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La justicia del 18 de julio, la de la Transición
extracto del libro “La sombra de Franco en la Transición”, de Alfredo Grimaldos - año 2004
La actuación de la Justicia durante la Transición se caracteriza por un rigor excesivo contra la izquierda rupturista y por la protección de la extrema derecha y las fuerzas policiales. Durante este período desaparece formalmente el TOP (Tribunal de Orden Público) franquista, pero todos los magistrados que colaboraron en la trayectoria de este órgano judicial permanecen enclavados en los órganos judiciales de la Monarquía.
El TOP es el encargado, junto con la llamada Justicia Militar, de la represión de las libertades durante los últimos años de la dictadura. El gobierno de Adolfo Suárez adopta la decisión política de suprimirlo, por decreto-ley, en la última reunión del Consejo de Ministros de 1976, el 30 de diciembre, siendo titular del departamento de Justicia Landelino Lavilla. La desaparición legal de este órgano se produce el 5 de enero de 1977, fecha en la que también se publica la Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, y se crea la Audiencia Nacional. La competencia jurisdiccional en materia de terrorismo se traspasa a este nuevo órgano, al que se incorporan, destacados magistrados de la plantilla del TOP. Como dice el juez Navarro, «no esperan ni siquiera los tres días de rigor para resucitar». La Audiencia Nacional nace, irregularmente, por decreto-ley: ni con la legislación franquista ni con la vigente Constitución de 1978 resulta admisible la creación de un órgano judicial tornando este atajo, para ello es preceptivo promulgar la ley correspondiente. Para que todo quede bien claro, la nueva Audiencia Nacional se instala en las rancias dependencias del TOP. Ni siquiera se cambian los letreros de las salas.
A lo largo de sus 13 años de existencia, el Tribunal de Orden Público incoa 22.660 procedimientos y celebra 3.835 juicios. En los tres últimos años de esta jurisdicción (1974-1976) se tramitan el 60% del total de los procedimientos, dato que evidencia el aumento de las luchas obreras y políticas durante los últimos años del franquismo y, en consecuencia, el incremento de la represión. El Tribunal se crea el 2 de diciembre de 1963, con competencias para «enjuiciar los delitos singularizados por la tendencia, en mayor o menor gravedad, a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la con-ciencia nacional». Sustituye en esa competencia represiva a los Tribunales Militares y al Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. La última sentencia condenatoria que dicta el TOP es la 2,908. En ese momento, todavía toda España es una cárcel. El Tribunal constituye un órgano de la «justicia política», incompatible con una organización democrática del Estado. Rompe con el principio de juez neutral y castiga como delito lo que sólo es ejercicio de las libertades básicas. Se estrena con una sentencia dictada el 23 de marzo de 1964, en la que se condena a diez años y un día de prisión a un albañil «por injurias al Caudillo», La noche del 29 de septiembre de 1963, con una copa de más, en una taberna de Leganés, Timoteo Buendía Gómez había gritado: «Me cago en Franco».
Este órgano jurisdiccional del régimen tiene sólo tres presidentes a la largo de toda su existencia: Enrique Arnat Casado, José Hijas Palacios y Francisco Mateu Canovés, único magistrado que forma parte de todos los juicios y firma todas las sentencias del Tribunal. En su libro ‘El TOP. La represión de la libertad’, Juan José del Aguila señala: «Mateu se mantuvo en su cargo algo más de nueve años, entre noviembre de 1967 y enero de 1977. No sólo encarnó la presidencia más extensa del TOP, sino que fue su miembro más servicial, dado que fue uno de los magistrados inicialmente designados, en enero de 1964, momento el que comenzó la actividad el tribunal». En plena Transición, una mañana de 1978, un comando de ETA acaba con su vida.
El predecesor de Francisco Mateu en el cargo, José Hijas Palacios, prosigue su carrera durante la Monarquía, integrado en el Tribunal Supremo, y no se jubila hasta 1984. Hasta el momento de retirarse ejerce de presidente en funciones de la Sala Segunda. Cuando aún ostentaba la presidencia del TOP declaró: «Para mí es exactamente igual un ladrón que un comunista o un violador».
El Tribunal de Orden Público constituye un semillero de magistrados franquistas que continúan ejerciendo su labor durante toda la Transición y prosiguen ascendiendo en sus respectivas carreras, incluso durante la época de las mayorías absolutas del PSOE, ya en los años ochenta. Después de haber jurado, todos ellos, «servir a España con absoluta lealtad al Caudillo» y «estricta fidelidad a los principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino».
Creado por el undécimo gobierno de la dictadura, el mismo que da el «visto bueno» al ajusticiamiento del militante comunista Julián Grimau y de los anarquistas Granado y Delgado, el TOP es el encargado de reprimir penalmente a la oposición antifranquista. La asociación ilícita, la propaganda, la manifestación ilegal y la publicación de información sin censura oficial, tipificadas como delitos por el ordenamiento jurídico de la dictadura, constituyen el grueso de las causas instruidas por este órgano juridiccional franquista. «Todos sus miembros (jueces, magistrados y fiscales) son de libre designación. Sus funciones esenciales se pueden resumir en una sola: reprimir la oposición democrática o cualquier asomo de discrepancia ideológico-política. Tras la criminalización de la conciencia y la ideología, su encarcelamiento», escribe el juez Joaquín Navarro en su libro ‘Manos Sucias. El poder contra la justicia’. Y prosigue: «Los clientes y abogados de tan atípico entramado jurisdiccional no podrán olvidar jamás la dureza de sus resoluciones, las peculiaridades de sus procedimientos y su sistemático desprecio de los derechos humanos de los acusados. Los atestados policiales eran casi artículos de fe judicial, se rechazaban sistemáticamente las peticiones de libertad provisional, se desatendían despectivamente las alegaciones de torturas, se atendían religiosamente las autoinculpaciones realizadas ante la policía política, se podía celebrar el juicio oral en rebeldía de los acusados».
Aunque el Tribunal de Orden Público tiene competencias en todo el territorio nacional, radica en Madrid y, a pesar de su manifiesta ilegitimidad, está integrado por jueces magistrados y fiscales procedentes de la jurisdicción ordinaria. Los juzgados militares, que actúan simultáneamente al TOP, tras la creación de éste, continúan con su función de reprimir el «bandidaje, la masonería y el comunismo». Pero entre sus miembros cuentan sólo con jefes y oficiales del Ejército.
