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Meses atrás, el ministro de Agricultura Productiva y Tierras de Venezuela, Wilmar Castro Soteldo, realizó su programa Cultivando Conciencia Número 99 en El Vigía, un matadero público ubicado en Quibor, estado Lara, el cual entregó a una empresa privada para su operatividad.
En aquel contexto, Castro Soteldo habló de la importancia para el país del desarrollo de una burguesía revolucionaria. De un modo determinista el ministro argumentó, con una cita del libro Venezuela Violenta de Orlando Araujo, que impulsando una burguesía de este tipo era necesario para el posterior avance de las fuerzas productivas en Venezuela.
El Ministro de Agricultura y Tierras de esta manera se convierte en uno de los primeros de la dirección política de la Revolución Bolivariana que, en esta nueva etapa, definía lo que ya le venía sucediendo con algunas empresas públicas, las cuales para sorpresa de muchos y muchas, comenzaron a cambiar de nombre y dueños, y no precisamente hacia la propiedad social o en manos de consejos comunales y comunas.
Casi 6 meses después de las declaraciones de Castro Soteldo, durante una rueda de prensa el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, trajo a la palestra pública el tema de la propiedad privada sobre las empresas públicas. El mandatario regional explicó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) debería estar administrado por empresas privadas para, a criterio del gobernador, hacerlo más eficiente.
Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Uno de estos fue José Ávila, actual presidente del Alimentos Carabobo (AlimCa), quien en un tono machista y homofóbico indicó que acompañan sin ambigüedad al presidente Nicolas Maduro en su política de alianzas con los privados, “allá quienes lloran como niña lo que no pudieron defender como hombres”.
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La cuestión hubiese pasado debajo de la mesa como un tuit más, en donde para quedar bien un funcionario público le hace coro a su jefe. Sin embargo, como José Ávila también fue presidente del Inti durante casi 3 años (2016-2019), su afirmación tiene una connotación especial, poniéndole palabras nuevamente a una práctica que viene realizando un sector dentro del Gobierno Bolivariano, ausente de las ideas de Chávez y del Socialismo.
La entrega de tierras a terratenientes, alianza con los privados
Desde portuguesa, en junio del año pasado, salió una marcha de campesinos y campesinas con el objetivo de exponerle al presidente de Venezuela, Nicolás maduro, la problemática que viven estos hombres y mujeres del campo.
Mientras el presidente Maduro recibe a la Marcha Campesina Admirable, sicarios, al servicio de un terrateniente, asesinan a 3 productores que ocupaban el hato La Escondida, y amenazan al resto de los campesinos y campesinas para que se retirasen del predio.
La Escondida es una finca que pertenecía al Central Azucarero Ezequiel Zamora (de propiedad pública) en Sabaneta, estado Barinas. El terrateniente Ricardo Mora estaba disputando esta tierra con el concejo campesino “Lanceros de la Pescalinera de Zamora”.
José Ávila, en octubre del 2017, como presidente del INTi le entregó a Mora la Certificación de Finca Productiva por La Escondida, un importante instrumento jurídico que blindaba de alguna manera la propiedad agrícola y por otro lado le brindó confianza al terrateniente, al sentir respaldo jurídico de la institución.
Esto se hizo de manera irregular por Ávila ya que, al ser tierras de propiedad estadal, no puede certificarse como propiedad de un particular, en este caso Ricardo Mora, sin haber sido removido el comodato con el CAEZ.
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A pesar de esto, el concejo campesino decide seguir peleando por la tierra, recibiendo amenazas constantes departe de Mora. Hasta que aquel 8 de agosto, llegaron los sicarios disparando y luego degollando a Orlando Reyes Parra, quien participo en un trayecto de la Marcha Campesina, para luego matar a otros dos campesinos de nombre Pedro Vielma y Ramón Rosario .
De esta manera huyó Ricardo Mora, principal sospechoso y luego el Fiscal General de la República, Tareck Willian Saab, anuncia su captura en Colombia, sin embargo, hasta el momento no se sabe nada del terrateniente prófugo.
Los terratenientes, con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, intensificaron la violencia en el campo, amenazando revertir, a sangre y articulados con algunos funcionarios, la política agraria del comandante Chávez.
De hecho, uno de los detonantes para que la marcha campesina caminara desde Portuguesa hasta Caracas, fue el secuestro y posterior asesinato de los campesinos Jesús León y Guillermo Toledo, según la página web Supuesto negado, “miembros del Consejo Comunal Robert Serra (CCRS), integrado por 56 familias que disputan el rescate de 336 hectáreas del Hato Palo Quemao, ubicado en el municipio Arismendi del estado Barinas”.
