El Gobierno evalúa que las Fuerzas Armadas puedan actuar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo

infobae escribió:El Gobierno evalúa que las Fuerzas Armadas puedan actuar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo

El gobierno analiza en forma muy reservada la posibilidad de darle un vuelco rotundo al rol de las Fuerzas Armadas de cara a un futuro inmediato: instar a los militares para protagonizar una lucha en contra del narcotráfico y el terrorismo no sólo en las fronteras sino también puertas adentro de la Argentina.

El tema es polémico pero el gobierno está dispuesto a dar este debate en búsqueda de consensos. Eso se evaluó en varias reuniones mantenidas la semana pasada entre el presidente Mauricio Macri, el ministro de Defensa Oscar Aguad, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros. Según pudo confirmar Infobae de tres fuentes de alta jerarquía de la Casa Rosada, la intención del gobierno es dotar de "un nuevo y moderno rol" a las Fuerzas Armadas para combatir el avance del narcotráfico, especialmente en el norte del país y en el conurbano. A la vez, la idea es que los militares también se ocupen del combate contra el terrorismo por medio de la ciberdefensa, en cooperación con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Ministerio de Seguridad.

"Hay que entender que tanto el terrorismo como el narcotráfico ya no reconocen fronteras y si decidimos combatir esto con seriedad y eficiencia no vemos por qué no podemos poner a trabajar en esta lucha a las Fuerzas Armadas con los recaudos necesarios que se merece el tema", reveló a Infobae un destacado funcionario que empezó a analizar con Macri y algunos ministros el tema.

A la vez, un secretario de Estado remarcó que "hay voluntad política" para que los militares se pongan a disposición de un trabajo conjunto con la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Pero el mismo funcionario remarcó que para ello se necesitará "mucho consenso político" en todas las fuerzas partidarias. Confían en este sentido en un eventual apoyo que sectores como el Frente Renovador de Sergio Massa -quien en una entrevista con Infobae en el paso, admitió esa posibilidad- o algunos peronistas que ya habían dado muestras de darle a las Fuerzas Armadas este nuevo papel.


El presidente Mauricio Macri y el actual ministro de Defensa, Oscar Aguad (NA)
Hay en estudio dos vías posibles para poner en marcha esta estrategia. Una de ellas es la de modificar el decreto 727/ 2006, por el que la ex ministra de Defensa Nilda Garré reglamentó la Ley de Defensa. En uno de sus artículos dice que "el sistema de defensa debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado". Este es un decreto que algunos lo denominan "restrictivo", ya que limita el accionar de las Fuerzas Armadas ante eventuales actos terroristas sólo al espacio de las fronteras. La otra alternativa legal que se maneja es modificar la Ley de Seguridad Interior para darle sustento a los militares en el accionar interno del país. Pero esta última vía se requerirá de un acuerdo mayúsculo en el Congreso que hoy Cambiemos no sabe si lo podría conseguir.

El ministro de Defensa analizó ése y otros temas desde que llegó hace menos de un mes al despacho del Edificio Libertador, en reemplazo de Julio Martínez. Según pudo saber Infobae, Aguad conformó un equipo especial y hubo varias reuniones de trabajo con el Ministerio de Seguridad, la Agencia Federal de Inteligencia y la Jefatura de Gabinete donde se evaluaron todas las opciones posibles. También se analizaron los casos comparativos de países latinoamericanos como Brasil o Colombia, donde las Fuerzas Armadas tienen un rol activo en la lucha contra el narcotráfico. En el caso del combate contra el terrorismo se pusieron sobre la mesa los recientes ejemplos del accionar militar en países de la Unión Europea.

Desde el Ministerio de Defensa se muestran muy herméticos. No obstante, fuentes confiables de esa cartera admiten que "hay que darle un rol más moderno" a las Fuerzas Armadas y adaptarlas al nuevo escenario mundial frente a la penetración de grupos de narcos y la eventual presencia de grupos terroristas en el país. Se destaca en fuentes castrenses que el servicio de Inteligencia del Ejército cuenta con más de un centenar de funcionarios cuyas labores y margenes de acción son difusos. "Hay que darles un rol activo y concreto a estos funcionarios", aseguró un importante miembro del gobierno. En épocas en que el entonces general del Ejército César Milani manejaba esa fuerza, hubo severos cuestionamientos y denuncias a su rol por el presunto uso de esa dependencia para perseguir dirigentes políticos de la oposición, empresarios o periodistas. El kirchnerismo nunca aclaró bien esa oscura etapa de Milani pese a su discurso "pseudoprogresista" en materia de uso militar para el combate contra el narcotráfico y el terrorismo.

