La masacre de presos en Pergamino: otro crimen de Estado

La masacre ocurrida en la comisaría 1ª de Pergamino, donde siete personas detenidas murieron en un incendio, es la peor de la historia policial en la provincia de Buenos Aires. Es, además, un crimen social, un crimen de Estado. A tal punto es así que la policía no les permitió a los bomberos abrir las rejas de los calabozos donde las víctimas se hacinaban y los obligó a tirar agua sólo desde afuera. Cuando llegaron los familiares de los detenidos se los reprimió con balas de goma, y en estos momentos la policía hace razias en los barrios donde viven allegados de los presos asesinados.

Así, una vez más, queda en evidencia el accionar criminal del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la policía provincial. Las comisarías, convertidas en lugares de detención casi permanentes, albergan por tiempos prolongados a personas privadas de su libertad, que se hacinan a la espera de un proceso penal que puede demorar años, en calabozos reducidos que no están en condiciones de albergar esa cantidad de presos. Se trata, obviamente, de una situación de riesgo constante, un caldo de cultivo para la violencia entre internos, que se suma a la violencia institucional permanente de la policía.

A todo eso se añade la completa falta de asistencia jurídica a los detenidos y el maltrato a sus familiares. La masacre ocurrida el jueves 2 no es un hecho aislado, se inscribe en ese contexto de completa precariedad en que viven los presos en las comisarías. Hace tres meses el techo de la comisaría 3ª se desplomó y sólo por fortuna no se produjo otra masacre.

El ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, continúa y empeora la política represiva del ex gobernador Daniel Scioli. Mientras la policía, los jueces y los políticos patronales amparan a las mafias organizadas del narcotráfico y la trata de personas, reprimen a los inundados de Pergamino, persiguen a los jóvenes y hacen posibles masacres como la ocurrida ahora. La responsabilidad de la gobernadora Vidal, de Ritondo y del intendente, Javier Martínez, es directa en estos hechos.

Es indispensable que los vecinos y los organismos de derechos humanos se hagan cargo del control de las comisarías. Impulsemos asambleas en todos los barrios para enfrentar la represión. El Estado es responsable.

En un comunicado de prensa titulado “la masacre de Pergamino es responsabilidad del Estado provincial”, la Comisión Provincial por la Memoria explicó las verdaderas causas que llevaron a la muerte a siete jóvenes privados de su libertad en la comisaría primera de Pergamino.

“Las únicas causas de este lamentable hecho son el sobrencarcelamiento y el hacinamiento en el que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia, producto de una política criminal largamente denunciada desde la CPM”, afirman desde el organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel y que integran, entre otros, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Roberto Cipriano García.

La CPM explica que “el colapso del sistema penal que vulnera sistemáticamente los derechos de las personas es evidente y exige un contundente cambio de rumbo”.

En tal sentido y frente a la muerte de siete jóvenes en la comisaría primera de la localidad bonaerense de Pergamino, “la CPM exige a la autoridades provinciales asumir su responsabilidad, ordenar una investigación profunda de los hechos y clausurar, de forma inmediata, todos los calabozos de las comisarías de la Provincia. Estas muertes son muertes anunciadas. No son las primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes”.

“Todas las personas detenidas están bajo custodia del Estado. Esto quiere decir que la muerte de cualquiera de ellas es responsabilidad directa de las instituciones que las tienen a su cargo. Esto es lo que ha sucedido aquí, agravado aún más porque lo que condujo a este lamentable hecho es una situación de deterioro generalizado ya conocido por las autoridades”, manifestaron desde el organismo.

Y agregan que “desde hace años la CPM viene denunciando esta situación ante la justicia argentina y en los organismos internacionales. A principios de 2015, la CPM presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el estado de hacinamiento y superpoblación y la práctica sistemática de la tortura en las comisarías bonaerenses. Esta presentación fue avalada por el organismo que ordenó al estado provincial una inmediata respuesta. En diciembre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia avaló estas denuncias en un informe contundente sobre la situación”.

Según las cifras presentadas el año pasado en el décimo informe anual de la Comisión, durante 2015 la superpoblación en algunas comisarías alcanzó el 500% y la situación general hoy para toda la provincia indica que sobre un total de 1.060 camastros hay más de 3.000 detenidos.

El comunicado de la CPM recuerda que “cuando en diciembre de 2015 el nuevo gobierno provincial, a pocos días de asumir, declaró la emergencia penitenciaria y en materia de seguridad, una vez más la CPM volvió a advertir que lo que estaba realmente en emergencia en la provincia eran los derechos humanos. Algo similar había hecho el gobierno de Daniel Scioli un año antes y también los gobiernos que lo precedieron”.

“No es posible hablar de motín intentando de este modo responsabilizar a quienes clara y evidentemente son víctimas”, sentencia el organismo y afirma que “por eso, estas muertes son responsabilidad del Estado y las causas no pueden buscarse en otro lado que no sea una política criminal que durante años ha insistido, y lo sigue haciendo, en políticas regresivas que vulneran los derechos de las personas y no han aportado ninguna solución a las demandas de mayor seguridad”.

Finalmente la CPM le exige al gobierno de María Eugenia Vidal “una urgente y profunda investigación de lo sucedido y advierte, una vez más, a las autoridades provinciales, a los funcionarios judiciales y a todos los sectores políticos que avalan estas políticas regresivas, que es indispensable repensar seriamente el rumbo que han tomado para revertir de manera urgente sus efectos”.

