destructivas chocan con la forma en que estos pueblos conciben el mundo y la naturaleza.

“¿De dónde comemos? ¿De dónde se levanta el maíz? Viene de la madre tierra. Es una tristeza muy grande para nosotros como pueblo Maya, ver a nuestra madre tierra así;  nuestra madre está llorando, está triste, la están destrozando”, lamentó Pérez.

Para Yolanda Oquelí, lo más difícil de la lucha contra la mina en San José del Golfo, ha sido no caer en las provocaciones de las autoridades y de la minera, pues saben que están buscando la manera de criminalizar sus luchas.

Oquelí también fue víctima de un atentado contra su vida cuando fue interceptada por dos sujetos en motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones hasta que lograron herirla.

“La bala entró en medio de dos costillas, rozando hígado, pulmón y está alojada a un  milímetro de la columna y no la pueden sacar. De milagro no estoy cuadripléjica”, añadió.

Esta activista afirma que en su pueblo el Gobierno ha hecho grandes despliegues policiales,  para custodiar los bienes de la minera, y para tratar de disuadir a los pobladores, quienes se mantienen ocupando el camino de entrada a la mina, para evitar el ingreso o salida de maquinaria.

Reactivan, de manera ilegal, extracción minera en Chiapas

Para evitar que los pobladores perciban su presencia y protesten contra las minas, los vehículos evitaron pasar por la calle de la cabecera municipal, misma calle que había sido cerrada por el movimiento antiminero que encabezaba el líder Mariano Abarca, quièn fue asesinado en noviembre del 2009 en su lucha contra la minera canadiense Blackfire

El Cerrejón: La muerte negra
Cerrejón la Muerte Negra, ubicada en la península de la Guajira al norte de Colombia es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo que tiene a los wayúu al margen de la extinción, con la polvareda de carbón de las Multinacionales y los drenajes de ácidos y residuos de dinamita que caen al Río Ranchería ha provocado muertes, alteraciones genéticas, diarreas de sangre, severas enfermedades respiratorias y abortos de animales, entre otras se han diagnosticado más de 800 casos de enfermedades. Según el estudio epidemiológico de las semanas 1- 24 del 2010 del departamento de La Guajira, los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son la segunda causa de morbilidad en los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo —vecinos de La Mina. Desplazamiento forzado a pueblos ancestrales, muertes provocadas por el ferrocarril que lleva carbón y no se puede detener aunque se le atraviesen chivos o personas. Comunidades Afectadas por el ruido de las maquinarias explosiones, la sísmica. Lideres que han sido amenazados o comprados, medios de comunicación silenciados a cambio de becas y pautas.

Actualmente el cerrejón pretende desviar 26.2 kilómetros de su cause del Río Ranchería, con ello poner en riesgo la vida de miles de indígenas, afro descendientes y pobladores de varios municipios, para poder extraer más de 500 millones de toneladas de carbón. Es la mayor angustia colectiva, poner en riesgo la vida de miles de indígenas, afro descendientes y pobladores de varios municipios.

Suficientes estudios socioeconómicos y ambientales han demostrado que los pueblos en el departamento de la Guajira, son más pobres que antes de la explotación carbonífera, Colombia es uno de los países de suministro de carbón más importantes para la Unión Europea. El gobierno y las Multinacionales nos venden la idea de que el interés particular tiene el mismo fin y objetivos del interés general de la sociedad, Las multinacionales tienen apoderado el territorio.

Las empresas explotadoras no solo saquean nuestro carbón, sino que también arruina el medio ambiente, destruye ríos, degrada la fauna y la flora. Multinacionales Propietarias del Cerrejón:

BHP Billiton PLC (Australia y Gran Bretaña): 33,3 %

Anglo American PLC (Gran Bretaña África del Sur): 33,3%

Xstrata PLC (Suiza): 33.3%

Desde febrero de 2012 hay anuncios de fusión entre la suiza Glencore y Xstrata, que crearía la tercera minera más grande del mundo; en el caso de Colombia, la combinación de intereses establecería la mayor productora y exportadora de carbón.[1] El 12 de julio votarán los accionistas de la minera Xstrata sobre la oferta de compra de US$30.000 millones de Glencore. Los accionistas de Glencore ya cuentan con casi un 34% de las acciones de Xstrata.[2]

El Director Ejecutivo Mike Davis, el CEO de Xstrata recibe en el proceso primas de fidelidad en tres años por 80.000 millones de pesos, además de los 25.000 millones de pesos que recibe anualmente como sueldo. Vale la pena hacer la comparación: En 2010, Cerrejón invirtió aprox. 18.000 millones de pesos (10 millones de US dólares) en proyectos sociales — esto es menos de lo que recibe Mike Davis como salario anual.

[1] Información ASK Suiza, 8 de junio de 2012.