En un estudio sobre el TOP publicado en la revista ‘Motivos de Actualidad’ en 1995, el periodista Rafael Cid señala: «Visto desde hoy, lo que sorprende, por conocido y por los innegables esfuerzos realizados desde diferentes sectores del sistema para ocultarlo, es el método de voluntariado vigente en el TOP. La pertenencia al tribunal franquista era voluntaria y el destino estaba primado con un sobresueldo en razón de las especiales características del cargo. La vocación de Gran inquisidor del TOP, en su objetivo de ahogar cualquier signo de oposición al régimen, provocó situaciones esperpénticas. Entre los primeros casos vistos por el tribunal en 1963, figuraban el de una persona procesada por desórdenes públicos por haber incendiado una caseta de FENOSA (Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A.) en Ribadavia (Orense) y el de un grupo de vecinos de un pueblo leridano que agredieron a la comisión del Colegio de Médicos que había silenciado la negligencia criminal de un médico rural».
El lado esperpéntico de esa terrible maquinaria represiva aflora en la respuesta de un magistrado del Tribunal a unos periodistas que le preguntan por qué razón la blasfemia está castigada en España con seis meses de arresto, mientras las injurias al jefe del Estado se penan con seis años de cárcel: «Dios no se enfada cuando le insultan, Franco sí».
Gracias a la ley de punto final tácita de la que se beneficia el franquismo durante la Transición, no sólo no se produce ningún tipo de ruptura o depuración judicial a partir de 1976, sino que los hombres del TOP continúan gozando de una sorprendente promoción profesional. En su estudio, Rafael Cid aporta datos contundentes sobre los ascensos que cosechan, ya con la Monarquía, los servidores del ordenamiento jurídico represivo diseñado por el franquismo, ejemplarizado en el TOP: Antonio Torres-Dulce Ruiz, ultraderechista integral, llega a presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. José Garralda Valcárcel, José Hijas Palacios y José Maria Riera Larios alcanzan el Tribunal Supremo. Antonio Martínez Carrera y Carlos María Entrena Klett se convierten en presidentes de Sala de la Audiencia Territorial de Madrid, Los «méritos políticos», ya han ayudado a Entrena en su carrera durante el franquismo, gracias a ellos llega a la Audiencia Territorial de Cáceres. Con la Monarquía continúa ascendiendo y, desde la Audiencia de Madrid, juzga algunos crímenes protagonizados por ultraderechistas. Como la muerte del joven anarquista Jorge Caballero. A dos de sus asesinos los despacha con una multa de 50.000 pesetas.
En la Audiencia Nacional encuentran acomodo Manuel Gómez-Villaboa Novoa, Fernando Méndez Rodríguez, Rafael Gómez Chaparro y Jaime Mariscal de Gante, uno de los más destacados verdugos del TOP. Su hija Margarita Mariscal de Gante será ministra de Justicia en los gobiernos de José María Aznar.
A partir de 1982, ya con el Gobierno del PSOE, continúan los ascensos. Escribe Cid: «Félix Hernández Gil, que fue fiscal jefe del TOP, fiscal especial durante el franquismo para el «caso Matesa» y familiar del promotor de la «Causa General sobre la Dominación Roja en España», se convierte en número tres de la Fiscalía. Luis Manuel Poyatos Bernáldez, teniente fiscal del TOP en el período 1966-1968, llega al puesto clave de inspector fiscal del Tribunal Supremo el 1 de abril de 1988, aniversario de la victoria de Franco. Los casos del magistrado del TOP Fernando Cid Fontán, el teniente fiscal Luis Beneytez Merino y el abogado fiscal Jesús Silva Porto cierran el círculo protector trazado por el PSOE sobre el TOP Estos tres franquistas llegan, respectivamente, a presidente de Sala de la Audiencia Nacional, fiscal del Tribunal Supremo y fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid». Rafael Cid también relata un caso curioso, el del antiguo juez de Tribunal de Orden Público Diego Córdoba Gracia, «quien pasa directamente, desde el despacho del Juzgado número 2 de Madrid del tribunal político de la dictadura, a ser contratado como alto cargo de la empresa editora del diario El País. De perseguir mediante condenas y multas disparatadas los delitos de opinión, a garantizar la «libertad de expresión». Nacido el 31 de marzo de 1930, ocupa el estratégico puesto de magistrado juez titular del Juzgado de Orden Público número 2 de Madrid a partir de 1972». Su colega en el Juzgado de Orden Público número 1 de Madrid es el juez ultra Rafael Gómez Chaparro. «La ampliación de efectivos del TOP en dos juzgados ilustraba sobre el desesperado intento de la dictadura franquista para sofocar las crecientes protestas de las fuerzas políticas y sociales en su lucha por la conquista de las libertades democráticas», añade el periodista.
Córdoba permanece al frente del Juzgado de Orden Público del TOP hasta 1975. Su secretario es Eugenio López López, un notorio miembro del Consejo Nacional del Movimiento. Durante su mandato Córdoba entiende de numerosos asuntos relacionados con los delito más perseguidos por el régimen: manifestaciones, huelgas, propaganda política, asociacionismo ilegal… Es particularmente notoria su participación en el procesamiento de los 111 miembros de la Asamblea Democrática de Catalunya, detenidos el 28 de octubre de 1973, «por reunión no pacífica», en un Centro Parroquial. Aún faltan algunos años para que llegue a jefe de la Asesoría Jurídica de El País, y el magistrado decide decretar el procesamiento masivo de los miembros de este órgano unitario de la oposición antifranquista. Les impone multas que oscilan entre las 25.000 y las 100.000 pesetas de la época.
