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DE: RED CANARIA POR LOS DD.HH. EN COLOMBIA
A/A DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN.
Y DE LA PRESIDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA.
ASUNTO:
DECLARACIÓN PÚBLICA DE RECHAZO A LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE OPOSITORES POLÍTICOS, SINDICALISTAS, CAMPESINOS, INDÍGENAS, PERIODISTAS Y ESTUDIANTES CONTRARIOS AL ACTUAL RÉGIMEN VIGENTE EN COLOMBIA; Y APOYO PÚBLICO A LA INICIATIVA DEL INTERCAMBIO HUMANITARIO.
Las organizaciones canarias firmantes rechazan tajantemente las violaciones sistemáticas al derecho a la vida y otros derechos humanos sufridas por opositores políticos, sindicalistas, campesinos, indígenas, estudiantes, jueces y periodistas con posiciones contrarias al gobierno colombiano y cometidas, o presuntamente cometidas, por paramilitares o, directamente, por agentes de la fuerza pública. Con las citadas características tuvimos conocimiento de 26 homicidios en los meses previos a la firma del TLC entre Colombia y la U.E (enero – abril)1.
Desde julio de 2002 a junio de 2008, la Comisión Colombiana de Juristas, señaló que, de los casos en que se conoce al autor o presunto autor genérico, el Estado sería responsable en 6.121 homicidios o desapariciones en contexto distinto al combate (más del 75%)2, de los que 1.486 se atribuyen a la acción directa de agentes del Estado y 4.635 a la acción de grupos paramilitares creados, colaborados y tolerados por estructuras del Estado. Por otro lado, el Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH – FIDH publica que pueden haber unos 7.500 presos políticos3 en las cárceles colombianas, de los que sólo alrededor de 500 serían miembros de las guerrillas, el resto, unos 7.000, probablemente en su mayoría, son sindicalistas, miembros de organizaciones campesinas o indígenas, de partidos políticos de la izquierda, intelectuales o estudiantes que han sido señalados y judicializados por rebelión o terrorismo en base a testimonios de reinsertados y otras pruebas fabricadas. Además, la reciente visita de una Delegación de la Agencia de Cooperación y Desarrollo del Gobierno de Asturias ha podido constatar las pésimas condiciones de salubridad en la que se encuentran los presos en dos cárceles del país. Y en el plano electoral la senadora Piedad Cordoba informó que la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó cientos de casos de fraude en las recientes elecciones del 30 de mayo, junto a una abstención del 51%. Estos hechos deslegitiman fuertemente al Estado colombiano.
Los firmantes ante la gravedad de los hechos solicitamos al Gobierno de España y a la Presidencia de la Unión Europea que:
1. Exija respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario al Estado de Colombia. En especial el respeto a los derechos y libertades de los opositores políticos y sociales (sindicalistas, campesinos organizados, miembros de organizaciones indígenas, defensores de DD.HH., estudiantes, periodistas y jueces).
2. Exija la liberación de los presos políticos, que perteneciendo a los grupos mencionados en el apartado anterior han sido judicializados por rebelión en base a testimonios de reinsertados y pruebas de dudosa procedencia.
3. Exija al Gobierno de Colombia colaboración para el necesario intercambio humanitario que podría crear las condiciones para que la guerra pierda intensidad y se respeten, por lo menos, los postulados más universales de Derecho Internacional Humanitario, aunque fuera diseñado para guerras entre Estados y no para guerra de guerrillas:
• Procurar la máxima economía de sufrimiento, no causando sufri¬mientos de suyo superfluos para lograr una ventaja militar sobre el adversario.
§ Respetarle la vida y darle un trato digno al que por alguna razón esté fuera de combate, o voluntariamente se retire de él.
§ No utilizar métodos de ataque que tengan efec¬tos incontrolables y que por lo tanto puedan afectar a personas o bienes que no pueden ser objetivos militares dentro del conflicto.
En este sentido, exigir al Estado colombiano el DESMONTE REAL de los grupos paramilitares, pues fueron creados por el Estado para saltarse los límites jurídicos de la guerra, siendo sus principales víctimas personas no combatientes.
