Portal
Estado de excepción. Venezuela no había escuchado esas palabras desde 1994. El pasado viernes el presidente Nicolás Maduro lo decretó para cinco municipios del Táchira, estado andino fronterizo con Colombia, durante 60 días. Es la primera vez que se decreta un Estado de excepción bajo la Constitución de 1999, la de Hugo Chávez. Esta carta que los bolivarianos se jactaron de no usar -al contrario que los Gobierno antecesores, dirían-, sale de la manga a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, con la popularidad del Gobierno y el presidente en uno de sus peores momentos y la economía al borde del colapso.
La medida se tomó después de que la semana pasada una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana fuera atacada por paramilitares, según fuentes del Gobierno. "Vamos a un reordenamiento de la vida comercial, económica, de la seguridad ciudadana, un restablecimiento y reorganización, completa y a fondo de las comunidades de la zona fronteriza", explicó Maduro. Este lunes se añadió un municipio más y Maduro no descartó ampliarlo el tiempo que fuera necesario ni extenderlo a otras zonas del país. De hecho, el martes se barajaba la posibilidad de que el próximo estado sea Zulia, al norte de Venezuela.
Además de frenar a los grupos irregulares armados, el Gobierno dice que con estas acciones pretende acabar con los “bachaqueros”, término que usan para referirse a las personas que compran productos a precios regulados -arroz, harina de maíz, jabón, etc.-, para su reventa en el mercado ilegal tanto para el consumo interno en Venezuela como en Colombia. Según el Ejecutivo, los "bachaqueros" son los culpables de la escasez que azuza al país desde hace dos años y que se ha intensificado en los últimos meses.
El Gobierno de Maduro asegura que son los colombianos que viven en Venezuela los responsables del "bachaqueo" y, por ende, de la escasez en el país. Así como de la violencia organizada. Desde la declaración del Estado de excepción, son más de mil los colombianos deportados desde la zona del Táchira hacia Cúcuta, ciudad en el departamento Norte de Santander.
Un hombre transporta una nevera entre colombianos que regresan a su país por la frontera de Tachira, Venezuela (Reuters).
Un hombre transporta una nevera entre colombianos que regresan a su país por la frontera de Tachira, Venezuela (Reuters).
Desde la ONG Programa Venezolano de Educación y Acción (Provea), alertan que desde el Gobierno se está dando un discurso xenófobo y discriminatorio. “A muchos colombianos los están deteniendo sólo por ser colombianos, a pesar de tener papeles en regla y no estar vinculados a delitos”, cuenta Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG. “Incluso personas que son revolucionarios de larga data han dado este tipo de comentarios de mucha intensidad. Es muy revelador que no ha habido cambio de patrones culturales en los últimos años. El Gobierno está cimentando este tipo prejuicio contra el pueblo colombiano”.
El Estado de excepción contempla la suspensión de algunas garantías constitucionales, como la libertad de tránsito, el libre ejercicio económico, el derecho a reunirse y la libertad para realizar manifestaciones públicas. José Silva, abogado constitucionalista, explica para El Confidencial que la medida se toma “porque en Colombia existe una guerra civil que su Gobierno no ha sabido mantener en su territorio y ha salpicado a la seguridad de los venezolanos”. Aclara que el decreto contempla el registro de domicilios en los que se sospeche que puede haber personas “vinculadas a actos de violencia y crimen paramilitar o narcoterrorismo”.
El Gobierno ha soportado demasiado. Hay un alto número de inmigración colombiana que llega a Venezuela con propósitos de delinquir
Para Silva, se busca la protección de ciudadanos indefensos. “El Gobierno ha soportado demasiado. Hay un alto número de inmigración colombiana que llega a Venezuela con propósitos de delinquir y esto ha elevado los niveles de criminalidad. Esto lo ha potenciado la inmigración colombiana, que tiene el sicariato, el narcotráfico y el paramilitarismo”.
El discurso se repetirá en cada uno de los portavoces del Gobierno o afines. Además, se señala como principal responsable al expresidente colombiano Álvaro Uribe. Para redondear la ecuación, la conexión termina en la derecha venezolana, representada por la Mesa de la Unidad Democrática.
Venezuela es un país de opiniones divididas. Y mientras una parte aplaude la medida, la otra mira con recelo. Gustavo Briceño, profesor universitario en Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), cree que se está usando el Estado de excepción para usurpar poderes y desviarlos, “el presidente Maduro quiere limitar derechos de los ciudadanos con otros fines, como limitar el manifestar ideas políticas”. Si bien el derecho al voto está garantizado bajo esta situación, Briceño apunta que la no libertad de tránsito así como la limitación del derecho de reunión puede afectar a las próximas elecciones. “Si un partido de oposición quiere hacer un mitin o reunirse, puede que se alegue el Estado de excepción para que no lo puedan hacer”.