La supresión del TOP en 1976 no pasa de ser una medida simbólica, porque la legislación franquista continúa vigente y las moderadas reformas legales que se van consiguiendo arrancar a las Cortes orgánicas encuentran en los magistrados, muchos de ellos antiguos gobernadores civiles y jefes del Movimiento, un fuerte rechazo. La resistencia del Tribunal Supremo a la legalización del PCE constituye un claro ejemplo. Uno de los casos más significativos entre los jueces franquistas que siguen ejerciendo su poder durante la Transición es el de Rafael Gómez Chaparro, magistrado polémico desde sus tiempos del TOP. Él es quien da carpetazo a la investigación de los asesinatos que se producen en Montejurra en mayo de 1976. Franquista ultramontano, aún en vida del dictador cita a declarar a aperturistas tan «peligrosos» como Landelino Lavilla, Marcelino Oreja y José Luis Álvarez, miembros del grupo Tácito. Gómez Chaparro es también quien concede un insólito permiso carcelario a uno de los asesinos de los abogados laboralistas de Atocha, Fernando Lerdo de Tejada, en abril de 1977, que el pistolero aprovecha para desaparecer. Tras el escándalo provocado por la fuga de este ultraderechista, Gómez Chaparro deja la Audiencia Nacional, «a petición propia», y es nombrado titular del Juzgado 14 de Instrucción de Madrid. Él es quien pone también en la calle a los ultras que asaltan la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. El 25 de enero de 1979, varias decenas de fascistas, entre los que se encuentran Jaime Fraga García Valdés -sobrino de Manuel Fraga Iribarne- y los hermanos Jacobo y Santiago Pedrosa García de Castejón -hijos del ex procurador franquista Antonio Pedrosa Latas- entran violentamente en el recinto universitario. Es una acción militar comandada a toque de silbato, en la que participan destacados miembros del Frente de la Juventud. Entre disparos y golpes con bates de béisbol, los fascistas dejan un saldo de varios estudiantes heridos. La clausura del domicilio social del Frente de la Juventud, dictada por el Gobierno Civil, dadas las claras implicaciones de esta organización en el asalto, es posteriormente levantada por decisión del juez instructor del correspondiente sumario, Rafael Gómez Chaparro.
Íntimo amigo y correligionario de Gómez Chaparro es el juez Ricardo Varón Cobos, quien también goza de un notable protagonismo durante la segunda mitad de los años 70. En 1979 este magistrado rechaza una querella, presentada por noventa abogados, en la que se denuncian presuntos malos tratos a los internos en la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha. Pone una fianza desorbitada a la acusación particular para impedir que el caso progrese. En el proceso abierto por la muerte de la joven estudiante Yolanda González, en 1980, Varón Cobos se niega dos veces a procesar a David Martínez Loza, jefe de seguridad de Fuerza Nueva. El principal acusado, Emilio Hellín, reconoce la participación de su jefe, Martínez Loza, en la planificación del secuestro y posterior asesinato de Yolanda. En una carta enviada desde el centro penitenciario donde está recluido, Hellín afirma: «El juez está en buena disposición hacia nosotros…». Varón Cobos se niega a trasladar a Hellín a la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha y el asesino ultra-derechista consigue fugarse de la prisión de Alcalá de Henares. Detenido de nuevo, este asesino, miembro de la organización Fuerza Nueva, encuentra en su camino a otro benefactor que también le protege. En este caso es el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, José Donato Andrés Sanz, un ultra con fama de enloquecido entre sus propios correligionarios, que actúa por su cuenta y quien, a pesar del intento de fuga anterior de Hellín, concede un permiso de seis días al asesino de Yolanda González. Y él lo aprovecha para escaparse ya definitivamente.
Varón Cobos también se destaca por amparar a militares implicados en planes involucionistas. Las actividades golpistas de Antonio Tejero y el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas se benefician del particular rasero franquista del juez. Tras ser detenidos en 1978, como consecuencia de la Operación Galaxia, plan precursor del golpe del 23-F, Varón Cobos decreta de inmediato su libertad y la decisión tiene que ser recurrida por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Meses después, en abril de 1980, ordena la liberación de uno de los hijos de Sáenz de Ynestrillas, Ricardo, acusado de participar en actividades ultras. Este hijo de Sáenz de Ynestrillas es el mismo que será procesado por su participación en el asesinato del diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza el 20 de noviembre de 1989.
Como contraste, se debe al celo represivo de Varón Cobos el procesamiento del editor del ‘Libro Rojo del Cole’, Martínez Ros, y la orden de busca y captura contra el periodista Xavier Vinader y luego su prisión incondicional.
En su calidad de titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, el 30 de enero de 1984 dicta un auto de libertad provisional, con una ridícula fianza de 5 millones de pesetas, a favor de Antonio Bardellino, jefe de uno de los clanes de la Camorra napolitana. El capo mafiaso aprovecha esta gentileza judicial para escapar. El Gobierno italiano había reclamado su extradición, al estar considerado uno de los eslabones más importantes en el tráfico de drogas mundial. Varón Cobos está sólo de modo circunstancial al frente del Juzgado Central número 5, competente en esta causa, que se encuentra vacante en ese momento por enfermedad de su titular, Francisco Castro Meije. Casualmente es otro hombre del antiguo TOP, Luis Manuel Poyatos Bernáldez, quien autoriza indebidamente, en su condición de fiscal de la Audiencia, la libertad irregular del mafioso Antonio Bardellino solicitada por Varón Cobos.
Este juez actúa a favor de Bardellino a petición de otro franquista, su amigo el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Jaime Rodríguez Hermida, quien acompaña a la propia mujer del mafioso, Rita de Vita, a depositar el dinero de la fianza. El nexo entre Rodríguez Hermida y el capo napolitano es una íntima amiga del magistrado, Josefa Suárez Peral, «la Pepa», propietaria de varios pubs situados en distintas calles cercanas a la madrileña Plaza de Oriente. En esa zona es donde tienen su cuartel general los colaboradores de Bardellino. Rodríguez Hermida también había hecho amistad con el narco Laureano Oubiña durante sus años de juez en Galicia. En el mundillo judicial, Rodríguez Hermida es conocido como «RH negativo», por los constantes favores ilegales que pide a sus amigos de la judicatura.
A pesar del cúmulo de pruebas contra Varón Cobos y Rodríguez Hermida, a consecuencia de las irregularidades que se producen en la excarcelación de Bardellino, ambos son absueltos por el Tribunal Supremo. El presidente de la Sala que les ampara es otro viejo conocido de los militantes antifranquistas, José Hijas Palacios, presidente del Tribunal de Orden Público en los años sesenta. Los otros magistrados que votan a favor de la absolución de Rodríguez Hermida y Varón Cobos en el «caso Bardellino» son Antonio Huerta y Álvarez de Lara y Fernando Cotta y Márquez de Prado, otros dos jueces que desempeñaron diversos cargos en el Ministerio de Información y Turismo y en el de Justicia, respectivamente, durante el Franquismo y la Transición. Cotta fue director general de Justicia en 1976, cuando era titular del ministerio Landelino Lavilla. Y Huerta, director general del régimen jurídico de la Prensa en el Ministerio de Información y Turismo, durante la etapa del ministro León Herrera y Esteban. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial acaba expulsando a Varón Cobos y Rodríguez Hermida de la carrera judicial por «falta muy grave». Pero en 1988, una sentencia del Pleno del Tribunal Supremo devuelve a su puesto en la judicatura a Varón Cobos, revocando la anterior sentencia del Consejo General del Poder Judicial. Rodríguez Hermida nunca vuelve a ejercer la carrera judicial.
