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Operación Cóndor: el terrorismo de Estado en Latinoamérica se conoce gracias a la participación de Estados Unidos
Centro de Investigación Periodística (CIPER) - enero de 2020
Más de 7.000 registros secretos de Estados Unidos sobre la guerra gucia en Argentina fueron desclasificados en abril pasado. Por primera vez aparecieron documentos que vinculan directamente a Augusto Pinochet y Manuel Contreras con asesinatos selectivos planificados y ejecutados por la Red Cóndor, creada y dirigida por Contreras para coordinar la represión de los servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur. En julio de 1976 un informe de la CIA informó que una de las operaciones de Cóndor era “liquidar individuos seleccionados” y que Chile tenía “muchos objetivos en Europa”. Otro cable secreto de la CIA indicó que Contreras y Pinochet coordinaban las “listas de objetivos”. También incluyen revelaciones sobre los crímenes de Letelier-Moffitt y el general Prats y su esposa, ejecutados por la DINA en Washington y Buenos Aires.
Entre julio y principios de agosto de 1976, pocas semanas después de que el régimen de Pinochet fuera anfitrión de una reunión clave de la Operación Cóndor en Santiago, la CIA obtuvo información que vinculó al general Pinochet directamente con las operaciones de asesinatos que planificó y ejecutó la Red Cóndor. Una fuente de la CIA informó que entre los planes de Cóndor (coordinación de los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur) estaba el “liquidar individuos seleccionados” en el extranjero. “Chile tiene ‘muchos objetivos’ (no son identificados) en Europa”, le informó una fuente a la CIA a fines de julio de 1976.
En otro cable secreto de inteligencia de la CIA, la misma fuente entregó información adicional sobre los complots para ejecutar asesinatos: “Juan Manuel Contreras, el hombre que originó todo el concepto de Cóndor y ha sido el catalizador en su creación, coordinará los detalles y las listas de objetivos con el presidente chileno Augusto Pinochet Ugarte”.
Por esta precisa razón, la CIA estimaba que mientras algunos líderes de los países que integraban la Operación Cóndor “no serían informados de estos planes de operaciones de asesinatos en Europa”, era poco probable que esa situación se repitiera en Chile.
Estos reveladores reportes de inteligencia sobre la Operación Cóndor fueron desclasificados en abril pasado, junto con cerca de 47.000 páginas de archivos secretos de la inteligencia estadounidense sobre la guerra sucia en Argentina. Más de 7.000 registros de la CIA, el FBI, el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) arrojan nueva y cuantiosa luz sobre el estado de terror que existía en Argentina entre 1976 y 1983, cuando los militares estaban en el poder.
Los detallados documentos, desclasificados por el gobierno de Donald Trump, entregan nueva y extensa evidencia de la infraestructura de la represión, el destino de cientos de desaparecidos que fueron secuestrados, torturados y asesinados. Además, detallan el rol de Argentina en la campaña de terrorismo internacional conocida como Operación Cóndor.
Algunos de esos documentos -hasta ahora desconocidos- revelan también importante información sobre el rol de la dictadura chilena en la coordinación de la represión criminal que se ejecutó a través de la Operación Cóndor.
El “Proyecto de Desclasificación de Argentina”, como es conocido oficialmente en los círculos del gobierno estadounidense, es uno de los raros casos en que el presidente Donald Trump no revirtió una política iniciada por su predecesor (Barack Obama), sino que la completó. Fue durante la preparación de la visita de Estado que realizaría el presidente de Argentina Mauricio Macri a Estados Unidos, en abril de 2017, cuando Fernando Cutz, director senior del Consejo Nacional de Seguridad para Asuntos del Hemisferio Occidental, informó a Donald Trump que Macri le había pedido personalmente a Obama esa desclasificación especial cuando este visitó Buenos Aires un año antes.
Trump tenía antiguos vínculos personales con Macri. Décadas antes, habían salido juntos de bar en bar en Nueva York mientras sus padres hacían negocios inmobiliarios. Años más tarde, la Organización Trump buscó la ayuda de Macri para concretar su plan de construir una Torre Trump en Buenos Aires. Esa relación, “ayudó a poder presentar el proyecto como una solicitud de Macri en lugar de una iniciativa de Obama”, recordó Cutz.
Aunque hay que decir que la verdadera génesis del “Proyecto de Desclasificación de Argentina” comenzó con un error de programación presidencial. En efecto, todo se originó en la primavera de 2016, cuando la administración Obama organizó un viaje histórico de dos días para el presidente a La Habana y luego un viaje de tres días a Argentina. Las fechas de las visitas de Estado de alto perfil fueron determinadas, en parte, por el hecho de que eran las vacaciones de primavera de las dos hijas de Obama y él quería que ellas pudieran disfrutar de unas cortas vacaciones en Cuba y en la Patagonia, en el sur de Argentina.
Pero el anuncio de la Casa Blanca de que el presidente de Estados Unidos estaría en Buenos Aires el 24 de marzo de 2016, coincidiendo con el 40 aniversario de la sangrienta toma de control militar, provocó una protesta de las agrupaciones de derechos humanos en Argentina. Estados Unidos era percibido, en palabras del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, como “un cómplice de golpes de Estado en esta región”. Las protestas masivas, con pancartas que decían “El Día de la Memoria: Fuera Obama”, fueron vistos como una amenaza.
Fue entonces que, en una reunión con el presidente Mauricio Macri, activistas de derechos humanos, liderados por las famosas Abuelas de Plaza de Mayo, le exigieron que le pidiera a Obama que desclasificara los registros de inteligencia que podrían ayudarlas a localizar a sus hijos e hijas desaparecidos. También a los nietos que habían nacido en centros de detención secretos y luego adoptados por familias militares después de que sus madres fueron ejecutadas.
