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La avanzada en la justicia / De cara al cambio de mando
La tentación de poder repartir 2300 cargos
El área de Gils Carbó es la más favorecida por la aplicación del nuevo Código Procesal Penal
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Por Gustavo Ybarra
En virtud del Código Procesal Penal (CPP) y del paquete de proyectos de ley de implementación del nuevo sistema acusatorio, que espera para su sanción el tratamiento en la Cámara de Diputados la semana próxima, el kirchnerismo dispondrá de la posibilidad de nombrar algo más de 2300 nuevos magistrado s, funcionarios y empleados antes del final del mandato de Cristina Kirchner.
Los cargos están distribuidos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público de la Defensa Nacional y, sobre todo, en la Procuración General de la Nación, que encabeza Alejandra Gils Carbó, a quien la oposición acusa de responder a los mandatos del Poder Ejecutivo.
El Ministerio Público Fiscal es el ámbito más favorecido por la sanción del nuevo Código Procesal Penal y de las iniciativas que harán viable su implementación. A partir de la puesta en marcha de la nueva ley orgánica que regirá al organismo extrapoder, Gils Carbó dispondrá de la posibilidad de nombrar 1662 nuevos funcionarios.
A esa cifra deben sumarse 504 cargos que se crearán en la justicia nacional y federal (de ellos, 240 están ubicados en juzgados y cámaras de apelaciones del interior del país).
El organismo menos beneficiado es la Defensoría Pública Nacional. Según el proyecto de ley orgánica del organismo, que espera para su sanción en la Cámara baja, se crearán 100 puestos en su estructura.
Esta proliferación de cargos provocó la reacción del secretario general del gremio de los judiciales, Julio Piumato, quien advirtió sobre la eventual destrucción de la carrera judicial que podría traer aparejada la implementación del nuevo código de rito en materia penal.
El caso que más protestas generó es el de la Procuración General de la Nación, dado que le permitirá a Gils Carbó disponer de la posibilidad de designar decenas de fiscales generales ante las cámaras de apelaciones en cada departamento judicial del interior y de la Capital Federal.
Los titulares de esas fiscalías saldrán del cuerpo de fiscales que ya cuentan con acuerdo del Senado, pero no deberán rendir ningún tipo de prueba o concurso de antecedentes para acceder al cargo, que tendrá amplias facultades para disponer de la acción penal o para recomendar el archivo de una causa.
Además, cada fiscalía general dispondrá de una estructura, hoy inexistente, que incluye la designación de dos secretarios, dos prosecretarios administrativos relatores, dos escribientes y un jefe de despacho relator.
El escalafón incluye personal administrativo y técnico y de servicio obrero y maestranza para cada una de las fiscalías generales.
El otro gran nicho de nuevos cargos serán las Oficinas Judiciales, que se crearán con la ley de implementación del CPP. Para cada cámara y tribunal nacional, el organigrama contempla de un director, un coordinador de administración y logística y sendos coordinadores de atención al público y de gestión de casos, los que a su vez serán asistidos por una estructura de una veintena de puestos técnicos administrativos y de servicio obrero y de maestranza.
Fuente: La Nación.
Diputados dio sanción definitiva al paquete de leyes de implementación del nuevo Código Procesal Penal
Tras más de ocho horas de debate, con 31 oradores; comenzará a regir en marzo de 2016; las mayores críticas, centradas en el mayor poder que se le otorga a la procuradora general de la Nación
11/6
La Cámara Baja dio sanción definitiva esta medianoche al paquete de seis leyes orientadas a completar la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), impulsada por el gobierno nacional, en un debate que llevó más de ocho horas de duración y contó con 31 oradores. En votación separada por cada ley, pero en una sola vez en particular y en general, el primer proyecto aprobado fue el de la ley de Subrogaciones para los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (130 votos favorables, 88 en contra) y segunda la de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal (130, 88 negativos).
La tercera fue la reforma al Código Penal de la Nación, referida en forma especial a causales para la suspensión del juicio a prueba (187 positivos, 29 negativos y 2 abstenciones del Frente de Izquierda); la cuarta fue la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (130 afirmativos, contra 88); quinta la ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (163 a favor, 55 negativos); y sexta la de Implementación del CPP (133 a favor, 81 en contra y 3 abstenciones del FIT).
Se trata de los proyectos de ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal; Implementación del CPP; reforma al Código Penal, referida en especial a causales para la suspensión del juicio a prueba; ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal; y de Subrogaciones para los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
[b]OPOSICIÓN AL MAYOR PODER A GILS CARBÓ
La oposición, con posturas dispares, coincidió en hacer fuertes cuestionamientos a la ley Orgánica del Ministerio Público, en especial por lo que considera el poder y la aparente discrecionalidad que se le otorga a la Procuradora General de la Nación.