"Tenemos la oportunidad histórica de mostrar unas Fuerzas Armadas transparentes y al servicio de un país", remarcó un funcionario de la Casa Rosada. También admitió que no será sencillo convencer a la oposición de ese tema con el pasado terrorífico que tuvieron las Fuerzas Armadas durante la dictadura.

Marcelo Ramal escribió:Gómez Centurión es Macri

Las declaraciones del restituido funcionario macrista Juan José Gómez Centurión sobre el número de desaparecidos de la dictadura –minimizándolo a 8.000- no dejan dudas. Si se tiene en cuenta que lo mismo señaló Darío Lopérfido meses atrás, sin que ello le valiera su salida del gobierno, y si se agregan las declaraciones del propio Macri sobre la “guerra sucia”, es claro que minimizar las consecuencias de la represión dictatorial constituye una política de Estado.  Centurión, además, no es un advenedizo en el mundo del macrismo: como funcionario porteño, carga con el criminal incendio del galpón Iron Mountain, del que nunca pudo rendir cuentas en la Legislatura. A pesar de ello, Macri le dio la gestión de la Aduana, donde terminó sostenido a pesar de las graves denuncias en su contra. Centurión, como Arribas, es Macri.

En sus declaraciones, Centurión rechazó también que la represión videliana formara parte de un plan genocida –algo que no debería sorprender, si se tiene en cuenta que formó parte de la rebelión carapintada que le arrancó el punto final y la obediencia debida a los partidos que gobiernan la Argentina desde 1983 hasta hoy.  La tentativa de reinstaurar el protagonismo político de las Fuerzas Armadas, de todos modos, tiene sus antecedentes en el nombramiento de un espía y partícipe del genocidio, César Milani, bajo el kirchnerismo.

Las declaraciones del ex carapintada se producen después de que Macri intentara transformar en un feriado móvil al 24 de marzo, lo que finalmente desechó en nombre de la 'unión de los argentinos', o sea, en función de evitar una deliberación política respecto del genocidio dictatorial.

La negación del genocidio como política de Estado es inseparable del reforzamiento represivo que el macrismo y sus cómplices provinciales –incluyendo a massistas y peronistas- están emprendiendo, como se vio en la salvaje escalada contra los mapuche, en la reciente represión a los obreros de AGR-Clarín,  y en la tentativa de criminalización a los inmigrantes y a la juventud.

El reclamo urgente para que se vaya Gómez Centurión debe ser parte de una lucha general contra el gobierno ajustador y represivo que encabeza Mauricio Macri, y no para “preservar” a un gobierno de quien, a todas luces, no dijo un exabrupto, sino una posición oficial.  

Fuente: "Prensa Obrera".

Marcelo Ramal escribió:Apenas sancionada la ley antijubilatoria, el gobierno se ha largado a una escalada de persecución política y criminalización, tomando como blanco a la enorme gesta obrera que ganó la plaza de los Dos Congresos el lunes 18. Las acusaciones siguen el método de la intriga y la provocación, articulados entre la “justicia”, los esbirros mediáticos del macrismo y sus redactores, que no son otros que los servicios de espionaje.

[...]

La tentativa del gobierno de poner en pie un “estado de excepción” ha estado presente en toda esta crisis. Por caso, cuando en la noche del jueves 14, con la sesión ya fracasada, Mauricio Macri amagó con imponer el robo a los jubilados a través de un decreto de necesidad y urgencia. También se inscriben en esta tendencia los ataques oficiales -que podrían llegar al pedido de juicio político-a la jueza López de Vergara, la cual, en la mañana de este lunes, dispuso que los efectivos policiales no podían portar armas de fuego. La impugnación a la jueza delata la intención oficial de apelar a los métodos represivos más brutales. En las últimas horas se ha reprimido al Ingenio La Esperanza en Jujuy (ver nota aparte), detenido a 50 huelguistas y se ha dictado orden de captura a la dirección del sindicato, mostrando la faceta de ilegalización de las organizaciones obreras de lucha. Finalmente, se ha amenazado a la izquierda con la proscripción política abierta, bajo la forma del retiro de sus personerías o fondos electorales.

La respuesta a toda esta infamia debe ser contundente:
• Abajo la represión y la persecución a los militantes, luchadores y a la izquierda.
• Investigación, juicio y castigo de todos los atropellos represivos del jueves 14 y del lunes 18.

Fuente: "Prensa Obrera".