4. Exigir al Estado colombiano una solución al conflicto a través de la negociación política. Durante las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP en enero del 99, la agenda incluía: solución política negociada al conflicto (consenso para construir un Estado Democrático con justicia social), protección de los derechos humanos, reforma agraria (redistribución de tierras improductivas, democratización del crédito, sustitución de cultivos ilícitos, …), explotación y conservación de recursos naturales, estructura económica y social (redistribución del ingreso, economía cooperativa, participación social en la planeación, gasto social, …), reforma judicial (lucha contra el narcotráfico y la corrupción),… Ésta sería un buen punto de partida, porque recordamos que lo que terminó con las negociaciones no fueron sus contenidos sino los crímenes cometidos por la extrema derecha que la cúpula militar y el DEA utilizaron para culpar a las FARC y presionar a Pastrana. El conflicto es de carácter político, económico y social con su base en las enormes injusticias sociales que sufren las clases oprimidas en Colombia. Sin negociación política que trascienda de la mera promesa de amnistía será imposible una paz duradera.
5. En relación con el punto anterior, se debe reconocer el carácter de rebeldes políticos de la insurgencia colombiana (F.A.R.C. – E.P. y E.L.N.). Las circunstancia que dan amparo legal al Derecho a la Rebeldía en la mayoría de sistemas jurídicos se dan en Colombia:
- El agotamiento de los medios pacíficos para reclamar los derechos. Aunque el marco jurídico colombiano reconoce libertades políticas, de facto se ha practicado y se sigue practicando de forma sistemática por el Estado el exterminio físico de los opositores políticos y sociales. Así fueron asesinados miles de militantes del Partido Comunista de Colombia, la Unión Nacional de Oposición, y el exterminó casi por completo de la coalición de izquierdas, Unión Patriótica, con más de 4.000 asesinados desde cargos públicos hasta simpatizantes, acción criminal que se ha extendido hasta la actualidad. Actualmente han denunciado parlamentarios el inicio de un proceso de exterminio del Polo Democrático Alternativo (con varias decenas de asesinados). La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) ha sufrido en los últimos 20 años el asesinato de 2.771 sindicalistas, unos 600 aproximadamente bajo gobierno de Uribe. También han asesinado a miles de campesinos organizados en FENSUAGRO y otros colectivos. El movimiento indígena ha sido duramente golpeado por el crimen de Estado y la represión, igualmente los estudiantes, y en menor número los periodistas críticos con el establecimiento y magistrados. La impunidad supera el 95 % de los casos.
- Los fines que se pretenden alcanzar a través de la guerra deben ser justificables y moralmente superiores a la realidad que se combate. Las agendas de negociación y las reivindicaciones de la insurgencia apuntan a una refundación del Estado que transforme las estructuras que han originado terribles injusticias sociales, sobre todo, la redistribución de la tierra que termine con los latifundios improductivos, mayor soberanía en la gestión de los recursos naturales, seguridad social, salud pública, redistribución del ingreso,…
Dicho esto basta con acudir al preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948), que señala en su tercer considerando que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Los Estados de Derecho son la concreción de ese régimen protector de los DD.HH., cuya violación los ilegitima y autoriza el recurso a la insurrección”. Otro tratado de derecho internacional es la Declaración de Argel o Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, promulgada el 4 de julio de 1976 por los pueblos del llamado Tercer Mundo. En su artículo 28 establece: “Todo pueblo cuyos derechos fundamentales sean gravemente ignorados, tiene el derecho de hacerlos valer especialmente por la lucha política o sindical, e incluso, como última instancia, por el recurso de la fuerza”. Por todo lo explicado, se debe exigir que se retire el calificativo de “terroristas” a las FARC – EP y al ELN, organizaciones político – militares, que deben considerarse rebeldes políticos y fuerzas beligerantes de un conflicto armado (modalidad guerra de guerrillas). Este paso es fundamental para vencer las posiciones, apoyadas desde Washington, que quieren mantener la guerra negando al interlocutor.
Canarias, a 1 de junio de 2010.