Cataloga la medida como una máscara para una situación preocupante para el Gobierno. “La encuestas en zonas fronterizas no les están beneficiando, el pueblo allí está contra el PSUV (partido del Gobierno) y el Gobierno. Y ahora limitan la propaganda, la expresión política y la libertad de expresión y pensamiento”.
Un contexto difícil
La última encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad) realizada entre el 8 y el 16 de agosto de este año muestra que un 64,9% de la población no tiene ninguna confianza en que el presidente y el Gobierno puedan resolver los problemas que afronta el país. En referencia a la llamada guerra económica, 69,4% cree que es falsa y una distracción para no enfrentar los problemas. Sobre la escasez y los problemas para adquirir productos de consumo básico, 62,1% de los entrevistados creen que el Gobierno y Nicolás Maduro son los responsables del desabastecimiento. Solo el 7,1% se lo atribuye al "bachaqueo". En la evaluación personal de Maduro, sólo el 22.7% cree que su gestión es entre regularmente buena y excelente.
No son pocas las encuestas que dan ventaja a la oposición de realizarse hoy las elecciones a la Asamblea Nacional. El decreto del Estado de excepción podría verse como una demostración de fuerza, el inicio de la campaña electoral. Colette Capriles, analista político, reconoce que la relación con Colombia siempre fue ambigua, de tira y afloja, y más en la frontera, “con vida propia, muy dinámica, con mucho intercambio comercial, pero con fuertes desbalances económicos que se han acentuado en los últimos años”. Para hacerse a la idea del diferencial cambiario, un peso colombiano se compra por 5,10 bolívares.
“No es la primera vez que se toman medidas erradas especiales con Colombia, es un tema comodín. Reaparece cuando hay necesidad de construir un enemigo que es a la vez externo e interno”. Añade la analista que esto forma parte de una campaña electoral muy defensiva donde el Gobierno sale “con una desventaja imposible de recuperar por medios naturales”.
La estrategia sería “construir a la oposición como un enemigo de la seguridad nacional y de la felicidad social, un enemigo que está entre nosotros pero que tiene apoyos externos, concretos, como son el paramilitarismo, una cultura de la violencia y de la muerte que ya nos invadió, que es el culpable de toda la tragedia de la inseguridad, y se asocia al contrabando de extracción y a la decadencia moral del país”. Capriles dice que esto es parte de la construcción del mapa de conspiración contra el chavismo, “no es que el Gobierno sea responsable de la crisis y el desastre económico, sino que el Gobierno lo hace dentro de lo mejor que puede con lo que le dejan sus enemigos. Es una guerra patriótica, un modo de instalar al Gobierno en la acción de la gestión pública y dar visibilidad”. Una estrategia, según la analista, que no ayuda a ganar votos, pero sí busca impedir que se vote por el contrario, “atacando la debilidad de la oposición, que la incapacidad para resolver temas de inseguridad o atacando su supuesta inmoralidad y criminalidad. Es una campaña del miedo”.
Para Alberto Aranguibel, también analista, la lectura es contraria. El Estado de excepción es un clamor popular ante una situación de alta inestabilidad. “Es una medida transitoria, no permanente que persigue corregir esos desequilibrios, acentuados ahora. Este momento no es casualidad, que sea a 4 meses de las elecciones. Los sectores de la derecha han jugado a quebrar al pueblo venezolano con la fatiga, con el hambre, han jugado con el bolsillo del venezolano. Hay un interés en agudizar el problema (la escasez de alimentos, la violencia) y buscar una ruptura en la lealtad del pueblo al proceso bolivariano”.
Aranguibel asegura que en el país hay cerca de 6 millones de desplazados colombianos, “una carga muy sustancial para nuestra economía. Los hemos recibido con afecto, pero tienen una concepción distinta de los programas de inclusión social. Para ellos es de transitorio, eventual, es un usufructo para enriquecer sus posibilidades de retorno al país”. Muchos de esos ciudadanos colombianos, en su mayoría de estrato social bajo, han sido beneficiados en estos años por las Misiones (ayuda social) del Gobierno. También de los operativos de cedulación masiva que permitieron en muchos caso la doble nacionalización y, por ende, el voto. “Eso fue un programa inclusivo. Se les dio trato igualitario. No comprendieron la significación de eso y hemos terminado teniendo estos problemas. El colombiano siempre lo vio como coyuntural, no como un programa que le ayudaba como ser humano”.