Otro magistrado de larga y jugosa carrera, que continuó su imparable ascenso profesional, iniciado en el franquismo y continuado durante la Transición, es Ricardo García-Calvo. Su trayectoria está marcada por vaivenes entre la política y la judicatura. Número uno de la XVII Promoción de la Escuela Judicial, en 1968, llega a teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Almería y presidente del tribunal sindical de amparo almeriense antes de dedicarse a la política. En 1975 y 1976 ocupa una dirección general en el Ministerio de Educación del Gobierno de Arias Navarro, durante nueve meses, hasta que, en abril de 1976, dos meses antes de que Arias sea sustituido por Suárez, es nombrado gobernador civil de Almería, lo que lleva aparejada la jefatura provincial del Movimiento. Goza en su cargo de un abierto apoyo del entonces ministro de la Gobernación y vicepresidente para asuntos de Interior, Manuel Fraga, con quien siempre le ha unido una buena amistad. Continúa como gobernador de Almería hasta el verano de 1977. En su discurso de despedida en Almería asegura que se va a Madrid «para continuar la lucha contra el comunismo».
Durante el mandato de García-Calvo como gobernador civil de esta provincia andaluza, el 13 de agosto de 1976, la Guardia Civil dispara contra Francisco Javier Verdejo Lucas. El joven se encuentra de espaldas a sus asesinos, pintando en una pared «Pan, trabajo y libertad». Cae muerto antes de terminar de escribir la última palabra. Según los miembros de la Benemérita, Verdejo «hizo un movimiento sospechoso» y le dispararon. El caso se cierra sin que se procese a nadie. Se considera la muerte de Javier como fruto de «un desgraciado accidente». En cambio, el pintor y escultor pontevedrés Jorge Castillo tiene que soportar tres días de interrogatorios por representar en 16 cuadros el episodio de la muerte de Javier Verdejo. Sus cuadros son confiscados y destruidos.
En 1989, García-Calvo se convierte en vocal del Consejo General del Poder Judicial; en 1995, llega a magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en 2001 accede al Constitucional, Cuando es elegido magistrado de este Tribunal, García-Calvo realiza una declaraciones públicas en las que califica de «anécdota» sus cargos políticos anteriores.
Un juez también identificado plenamente con el régimen de Franco es Francisco Pera Verdaguer, que llega a presidente de Audiencia, preside la Sala Tercera del Tribunal Supremo y, por fin, es designado, ya con el Gobierno del PSOE, miembro del Consejo General del Poder Judicial. Pera Verdaguer es un hombre estrechamente ligado, durante toda su trayectoria, al magistrado Adolfo de Miguel Garcilópez, un personaje de pensamiento ultraconservador que ha sido miembro del Tribunal Supremo con Franco, y que también consigue permanecer en ese órgano judicial, como presidente de la Sala Segunda (la de lo penal) con la Monarquía. De Miguel constituye una constante referencia para los jueces ultras, y tanto él como Pera Verdaguer van siempre armados con una pequeña pistola en la sobaquera. Hombre fuerte del sindicato vertical durante años, falangista y miembro de Fuerza Nueva, Adolfo de Miguel está en la base de todos los ordenamientos represivos de los últimos años del franquisrno y de la Transición.
Otro franquista que llega a magistrado del Tribunal Supremo, desde su puesto de presidente de la Audiencia Territorial de Albacete, es José Lorca, declarado «partidario de la justicia telefónica»: tiene el hábito de llamar a los jueces rebeldes para intentar intimidarlos. Gran parte de la carrera de Lorca se desarrolla bajo el manto protector de Francisco Ruiz Jarabo, un hombre que fue fundamental para garantizar el control del régimen sobre el aparato judicial. Tras ser presidente del Tribunal Supremo, Ruiz Jarabo ocupó la cartera ministerial de Justicia con Franco.
En el Consejo General del Poder Judicial de la Monarquía se instalan dos franquistas más: Diego Palacios y Rafael Martínez Emperador. La mujer de Palacios es interventora del partido ultraderechista Fuerza Nueva, en Córdoba, durante las Elecciones Generales de 1979. Y el propio juez Palacios mantiene estrechas relaciones con Juan Meléndez Valdés, jefe de Fuerza Nueva en esta ciudad andaluza durante la Transición. Conocido como «Ratón» Palacios por su escasa estatura, es padre de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios. Por su parte, el falangista Martínez Emperador fue un hombre de confianza de Licinio de la Fuente en su etapa de ministro de Trabajo de Franco. Con él ocupó la Dirección General de Seguridad y también la de Trabajo. Martínez Emperador empieza su carrera siendo muy ultraderechista y evoluciona hacia posiciones populistas. Un comando de ETA le mata en 1997.
Además, consiguen formar parte del primer Consejo General del Poder Judicial dos ultraconservadores representantes de los antiguos jueces de distrito, Jesús Ortiz Ricol y José Ramón Godoy, yerno del cacique gallego Eulogio Gómez Franqueira, un franquista con vinculaciones de poder.
Son muy numerosos los jueces franquistas que continúan ascendiendo con la Monarquía. Fernando Díaz Palos y Luis Vivas Marzal llegan hasta la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Vivas fue miembro de la División Azul y su carrera judicial ha estado marcada por su obsesión de perseguir todo lo que pueda llegar a constituir, según él, escándalo público o pecado. En el capítulo de los ultras beatones también destaca especialmente el omnipresente José Hijas Palacios, segundo presidente del TOP y autor de un sustancioso libro titulado ‘Los jueces y la Sagrada Escritura’. Pero, desde luego, nadie supera en fervor religioso y vigilancia de la moral cristiana a Vivas Marzal. El devoto juez franquista llega a asegurar que «los masturbadores hacen tanto daño como los comunistas».
extracto del libro “La sombra de Franco en la Transición”, de Alfredo Grimaldos - año 2004
La actuación de la Justicia durante la Transición se caracteriza por un rigor excesivo contra la izquierda rupturista y por la protección de la extrema derecha y las fuerzas policiales. Durante este período desaparece formalmente el TOP (Tribunal de Orden Público) franquista, pero todos los magistrados que colaboraron en la trayectoria de este órgano judicial permanecen enclavados en los órganos judiciales de la Monarquía.
