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Por René Tamayo
Ofrecer mayores incentivos a la inversión extranjera y asegurar que la atracción del capital foráneo contribuya eficazmente al desarrollo económico del país son premisas del Proyecto de la nueva Ley de la Inversión Extranjera, que será discutido por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Representan, a la vez, principios que tienen como pilares —como ha de ser aquí en Cuba— la protección y el uso racional de nuestros recursos humanos y naturales, y el respeto irrestricto a la soberanía e independencia de la República.
El próximo sábado, cuando el Parlamento se reúna en sesión extraordinaria, convocada por el Consejo de Estado para debatir esta norma jurídica, se habrá recorrido un largo camino cuyo más reciente capítulo fue su análisis «en campaña» por el 92 por ciento de los diputados del máximo órgano de poder del Estado.
José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de Asuntos constitucionales y jurídicos de la Asamblea Nacional, informó en un encuentro con la prensa que la propuesta de Ley fue preliminarmente debatida —según las prácticas cotidianas del legislativo— en cinco encuentros regionales, en los cuales coincidieron 565 diputados de todas las provincias del país, y varias decenas de invitados.
En las reuniones de trabajo de los legisladores nacionales se emitieron 47 planteamientos, la mayoría dirigidos a esclarecer dudas y preocupaciones, mientras que siete cuestiones fueron recogidas e incluidas en el proyecto.
Antes de llegar al plenario, el documento será nuevamente sometido a examen este viernes, en una reunión conjunta de la comisión de Asuntos económicos y la de Asuntos constitucionales y jurídicos, en la cual los diputados habrán de concertar los dictámenes que ambas presentarán a la Asamblea en pleno.
Toledo Santander comentó durante el «tope» informativo de la víspera con reporteros de medios nacionales y provinciales, que el viernes todos los parlamentarios tendrán también una reunión en la que se explicará «uno a uno» el destino de cada planteamiento hecho por ellos en los eventos regionales.
No importa que quienes los hicieran quedaran satisfechos en los encuentros realizados. Se volverán a comentar, señaló el Presidente de la comisión, poniendo en claro de esa forma el talante democrático del Parlamento, y las largas jornadas que los legisladores dedican a su trabajo, aunque en apariencia se piense que solo se reúnen algunos pocos días del año.
Alto valor científico-técnico
Al evaluar el Proyecto de la nueva Ley de la Inversión Extranjera, Toledo Santander expuso que este tiene un alto valor científico-técnico. En él participaron más de una veintena de organismos y entidades, incluidas universidades.
En el encuentro, promovido por la Asamblea Nacional y el círculo Jurídico-Parlamentario de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), participó también —entre otros especialistas— Déborah Rivas, directora general de Inversión del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex).
La experta reiteró que como bien se señala en el Proyecto —adelantado a los reporteros para su información con vista a la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de este sábado—, la nueva Ley responde a los «cambios que tienen lugar en la economía nacional como consecuencia de la actualización del modelo económico».
La propuesta de Ley —enfatizó Rivas— se rige por los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, en especial por los apartados del 96 al 106, dedicados al sector externo, y otros 40 lineamientos que tocan de alguna manera la inversión extranjera.
El proyecto fue antecedido por el estudio de la actual norma legal —Ley 77, de noviembre de 1995—, las leyes al respecto de otros países y un diagnóstico de las inversiones extranjeras en el país.
Explicó la Directora General de Inversión del Mincex que esto generó un diagnóstico, una estrategia y una política que ahora ganará cuerpo legislativo, tras lo cual finalmente deberá ser aprobada por los diputados.
La política para la Ley de Inversión Extranjera incluye 34 principios generales y 11 principios sectoriales. Esto último elimina un vacío —señaló Rivas—, pues antes no existía claridad sobre qué se quería hacer por sectores. Ahora se ponen en pie firme las políticas sectoriales para atraer capital.
La nueva norma que resulte aprobada estará acompañada, además, de su Reglamento, un instrumento del que careció la vigente Ley 77 de la Inversión Extranjera, explicó la especialista. «El Reglamento explica al inversionista extranjero todo lo que debe hacer» para concretar sus objetivos, enfatizó.
Bien para todos
Según el proyecto que debatirán los legisladores, Cuba puede, por medio de la inversión extranjera, acceder a financiamiento externo, tecnologías y nuevos mercados. También, insertar productos y servicios criollos en cadenas internacionales de valor, y generar otros efectos positivos hacia la industria doméstica, contribuyendo así al crecimiento de la nación.
Subraya, además, que la inversión extranjera en el país se orientará a la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, el acceso a tecnologías de avanzada y la sustitución de importaciones, priorizando la de alimentos.
También se dirige a la «obtención de financiamiento externo, la creación de nuevas fuentes de empleo, la captación de métodos gerenciales y la vinculación de la misma con el desarrollo de encadenamientos productivos, así como al cambio de matriz energética mediante el aprovechamiento de energías renovables.
El proyecto que se expondrá en la Asamblea Nacional busca proveer a los inversionistas extranjeros de plena protección y seguridad jurídica. Sus inversiones, por ejemplo, no podrán ser expropiadas, salvo motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros.