Para corregir esta grave afrenta a las familias de las víctimas, la Casa Blanca y el gobierno de Macri organizaron una ronda de “diplomacia de la desclasificación”: el uso de documentos secretos de Estados Unidos para avanzar en las relaciones bilaterales. Así, en la mañana del 24 de marzo de 2016, Obama y Macri visitaron el Parque de la Memoria en Buenos Aires para presentar sus respetos a las víctimas de la guerra sucia.
“Hoy, en respuesta a una solicitud del presidente Macri, y para continuar ayudando a las familias de las víctimas a encontrar algo de la verdad y la justicia que merecen, puedo anunciar que el gobierno de los Estados Unidos desclasificará aún más documentos de ese período, incluyendo, por primera vez, registros militares y de inteligencia. Creo que tenemos la responsabilidad de enfrentar el pasado con honestidad y transparencia”, declaró Obama en un discurso conmovedor.
Solo tres meses más tarde, en junio de 2016, la Casa Blanca emitió una “tarea” para todas las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos, titulada “Proyecto de Desclasificación de Argentina”: ordenó una búsqueda de archivos durante 18 meses y una revisión de los registros relevantes. “La Administración continúa apoyando los esfuerzos para aclarar los hechos que rodean las violaciones de derechos humanos, los actos de terrorismo y la violencia política en Argentina durante el período de la Guerra Sucia de 1975 a 1984”, se lee en la directiva, en la que, además, se pidió a las agencias “que prioricen el apoyo para este esfuerzo”.
Según John Fitzpatrick, quien dirige la Oficina de Administración de Registros de la NSC, casi 400 archiveros, analistas, oficiales de FOIA (Ley de Libertad de Información) y administradores de registros provenientes de 16 agencias gubernamentales diferentes participaron en la búsqueda y el procesamiento de los documentos, usando aproximadamente 30.000 horas de trabajo para completar el proyecto.
Antes de que Barack Obama dejara la presidencia de su país, su administración publicó las dos primeras partes de los registros. Luego, en abril de 2017, durante su propia reunión cumbre con Mauricio Macri, el presidente Trump le entregó personalmente un pendrive que contenía la tercera parte. Como era de esperar, Donald Trump marcó el lanzamiento final de estos documentos proclamándolo como el más grande de la historia.
“La publicación de los registros constituye la mayor desclasificación en la historia de los registros del gobierno de los Estados Unidos directamente a un gobierno extranjero”, escribió Trump en una carta enviada a Macri el 11 de abril de 2019.
Cuando los documentos de inteligencia se desclasifican, generalmente están repletos de párrafos tachados: franjas de información ocultas en virtud de la seguridad nacional o para proteger “fuentes y métodos” encubiertos. Pero debido al meticuloso control de calidad ejercido por un administrador de registros NSC llamado John Powers, los últimos registros publicados por la CIA, el FBI y la Agencia de Inteligencia de Defensa en Argentina están mucho menos censurados que las desclasificaciones especiales anteriores. Esta transparencia excepcional los ha convertido en documentos mucho más valiosos para los historiadores, así como para los investigadores legales que continúan persiguiendo estos crímenes contra la humanidad.
Como colección, los documentos constituyen un catálogo del sadismo que caracterizó el terrorismo de Estado en Argentina. Por ejemplo, un cable de la CIA informó que varios meses después del golpe de Estado de 1976, la policía federal detuvo y asesinó en masa a 30 militantes y luego dispersó partes de sus cuerpos -utilizando dinamita- en un campo abierto “como una advertencia a los extremistas de izquierda”.
Otro informe del FBI proporcionó detalles sobre cómo las fuerzas de seguridad interceptaron y robaron una carroza fúnebre con los restos de Marcos Osatinsky, líder del grupo guerrillero Montoneros, “para evitar que el cuerpo fuera sometido a una autopsia, la que habría demostrado que había sido torturado”.
Al menos media docena de cables del FBI y la CIA registran una operación del SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado que tuvo en Argentina una función similar a la DINA en Chile), para secuestrar, torturar y ejecutar a dos oficiales de la embajada cubana sospechosos de ayudar a militantes de izquierda en Argentina. Después de que los cubanos fueron asesinados, según un informe del FBI marcado como “Secreto / solo para sus ojos”, “sus cuerpos fueron arrojados con cemento en un gran tambor de almacenamiento y arrojado al río Luján”, cerca de Buenos Aires.
Otro cable del Departamento de Estado describió cómo los agentes de seguridad argentinos detuvieron y torturaron a una psicóloga en silla de ruedas para obtener información sobre uno de sus pacientes.
La tortura fue rutina, afirmó Patricia Derian, subsecretaria de Estado para los Derechos Humanos durante la administración del presidente estadounidense James Carter, después de un viaje de investigación a Argentina.
“La picana eléctrica, algo así como una picana de ganado sobrecargada, sigue siendo aparentemente una herramienta favorita de tortura, como lo es el tratamiento del ‘submarino’ (inmersión de la cabeza en una tina de agua, orina, excremento, sangre o una combinación de estos)”, según el resumen de abusos que surgen de los documentos desclasificado que hizo Derian. “Ya no hay ninguna duda de que Argentina tiene el peor historial de derechos humanos en América del Sur”, concluyó.