El TOP es el encargado, junto con la llamada Justicia Militar, de la represión de las libertades durante los últimos años de la dictadura. El gobierno de Adolfo Suárez adopta la decisión política de suprimirlo, por decreto-ley, en la última reunión del Consejo de Ministros de 1976, el 30 de diciembre, siendo titular del departamento de Justicia Landelino Lavilla. La desaparición legal de este órgano se produce el 5 de enero de 1977, fecha en la que también se publica la Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, y se crea la Audiencia Nacional. La competencia jurisdiccional en materia de terrorismo se traspasa a este nuevo órgano, al que se incorporan, destacados magistrados de la plantilla del TOP. Como dice el juez Navarro, «no esperan ni siquiera los tres días de rigor para resucitar». La Audiencia Nacional nace, irregularmente, por decreto-ley: ni con la legislación franquista ni con la vigente Constitución de 1978 resulta admisible la creación de un órgano judicial tornando este atajo, para ello es preceptivo promulgar la ley correspondiente. Para que todo quede bien claro, la nueva Audiencia Nacional se instala en las rancias dependencias del TOP. Ni siquiera se cambian los letreros de las salas.
A lo largo de sus 13 años de existencia, el Tribunal de Orden Público incoa 22.660 procedimientos y celebra 3.835 juicios. En los tres últimos años de esta jurisdicción (1974-1976) se tramitan el 60% del total de los procedimientos, dato que evidencia el aumento de las luchas obreras y políticas durante los últimos años del franquismo y, en consecuencia, el incremento de la represión. El Tribunal se crea el 2 de diciembre de 1963, con competencias para «enjuiciar los delitos singularizados por la tendencia, en mayor o menor gravedad, a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la con-ciencia nacional». Sustituye en esa competencia represiva a los Tribunales Militares y al Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. La última sentencia condenatoria que dicta el TOP es la 2,908. En ese momento, todavía toda España es una cárcel. El Tribunal constituye un órgano de la «justicia política», incompatible con una organización democrática del Estado. Rompe con el principio de juez neutral y castiga como delito lo que sólo es ejercicio de las libertades básicas. Se estrena con una sentencia dictada el 23 de marzo de 1964, en la que se condena a diez años y un día de prisión a un albañil «por injurias al Caudillo», La noche del 29 de septiembre de 1963, con una copa de más, en una taberna de Leganés, Timoteo Buendía Gómez había gritado: «Me cago en Franco».
Este órgano jurisdiccional del régimen tiene sólo tres presidentes a la largo de toda su existencia: Enrique Arnat Casado, José Hijas Palacios y Francisco Mateu Canovés, único magistrado que forma parte de todos los juicios y firma todas las sentencias del Tribunal. En su libro ‘El TOP. La represión de la libertad’, Juan José del Aguila señala: «Mateu se mantuvo en su cargo algo más de nueve años, entre noviembre de 1967 y enero de 1977. No sólo encarnó la presidencia más extensa del TOP, sino que fue su miembro más servicial, dado que fue uno de los magistrados inicialmente designados, en enero de 1964, momento el que comenzó la actividad el tribunal». En plena Transición, una mañana de 1978, un comando de ETA acaba con su vida.
El predecesor de Francisco Mateu en el cargo, José Hijas Palacios, prosigue su carrera durante la Monarquía, integrado en el Tribunal Supremo, y no se jubila hasta 1984. Hasta el momento de retirarse ejerce de presidente en funciones de la Sala Segunda. Cuando aún ostentaba la presidencia del TOP declaró: «Para mí es exactamente igual un ladrón que un comunista o un violador».
El Tribunal de Orden Público constituye un semillero de magistrados franquistas que continúan ejerciendo su labor durante toda la Transición y prosiguen ascendiendo en sus respectivas carreras, incluso durante la época de las mayorías absolutas del PSOE, ya en los años ochenta. Después de haber jurado, todos ellos, «servir a España con absoluta lealtad al Caudillo» y «estricta fidelidad a los principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino».
Creado por el undécimo gobierno de la dictadura, el mismo que da el «visto bueno» al ajusticiamiento del militante comunista Julián Grimau y de los anarquistas Granado y Delgado, el TOP es el encargado de reprimir penalmente a la oposición antifranquista. La asociación ilícita, la propaganda, la manifestación ilegal y la publicación de información sin censura oficial, tipificadas como delitos por el ordenamiento jurídico de la dictadura, constituyen el grueso de las causas instruidas por este órgano juridiccional franquista. «Todos sus miembros (jueces, magistrados y fiscales) son de libre designación. Sus funciones esenciales se pueden resumir en una sola: reprimir la oposición democrática o cualquier asomo de discrepancia ideológico-política. Tras la criminalización de la conciencia y la ideología, su encarcelamiento», escribe el juez Joaquín Navarro en su libro ‘Manos Sucias. El poder contra la justicia’. Y prosigue: «Los clientes y abogados de tan atípico entramado jurisdiccional no podrán olvidar jamás la dureza de sus resoluciones, las peculiaridades de sus procedimientos y su sistemático desprecio de los derechos humanos de los acusados. Los atestados policiales eran casi artículos de fe judicial, se rechazaban sistemáticamente las peticiones de libertad provisional, se desatendían despectivamente las alegaciones de torturas, se atendían religiosamente las autoinculpaciones realizadas ante la policía política, se podía celebrar el juicio oral en rebeldía de los acusados».
Aunque el Tribunal de Orden Público tiene competencias en todo el territorio nacional, radica en Madrid y, a pesar de su manifiesta ilegitimidad, está integrado por jueces magistrados y fiscales procedentes de la jurisdicción ordinaria. Los juzgados militares, que actúan simultáneamente al TOP, tras la creación de éste, continúan con su función de reprimir el «bandidaje, la masonería y el comunismo». Pero entre sus miembros cuentan sólo con jefes y oficiales del Ejército.