Mientras, en la frontera, el discurso político se materializa en casas de colombianos a las que se les pinta en la pared una R o una D en rojo, para distinguir las revisadas y las que deben ser demolidas. Sus dueños abandonan Venezuela escapando a través de la rambla y el río de menos de dos kilómetros que los separa de su patria; o deportados de la tierra que un día los acogió.
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-08-26/nicolas-maduro-venezuela-colombia_988197/
La medida se tomó después de que la semana pasada una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana fuera atacada por paramilitares, según fuentes del Gobierno. "Vamos a un reordenamiento de la vida comercial, económica, de la seguridad ciudadana, un restablecimiento y reorganización, completa y a fondo de las comunidades de la zona fronteriza", explicó Maduro. Este lunes se añadió un municipio más y Maduro no descartó ampliarlo el tiempo que fuera necesario ni extenderlo a otras zonas del país. De hecho, el martes se barajaba la posibilidad de que el próximo estado sea Zulia, al norte de Venezuela.
Además de frenar a los grupos irregulares armados, el Gobierno dice que con estas acciones pretende acabar con los “bachaqueros”, término que usan para referirse a las personas que compran productos a precios regulados -arroz, harina de maíz, jabón, etc.-, para su reventa en el mercado ilegal tanto para el consumo interno en Venezuela como en Colombia. Según el Ejecutivo, los "bachaqueros" son los culpables de la escasez que azuza al país desde hace dos años y que se ha intensificado en los últimos meses.
El Gobierno de Maduro asegura que son los colombianos que viven en Venezuela los responsables del "bachaqueo" y, por ende, de la escasez en el país. Así como de la violencia organizada. Desde la declaración del Estado de excepción, son más de mil los colombianos deportados desde la zona del Táchira hacia Cúcuta, ciudad en el departamento Norte de Santander.
Un hombre transporta una nevera entre colombianos que regresan a su país por la frontera de Tachira, Venezuela (Reuters).
Un hombre transporta una nevera entre colombianos que regresan a su país por la frontera de Tachira, Venezuela (Reuters).
Desde la ONG Programa Venezolano de Educación y Acción (Provea), alertan que desde el Gobierno se está dando un discurso xenófobo y discriminatorio. “A muchos colombianos los están deteniendo sólo por ser colombianos, a pesar de tener papeles en regla y no estar vinculados a delitos”, cuenta Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG. “Incluso personas que son revolucionarios de larga data han dado este tipo de comentarios de mucha intensidad. Es muy revelador que no ha habido cambio de patrones culturales en los últimos años. El Gobierno está cimentando este tipo prejuicio contra el pueblo colombiano”.
El Estado de excepción contempla la suspensión de algunas garantías constitucionales, como la libertad de tránsito, el libre ejercicio económico, el derecho a reunirse y la libertad para realizar manifestaciones públicas. José Silva, abogado constitucionalista, explica para El Confidencial que la medida se toma “porque en Colombia existe una guerra civil que su Gobierno no ha sabido mantener en su territorio y ha salpicado a la seguridad de los venezolanos”. Aclara que el decreto contempla el registro de domicilios en los que se sospeche que puede haber personas “vinculadas a actos de violencia y crimen paramilitar o narcoterrorismo”.
El Gobierno ha soportado demasiado. Hay un alto número de inmigración colombiana que llega a Venezuela con propósitos de delinquir
Para Silva, se busca la protección de ciudadanos indefensos. “El Gobierno ha soportado demasiado. Hay un alto número de inmigración colombiana que llega a Venezuela con propósitos de delinquir y esto ha elevado los niveles de criminalidad. Esto lo ha potenciado la inmigración colombiana, que tiene el sicariato, el narcotráfico y el paramilitarismo”.
El discurso se repetirá en cada uno de los portavoces del Gobierno o afines. Además, se señala como principal responsable al expresidente colombiano Álvaro Uribe. Para redondear la ecuación, la conexión termina en la derecha venezolana, representada por la Mesa de la Unidad Democrática.
Venezuela es un país de opiniones divididas. Y mientras una parte aplaude la medida, la otra mira con recelo. Gustavo Briceño, profesor universitario en Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), cree que se está usando el Estado de excepción para usurpar poderes y desviarlos, “el presidente Maduro quiere limitar derechos de los ciudadanos con otros fines, como limitar el manifestar ideas políticas”. Si bien el derecho al voto está garantizado bajo esta situación, Briceño apunta que la no libertad de tránsito así como la limitación del derecho de reunión puede afectar a las próximas elecciones. “Si un partido de oposición quiere hacer un mitin o reunirse, puede que se alegue el Estado de excepción para que no lo puedan hacer”.