Muchos de los documentos recientemente desclasificados van más allá de una descripción de las violaciones de los derechos humanos e identifican a los infractores. “Estos documentos entregan nombres. Identifican a los perpetradores y a sus víctimas”, observa mi colega Carlos Osorio, analista senior del Archivo de Seguridad Nacional, quien proporcionó una amplia experiencia y apoyo al “Proyecto de Desclasificación de Argentina”.
Debido a que entregan esos nombres, proporcionan un nivel de verdad y responsabilidad que muchos otros proyectos de desclasificación no han logrado, afirma Osorio.
Por ejemplo, un informe de la CIA sobre una reunión de los participantes de la Operación Cóndor en diciembre de 1976, realizada en Buenos Aires, “para discutir operaciones de guerra psicológica”, proporciona los nombres de los dos oficiales de la DINA que asistieron: el teniente coronel Enrique Cowell Mansilla, quien se desempeñó como subdirector de Operaciones Psicológicas de la DINA; y el teniente Arturo Mejías, del mismo departamento de la DINA chilena.
Además, cientos de cables del agente del FBI Robert Scherrer, quien constantemente proporcionó la información más detallada sobre las operaciones y los abusos de las fuerzas de seguridad argentinas, contienen las identidades no censuradas de sus fuentes confidenciales, proporcionando así una lista maestra de las personas que presenciaron, tuvieron conocimiento o estuvieron directamente involucrados en el aparato de represión. Aunque muchas de sus fuentes han fallecido, los registros sin censura permitirán a los investigadores de derechos humanos determinar quién dentro del Ejército, los Servicios de Inteligencia y la policía argentinos tenían conocimiento en detalle sobre atrocidades específicas. Esa información ayudará ahora a avanzar en una serie de investigaciones en curso sobre derechos humanos.
No obstante tener su sede del FBI con asiento en Buenos Aires, Robert Scherrer se convirtió en el investigador principal del asesinato con un coche bomba del ex embajador chileno Orlando Letelier y su colega en el Instituto de Estudios de Política, Ronni Moffitt, de tan solo 25 años. El atentado terrorista tuvo lugar en Washington el 21 de septiembre de 1976.
El famoso informe de “Chilbom” [bombardeo de Chile] de Scherrer fue el primer –y durante años el único– documento parcialmente desclasificado que mencionaba la participación de la Operación Cóndor, identificándola como una “organización [recientemente establecida] entre los servicios de inteligencia cooperantes en América del Sur”. La inteligencia que Scherrer reunió sugería que el asesinato de Letelier y Moffitt era una posible misión de “fase tres” de Cóndor, encabezada por el general Augusto Pinochet de Chile y su policía secreta, la DINA.
El cable “Chilbom” de Scherrer ahora ha sido desclasificado por completo, y la identidad de su fuente revelada: un agente de Inteligencia del Ejército argentino involucrado en los esfuerzos de los escuadrones de la muerte en Europa. “La fuente es el Dr. Arturo Horacio Poire, quien es miembro del grupo especial argentino que posiblemente participará en la tercera fase de la ‘Operación Cóndor'”, se lee en el informe de Sherrer. La identificación de Poire ha abierto la puerta a una nueva investigación sobre los esfuerzos de Cóndor para extender su represión al exterior.
Pero la versión no editada del cable de Scherrer es solo uno de las docenas de registros excepcionalmente detallados del FBI y la CIA sobre la Operación Cóndor que se encuentran en la colección de Argentina. Proporcionan una historia mucho más completa de la infraestructura y la capacidad operativa de Cóndor de lo que se conocía anteriormente.
Argentina -y no el Chile de Pinochet, país que ideó por primera vez el concepto de colaboración de las policías secretas de las dictaduras del Cono Sur-, fue designado “Cóndor 1”. Los registros desclasificados de la CIA dejan en claro que los “distintivos de llamada” numéricos para los países miembros eran en realidad alfabéticos: Argentina fue Condor-1; Bolivia, Cóndor-2; Chile, Cóndor-3; Paraguay, Cóndor-4; Uruguay, Cóndor-5. Estas designaciones se usaron en comunicaciones encriptadas entre los países miembros de Cóndor.
Luego del asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffit en Washington, altos oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas se preocuparon porque la investigación en Estados Unidos renovara la atención en otro asesinato similar y el rol de militares argentinos en ese hecho: el atentado con un carro bomba que acabó con la vida del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Argentina, en septiembre de 1974.
La CIA supo que el comandante en jefe de la Armada argentina, almirante Emilio Massera, recibió varios reportes sobre el asesinato de Letelier que discutían “el probable curso de la investigación, cómo esta afectaría al régimen chileno, y la posible aparición de información sobre el asesinato de Prats”. De acuerdo a fuentes de la CIA en Argentina, las Fuerzas Armadas estaban preocupadas de que el gobierno del entonces presidente de EEUU, Jimmy Carter, “va a intentar crear un escándalo por el caso Prats en Argentina” y decidieron que “deben adoptarse medidas para ocultar cualquier responsabilidad de Argentina” en el asesinato del ex comandante en jefe chileno y su señora.
La “oficina central de archivos” de la Operación Cóndor se estableció en Santiago, según fuentes de la CIA. Pero Argentina fue la sede operativa de un programa especial de Cóndor llamado “Teseo” (el mítico rey griego que mató al temible Minotauro y otros enemigos del orden social), cuya misión era “liquidar individuos seleccionados” en el extranjero. Los cables secretos de la CIA describen a “Teseo” como “una unidad establecida por la organización cooperativa Cóndor de servicios de inteligencia sudamericanos para realizar ataques físicos contra objetivos subversivos”, primero en París y luego en otras ciudades europeas.