En un estudio sobre el TOP publicado en la revista ‘Motivos de Actualidad’ en 1995, el periodista Rafael Cid señala: «Visto desde hoy, lo que sorprende, por conocido y por los innegables esfuerzos realizados desde diferentes sectores del sistema para ocultarlo, es el método de voluntariado vigente en el TOP. La pertenencia al tribunal franquista era voluntaria y el destino estaba primado con un sobresueldo en razón de las especiales características del cargo. La vocación de Gran inquisidor del TOP, en su objetivo de ahogar cualquier signo de oposición al régimen, provocó situaciones esperpénticas. Entre los primeros casos vistos por el tribunal en 1963, figuraban el de una persona procesada por desórdenes públicos por haber incendiado una caseta de FENOSA (Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A.) en Ribadavia (Orense) y el de un grupo de vecinos de un pueblo leridano que agredieron a la comisión del Colegio de Médicos que había silenciado la negligencia criminal de un médico rural».
El lado esperpéntico de esa terrible maquinaria represiva aflora en la respuesta de un magistrado del Tribunal a unos periodistas que le preguntan por qué razón la blasfemia está castigada en España con seis meses de arresto, mientras las injurias al jefe del Estado se penan con seis años de cárcel: «Dios no se enfada cuando le insultan, Franco sí».
Gracias a la ley de punto final tácita de la que se beneficia el franquismo durante la Transición, no sólo no se produce ningún tipo de ruptura o depuración judicial a partir de 1976, sino que los hombres del TOP continúan gozando de una sorprendente promoción profesional. En su estudio, Rafael Cid aporta datos contundentes sobre los ascensos que cosechan, ya con la Monarquía, los servidores del ordenamiento jurídico represivo diseñado por el franquismo, ejemplarizado en el TOP: Antonio Torres-Dulce Ruiz, ultraderechista integral, llega a presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. José Garralda Valcárcel, José Hijas Palacios y José Maria Riera Larios alcanzan el Tribunal Supremo. Antonio Martínez Carrera y Carlos María Entrena Klett se convierten en presidentes de Sala de la Audiencia Territorial de Madrid, Los «méritos políticos», ya han ayudado a Entrena en su carrera durante el franquismo, gracias a ellos llega a la Audiencia Territorial de Cáceres. Con la Monarquía continúa ascendiendo y, desde la Audiencia de Madrid, juzga algunos crímenes protagonizados por ultraderechistas. Como la muerte del joven anarquista Jorge Caballero. A dos de sus asesinos los despacha con una multa de 50.000 pesetas.
En la Audiencia Nacional encuentran acomodo Manuel Gómez-Villaboa Novoa, Fernando Méndez Rodríguez, Rafael Gómez Chaparro y Jaime Mariscal de Gante, uno de los más destacados verdugos del TOP. Su hija Margarita Mariscal de Gante será ministra de Justicia en los gobiernos de José María Aznar.
A partir de 1982, ya con el Gobierno del PSOE, continúan los ascensos. Escribe Cid: «Félix Hernández Gil, que fue fiscal jefe del TOP, fiscal especial durante el franquismo para el «caso Matesa» y familiar del promotor de la «Causa General sobre la Dominación Roja en España», se convierte en número tres de la Fiscalía. Luis Manuel Poyatos Bernáldez, teniente fiscal del TOP en el período 1966-1968, llega al puesto clave de inspector fiscal del Tribunal Supremo el 1 de abril de 1988, aniversario de la victoria de Franco. Los casos del magistrado del TOP Fernando Cid Fontán, el teniente fiscal Luis Beneytez Merino y el abogado fiscal Jesús Silva Porto cierran el círculo protector trazado por el PSOE sobre el TOP Estos tres franquistas llegan, respectivamente, a presidente de Sala de la Audiencia Nacional, fiscal del Tribunal Supremo y fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid». Rafael Cid también relata un caso curioso, el del antiguo juez de Tribunal de Orden Público Diego Córdoba Gracia, «quien pasa directamente, desde el despacho del Juzgado número 2 de Madrid del tribunal político de la dictadura, a ser contratado como alto cargo de la empresa editora del diario El País. De perseguir mediante condenas y multas disparatadas los delitos de opinión, a garantizar la «libertad de expresión». Nacido el 31 de marzo de 1930, ocupa el estratégico puesto de magistrado juez titular del Juzgado de Orden Público número 2 de Madrid a partir de 1972». Su colega en el Juzgado de Orden Público número 1 de Madrid es el juez ultra Rafael Gómez Chaparro. «La ampliación de efectivos del TOP en dos juzgados ilustraba sobre el desesperado intento de la dictadura franquista para sofocar las crecientes protestas de las fuerzas políticas y sociales en su lucha por la conquista de las libertades democráticas», añade el periodista.
Córdoba permanece al frente del Juzgado de Orden Público del TOP hasta 1975. Su secretario es Eugenio López López, un notorio miembro del Consejo Nacional del Movimiento. Durante su mandato Córdoba entiende de numerosos asuntos relacionados con los delito más perseguidos por el régimen: manifestaciones, huelgas, propaganda política, asociacionismo ilegal… Es particularmente notoria su participación en el procesamiento de los 111 miembros de la Asamblea Democrática de Catalunya, detenidos el 28 de octubre de 1973, «por reunión no pacífica», en un Centro Parroquial. Aún faltan algunos años para que llegue a jefe de la Asesoría Jurídica de El País, y el magistrado decide decretar el procesamiento masivo de los miembros de este órgano unitario de la oposición antifranquista. Les impone multas que oscilan entre las 25.000 y las 100.000 pesetas de la época.