(1) El homicidio, el 18 de mayo, de ROGELIO MARTÍNEZ, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), y líder campesino que defendía a comunidades retornadas tras la huida de la violencia paramilitar, había denunciado la presencia del paramilitarismo en las instituciones gubernamentales; el asesinato, el 11 de abril, de HENRY RAMIREZ DAZA, ex – presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas Alcohólicas (CUT), cargo por el que sufrió amenazas y estuvo refugiado en Asturias (España - 2003), y concejal del municipio de Ambelama (Tolima) desde donde denunció a la administración municipal por corrupción, vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo; el del juez y miembro de ASONAL JUDICIAL, DIEGO FERNANDO ESCOBAR MÚNERA, perpetrado el 22 de abril; el de JAVIER CARDENAS GIL, Presidente de la Asoc. Sindical de Areneros y Balasteros del Quindío (CUT), el 1 de abril, que destacó por su oposición a la extracción mecanizada de los materiales de arrastre y a la gran minería multinacional, fue candidato al Concejo Municipal de la Tebaida por el Polo Democrático Alternativo; el 10 de abril, el de FRANCO URIEL RUCO, agricultor y colaborador de las comunidades de retornados, familias que abandonaron sus tierras por la violencia paramilitar y hoy intentan recuperarlas; los perpetrados en abril contra los docentes ELKIN EDUARDO GONZÁLEZ y BENITO DÍAZ ÁLVAREZ del sindicato ADEMACOR, y JAVIER ESTRADA, del SUTEV en Cauca, el 24 de abril; además desde enero han asesinado a otros 11 docentes de distintos sindicatos; los secuestros, torturas y asesinatos de OMAR ALONSO RESTREPO, agrominero y Pte. de la Junta de Acción Comunal del Dorado y JOSE DE JESUS RESTREPO, de FEDEAGROMISBOL (Federación de Agromineros del Sur de Bolívar), cuyos cuerpos aparecieron el 12 y 13 de febrero de 2010, tras haber sido detenidos por paramilitares, cuando su sindicato venía denunciando una estrategia para despojar a la población de su territorio y cederlo a multinacionales como ANGLO GOLD ASHANTI y empresas palmicultoras del grupo Dabon; el grave homicidio del periodista CLODOMIRO CASTILLA, el día 19 de marzo, que se produce tras entregar grabaciones a la Corte Suprema de Justicia de una conversación entre el director del diario El Meridiano de Córdoba, Willian Sallet, persona cercana al Presidente Uribe, con Salvatore Mancuso, conocido narcotraficante y líder de grupos paramilitares, que vinculaban a María Milena Andrade, ex-defensora del pueblo en Montería, enviada por Uribe como Cónsul de Colombia a New York tras lo sucedido; el asesinato por dos paramilitares, el 9 de febrero, de FABIO MANCO, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, comunidad señalada por Uribe como colaboradora de la guerrilla por negarse a la presencia de cualquier actor armado; el asesinato de MAURICIO MEDINA MORENO, director de la emisora CRIT 98.0 FM, el 11 de abril, miembro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (O.N.I.C.), destacado por su defensa de los pueblos indígenas; la muerte del BEBE DE CELINA BAILARÍN y las heridas graves provocadas a 4 indígenas, JOSE NERITO RUBIANO, MARTHA LIGIA BAILARIN, CELINA BAILARIN Y YOBANI BAILARIN, como consecuencia del bombardeo efectuado el 30 de enero de 2010 por la Brigada 17 y la Fuerza Aérea de Colombia en las inmediaciones de la Comunidad Alto Guayabal, la cual negó la presencia de frente guerrillero alguno y está convencida de que quieren desplazarlos para facilitar las operaciones mineras de Muriel Mining Corporation. Este ataque a población civil es una violación muy grave del D.I.H.
(2) Cuadros estadísticos publicados por la Comisión Colombiana de Juristas, organización con estatus consultivo ante la ONU, y filial de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra. http://www.coljuristas.org/Centrodedocumentaci%C3%B3nbck/Estad%C3%ADsticas/tabid/63/Default.aspx
(3) Publicado en web del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, filial de la F.I.D.H. http://www.comitepermanente.org/7500_presos_politicos_ignorados_a_proposito.html. Se puede encontrar más información y vídeos sobre las condiciones de vida de los presos políticos en la web del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos http://www.comitedesolidaridad.com
A/A DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN.