Respecto a la ley del Ministerio Público Fiscal, el radical Manuel Garrido admitió que en esta iniciativa se encuentra "la mayoría" de sus objeciones y dijo que esa norma genera "un organismo sin frenos y sin contrapesos básicos en una democracia".
Asimismo, sostuvo que establece "una monarquía dentro de nuestro sistema democrático", dado que ûsegún su opinión- "no existen organismos de control internos ni externos de la Procuración".
En ese sentido, criticó que "el único control que establece la ley es la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que en 20 años no se ha establecido" y que el cargo de Procurador General de la Nación "sea vitalicio" y que quede habilitado a nombrar "a su propio reemplazo".
Otro crítico fue el macrista Pablo Tonelli, quien le apuntó, entre otras cosas, al proyecto de Subrogaciones.
Se debe "evitar que el Consejo de la Magistratura, que es el responsable de las vacantes, cubra la enorme cantidad de vacantes mediante una selección inconstitucional, arbitraria y seguramente destinada a favorecer a los propios partidarios del partido de gobierno", sostuvo.
LA DEFENSA DEL OFICIALISMO
La respuesta del oficialismo estuvo en manos de la diputada Diana Conti, quien sostuvo que "es ridícula, mezquina e intolerable la campaña de la oposición y del monopolio mediático de que queremos hacer esta reforma para buscar impunidad. No necesitamos impunidad, es el pueblo que necesita justicia, fiscales que caminen de la mano de la víctima y que el derecho penal se aplique".
"La cuestión es política, porque una oposición que no puede caminar y construir territorio busca los estrados judiciales y a la Corte para apañarse y jugar en contra de los intereses populares y a favor de los intereses corporativos", agregó Conti.
"A ninguno (de los opositores) le importaba como se llenaban la subrogancias cuando tenían la funcionalidad del partido judicial y el aparato mediático. El Consejo de la Magistratura nombra subrogantes desde su creación", manifestó.
La mayoría de los proyectos tuvo modificaciones a pedido de la oposición y de actores judiciales en la comisión bicameral de Seguimiento de la Implementación del CPP, que preside el senador oficialista salteño Rodolfo Urtubey, antes de sortear el Senado.
Entre otras, el órgano ejecutor de la implementación será la bicameral parlamentaria en lugar de la comisión extra parlamentaria de la versión original; se cambió la fecha de inicio de implementación del CPP (se pasó del 1 de septiembre de este año al 1 de marzo de 2016); y se tomó a la Capital Federal como un distrito único para la aplicación del CPP en vez de dividirlo en cuatro jurisdicciones.
Además, entre los puntos destacados por el oficialismo se encuentra el hecho de que haya dos leyes distintas para el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa con el objetivo de establecer con claridad las funciones de ambos organismos.
La primera de ellas establece una organización de fiscales por distrito, crea la figura del "fiscal revisor", designado por sorteo, que discute los criterios jurídicos con el fiscal de instrucción, entre otros puntos.
Fuente: La Nación.
Y ahora se viene lo bueno:
“Una tendencia internacional a crear estados de excepción"
[i]17/6
Por Mariela Solesio
Con esta frase, el diputado salteño del Partido Obrero, Pablo López, resumió la orientación central del nuevo Código Procesal Penal, que volvió a colocarse en debate en la última sesión plenaria de la Cámara de Diputados.
Si bien gran parte de la oposición, exceptuando a la centroizquierda que no fijó posición, denunció la ley de implementación, lo hizo poniendo el eje en el procedimiento administrativo y en la preocupación por la creación de nuevos cargos judiciales manejados por los K. Pero tanto el oficialismo como la oposición reivindicaron las cuestiones de fondo y estratégicas que encierra este nuevo código, como el "nuevo sistema acusatorio" que otorga la plena potestad de la investigación a los fiscales, que dependen del Ejecutivo. Esto lleva a que la orientación de la investigación esté a cargo sólo de un sector ligado, en general, al gobierno de turno, lo que reforzará las arbitrariedades contra el pueblo y la impunidad estatal en sus responsabilidades penales o civiles. Incluso, los fiscales tendrían la prerrogativa de decidir qué delitos investigar, lo que en la jerga judicial se llama pasar de un sistema de "legalidad", que obliga a investigar todos los delitos, a uno de "oportunidad".
Como denunciáramos en su momento desde el Partido Obrero y el Bloque del Frente de Izquierda, detrás de un régimen de "aceleración de la Justicia", en verdad se esconde una reforma reaccionaria. "La aplicación de este sistema se encuentra ya en algunas provincias, bajo un régimen mixto, como, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, donde el fiscal Albaca ha sido el vértice de todo un aparato de impunidad en el caso de Paulina Lebbos. O en el caso de Iván Torres en Chubut, al cual se le ha armado un prontuario al negarse a integrar una estructura delictiva creada por la policía. Allí, en Chubut, rige el sistema acusatorio que ustedes ahora proponen bajo argumentos progresistas y de agilidad judicial, lo que es falso. Esta reforma, en definitiva, es un combo de aceleración de la Justicia que va a afectar a los sectores más vulnerables", señaló López en el recinto.