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En marzo del 2017, José Ávila, después de movilizaciones campesinas, sancionó un rescate parcial sobre el predio y de 4800 hectáreas, otorgó apenas 336 a siete cooperativas campesinas, luego, el mismo día, entregó a la Agropecuaria Mañongo C.A, representada por el terrateniente Carlos Pardí, una Certificación de Finca Mejorable por 1800 hectáreas, dejando por fuera a los 336 disputadas por el consejo comunal.
Así comenzó una nueva ofensiva, esta vez de las instituciones de justicia conectadas con los terratenientes: El consejo comunal fue hostigado y desalojados violentamente por la Guardia Nacional Bolivariana, 9 de sus integrantes encarcelados y puestos posteriormente bajo régimen de presentación por embriaguez y alteración del orden, así mismo, el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Apure y el municipio Arismendi del estado Barinas autorizó una “medida cautelar anticipada de protección a la producción agroalimentaria y actividad agraria y del medio ambiente” por dos años a favor de Carlos Pardi sobre las 336 hectáreas en disputa.
En estos dos casos, que involucran a José Ávila, los terratenientes, quienes acumulan y privatizan la tierra, se sintieron “guapos y apoyados” al recibir las certificaciones de tierras ociosas, bajo latifundio, que el mismo comandante Chávez había instruido a expropiar.
Estos títulos en manos de los campesinos y campesinas tal vez no hubiesen sido un salvoconducto para la muerte, sin embargo, eran un aval necesario para ser reconocidos y reconocidas por las instancias e instituciones relacionadas al tema agrario.
La eficiencia de los privados
La “alianza” con los empresarios que pretenden defender algunos funcionarios, es un debate que trajo a la palestra el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, al decir que la distribución eléctrica debería estar en manos privadas, utilizando una falacia neoliberal que liga la eficiencia al sector empresarial, argumento esgrimido por algunos gobiernos para privatizar.
Esta premisa de “eficiencia es igual a privado, ineficiencia y corrupción a lo público” se desmiente en la misma manera que fue administrada el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) antes de ser nacionalizado completamente.
Hasta el año 2007 gran parte de la electricidad en Venezuela era manejada por empresas privadas hasta que el comandante Hugo Chávez, como Presidente de la República declaró al SEN como un sector estratégico y lo nacionalizó para hacer una sola empresa pública: CorpoElec.
Víctor Hugo Majano, periodista y director del portal web LaTabla.com, indicó recientemente en un artículo que, en el municipio Puerto Cabello, en donde el actual Gobernador de Carabobo fue dos veces alcalde, la electricidad era administrada por la estadounidense ENRON, a través de una empresa llamada C.A. Luz y Fuerza Eléctricas (CALIFE) de Puerto Cabello .
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Enron Corporation era una multinacional de energía con filiales en todo el mundo, que luego quebró debido a prácticas irregulares en su contabilidad, sus ejecutivos fueron sentenciados a años de prisión y miles de empleados perdieron sus empleos y gastos de pensión.
Por otro lado, la conocida Electricidad de Caracas estuvo en manos de la familia Zuloaga hasta el año 2000, antes de ser vendida a una compañía estadounidense. Su principal cara fue Guillermo Zuloaga, accionista mayoritario de Globovisión, ahora prófugo de la justicia venezolana por usura y agavillamiento relacionado al Banco Federal, compañía del cual también era dueño.
De esta manera, el gobernador de Carabobo intentó hablar de eficiencia en el manejo de un servicio público, de carácter estratégico, silenciando que su carácter público no es la causa del problema sino una consecuencia de la mala gestión y sabotaje de quienes han operado sobre la misma.
La hegemonía de la propiedad social
El expresidente del INTi y exdiputado del PSUV, José Ávila, borró el tuit machista en donde justificaba su “alianza con los privados” y sacó uno nuevo para justificar su comentario anterior, pero esta vez utilizando el argumento de que el comandante Chávez había realizado asociaciones con empresas privadas.
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La afirmación de Ávila es verdadera hasta cierto punto, ya que, a pesar del llamado de Chávez a respetar la propiedad privada sobre los medios de producción, el mismo comandante lo hizo convocando a construir una hegemonía de la propiedad social.