En septiembre de 1976, las naciones de Cóndor firmaron un acuerdo titulado “Regulación de Teseo, Centro de Operaciones”, para ratificar su cooperación en planificación, financiamiento, logística, comunicaciones y “selección de objetivos”. La CIA obtuvo una copia del acuerdo que describe, con detalles banales, cómo cada servicio de inteligencia contribuiría al programa internacional de asesinatos. El Centro de Operaciones estaría compuesto por “representantes permanentes de cada servicio participante”. Su horario de trabajo sería de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 7:30 p.m. Cada país haría una contribución de US$10.000 para gastos operativos, con cuotas mensuales de US$200 pagadas “antes del 30 de cada mes”.
Los equipos para ejecutar asesinatos enviados a Europa estarían compuestos por cuatro individuos, “eventualmente con una mujer incluida” presumiblemente para ayudar a proporcionar cobertura para la misión. “Los costos operativos en el extranjero se estimaron en US$3.500 por persona durante diez días”, describió el acuerdo, “con US$1.000 adicionales para la primera vez, para asignación de ropa”. En la sección clave titulada “Ejecución del objetivo”, el acuerdo establece que los equipos operativos “a) interceptarán el objetivo, b) llevarán a cabo la operación y c) escaparán”.
Los funcionarios de la CIA vieron estos complots de Cóndor para asesinar en Europa como un posible escándalo para la agencia y se movieron proactivamente para frustrarlos. “Los planes de estos países para emprender acciones ofensivas fuera de sus propias jurisdicciones plantean nuevos problemas a la Agencia”, escribió Ray Warren, entonces jefe de la División de América Latina. A fines de julio de 1976, Warren activó la alarma del subdirector de la CIA: “Se deben tomar todas las precauciones para garantizar que la Agencia no sea acusada injustamente de ser parte de este tipo de actividad”.
Un mes después, Warren volvió a advertir a sus superiores de las “ramificaciones políticas adversas para la Agencia en caso de que Cóndor participe en asesinatos y otras violaciones flagrantes de los derechos humanos”. Pero también informó sobre la “acción” que los agentes de la CIA estaban realizando para “evitar” esas ramificaciones “en caso de que los países de Cóndor procedan con el aspecto europeo de sus planes”.
Si bien esa sección del memorándum de Warren todavía está censurada, otro documento desclasificado basado en el memorándum de Warren y otros registros de la CIA -un informe del Senado sobre Cóndor calificado como de alto secreto-, fue publicado sin modificaciones. “La CIA advirtió a los gobiernos de los países en los que es probable que ocurran los asesinatos, Francia y Portugal, que a su vez advirtió los posibles objetivos”, se lee en el informe sin censura. “La trama fue frustrada”, concluye.
Estos registros revelan la habilidad de la CIA para contrarrestar las misiones asesinas de Cóndor en Europa, y revive las preguntas sobre por qué y cómo fracasó en detectar y disuadir una misión similar en el centro de Washington, DC: el atentado con coche bomba de septiembre de 1976 que cobró la vida de Letelier y Moffitt.
Hasta ahora, “la Operación Cóndor ha sido un misterio mortal”, dice el periodista de investigación John Dinges, que está utilizando los registros desclasificados para reeditar su libro pionero “Los años del cóndor”. “Durante décadas, tanto la CIA como el FBI nos mantuvieron en la oscuridad sobre lo que sabían y cuándo lo supieron”. Pero con los documentos recientemente publicados, “esa pregunta central puede ser respondida, y es vergonzoso para el gobierno de los Estados Unidos”, afirma Dinges.
Hubo un enlace íntimo de la CIA con los funcionarios de Cóndor, y una amplia inteligencia temprana de los planes de Cóndor que pudieron haber evitado el asesinato en Washington, concluyó.
Como muchos registros, en el “Proyecto de Desclasificación de Argentina”, los documentos sobre la Operación Cóndor entregan nombres, fechas, lugares de reunión y descripciones vívidas de los programas clandestinos llevados a cabo por los servicios de inteligencia y seguridad de las dictaduras del Cono Sur.
Este tesoro de nuevas evidencias ayudará a los investigadores de derechos humanos en Chile, Argentina y los otros países de Cóndor que continúan persiguiendo los delitos de terrorismo patrocinados por el Estado en la era de los regímenes militares.
De hecho, desde que se publicaron los documentos en abril de 2019, equipos de funcionarios argentinos los han evaluado por su valor probatorio en los enjuiciamientos de derechos humanos. A mediados de septiembre, según funcionarios de la embajada argentina, el Ministerio de Justicia de ese país transmitió un conjunto de consultas y solicitudes de aclaración a Washington. Los funcionarios estadounidenses que trabajaron en el proyecto de desclasificación están ahora examinando esas preguntas.
Los documentos “ya fueron aportados en causas en curso tanto en etapa de investigación como de juicio”, según un comunicado del Ministerio Público Fiscal en Argentina. Han revelado “nuevos datos sobre el funcionamiento de las instituciones durante la última dictadura“, así como “datos sobre la responsabilidad de funcionarios que participaron en violaciones masivas a los derechos humanos”.
Las organizaciones de derechos humanos, así como las familias de las víctimas, para quienes los documentos pueden proporcionar un cierre triste pero conmovedor, también están revisando este material. Y con mucho interés y expectativa ya que gran parte de los propios archivos de la represión de Argentina también han desaparecido: fueron quemados, enterrados o tal vez arrojados al océano, al igual que muchas víctimas.
Como dijo Carlos Osorio en la audiencia con motivo de la publicación de los registros, el 12 de abril pasado: “En varios casos estos documentos proporcionarán a esas familias la única evidencia que hayan tenido sobre el destino de sus seres queridos”.