La supresión del TOP en 1976 no pasa de ser una medida simbólica, porque la legislación franquista continúa vigente y las moderadas reformas legales que se van consiguiendo arrancar a las Cortes orgánicas encuentran en los magistrados, muchos de ellos antiguos gobernadores civiles y jefes del Movimiento, un fuerte rechazo. La resistencia del Tribunal Supremo a la legalización del PCE constituye un claro ejemplo. Uno de los casos más significativos entre los jueces franquistas que siguen ejerciendo su poder durante la Transición es el de Rafael Gómez Chaparro, magistrado polémico desde sus tiempos del TOP. Él es quien da carpetazo a la investigación de los asesinatos que se producen en Montejurra en mayo de 1976. Franquista ultramontano, aún en vida del dictador cita a declarar a aperturistas tan «peligrosos» como Landelino Lavilla, Marcelino Oreja y José Luis Álvarez, miembros del grupo Tácito. Gómez Chaparro es también quien concede un insólito permiso carcelario a uno de los asesinos de los abogados laboralistas de Atocha, Fernando Lerdo de Tejada, en abril de 1977, que el pistolero aprovecha para desaparecer. Tras el escándalo provocado por la fuga de este ultraderechista, Gómez Chaparro deja la Audiencia Nacional, «a petición propia», y es nombrado titular del Juzgado 14 de Instrucción de Madrid. Él es quien pone también en la calle a los ultras que asaltan la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. El 25 de enero de 1979, varias decenas de fascistas, entre los que se encuentran Jaime Fraga García Valdés -sobrino de Manuel Fraga Iribarne- y los hermanos Jacobo y Santiago Pedrosa García de Castejón -hijos del ex procurador franquista Antonio Pedrosa Latas- entran violentamente en el recinto universitario. Es una acción militar comandada a toque de silbato, en la que participan destacados miembros del Frente de la Juventud. Entre disparos y golpes con bates de béisbol, los fascistas dejan un saldo de varios estudiantes heridos. La clausura del domicilio social del Frente de la Juventud, dictada por el Gobierno Civil, dadas las claras implicaciones de esta organización en el asalto, es posteriormente levantada por decisión del juez instructor del correspondiente sumario, Rafael Gómez Chaparro.
Íntimo amigo y correligionario de Gómez Chaparro es el juez Ricardo Varón Cobos, quien también goza de un notable protagonismo durante la segunda mitad de los años 70. En 1979 este magistrado rechaza una querella, presentada por noventa abogados, en la que se denuncian presuntos malos tratos a los internos en la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha. Pone una fianza desorbitada a la acusación particular para impedir que el caso progrese. En el proceso abierto por la muerte de la joven estudiante Yolanda González, en 1980, Varón Cobos se niega dos veces a procesar a David Martínez Loza, jefe de seguridad de Fuerza Nueva. El principal acusado, Emilio Hellín, reconoce la participación de su jefe, Martínez Loza, en la planificación del secuestro y posterior asesinato de Yolanda. En una carta enviada desde el centro penitenciario donde está recluido, Hellín afirma: «El juez está en buena disposición hacia nosotros…». Varón Cobos se niega a trasladar a Hellín a la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha y el asesino ultra-derechista consigue fugarse de la prisión de Alcalá de Henares. Detenido de nuevo, este asesino, miembro de la organización Fuerza Nueva, encuentra en su camino a otro benefactor que también le protege. En este caso es el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, José Donato Andrés Sanz, un ultra con fama de enloquecido entre sus propios correligionarios, que actúa por su cuenta y quien, a pesar del intento de fuga anterior de Hellín, concede un permiso de seis días al asesino de Yolanda González. Y él lo aprovecha para escaparse ya definitivamente.
Varón Cobos también se destaca por amparar a militares implicados en planes involucionistas. Las actividades golpistas de Antonio Tejero y el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas se benefician del particular rasero franquista del juez. Tras ser detenidos en 1978, como consecuencia de la Operación Galaxia, plan precursor del golpe del 23-F, Varón Cobos decreta de inmediato su libertad y la decisión tiene que ser recurrida por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Meses después, en abril de 1980, ordena la liberación de uno de los hijos de Sáenz de Ynestrillas, Ricardo, acusado de participar en actividades ultras. Este hijo de Sáenz de Ynestrillas es el mismo que será procesado por su participación en el asesinato del diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza el 20 de noviembre de 1989.
Como contraste, se debe al celo represivo de Varón Cobos el procesamiento del editor del ‘Libro Rojo del Cole’, Martínez Ros, y la orden de busca y captura contra el periodista Xavier Vinader y luego su prisión incondicional.
En su calidad de titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, el 30 de enero de 1984 dicta un auto de libertad provisional, con una ridícula fianza de 5 millones de pesetas, a favor de Antonio Bardellino, jefe de uno de los clanes de la Camorra napolitana. El capo mafiaso aprovecha esta gentileza judicial para escapar. El Gobierno italiano había reclamado su extradición, al estar considerado uno de los eslabones más importantes en el tráfico de drogas mundial. Varón Cobos está sólo de modo circunstancial al frente del Juzgado Central número 5, competente en esta causa, que se encuentra vacante en ese momento por enfermedad de su titular, Francisco Castro Meije. Casualmente es otro hombre del antiguo TOP, Luis Manuel Poyatos Bernáldez, quien autoriza indebidamente, en su condición de fiscal de la Audiencia, la libertad irregular del mafioso Antonio Bardellino solicitada por Varón Cobos.
Este juez actúa a favor de Bardellino a petición de otro franquista, su amigo el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Jaime Rodríguez Hermida, quien acompaña a la propia mujer del mafioso, Rita de Vita, a depositar el dinero de la fianza. El nexo entre Rodríguez Hermida y el capo napolitano es una íntima amiga del magistrado, Josefa Suárez Peral, «la Pepa», propietaria de varios pubs situados en distintas calles cercanas a la madrileña Plaza de Oriente. En esa zona es donde tienen su cuartel general los colaboradores de Bardellino. Rodríguez Hermida también había hecho amistad con el narco Laureano Oubiña durante sus años de juez en Galicia. En el mundillo judicial, Rodríguez Hermida es conocido como «RH negativo», por los constantes favores ilegales que pide a sus amigos de la judicatura.
A pesar del cúmulo de pruebas contra Varón Cobos y Rodríguez Hermida, a consecuencia de las irregularidades que se producen en la excarcelación de Bardellino, ambos son absueltos por el Tribunal Supremo. El presidente de la Sala que les ampara es otro viejo conocido de los militantes antifranquistas, José Hijas Palacios, presidente del Tribunal de Orden Público en los años sesenta. Los otros magistrados que votan a favor de la absolución de Rodríguez Hermida y Varón Cobos en el «caso Bardellino» son Antonio Huerta y Álvarez de Lara y Fernando Cotta y Márquez de Prado, otros dos jueces que desempeñaron diversos cargos en el Ministerio de Información y Turismo y en el de Justicia, respectivamente, durante el Franquismo y la Transición. Cotta fue director general de Justicia en 1976, cuando era titular del ministerio Landelino Lavilla. Y Huerta, director general del régimen jurídico de la Prensa en el Ministerio de Información y Turismo, durante la etapa del ministro León Herrera y Esteban. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial acaba expulsando a Varón Cobos y Rodríguez Hermida de la carrera judicial por «falta muy grave». Pero en 1988, una sentencia del Pleno del Tribunal Supremo devuelve a su puesto en la judicatura a Varón Cobos, revocando la anterior sentencia del Consejo General del Poder Judicial. Rodríguez Hermida nunca vuelve a ejercer la carrera judicial.