En ese sentido gran parte de su legado fue la creación de un nuevo modelo de estado, basado en las comunas, en donde la propiedad social fuese quien otorgase toda la riqueza necesaria para satisfacer las necesidades de la población.
A pesar de que la sociedad está muy marcada por la lucha de clases y la Revolución Bolivariana no escapa de esta realidad, a lo interno de la misma hay una puja por el modelo a seguir.
Por ahora surgen preguntas como ¿si uno de estos modelos es la alianza de la que habla Ávila?, ¿la alianza es la entrega de las empresas públicas a manos de un propietario y de tierras a latifundistas?, ¿Y la transparencia ennestas alianzas: modelo de gestión, montos invertidos, hanancias? Sin respuestas aun, solo quedan las palabras puestas a estos actos que, desde hace un tiempo, viene realizando -o tiene la intención de hacerlo- un sector en beneficio de unos pocos.
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Agrego: Walter Martinez dedicó un tuit a Castro Soteldo y éste le respondio: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Otros articulos que tienen relación para entender:
En Venezuela no hay empresarios: Toda la información del funcionamiento estructural e histórico de las élites: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Manual para entender los paros de empleados públicos que Guaidó quiere hacer en Venezuela : [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Reportajes de autocritica (viejo): [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
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El Ministro de Agricultura y Tierras de esta manera se convierte en uno de los primeros de la dirección política de la Revolución Bolivariana que, en esta nueva etapa, definía lo que ya le venía sucediendo con algunas empresas públicas, las cuales para sorpresa de muchos y muchas, comenzaron a cambiar de nombre y dueños, y no precisamente hacia la propiedad social o en manos de consejos comunales y comunas.
Casi 6 meses después de las declaraciones de Castro Soteldo, durante una rueda de prensa el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, trajo a la palestra pública el tema de la propiedad privada sobre las empresas públicas. El mandatario regional explicó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) debería estar administrado por empresas privadas para, a criterio del gobernador, hacerlo más eficiente.
Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Uno de estos fue José Ávila, actual presidente del Alimentos Carabobo (AlimCa), quien en un tono machista y homofóbico indicó que acompañan sin ambigüedad al presidente Nicolas Maduro en su política de alianzas con los privados, “allá quienes lloran como niña lo que no pudieron defender como hombres”.
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La cuestión hubiese pasado debajo de la mesa como un tuit más, en donde para quedar bien un funcionario público le hace coro a su jefe. Sin embargo, como José Ávila también fue presidente del Inti durante casi 3 años (2016-2019), su afirmación tiene una connotación especial, poniéndole palabras nuevamente a una práctica que viene realizando un sector dentro del Gobierno Bolivariano, ausente de las ideas de Chávez y del Socialismo.
La entrega de tierras a terratenientes, alianza con los privados
Desde portuguesa, en junio del año pasado, salió una marcha de campesinos y campesinas con el objetivo de exponerle al presidente de Venezuela, Nicolás maduro, la problemática que viven estos hombres y mujeres del campo.
Mientras el presidente Maduro recibe a la Marcha Campesina Admirable, sicarios, al servicio de un terrateniente, asesinan a 3 productores que ocupaban el hato La Escondida, y amenazan al resto de los campesinos y campesinas para que se retirasen del predio.
La Escondida es una finca que pertenecía al Central Azucarero Ezequiel Zamora (de propiedad pública) en Sabaneta, estado Barinas. El terrateniente Ricardo Mora estaba disputando esta tierra con el concejo campesino “Lanceros de la Pescalinera de Zamora”.
José Ávila, en octubre del 2017, como presidente del INTi le entregó a Mora la Certificación de Finca Productiva por La Escondida, un importante instrumento jurídico que blindaba de alguna manera la propiedad agrícola y por otro lado le brindó confianza al terrateniente, al sentir respaldo jurídico de la institución.
Esto se hizo de manera irregular por Ávila ya que, al ser tierras de propiedad estadal, no puede certificarse como propiedad de un particular, en este caso Ricardo Mora, sin haber sido removido el comodato con el CAEZ.
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De esta manera huyó Ricardo Mora, principal sospechoso y luego el Fiscal General de la República, Tareck Willian Saab, anuncia su captura en Colombia, sin embargo, hasta el momento no se sabe nada del terrateniente prófugo.
Los terratenientes, con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, intensificaron la violencia en el campo, amenazando revertir, a sangre y articulados con algunos funcionarios, la política agraria del comandante Chávez.