A la vez, denunció las leyes complementarias puestas en debate, como la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que en su artículo 8 plantea las investigaciones genéricas, es decir no sobre hechos concretos sino sobre hipótesis, lo cual implica un cheque en blanco contra las organizaciones populares.
"Sobre la base de estas investigaciones genéricas se instala un mecanismo para avanzar en una persecución contra luchadores populares", señaló el diputado del PO. Como parte de esta ley complementaria, en su artículo 40, se establece la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal pueda obtener recursos propios, que es un mecanismo que se ha instalado en muchos organismos estatales durante el proceso de privatización de nuestro país, lo cual habilita transferencia de recursos de organismos privados y de potencias extranjeras. También esta ley orgánica establece la posibilidad de realizar actividades voluntarias con los estudiantes de las universidades, lo cual implica un régimen de precarización laboral "que han enfrentado los trabajadores judiciales sobre todo los del Fuero Penal, en situación de contratados e interinos", como señaló López, destacando la masiva Audiencia Pública realizada junto al Bloque Frente de Izquierda-PO en el Congreso, que tuvo como eje el reclamo de pase a planta permanente de todos los contratados del Poder Judicial.
López dedicó el final de la intervención a destacar la lucha de los trabajadores judiciales por la defensa en la estabilidad laboral, así como el pase a planta de los precarizados y, en ese sentido, denunció al actual presidente de la Corte, que se niega a recibir a los representantes de los trabajadores y mantiene una planta precarizada que lleva a los trabajadores a ser rehenes de la arbitrariedad de los jueces, obligándolos a realizar, por ejemplo, tareas por fuera de su horario sin ninguna retribución. López llamó al resto de los diputados a apoyar el proyecto de resolución presentado por el Bloque Frente de Izquierda-PO, en donde se insta a la Corte a pasar a planta permanente a todos los trabajadores de la Justicia. Y señaló, que sólo en el caso de la ley de implementación "nuestro bloque se va a abstener, porque luego de una intensa lucha... los trabajadores judiciales lograron modificaciones en esta ley que establece una garantía de sus puestos de trabajo que esperamos se cumplan".
Fuente: Prensa Obrera.
Código Procesal Penal: diferencias en la votación del Bloque del Frente de Izquierda
El bloque del PTS, sin intervenir en el recinto, decidió abstenerse ante la reforma del Código Penal en vez de votar en contra, como lo hizo el diputado del Partido Obrero, Pablo López.
A los medios no se les escapó la diferencia de votos en relación a la Reforma del Código Penal en sus artículos 59, 71,73. Dicha ley constituía un paso fundamental para la aplicación y entrada en vigencia de la Reforma del Código Procesal Penal, ya que en esos artículos se determina cuáles son los supuestos de prescripción y finalización de las causas penales.
En estos artículos se incorporan los supuestos de "oportunidad", que son los casos por los cuales el fiscal decide no impulsar la investigación penal de una causa. Precisamente éste era el argumento para abstenerse en vez de votar en contra, ya que para el PTS era progresivo e implicaba una herramienta en las miles de causas que se llevan contra los trabajadores por sus luchas. La postura del PTS se limita a un "oportunismo" de dudosa eficacia, ya que revela una expectativa de ser "favorecido" por los fiscales de los gobiernos de turno. Nuestra posición es que esta facultad otorgada al fiscal para determinar qué causa se impulsa para su investigación constituye atribuirle a los mismos la facultad de fijar la política criminal del país. Constitucionalmente la política criminal es potestad del Congreso a través de la votación de los códigos de fondo. Por lo que constituye una herramienta más para el estado de excepción que se pretende implementar al servicio de la domesticación popular. El fiscal, que ni siquiera es elegido por la voluntad popular, suplanta incluso a la "raquítica" participación democrática a través del Congreso. Otro supuesto que incorpora la reforma para el cierre de las causas es que la víctima llegue a un acuerdo con el acusado y solicite el cierre de las actuaciones. Basta pensar en los casos de violencia de género y la presión a la que es sometida la víctima, para vaticinar que su aplicación en lesiones leves y amenazas será la regla (delitos usuales del agresor).
La Reforma del Código Procesal Penal es un engranaje más de un cambio estratégico de toda la legislación nacional tendiente a adaptarla a las necesidades ya no del capitalismo de principio de siglo, sino del capitalismo de la tercerización laboral y la disminución de las responsabilidades patronales sobre la explotación de la propiedad. El conjunto de leyes que se votaron el miércoles pasado para su implementación es el engranaje que se prepara para la represión y disciplinamiento de futuras respuestas populares al régimen social.
Fuente: Prensa Obrera.