[1] [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

[2] [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Tema Cerrejón y Naciones Unidas Alexandra Guáqueta trabaja actualmente como miembro del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas Transnacionales de Naciones Unidas (ver: ver: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Previamente, en Colombia, la señora Guáqueta ha sido en el pasado asesora de la empresa minera Cerrejón (ver por ejemplo [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] y ha representado a la empresa y a sus intereses en diferentes espacios, entre ellos en el Comité Minero Energético del Programa Presidencial de DDHH y DIH del gobierno colombiano.

sobre la lucha en Santa María Ostula.

¿Qué hay en Ostula? ¿Por qué quieren esas tierras?
Carreteras, puentes, proyectos turísticos y programas de privatización de tierras, son algunos de los embates que enfrenta la comunidad nahua de Santa María Ostula, en el litoral del estado de Michoacán. Se trata de programas que intentan entrar de la mano de la militarización y paramilitarización, siguiendo el manual el despojo en México.

El proyecto carretero, explican los comuneros de Ostula, es parte del Plan Regional Sustentable de Michoacán, y contempla la construcción de una autopista, hoteles y fraccionamientos residenciales sin consultar a la comunidad: “Dicen que es para fomentar el desarrollo de la comunidad, pero nunca nos han llamado para saber nuestra opinión. Es un proyecto que el gobierno hace solo”.

El 29 de junio de 2009 los comuneros de Ostula recuperaron más de mil hectáreas que durante 40 años estuvieron invadidas por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita. Ahí fundaron el nuevo poblado de Xayakalan, lugar codiciado por trasnacionales, gobiernos federal y local, grupos de la delincuencia organizada y caciques locales.

El costo de la recuperación de tierras en Ostula, Michoacán, ha sido muy alto: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamiento constante. “Estamos convencidos de que una lucha así se gana, con vidas. Algo tiene que pasar. De aquí no nos vamos. Ya tomamos posesión por tercera ocasión y esta vez no nos vamos. Ya no”, advierte el grupo de comuneros entrevistados.

La codicia sobre la región de grupos y personas externas se fundamenta en la existencia de minerales, playas, recursos naturales y especies en peligro de extinción. El paraíso para las transnacionales.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se meta una carretera que no pedimos, y nos oponemos. Nos estamos organizando con las comunidades vecinas para hacerles frente. Hace poco impedimos que hicieran la carretera. No vamos a aceptar que realicen trabajos sin explicarnos de qué se trata”, advierten.

En cuanto a la minería, relatan, “hemos escuchado que los empresarios quieren explotar minas en nuestros terrenos comunales. A nosotros no nos conviene la explotación minera, porque sabemos que esas explotaciones ocasionan grandes daños a la ecología, mucha contaminación, pérdida de ojos de agua. Van a abatir nuestros terrenos, van a desbaratar cerros, los ojos de agua y los ríos se van a secar, y éstos se aprovechan para regar. Por eso no estamos de acuerdo”.

Los comuneros de Santa María Ostula advierten: “Nuestro terreno no es muy grande, tenemos como 28 mil o 30 mil hectáreas y por eso queremos cuidarlo y conservarlo para futuras generaciones, como lo cuidaron nuestros ancestros. Sabemos que si aceptamos, si damos nuestra palabra para la explotación, nos van a sacar de nuestra tierra. Nosotros no entendemos los mecanismos de sus contratos y por eso mejor no le entramos. No conocemos el manejo y no queremos hacer tratos con gente que nos pueda engañar para hacer cosas a su favor”.

El litoral del Pacífico michoacano tiene playas famosas en el mundo del surfing, por lo que el Plan Regional contempla proyectos turísticos de gran envergadura. “Hasta ahora hay algunas cabañas administradas por los comuneros. No estamos cerrados al desarrollo, pero queremos ser nosotros quienes lo administremos, no personas de afuera, que no sean miembros de la comunidad”, indican.

“Hay gente ajena a la comunidad –añaden- que tiene ganas de apropiarse de las playas a donde arriban las tortugas marinas. Hace dos años, el gobierno entregó un documento pidiendo que la asamblea aprobara un decreto para construir un gran puente en la playa; dijeron que de ese modo la gente no pisaría a las tortugas y podría observarlas desde arriba. Pero nosotros no aceptamos el proyecto, porque creemos que van a apoderarse de nuestro territorio. La gente de la comunidad no pisa las tortugas, ni sus huevos, pero con eso nos quiere engañar el gobierno”.

Otro de los programas oficiales para operar el despojo, es el Procede (Porgrama de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos), rechazado también por los comuneros de Ostula: “No hemos aceptado ese programa, ni lo aceptaremos, porque nosotros queremos seguir con las formas de organización comunal legadas por nuestros ancestros. Con esta forma de organización no tenemos que pagar impuesto al gobierno, y ¿por qué vamos a pagar impuesto, si las tierras son nuestras? Si firmamos el programa, ellos se convertirán en los dueños de la tierra y luego querrán cobrarnos impuestos. Hay ejemplos de algunas comunidades, que aceptaron las propuestas del gobierno y hoy ya no existen porque los despojaron. Ahora andan por el país, buscando dónde trabajar porque les quitaron su territorio”, señalan.