Y DE LA PRESIDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA.
ASUNTO:
DECLARACIÓN PÚBLICA DE RECHAZO A LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE OPOSITORES POLÍTICOS, SINDICALISTAS, CAMPESINOS, INDÍGENAS, PERIODISTAS Y ESTUDIANTES CONTRARIOS AL ACTUAL RÉGIMEN VIGENTE EN COLOMBIA; Y APOYO PÚBLICO A LA INICIATIVA DEL INTERCAMBIO HUMANITARIO.
Las organizaciones canarias firmantes rechazan tajantemente las violaciones sistemáticas al derecho a la vida y otros derechos humanos sufridas por opositores políticos, sindicalistas, campesinos, indígenas, estudiantes, jueces y periodistas con posiciones contrarias al gobierno colombiano y cometidas, o presuntamente cometidas, por paramilitares o, directamente, por agentes de la fuerza pública. Con las citadas características tuvimos conocimiento de 26 homicidios en los meses previos a la firma del TLC entre Colombia y la U.E (enero – abril)1.
Desde julio de 2002 a junio de 2008, la Comisión Colombiana de Juristas, señaló que, de los casos en que se conoce al autor o presunto autor genérico, el Estado sería responsable en 6.121 homicidios o desapariciones en contexto distinto al combate (más del 75%)2, de los que 1.486 se atribuyen a la acción directa de agentes del Estado y 4.635 a la acción de grupos paramilitares creados, colaborados y tolerados por estructuras del Estado. Por otro lado, el Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH – FIDH publica que pueden haber unos 7.500 presos políticos3 en las cárceles colombianas, de los que sólo alrededor de 500 serían miembros de las guerrillas, el resto, unos 7.000, probablemente en su mayoría, son sindicalistas, miembros de organizaciones campesinas o indígenas, de partidos políticos de la izquierda, intelectuales o estudiantes que han sido señalados y judicializados por rebelión o terrorismo en base a testimonios de reinsertados y otras pruebas fabricadas. Además, la reciente visita de una Delegación de la Agencia de Cooperación y Desarrollo del Gobierno de Asturias ha podido constatar las pésimas condiciones de salubridad en la que se encuentran los presos en dos cárceles del país. Y en el plano electoral la senadora Piedad Cordoba informó que la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó cientos de casos de fraude en las recientes elecciones del 30 de mayo, junto a una abstención del 51%. Estos hechos deslegitiman fuertemente al Estado colombiano.
Los firmantes ante la gravedad de los hechos solicitamos al Gobierno de España y a la Presidencia de la Unión Europea que:
1. Exija respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario al Estado de Colombia. En especial el respeto a los derechos y libertades de los opositores políticos y sociales (sindicalistas, campesinos organizados, miembros de organizaciones indígenas, defensores de DD.HH., estudiantes, periodistas y jueces).
2. Exija la liberación de los presos políticos, que perteneciendo a los grupos mencionados en el apartado anterior han sido judicializados por rebelión en base a testimonios de reinsertados y pruebas de dudosa procedencia.
3. Exija al Gobierno de Colombia colaboración para el necesario intercambio humanitario que podría crear las condiciones para que la guerra pierda intensidad y se respeten, por lo menos, los postulados más universales de Derecho Internacional Humanitario, aunque fuera diseñado para guerras entre Estados y no para guerra de guerrillas:
• Procurar la máxima economía de sufrimiento, no causando sufri¬mientos de suyo superfluos para lograr una ventaja militar sobre el adversario.
§ Respetarle la vida y darle un trato digno al que por alguna razón esté fuera de combate, o voluntariamente se retire de él.
§ No utilizar métodos de ataque que tengan efec¬tos incontrolables y que por lo tanto puedan afectar a personas o bienes que no pueden ser objetivos militares dentro del conflicto.
En este sentido, exigir al Estado colombiano el DESMONTE REAL de los grupos paramilitares, pues fueron creados por el Estado para saltarse los límites jurídicos de la guerra, siendo sus principales víctimas personas no combatientes.