Spoiler:

stalingrado en la memoria escribió:¿En que año fue eso?

pablo13 escribió:

stalingrado en la memoria escribió:¿En que año fue eso?

hace 3 días compa.

stalingrado en la memoria escribió:¿En que año fue eso?

ajuan escribió:

stalingrado en la memoria escribió:¿En que año fue eso?

Mas perdido que de la Rua en el 2001.

CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales escribió:LAS MUERTES EN LA COMISARÍA DE PERGAMINO SON RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PROVINCIAL

Siete personas que estaban bajo la responsabilidad del Estado de la provincia de Buenos Aires murieron calcinadas. Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre estaban detenidos en una comisaría de Pergamino y fallecieron porque quedaron encerrados en un incendio. Según las primeras versiones, murieron por la absoluta negligencia estatal, en una situación de violencia, atrapados en un lugar del que no pudieron salir, sin ayuda y sin un plan para este tipo de emergencias que pueda proteger a los detenidos.
Lo que ocurrió no es una casualidad, es la consecuencia directa y totalmente previsible de una política criminal y de seguridad centrada en el encarcelamiento que presiona sobre un sistema penitenciario en crisis crónica por el hacinamiento y la violencia. Por ejemplo, en esa comisaría estaban detenidas personas con causas por delitos menores como tentativa de hurto agravado, daño agravado, lesiones culposas o encubrimiento.
El alojamiento de detenidos en comisarías está prohibido desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Verbitsky" en 2005 que declaró que el encierro en estas dependencias es inconstitucional porque allí no se pueden garantizar condiciones dignas de detención. Estableció además que debía revisarse el uso abusivo de la prisión preventiva.
Luego del fallo, y de un largo proceso de implementación, la cantidad de personas detenidas en estos establecimientos se había reducido a 600 personas. Pocos años después, el endurecimiento de la política criminal en la provincia de Buenos Aires llevó a un nuevo aumento y cambio de tendencia. La presión sobre el sistema penal lleva al incremento de la tasa de encarcelamiento y esto inevitablemente culmina con personas alojadas en comisarías en forma permanente.
En el último año, el hacinamiento empeoró. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2017, la tasa de encarcelamiento aumentó 13 puntos: pasó de 210 a 223 detenidos cada 100 mil habitantes. Hoy, según datos del SPB, la población privada de libertad en la provincia es de 38089 personas. Entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 hubo 3000 personas detenidas más. El sistema penitenciario no puede resistir este aumento cuyas consecuencias son el hacinamiento, el trato inhumano y la violación de los derechos humanos en los lugares de detención provincial.
En cuanto a las comisarías, en diciembre de 2015 había 1836 personas, ahora hay 3014. Según los datos oficiales, hay 1105 camastros. Es decir que hoy en la provincia hay un 172,8% de sobreocupación de lugares en los que no debería haber nadie alojado. A pesar de la declaración de emergencia penitenciaria declarada por el Poder Ejecutivo no se avanzó en un plan para desalojar las comisarías sino que, por el contrario, se previó refaccionarlas o encontrar otros lugares para alojar a quienes no tienen cupo en las unidades penitenciarias.
La solución es el cambio de la orientación de la política, no la construcción de más lugares de detención porque como lo dijo la Corte Suprema en 2005, "se está jugando una carrera entre la Administración, que amplía el número de celdas disponibles, y el número de detenidos en aumento, sin que haya perspectivas cercanas de que las curvas se crucen, lo que impide hacer cesar la violación de derechos fundamentales y en particular el derecho a la vida y a la integridad personal de los presos, del personal de custodia y de terceros."
En el Resumen Ejecutivo del Plan Estratégico 2016-2026, el propio gobierno reconoció que "la provincia de Buenos Aires recibe anualmente alrededor de 2 200 internos, mientras que la tasa de recambio del sistema es de unos 600. Ello, sumado a un índice de encarcelamiento alto (por encima de la media nacional) deriva en el agravamiento de la situación a futuro". Esta reflexión es totalmente contradictoria con políticas que impactan en una suba importante de las detenciones y de la tasa de encarcelamiento.
Las muertes ocurridas ayer son el resultado de este cuadro de situación, responsabilidad de los tres poderes del Estado de la provincia que endurecen el sistema penal, no controlan adecuadamente lo que ocurre en el sistema penitenciario y las comisarías y no protegen los derechos más básicos de las personas bajo su cuidado.
Ahora, es necesario que el ministerio público investigue lo ocurrido con celeridad y seriedad para que a este gravísimo escenario no se le agregue la impunidad de los responsables. Hace 11 años, el 12 de octubre de 2005, la represión del SPB ante una protesta y el fuego desatado en el pabellón 16 de la Unidad Nº 28 de Magdalena provocaron la muerte de 33 personas. Los penitenciarios no abrieron las puertas. Recién en agosto de este año, 15 agentes del SPB serán juzgados por abandono de persona con resultado de muerte y 2 jefes de la unidad, por el homicidio culposo de los detenidos. Hasta ahora las familias de los 33 fallecidos esperan justicia.
Es momento también que la provincia de Buenos Aires discuta una ley de control de sobrepoblación que permita revertir esta crisis humanitaria en las cárceles y comisarías bonaerenses.