Esta última situación se realizaría, no obstante, en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales suscritos al respecto por el país, y con la debida indemnización, establecida por mutuo acuerdo, pagadera en moneda libremente convertible, y con un árbitro que satisfaga a ambas partes.
Pocas excepciones
Según explicaron José Luis Toledo Santander y Déborah Rivas, la inversión foránea podría ser autorizada en todos los sectores, excepto en los servicios de salud y educación a la población y todas las instituciones armadas, salvo en sus sistemas empresariales.
Sobre las modalidades de inversión extranjera que se aplicarán, aclararon que el Proyecto de Ley propone que sean realizadas en calidad de empresa mixta, contrato de asociación económica internacional o empresa de capital totalmente extranjero.
Los «contratos de asociación económica internacional» clasificarían en las modalidades de contratos a riesgo para la exploración de recursos naturales no renovables, la construcción, producción agrícola, administración hotelera, producción o servicios y para los contratos de prestación de servicios profesionales.
Protección al trabajador
Sobre el régimen laboral en las actividades de la inversión extranjera, el Proyecto de Ley establece que en estas ha de cumplirse la legislación laboral y de seguridad social vigente en el país, según las adecuaciones que se establezcan en la propia normativa y su reglamento.
Se propone, por ejemplo, que los trabajadores que laboren en estas actividades serán, por lo general, cubanos o extranjeros residentes permanentes en Cuba, mientras que las personas no residentes permanentes que se contraten estarían sujetas a las disposiciones de inmigración y extranjería vigentes.
También se propondrá a los parlamentarios —quienes decidirán en definitiva la letra «grande y chiquita» de esta Ley, el venidero sábado— que el personal cubano o extranjero residente permanente en el archipiélago que preste servicios en las empresas mixtas, sea contratado por una entidad empleadora propuesta por el Mincex y autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Solo se exceptuarán de este régimen los integrantes de los órganos de dirección y administración de la empresa mixta. Al respecto Déborah Rivas señaló que el objetivo de estas entidades empleadoras no tendrá un fin recaudatorio.
El pago, además, se realizará en moneda nacional y por mutuo acuerdo entre la empresa mixta y la entidad empleadora, sin mediaciones de terceros, como hasta ahora ha sido.
Aligerando carga
El Proyecto sometido a consideración de los legisladores prevé para los inversionistas foráneos un régimen especial de tributación que es realmente ventajoso.
Tal es el caso de la exención del pago del impuesto sobre los ingresos personales a los inversionistas extranjeros socios en empresas mixtas, o partes en contratos de asociación económica internacional, por los ingresos obtenidos a partir de los dividendos o beneficios del negocio.
También se les aplicaría a estos y a los inversionistas nacionales (que siempre serán personas jurídicas, dentro de lo que se incluye a las cooperativas —al parecer tanto agropecuarias como no agropecuarias) un tipo impositivo del 15 por ciento sobre la utilidad neta imponible.
Se eximiría del pago de impuesto sobre utilidades a las empresas mixtas y partes en los contratos de asociación económica, por un período de ocho años a partir de su constitución —y el Consejo de Ministros podrá extender el período—, entre otros beneficios sobre el tema.
No obstante, según consta en el proyecto facilitado a la prensa, cuando «concurra la explotación de recursos naturales, renovables o no, puede aumentarse el tipo impositivo sobre utilidades, por decisión del Consejo de Ministros. En este caso puede elevarse hasta un 50 por ciento».
Las empresas mixtas y los inversionistas nacionales y extranjeros partes en contratos de asociación económica internacional, o las empresas mixtas, también podrían ser beneficiadas con bonificaciones de hasta el 50 por ciento en varios impuestos, según sea el caso.
Expediente verde
El Proyecto de Ley que se discutirá definitivamente el próximo 29 de marzo busca ofrecer —como señalamos al inicio— mayores incentivos a la inversión extranjera y asegurar que la atracción del capital foráneo contribuya eficazmente al desarrollo económico del país. No obstante, esto ocurre en el contexto del desarrollo sostenible del país, lo cual implicará —según la Ley a debate— una atención acuciosa a la introducción de tecnología, la conservación del medio ambiente y el uso racional de nuestros recursos naturales.
Así el caso, el Mincex someterá las propuestas de inversión que reciba al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), que evaluará su conveniencia desde el punto de vista ambiental y las decisiones respectivas.
En caso de daño o perjuicio, el responsable estará obligado al restablecimiento de la situación ambiental anterior y a la correspondiente reparación o indemnización, según sea el caso.
Otra tarea del Citma será proteger y gestionar la propiedad intelectual necesaria para garantizar la soberanía tecnológica del país. No puede olvidarse que nuestro mayor patrimonio es la capacidad e inteligencia de nuestras mujeres y hombres.
Estamos, como se puede ver, ante una propuesta de Ley necesaria y demandada. Lo que decidan los diputados cubanos este sábado marcará parte de la economía futura: esa próspera y sostenible que queremos. La «bandeja» está servida. Pero no nos hagamos ilusiones. No será fácil. La nueva Ley de la Inversión Extranjera no será una varita mágica. Y si lo fuera, más de un enemigo preferirá perder un ojo, un brazo, y hasta dos, por tal de romper el hechizo, o denigrarlo.
(Tomado de Juventud Rebelde)
Cubadebate