4. Exigir al Estado colombiano una solución al conflicto a través de la negociación política. Durante las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP en enero del 99, la agenda incluía: solución política negociada al conflicto (consenso para construir un Estado Democrático con justicia social), protección de los derechos humanos, reforma agraria (redistribución de tierras improductivas, democratización del crédito, sustitución de cultivos ilícitos, …), explotación y conservación de recursos naturales, estructura económica y social (redistribución del ingreso, economía cooperativa, participación social en la planeación, gasto social, …), reforma judicial (lucha contra el narcotráfico y la corrupción),… Ésta sería un buen punto de partida, porque recordamos que lo que terminó con las negociaciones no fueron sus contenidos sino los crímenes cometidos por la extrema derecha que la cúpula militar y el DEA utilizaron para culpar a las FARC y presionar a Pastrana. El conflicto es de carácter político, económico y social con su base en las enormes injusticias sociales que sufren las clases oprimidas en Colombia. Sin negociación política que trascienda de la mera promesa de amnistía será imposible una paz duradera.
5. En relación con el punto anterior, se debe reconocer el carácter de rebeldes políticos de la insurgencia colombiana (F.A.R.C. – E.P. y E.L.N.). Las circunstancia que dan amparo legal al Derecho a la Rebeldía en la mayoría de sistemas jurídicos se dan en Colombia:
- El agotamiento de los medios pacíficos para reclamar los derechos. Aunque el marco jurídico colombiano reconoce libertades políticas, de facto se ha practicado y se sigue practicando de forma sistemática por el Estado el exterminio físico de los opositores políticos y sociales. Así fueron asesinados miles de militantes del Partido Comunista de Colombia, la Unión Nacional de Oposición, y el exterminó casi por completo de la coalición de izquierdas, Unión Patriótica, con más de 4.000 asesinados desde cargos públicos hasta simpatizantes, acción criminal que se ha extendido hasta la actualidad. Actualmente han denunciado parlamentarios el inicio de un proceso de exterminio del Polo Democrático Alternativo (con varias decenas de asesinados). La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) ha sufrido en los últimos 20 años el asesinato de 2.771 sindicalistas, unos 600 aproximadamente bajo gobierno de Uribe. También han asesinado a miles de campesinos organizados en FENSUAGRO y otros colectivos. El movimiento indígena ha sido duramente golpeado por el crimen de Estado y la represión, igualmente los estudiantes, y en menor número los periodistas críticos con el establecimiento y magistrados. La impunidad supera el 95 % de los casos.
- Los fines que se pretenden alcanzar a través de la guerra deben ser justificables y moralmente superiores a la realidad que se combate. Las agendas de negociación y las reivindicaciones de la insurgencia apuntan a una refundación del Estado que transforme las estructuras que han originado terribles injusticias sociales, sobre todo, la redistribución de la tierra que termine con los latifundios improductivos, mayor soberanía en la gestión de los recursos naturales, seguridad social, salud pública, redistribución del ingreso,…
Dicho esto basta con acudir al preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948), que señala en su tercer considerando que es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Los Estados de Derecho son la concreción de ese régimen protector de los DD.HH., cuya violación los ilegitima y autoriza el recurso a la insurrección”. Otro tratado de derecho internacional es la Declaración de Argel o Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, promulgada el 4 de julio de 1976 por los pueblos del llamado Tercer Mundo. En su artículo 28 establece: “Todo pueblo cuyos derechos fundamentales sean gravemente ignorados, tiene el derecho de hacerlos valer especialmente por la lucha política o sindical, e incluso, como última instancia, por el recurso de la fuerza”. Por todo lo explicado, se debe exigir que se retire el calificativo de “terroristas” a las FARC – EP y al ELN, organizaciones político – militares, que deben considerarse rebeldes políticos y fuerzas beligerantes de un conflicto armado (modalidad guerra de guerrillas). Este paso es fundamental para vencer las posiciones, apoyadas desde Washington, que quieren mantener la guerra negando al interlocutor.
Canarias, a 1 de junio de 2010.