*Extracto del reportaje especial de Desinformémonos “Un recorrido por el despojo y la resistencia en el territorio indígena de México, publicado en marzo de 2011.


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¿Cuánto carbón tiró Drummond al mar?
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Se acusa a la minera de haber arrojado 2.000 toneladas del mineral en la bahía de Santa Marta.
Esta fotografía hace parte de las pruebas presentadas para acusar a Drummond.
Día y noche, a cada segundo, desde las playas de Santa Marta se ve la fila de barcazas que llevan sin cesar miles de toneladas de carbón hacia los barcos que zarpan al exterior con el mineral. Así, ha sido durante años.

De vez en cuando los ecologistas ponen el grito en el cielo y acusan a la empresa Drummond de contaminar el ambiente. Dicen, por ejemplo, que las playas perdieron su blancura y que el polvillo oscuro lo cubre todo. Se anuncian investigaciones exhaustivas, se exigen severos castigos pero el ruido mediático cae en el olvido mientras las barcazas van y vuelven.

El pasado 13 de enero se produjo una situación distinta. Una barcaza con aproximadamente tres mil toneladas de carbón sufrió una avería. La empresa alcanzó a sacar un volumen importante pero tiró el resto al mar. ¿Cuánta cantidad? ¿Por qué? ¿Qué sanciones habrá? Son las preguntas que ahora gravitan en el ambiente. Las autoridades tienen en su poder una serie de fotografías –las que acompañan este artículo- que ahora son objeto de estudio para tomar una decisión.

Además, de que hay un registro visual del hecho los medios tienen sus focos allí por lo que es posible que el caso no se quede así. El diario La República informa, por ejemplo, que la empresa Drummond podría verse obligada a pagar una sanción de hasta $2.947 millones, equivalentes a 5.000 salarios mínimos si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, comprueba que la compañía lanzó el carbón al agua con el objetivo de que la nave en la que el mineral era transportado no se hundiese.

El rotativo cita al Capitán Guillermo Díaz, director de la Dirección Marítima de Santa Marta. Afirma que la Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente, CorMagdalena, la Anla y la Drummond iniciarán el estudio técnico para confirmar si la empresa tiró parte del mineral al mar.

Según el oficial Díaz, “lo que sí se puede saber con certeza hasta el momento es que las cucharas que entraron a la barcaza tiraron algo de material al mar”. La polémica está abierta porque la empresa tiene otra versión.  En un comunicado asegura que lo que se extrajo de la barcaza era solamente agua, que se había mezclado con carbón.

Díaz señaló que este es un caso atípico, pues normalmente estos eventos de hundimiento se presentan por colisiones. Tras la comunicación de Drummond con la autoridad marítima de Santa Marta el día 13 de enero, se autorizó que se sacara el agua y después de que se controlara la situación, la Dimar realizó una inspección marítima en la que comprobó que no hubo ningún siniestro marítimo.

El ministro de Ambiente Juan Gabriel Uribe también tomó nota del asunto. Confirmó que la empresa Drummond no informó a tiempo del accidente: “Se va a realizar una visita para observar qué fue lo que pasó en la zona, cuál fue la supuesta emergencia, qué pasó con la barcaza, cuál fue la actitud de la Dimar, hasta ahora hay un elemento importante, y fue que la empresa Drummond no informó en el tiempo correspondiente como debía avisar”, dijo a Caracol Radio el ministro de Ambiente.

Guillermo Díaz también habló con La F.M. Aseguró que la compañía Drummond es investigada por el presunto lanzamiento de 1.857 toneladas al mar. Al parecer, la barcaza en mención no quedó con 2.957 toneladas de carbón dentro de sí, sino con 1.100.

Díaz también explicó que la compañía nunca reportó el incidente a la Asociación Nacional de Licencias Ambientales y vino a estallar un escándalo ahora que imágenes dan cuenta de cómo fue lanzado carbón al mar de Santa Marta. Según La F. M., Drummond argumentó que el carbón hallado en aguas de la capital de Magdalena es viejo, situación que abre otra pregunta acerca de si esta práctica es frecuente. Al respecto, Díaz le dijo a la emisora que se está investigando tanto el hallazgo de carbón reciente como el del viejo, este último al parecer lanzado en 2011 en circunstancias que son objeto de pesquisas.

Díaz dijo que si bien es cierto la compañía argumenta qué sucedió, es claro que “sí hubo una anomalía” por cuanto el caso ni siquiera fue reportado. Así las cosas, explicó, se pueden venir sanciones millonarias. Entre tanto, las filas de barcazas continúan sin pausa sus viajes de ida y vuelta.