Centro de Investigación Periodística (CIPER) - enero de 2020
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Más de 7.000 registros secretos de Estados Unidos sobre la guerra gucia en Argentina fueron desclasificados en abril pasado. Por primera vez aparecieron documentos que vinculan directamente a Augusto Pinochet y Manuel Contreras con asesinatos selectivos planificados y ejecutados por la Red Cóndor, creada y dirigida por Contreras para coordinar la represión de los servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur. En julio de 1976 un informe de la CIA informó que una de las operaciones de Cóndor era “liquidar individuos seleccionados” y que Chile tenía “muchos objetivos en Europa”. Otro cable secreto de la CIA indicó que Contreras y Pinochet coordinaban las “listas de objetivos”. También incluyen revelaciones sobre los crímenes de Letelier-Moffitt y el general Prats y su esposa, ejecutados por la DINA en Washington y Buenos Aires.
Entre julio y principios de agosto de 1976, pocas semanas después de que el régimen de Pinochet fuera anfitrión de una reunión clave de la Operación Cóndor en Santiago, la CIA obtuvo información que vinculó al general Pinochet directamente con las operaciones de asesinatos que planificó y ejecutó la Red Cóndor. Una fuente de la CIA informó que entre los planes de Cóndor (coordinación de los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur) estaba el “liquidar individuos seleccionados” en el extranjero. “Chile tiene ‘muchos objetivos’ (no son identificados) en Europa”, le informó una fuente a la CIA a fines de julio de 1976.
En otro cable secreto de inteligencia de la CIA, la misma fuente entregó información adicional sobre los complots para ejecutar asesinatos: “Juan Manuel Contreras, el hombre que originó todo el concepto de Cóndor y ha sido el catalizador en su creación, coordinará los detalles y las listas de objetivos con el presidente chileno Augusto Pinochet Ugarte”.
Por esta precisa razón, la CIA estimaba que mientras algunos líderes de los países que integraban la Operación Cóndor “no serían informados de estos planes de operaciones de asesinatos en Europa”, era poco probable que esa situación se repitiera en Chile.
Estos reveladores reportes de inteligencia sobre la Operación Cóndor fueron desclasificados en abril pasado, junto con cerca de 47.000 páginas de archivos secretos de la inteligencia estadounidense sobre la guerra sucia en Argentina. Más de 7.000 registros de la CIA, el FBI, el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) arrojan nueva y cuantiosa luz sobre el estado de terror que existía en Argentina entre 1976 y 1983, cuando los militares estaban en el poder.
Los detallados documentos, desclasificados por el gobierno de Donald Trump, entregan nueva y extensa evidencia de la infraestructura de la represión, el destino de cientos de desaparecidos que fueron secuestrados, torturados y asesinados. Además, detallan el rol de Argentina en la campaña de terrorismo internacional conocida como Operación Cóndor.
Algunos de esos documentos -hasta ahora desconocidos- revelan también importante información sobre el rol de la dictadura chilena en la coordinación de la represión criminal que se ejecutó a través de la Operación Cóndor.
El “Proyecto de Desclasificación de Argentina”, como es conocido oficialmente en los círculos del gobierno estadounidense, es uno de los raros casos en que el presidente Donald Trump no revirtió una política iniciada por su predecesor (Barack Obama), sino que la completó. Fue durante la preparación de la visita de Estado que realizaría el presidente de Argentina Mauricio Macri a Estados Unidos, en abril de 2017, cuando Fernando Cutz, director senior del Consejo Nacional de Seguridad para Asuntos del Hemisferio Occidental, informó a Donald Trump que Macri le había pedido personalmente a Obama esa desclasificación especial cuando este visitó Buenos Aires un año antes.
Trump tenía antiguos vínculos personales con Macri. Décadas antes, habían salido juntos de bar en bar en Nueva York mientras sus padres hacían negocios inmobiliarios. Años más tarde, la Organización Trump buscó la ayuda de Macri para concretar su plan de construir una Torre Trump en Buenos Aires. Esa relación, “ayudó a poder presentar el proyecto como una solicitud de Macri en lugar de una iniciativa de Obama”, recordó Cutz.
Aunque hay que decir que la verdadera génesis del “Proyecto de Desclasificación de Argentina” comenzó con un error de programación presidencial. En efecto, todo se originó en la primavera de 2016, cuando la administración Obama organizó un viaje histórico de dos días para el presidente a La Habana y luego un viaje de tres días a Argentina. Las fechas de las visitas de Estado de alto perfil fueron determinadas, en parte, por el hecho de que eran las vacaciones de primavera de las dos hijas de Obama y él quería que ellas pudieran disfrutar de unas cortas vacaciones en Cuba y en la Patagonia, en el sur de Argentina.
Pero el anuncio de la Casa Blanca de que el presidente de Estados Unidos estaría en Buenos Aires el 24 de marzo de 2016, coincidiendo con el 40 aniversario de la sangrienta toma de control militar, provocó una protesta de las agrupaciones de derechos humanos en Argentina. Estados Unidos era percibido, en palabras del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, como “un cómplice de golpes de Estado en esta región”. Las protestas masivas, con pancartas que decían “El Día de la Memoria: Fuera Obama”, fueron vistos como una amenaza.
Fue entonces que, en una reunión con el presidente Mauricio Macri, activistas de derechos humanos, liderados por las famosas Abuelas de Plaza de Mayo, le exigieron que le pidiera a Obama que desclasificara los registros de inteligencia que podrían ayudarlas a localizar a sus hijos e hijas desaparecidos. También a los nietos que habían nacido en centros de detención secretos y luego adoptados por familias militares después de que sus madres fueron ejecutadas.