(1) El homicidio, el 18 de mayo, de ROGELIO MARTÍNEZ, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), y líder campesino que defendía a comunidades retornadas tras la huida de la violencia paramilitar, había denunciado la presencia del paramilitarismo en las instituciones gubernamentales; el asesinato, el 11 de abril, de HENRY RAMIREZ DAZA, ex – presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas Alcohólicas (CUT), cargo por el que sufrió amenazas y estuvo refugiado en Asturias (España - 2003), y concejal del municipio de Ambelama (Tolima) desde donde denunció a la administración municipal por corrupción, vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo; el del juez y miembro de ASONAL JUDICIAL, DIEGO FERNANDO ESCOBAR MÚNERA, perpetrado el 22 de abril; el de JAVIER CARDENAS GIL, Presidente de la Asoc. Sindical de Areneros y Balasteros del Quindío (CUT), el 1 de abril, que destacó por su oposición a la extracción mecanizada de los materiales de arrastre y a la gran minería multinacional, fue candidato al Concejo Municipal de la Tebaida por el Polo Democrático Alternativo; el 10 de abril, el de FRANCO URIEL RUCO, agricultor y colaborador de las comunidades de retornados, familias que abandonaron sus tierras por la violencia paramilitar y hoy intentan recuperarlas; los perpetrados en abril contra los docentes ELKIN EDUARDO GONZÁLEZ y BENITO DÍAZ ÁLVAREZ del sindicato ADEMACOR, y JAVIER ESTRADA, del SUTEV en Cauca, el 24 de abril; además desde enero han asesinado a otros 11 docentes de distintos sindicatos; los secuestros, torturas y asesinatos de OMAR ALONSO RESTREPO, agrominero y Pte. de la Junta de Acción Comunal del Dorado y JOSE DE JESUS RESTREPO, de FEDEAGROMISBOL (Federación de Agromineros del Sur de Bolívar), cuyos cuerpos aparecieron el 12 y 13 de febrero de 2010, tras haber sido detenidos por paramilitares, cuando su sindicato venía denunciando una estrategia para despojar a la población de su territorio y cederlo a multinacionales como ANGLO GOLD ASHANTI y empresas palmicultoras del grupo Dabon; el grave homicidio del periodista CLODOMIRO CASTILLA, el día 19 de marzo, que se produce tras entregar grabaciones a la Corte Suprema de Justicia de una conversación entre el director del diario El Meridiano de Córdoba, Willian Sallet, persona cercana al Presidente Uribe, con Salvatore Mancuso, conocido narcotraficante y líder de grupos paramilitares, que vinculaban a María Milena Andrade, ex-defensora del pueblo en Montería, enviada por Uribe como Cónsul de Colombia a New York tras lo sucedido; el asesinato por dos paramilitares, el 9 de febrero, de FABIO MANCO, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, comunidad señalada por Uribe como colaboradora de la guerrilla por negarse a la presencia de cualquier actor armado; el asesinato de MAURICIO MEDINA MORENO, director de la emisora CRIT 98.0 FM, el 11 de abril, miembro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (O.N.I.C.), destacado por su defensa de los pueblos indígenas; la muerte del BEBE DE CELINA BAILARÍN y las heridas graves provocadas a 4 indígenas, JOSE NERITO RUBIANO, MARTHA LIGIA BAILARIN, CELINA BAILARIN Y YOBANI BAILARIN, como consecuencia del bombardeo efectuado el 30 de enero de 2010 por la Brigada 17 y la Fuerza Aérea de Colombia en las inmediaciones de la Comunidad Alto Guayabal, la cual negó la presencia de frente guerrillero alguno y está convencida de que quieren desplazarlos para facilitar las operaciones mineras de Muriel Mining Corporation. Este ataque a población civil es una violación muy grave del D.I.H.
(2) Cuadros estadísticos publicados por la Comisión Colombiana de Juristas, organización con estatus consultivo ante la ONU, y filial de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra. http://www.coljuristas.org/Centrodedocumentaci%C3%B3nbck/Estad%C3%ADsticas/tabid/63/Default.aspx
(3) Publicado en web del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, filial de la F.I.D.H. http://www.comitepermanente.org/7500_presos_politicos_ignorados_a_proposito.html. Se puede encontrar más información y vídeos sobre las condiciones de vida de los presos políticos en la web del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos http://www.comitedesolidaridad.com