De hecho, uno de los detonantes para que la marcha campesina caminara desde Portuguesa hasta Caracas, fue el secuestro y posterior asesinato de los campesinos Jesús León y Guillermo Toledo, según la página web Supuesto negado, “miembros del Consejo Comunal Robert Serra (CCRS), integrado por 56 familias que disputan el rescate de 336 hectáreas del Hato Palo Quemao, ubicado en el municipio Arismendi del estado Barinas”.
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Así comenzó una nueva ofensiva, esta vez de las instituciones de justicia conectadas con los terratenientes: El consejo comunal fue hostigado y desalojados violentamente por la Guardia Nacional Bolivariana, 9 de sus integrantes encarcelados y puestos posteriormente bajo régimen de presentación por embriaguez y alteración del orden, así mismo, el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Apure y el municipio Arismendi del estado Barinas autorizó una “medida cautelar anticipada de protección a la producción agroalimentaria y actividad agraria y del medio ambiente” por dos años a favor de Carlos Pardi sobre las 336 hectáreas en disputa.
En estos dos casos, que involucran a José Ávila, los terratenientes, quienes acumulan y privatizan la tierra, se sintieron “guapos y apoyados” al recibir las certificaciones de tierras ociosas, bajo latifundio, que el mismo comandante Chávez había instruido a expropiar.
Estos títulos en manos de los campesinos y campesinas tal vez no hubiesen sido un salvoconducto para la muerte, sin embargo, eran un aval necesario para ser reconocidos y reconocidas por las instancias e instituciones relacionadas al tema agrario.
La eficiencia de los privados
La “alianza” con los empresarios que pretenden defender algunos funcionarios, es un debate que trajo a la palestra el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, al decir que la distribución eléctrica debería estar en manos privadas, utilizando una falacia neoliberal que liga la eficiencia al sector empresarial, argumento esgrimido por algunos gobiernos para privatizar.
Esta premisa de “eficiencia es igual a privado, ineficiencia y corrupción a lo público” se desmiente en la misma manera que fue administrada el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) antes de ser nacionalizado completamente.
Hasta el año 2007 gran parte de la electricidad en Venezuela era manejada por empresas privadas hasta que el comandante Hugo Chávez, como Presidente de la República declaró al SEN como un sector estratégico y lo nacionalizó para hacer una sola empresa pública: CorpoElec.
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Por otro lado, la conocida Electricidad de Caracas estuvo en manos de la familia Zuloaga hasta el año 2000, antes de ser vendida a una compañía estadounidense. Su principal cara fue Guillermo Zuloaga, accionista mayoritario de Globovisión, ahora prófugo de la justicia venezolana por usura y agavillamiento relacionado al Banco Federal, compañía del cual también era dueño.
De esta manera, el gobernador de Carabobo intentó hablar de eficiencia en el manejo de un servicio público, de carácter estratégico, silenciando que su carácter público no es la causa del problema sino una consecuencia de la mala gestión y sabotaje de quienes han operado sobre la misma.
La hegemonía de la propiedad social
El expresidente del INTi y exdiputado del PSUV, José Ávila, borró el tuit machista en donde justificaba su “alianza con los privados” y sacó uno nuevo para justificar su comentario anterior, pero esta vez utilizando el argumento de que el comandante Chávez había realizado asociaciones con empresas privadas.
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La afirmación de Ávila es verdadera hasta cierto punto, ya que, a pesar del llamado de Chávez a respetar la propiedad privada sobre los medios de producción, el mismo comandante lo hizo convocando a construir una hegemonía de la propiedad social.
En ese sentido gran parte de su legado fue la creación de un nuevo modelo de estado, basado en las comunas, en donde la propiedad social fuese quien otorgase toda la riqueza necesaria para satisfacer las necesidades de la población.
A pesar de que la sociedad está muy marcada por la lucha de clases y la Revolución Bolivariana no escapa de esta realidad, a lo interno de la misma hay una puja por el modelo a seguir.
Por ahora surgen preguntas como ¿si uno de estos modelos es la alianza de la que habla Ávila?, ¿la alianza es la entrega de las empresas públicas a manos de un propietario y de tierras a latifundistas?, ¿Y la transparencia ennestas alianzas: modelo de gestión, montos invertidos, hanancias? Sin respuestas aun, solo quedan las palabras puestas a estos actos que, desde hace un tiempo, viene realizando -o tiene la intención de hacerlo- un sector en beneficio de unos pocos.
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