Para corregir esta grave afrenta a las familias de las víctimas, la Casa Blanca y el gobierno de Macri organizaron una ronda de “diplomacia de la desclasificación”: el uso de documentos secretos de Estados Unidos para avanzar en las relaciones bilaterales. Así, en la mañana del 24 de marzo de 2016, Obama y Macri visitaron el Parque de la Memoria en Buenos Aires para presentar sus respetos a las víctimas de la guerra sucia.
“Hoy, en respuesta a una solicitud del presidente Macri, y para continuar ayudando a las familias de las víctimas a encontrar algo de la verdad y la justicia que merecen, puedo anunciar que el gobierno de los Estados Unidos desclasificará aún más documentos de ese período, incluyendo, por primera vez, registros militares y de inteligencia. Creo que tenemos la responsabilidad de enfrentar el pasado con honestidad y transparencia”, declaró Obama en un discurso conmovedor.
Solo tres meses más tarde, en junio de 2016, la Casa Blanca emitió una “tarea” para todas las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos, titulada “Proyecto de Desclasificación de Argentina”: ordenó una búsqueda de archivos durante 18 meses y una revisión de los registros relevantes. “La Administración continúa apoyando los esfuerzos para aclarar los hechos que rodean las violaciones de derechos humanos, los actos de terrorismo y la violencia política en Argentina durante el período de la Guerra Sucia de 1975 a 1984”, se lee en la directiva, en la que, además, se pidió a las agencias “que prioricen el apoyo para este esfuerzo”.
Según John Fitzpatrick, quien dirige la Oficina de Administración de Registros de la NSC, casi 400 archiveros, analistas, oficiales de FOIA (Ley de Libertad de Información) y administradores de registros provenientes de 16 agencias gubernamentales diferentes participaron en la búsqueda y el procesamiento de los documentos, usando aproximadamente 30.000 horas de trabajo para completar el proyecto.
Antes de que Barack Obama dejara la presidencia de su país, su administración publicó las dos primeras partes de los registros. Luego, en abril de 2017, durante su propia reunión cumbre con Mauricio Macri, el presidente Trump le entregó personalmente un pendrive que contenía la tercera parte. Como era de esperar, Donald Trump marcó el lanzamiento final de estos documentos proclamándolo como el más grande de la historia.
“La publicación de los registros constituye la mayor desclasificación en la historia de los registros del gobierno de los Estados Unidos directamente a un gobierno extranjero”, escribió Trump en una carta enviada a Macri el 11 de abril de 2019.
Cuando los documentos de inteligencia se desclasifican, generalmente están repletos de párrafos tachados: franjas de información ocultas en virtud de la seguridad nacional o para proteger “fuentes y métodos” encubiertos. Pero debido al meticuloso control de calidad ejercido por un administrador de registros NSC llamado John Powers, los últimos registros publicados por la CIA, el FBI y la Agencia de Inteligencia de Defensa en Argentina están mucho menos censurados que las desclasificaciones especiales anteriores. Esta transparencia excepcional los ha convertido en documentos mucho más valiosos para los historiadores, así como para los investigadores legales que continúan persiguiendo estos crímenes contra la humanidad.
Como colección, los documentos constituyen un catálogo del sadismo que caracterizó el terrorismo de Estado en Argentina. Por ejemplo, un cable de la CIA informó que varios meses después del golpe de Estado de 1976, la policía federal detuvo y asesinó en masa a 30 militantes y luego dispersó partes de sus cuerpos -utilizando dinamita- en un campo abierto “como una advertencia a los extremistas de izquierda”.
Otro informe del FBI proporcionó detalles sobre cómo las fuerzas de seguridad interceptaron y robaron una carroza fúnebre con los restos de Marcos Osatinsky, líder del grupo guerrillero Montoneros, “para evitar que el cuerpo fuera sometido a una autopsia, la que habría demostrado que había sido torturado”.
Al menos media docena de cables del FBI y la CIA registran una operación del SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado que tuvo en Argentina una función similar a la DINA en Chile), para secuestrar, torturar y ejecutar a dos oficiales de la embajada cubana sospechosos de ayudar a militantes de izquierda en Argentina. Después de que los cubanos fueron asesinados, según un informe del FBI marcado como “Secreto / solo para sus ojos”, “sus cuerpos fueron arrojados con cemento en un gran tambor de almacenamiento y arrojado al río Luján”, cerca de Buenos Aires.
Otro cable del Departamento de Estado describió cómo los agentes de seguridad argentinos detuvieron y torturaron a una psicóloga en silla de ruedas para obtener información sobre uno de sus pacientes.
La tortura fue rutina, afirmó Patricia Derian, subsecretaria de Estado para los Derechos Humanos durante la administración del presidente estadounidense James Carter, después de un viaje de investigación a Argentina.
“La picana eléctrica, algo así como una picana de ganado sobrecargada, sigue siendo aparentemente una herramienta favorita de tortura, como lo es el tratamiento del ‘submarino’ (inmersión de la cabeza en una tina de agua, orina, excremento, sangre o una combinación de estos)”, según el resumen de abusos que surgen de los documentos desclasificado que hizo Derian. “Ya no hay ninguna duda de que Argentina tiene el peor historial de derechos humanos en América del Sur”, concluyó.
Muchos de los documentos recientemente desclasificados van más allá de una descripción de las violaciones de los derechos humanos e identifican a los infractores. “Estos documentos entregan nombres. Identifican a los perpetradores y a sus víctimas”, observa mi colega Carlos Osorio, analista senior del Archivo de Seguridad Nacional, quien proporcionó una amplia experiencia y apoyo al “Proyecto de Desclasificación de Argentina”.