Otro magistrado de larga y jugosa carrera, que continuó su imparable ascenso profesional, iniciado en el franquismo y continuado durante la Transición, es Ricardo García-Calvo. Su trayectoria está marcada por vaivenes entre la política y la judicatura. Número uno de la XVII Promoción de la Escuela Judicial, en 1968, llega a teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Almería y presidente del tribunal sindical de amparo almeriense antes de dedicarse a la política. En 1975 y 1976 ocupa una dirección general en el Ministerio de Educación del Gobierno de Arias Navarro, durante nueve meses, hasta que, en abril de 1976, dos meses antes de que Arias sea sustituido por Suárez, es nombrado gobernador civil de Almería, lo que lleva aparejada la jefatura provincial del Movimiento. Goza en su cargo de un abierto apoyo del entonces ministro de la Gobernación y vicepresidente para asuntos de Interior, Manuel Fraga, con quien siempre le ha unido una buena amistad. Continúa como gobernador de Almería hasta el verano de 1977. En su discurso de despedida en Almería asegura que se va a Madrid «para continuar la lucha contra el comunismo».
Durante el mandato de García-Calvo como gobernador civil de esta provincia andaluza, el 13 de agosto de 1976, la Guardia Civil dispara contra Francisco Javier Verdejo Lucas. El joven se encuentra de espaldas a sus asesinos, pintando en una pared «Pan, trabajo y libertad». Cae muerto antes de terminar de escribir la última palabra. Según los miembros de la Benemérita, Verdejo «hizo un movimiento sospechoso» y le dispararon. El caso se cierra sin que se procese a nadie. Se considera la muerte de Javier como fruto de «un desgraciado accidente». En cambio, el pintor y escultor pontevedrés Jorge Castillo tiene que soportar tres días de interrogatorios por representar en 16 cuadros el episodio de la muerte de Javier Verdejo. Sus cuadros son confiscados y destruidos.
En 1989, García-Calvo se convierte en vocal del Consejo General del Poder Judicial; en 1995, llega a magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en 2001 accede al Constitucional, Cuando es elegido magistrado de este Tribunal, García-Calvo realiza una declaraciones públicas en las que califica de «anécdota» sus cargos políticos anteriores.
Un juez también identificado plenamente con el régimen de Franco es Francisco Pera Verdaguer, que llega a presidente de Audiencia, preside la Sala Tercera del Tribunal Supremo y, por fin, es designado, ya con el Gobierno del PSOE, miembro del Consejo General del Poder Judicial. Pera Verdaguer es un hombre estrechamente ligado, durante toda su trayectoria, al magistrado Adolfo de Miguel Garcilópez, un personaje de pensamiento ultraconservador que ha sido miembro del Tribunal Supremo con Franco, y que también consigue permanecer en ese órgano judicial, como presidente de la Sala Segunda (la de lo penal) con la Monarquía. De Miguel constituye una constante referencia para los jueces ultras, y tanto él como Pera Verdaguer van siempre armados con una pequeña pistola en la sobaquera. Hombre fuerte del sindicato vertical durante años, falangista y miembro de Fuerza Nueva, Adolfo de Miguel está en la base de todos los ordenamientos represivos de los últimos años del franquisrno y de la Transición.
Otro franquista que llega a magistrado del Tribunal Supremo, desde su puesto de presidente de la Audiencia Territorial de Albacete, es José Lorca, declarado «partidario de la justicia telefónica»: tiene el hábito de llamar a los jueces rebeldes para intentar intimidarlos. Gran parte de la carrera de Lorca se desarrolla bajo el manto protector de Francisco Ruiz Jarabo, un hombre que fue fundamental para garantizar el control del régimen sobre el aparato judicial. Tras ser presidente del Tribunal Supremo, Ruiz Jarabo ocupó la cartera ministerial de Justicia con Franco.
En el Consejo General del Poder Judicial de la Monarquía se instalan dos franquistas más: Diego Palacios y Rafael Martínez Emperador. La mujer de Palacios es interventora del partido ultraderechista Fuerza Nueva, en Córdoba, durante las Elecciones Generales de 1979. Y el propio juez Palacios mantiene estrechas relaciones con Juan Meléndez Valdés, jefe de Fuerza Nueva en esta ciudad andaluza durante la Transición. Conocido como «Ratón» Palacios por su escasa estatura, es padre de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios. Por su parte, el falangista Martínez Emperador fue un hombre de confianza de Licinio de la Fuente en su etapa de ministro de Trabajo de Franco. Con él ocupó la Dirección General de Seguridad y también la de Trabajo. Martínez Emperador empieza su carrera siendo muy ultraderechista y evoluciona hacia posiciones populistas. Un comando de ETA le mata en 1997.
Además, consiguen formar parte del primer Consejo General del Poder Judicial dos ultraconservadores representantes de los antiguos jueces de distrito, Jesús Ortiz Ricol y José Ramón Godoy, yerno del cacique gallego Eulogio Gómez Franqueira, un franquista con vinculaciones de poder.
Son muy numerosos los jueces franquistas que continúan ascendiendo con la Monarquía. Fernando Díaz Palos y Luis Vivas Marzal llegan hasta la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Vivas fue miembro de la División Azul y su carrera judicial ha estado marcada por su obsesión de perseguir todo lo que pueda llegar a constituir, según él, escándalo público o pecado. En el capítulo de los ultras beatones también destaca especialmente el omnipresente José Hijas Palacios, segundo presidente del TOP y autor de un sustancioso libro titulado ‘Los jueces y la Sagrada Escritura’. Pero, desde luego, nadie supera en fervor religioso y vigilancia de la moral cristiana a Vivas Marzal. El devoto juez franquista llega a asegurar que «los masturbadores hacen tanto daño como los comunistas».