Cataloga la medida como una máscara para una situación preocupante para el Gobierno. “La encuestas en zonas fronterizas no les están beneficiando, el pueblo allí está contra el PSUV (partido del Gobierno) y el Gobierno. Y ahora limitan la propaganda, la expresión política y la libertad de expresión y pensamiento”.
Un contexto difícil
La última encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad) realizada entre el 8 y el 16 de agosto de este año muestra que un 64,9% de la población no tiene ninguna confianza en que el presidente y el Gobierno puedan resolver los problemas que afronta el país. En referencia a la llamada guerra económica, 69,4% cree que es falsa y una distracción para no enfrentar los problemas. Sobre la escasez y los problemas para adquirir productos de consumo básico, 62,1% de los entrevistados creen que el Gobierno y Nicolás Maduro son los responsables del desabastecimiento. Solo el 7,1% se lo atribuye al "bachaqueo". En la evaluación personal de Maduro, sólo el 22.7% cree que su gestión es entre regularmente buena y excelente.
No son pocas las encuestas que dan ventaja a la oposición de realizarse hoy las elecciones a la Asamblea Nacional. El decreto del Estado de excepción podría verse como una demostración de fuerza, el inicio de la campaña electoral. Colette Capriles, analista político, reconoce que la relación con Colombia siempre fue ambigua, de tira y afloja, y más en la frontera, “con vida propia, muy dinámica, con mucho intercambio comercial, pero con fuertes desbalances económicos que se han acentuado en los últimos años”. Para hacerse a la idea del diferencial cambiario, un peso colombiano se compra por 5,10 bolívares.
“No es la primera vez que se toman medidas erradas especiales con Colombia, es un tema comodín. Reaparece cuando hay necesidad de construir un enemigo que es a la vez externo e interno”. Añade la analista que esto forma parte de una campaña electoral muy defensiva donde el Gobierno sale “con una desventaja imposible de recuperar por medios naturales”.
La estrategia sería “construir a la oposición como un enemigo de la seguridad nacional y de la felicidad social, un enemigo que está entre nosotros pero que tiene apoyos externos, concretos, como son el paramilitarismo, una cultura de la violencia y de la muerte que ya nos invadió, que es el culpable de toda la tragedia de la inseguridad, y se asocia al contrabando de extracción y a la decadencia moral del país”. Capriles dice que esto es parte de la construcción del mapa de conspiración contra el chavismo, “no es que el Gobierno sea responsable de la crisis y el desastre económico, sino que el Gobierno lo hace dentro de lo mejor que puede con lo que le dejan sus enemigos. Es una guerra patriótica, un modo de instalar al Gobierno en la acción de la gestión pública y dar visibilidad”. Una estrategia, según la analista, que no ayuda a ganar votos, pero sí busca impedir que se vote por el contrario, “atacando la debilidad de la oposición, que la incapacidad para resolver temas de inseguridad o atacando su supuesta inmoralidad y criminalidad. Es una campaña del miedo”.
Para Alberto Aranguibel, también analista, la lectura es contraria. El Estado de excepción es un clamor popular ante una situación de alta inestabilidad. “Es una medida transitoria, no permanente que persigue corregir esos desequilibrios, acentuados ahora. Este momento no es casualidad, que sea a 4 meses de las elecciones. Los sectores de la derecha han jugado a quebrar al pueblo venezolano con la fatiga, con el hambre, han jugado con el bolsillo del venezolano. Hay un interés en agudizar el problema (la escasez de alimentos, la violencia) y buscar una ruptura en la lealtad del pueblo al proceso bolivariano”.
Aranguibel asegura que en el país hay cerca de 6 millones de desplazados colombianos, “una carga muy sustancial para nuestra economía. Los hemos recibido con afecto, pero tienen una concepción distinta de los programas de inclusión social. Para ellos es de transitorio, eventual, es un usufructo para enriquecer sus posibilidades de retorno al país”. Muchos de esos ciudadanos colombianos, en su mayoría de estrato social bajo, han sido beneficiados en estos años por las Misiones (ayuda social) del Gobierno. También de los operativos de cedulación masiva que permitieron en muchos caso la doble nacionalización y, por ende, el voto. “Eso fue un programa inclusivo. Se les dio trato igualitario. No comprendieron la significación de eso y hemos terminado teniendo estos problemas. El colombiano siempre lo vio como coyuntural, no como un programa que le ayudaba como ser humano”.
Mientras, en la frontera, el discurso político se materializa en casas de colombianos a las que se les pinta en la pared una R o una D en rojo, para distinguir las revisadas y las que deben ser demolidas. Sus dueños abandonan Venezuela escapando a través de la rambla y el río de menos de dos kilómetros que los separa de su patria; o deportados de la tierra que un día los acogió.
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-08-26/nicolas-maduro-venezuela-colombia_988197/