Debido a que entregan esos nombres, proporcionan un nivel de verdad y responsabilidad que muchos otros proyectos de desclasificación no han logrado, afirma Osorio.
Por ejemplo, un informe de la CIA sobre una reunión de los participantes de la Operación Cóndor en diciembre de 1976, realizada en Buenos Aires, “para discutir operaciones de guerra psicológica”, proporciona los nombres de los dos oficiales de la DINA que asistieron: el teniente coronel Enrique Cowell Mansilla, quien se desempeñó como subdirector de Operaciones Psicológicas de la DINA; y el teniente Arturo Mejías, del mismo departamento de la DINA chilena.
Además, cientos de cables del agente del FBI Robert Scherrer, quien constantemente proporcionó la información más detallada sobre las operaciones y los abusos de las fuerzas de seguridad argentinas, contienen las identidades no censuradas de sus fuentes confidenciales, proporcionando así una lista maestra de las personas que presenciaron, tuvieron conocimiento o estuvieron directamente involucrados en el aparato de represión. Aunque muchas de sus fuentes han fallecido, los registros sin censura permitirán a los investigadores de derechos humanos determinar quién dentro del Ejército, los Servicios de Inteligencia y la policía argentinos tenían conocimiento en detalle sobre atrocidades específicas. Esa información ayudará ahora a avanzar en una serie de investigaciones en curso sobre derechos humanos.
No obstante tener su sede del FBI con asiento en Buenos Aires, Robert Scherrer se convirtió en el investigador principal del asesinato con un coche bomba del ex embajador chileno Orlando Letelier y su colega en el Instituto de Estudios de Política, Ronni Moffitt, de tan solo 25 años. El atentado terrorista tuvo lugar en Washington el 21 de septiembre de 1976.
El famoso informe de “Chilbom” [bombardeo de Chile] de Scherrer fue el primer –y durante años el único– documento parcialmente desclasificado que mencionaba la participación de la Operación Cóndor, identificándola como una “organización [recientemente establecida] entre los servicios de inteligencia cooperantes en América del Sur”. La inteligencia que Scherrer reunió sugería que el asesinato de Letelier y Moffitt era una posible misión de “fase tres” de Cóndor, encabezada por el general Augusto Pinochet de Chile y su policía secreta, la DINA.
El cable “Chilbom” de Scherrer ahora ha sido desclasificado por completo, y la identidad de su fuente revelada: un agente de Inteligencia del Ejército argentino involucrado en los esfuerzos de los escuadrones de la muerte en Europa. “La fuente es el Dr. Arturo Horacio Poire, quien es miembro del grupo especial argentino que posiblemente participará en la tercera fase de la ‘Operación Cóndor'”, se lee en el informe de Sherrer. La identificación de Poire ha abierto la puerta a una nueva investigación sobre los esfuerzos de Cóndor para extender su represión al exterior.
Pero la versión no editada del cable de Scherrer es solo uno de las docenas de registros excepcionalmente detallados del FBI y la CIA sobre la Operación Cóndor que se encuentran en la colección de Argentina. Proporcionan una historia mucho más completa de la infraestructura y la capacidad operativa de Cóndor de lo que se conocía anteriormente.
Argentina -y no el Chile de Pinochet, país que ideó por primera vez el concepto de colaboración de las policías secretas de las dictaduras del Cono Sur-, fue designado “Cóndor 1”. Los registros desclasificados de la CIA dejan en claro que los “distintivos de llamada” numéricos para los países miembros eran en realidad alfabéticos: Argentina fue Condor-1; Bolivia, Cóndor-2; Chile, Cóndor-3; Paraguay, Cóndor-4; Uruguay, Cóndor-5. Estas designaciones se usaron en comunicaciones encriptadas entre los países miembros de Cóndor.
Luego del asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffit en Washington, altos oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas se preocuparon porque la investigación en Estados Unidos renovara la atención en otro asesinato similar y el rol de militares argentinos en ese hecho: el atentado con un carro bomba que acabó con la vida del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Argentina, en septiembre de 1974.
La CIA supo que el comandante en jefe de la Armada argentina, almirante Emilio Massera, recibió varios reportes sobre el asesinato de Letelier que discutían “el probable curso de la investigación, cómo esta afectaría al régimen chileno, y la posible aparición de información sobre el asesinato de Prats”. De acuerdo a fuentes de la CIA en Argentina, las Fuerzas Armadas estaban preocupadas de que el gobierno del entonces presidente de EEUU, Jimmy Carter, “va a intentar crear un escándalo por el caso Prats en Argentina” y decidieron que “deben adoptarse medidas para ocultar cualquier responsabilidad de Argentina” en el asesinato del ex comandante en jefe chileno y su señora.
La “oficina central de archivos” de la Operación Cóndor se estableció en Santiago, según fuentes de la CIA. Pero Argentina fue la sede operativa de un programa especial de Cóndor llamado “Teseo” (el mítico rey griego que mató al temible Minotauro y otros enemigos del orden social), cuya misión era “liquidar individuos seleccionados” en el extranjero. Los cables secretos de la CIA describen a “Teseo” como “una unidad establecida por la organización cooperativa Cóndor de servicios de inteligencia sudamericanos para realizar ataques físicos contra objetivos subversivos”, primero en París y luego en otras ciudades europeas.
En septiembre de 1976, las naciones de Cóndor firmaron un acuerdo titulado “Regulación de Teseo, Centro de Operaciones”, para ratificar su cooperación en planificación, financiamiento, logística, comunicaciones y “selección de objetivos”. La CIA obtuvo una copia del acuerdo que describe, con detalles banales, cómo cada servicio de inteligencia contribuiría al programa internacional de asesinatos. El Centro de Operaciones estaría compuesto por “representantes permanentes de cada servicio participante”. Su horario de trabajo sería de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 7:30 p.m. Cada país haría una contribución de US$10.000 para gastos operativos, con cuotas mensuales de US$200 pagadas “antes del 30 de cada mes”.
Los equipos para ejecutar asesinatos enviados a Europa estarían compuestos por cuatro individuos, “eventualmente con una mujer incluida” presumiblemente para ayudar a proporcionar cobertura para la misión. “Los costos operativos en el extranjero se estimaron en US$3.500 por persona durante diez días”, describió el acuerdo, “con US$1.000 adicionales para la primera vez, para asignación de ropa”. En la sección clave titulada “Ejecución del objetivo”, el acuerdo establece que los equipos operativos “a) interceptarán el objetivo, b) llevarán a cabo la operación y c) escaparán”.
Los funcionarios de la CIA vieron estos complots de Cóndor para asesinar en Europa como un posible escándalo para la agencia y se movieron proactivamente para frustrarlos. “Los planes de estos países para emprender acciones ofensivas fuera de sus propias jurisdicciones plantean nuevos problemas a la Agencia”, escribió Ray Warren, entonces jefe de la División de América Latina. A fines de julio de 1976, Warren activó la alarma del subdirector de la CIA: “Se deben tomar todas las precauciones para garantizar que la Agencia no sea acusada injustamente de ser parte de este tipo de actividad”.
Un mes después, Warren volvió a advertir a sus superiores de las “ramificaciones políticas adversas para la Agencia en caso de que Cóndor participe en asesinatos y otras violaciones flagrantes de los derechos humanos”. Pero también informó sobre la “acción” que los agentes de la CIA estaban realizando para “evitar” esas ramificaciones “en caso de que los países de Cóndor procedan con el aspecto europeo de sus planes”.
Si bien esa sección del memorándum de Warren todavía está censurada, otro documento desclasificado basado en el memorándum de Warren y otros registros de la CIA -un informe del Senado sobre Cóndor calificado como de alto secreto-, fue publicado sin modificaciones. “La CIA advirtió a los gobiernos de los países en los que es probable que ocurran los asesinatos, Francia y Portugal, que a su vez advirtió los posibles objetivos”, se lee en el informe sin censura. “La trama fue frustrada”, concluye.
Estos registros revelan la habilidad de la CIA para contrarrestar las misiones asesinas de Cóndor en Europa, y revive las preguntas sobre por qué y cómo fracasó en detectar y disuadir una misión similar en el centro de Washington, DC: el atentado con coche bomba de septiembre de 1976 que cobró la vida de Letelier y Moffitt.
Hasta ahora, “la Operación Cóndor ha sido un misterio mortal”, dice el periodista de investigación John Dinges, que está utilizando los registros desclasificados para reeditar su libro pionero “Los años del cóndor”. “Durante décadas, tanto la CIA como el FBI nos mantuvieron en la oscuridad sobre lo que sabían y cuándo lo supieron”. Pero con los documentos recientemente publicados, “esa pregunta central puede ser respondida, y es vergonzoso para el gobierno de los Estados Unidos”, afirma Dinges.
Hubo un enlace íntimo de la CIA con los funcionarios de Cóndor, y una amplia inteligencia temprana de los planes de Cóndor que pudieron haber evitado el asesinato en Washington, concluyó.
Como muchos registros, en el “Proyecto de Desclasificación de Argentina”, los documentos sobre la Operación Cóndor entregan nombres, fechas, lugares de reunión y descripciones vívidas de los programas clandestinos llevados a cabo por los servicios de inteligencia y seguridad de las dictaduras del Cono Sur.
Este tesoro de nuevas evidencias ayudará a los investigadores de derechos humanos en Chile, Argentina y los otros países de Cóndor que continúan persiguiendo los delitos de terrorismo patrocinados por el Estado en la era de los regímenes militares.
De hecho, desde que se publicaron los documentos en abril de 2019, equipos de funcionarios argentinos los han evaluado por su valor probatorio en los enjuiciamientos de derechos humanos. A mediados de septiembre, según funcionarios de la embajada argentina, el Ministerio de Justicia de ese país transmitió un conjunto de consultas y solicitudes de aclaración a Washington. Los funcionarios estadounidenses que trabajaron en el proyecto de desclasificación están ahora examinando esas preguntas.
Los documentos “ya fueron aportados en causas en curso tanto en etapa de investigación como de juicio”, según un comunicado del Ministerio Público Fiscal en Argentina. Han revelado “nuevos datos sobre el funcionamiento de las instituciones durante la última dictadura“, así como “datos sobre la responsabilidad de funcionarios que participaron en violaciones masivas a los derechos humanos”.
Las organizaciones de derechos humanos, así como las familias de las víctimas, para quienes los documentos pueden proporcionar un cierre triste pero conmovedor, también están revisando este material. Y con mucho interés y expectativa ya que gran parte de los propios archivos de la represión de Argentina también han desaparecido: fueron quemados, enterrados o tal vez arrojados al océano, al igual que muchas víctimas.
Como dijo Carlos Osorio en la audiencia con motivo de la publicación de los registros, el 12 de abril pasado: “En varios casos estos documentos proporcionarán a esas familias la única evidencia que hayan tenido sobre el destino de sus seres queridos”.
