Vivienda, lucha contra los desahucios y vanguardia comunista en el Estado español

1. El problema de la vivienda en España

1. 1. La Constitución española y el “derecho a la vivienda”

La Constitución española de 1978 fue la herramienta política a través de la cual el capitalismo español y su régimen político fascista sellaron la necesaria remodelación política del Estado, el cambio de fachada política de un régimen abiertamente fascista a un modelo de democracia burguesa con tintes fascistas y estructuras político-judiciales y represivas calcadas del Estado fascista impuesto a sangre y fuego en 1939.

Esta remodelación del marco jurídico-estatal atendió a dos necesidades estrechamente relacionadas: por un lado, fue una necesidad de las propias burguesías monopolistas nacionales del Estado español, que necesitaban dotarse de un nuevo formato político-estatal que se adecuara de forma más eficaz a sus intereses; por otro lado, fue una operación política impuesta por los intereses del bloque imperialista alineado en torno a la UE y la OTAN. No es casual que, justo después de la entrada de España en instituciones como el Mercado Económico Europeo y la OTAN, la burguesía española acometiera procesos de “reformas” que tuvieron como consecuencia, a nivel económico, la destrucción de una porción muy importante del tejido industrial y, a nivel político-militar, la implantación de bases militares de la OTAN y la subordinación del Estado español a la burocracia euro-imperialista.

En relación con la cuestión de la vivienda, esta carta magna -para cuya aprobación fue fundamental el membrete de la aristocracia obrera, representada en la organización política del PCE y en el tándem CCOO-UGT, declaró con toda solemnidad lo siguiente en sus artículos 47 y 50

Sanción de la Constitución

Artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 50

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Estos artículos son la más clara representación del carácter falaz de la legalidad instaurada por la burguesía en su “sagrada” carta magna. Sin embargo, cualquier proletario con un mínimo de sentido de la realidad sabe que el “derecho a la vivienda” es mero papel mojado, un derecho condicionado a los intereses del capital, una engañifa que no se lleva a efecto porque no es posible que esto suceda bajo el paraguas de un sistema social y económico como el capitalista.

El único artículo de la Constitución española que sí se cumple en la práctica -y bajo el cual se subordina el resto del articulado- es el 33, que establece que “se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”. Este articulado, que blinda legalmente los intereses de clase de la burguesía española (sobre todo de la monopolista), es el que se encarga de sancionar legalmente lo que a nivel práctico el orden del capital ya establece por su propio funcionamiento. Es la existencia misma de la propiedad privada de los medios de producción -y su consiguiente protección legal por el Estado capitalista- la que impide en la práctica que el “derecho a la vivienda” pueda materializarse.

1. 2. La realidad de la vivienda en el Estado español

Según el Observatorio Económico del BBVA (uno de los grandes puntales de la burguesía imperialista española), España vivió entre los años 1994 y 2007 uno de los periodos más duraderos y de mayor crecimiento económico de las últimas décadas. Este crecimiento, que por supuesto fue posible gracias a la sobreexplotación de la mayoría del proletariado, tuvo como motor fundamental el sector de la construcción, que llegó a tener un volumen de negocio superior al de varios países de la Unión Europea y que fue alimentado tanto por el capital monopolista español como por la burguesía del bloque euro-estadounidense. (Hay que tener en cuenta que, en el pico del “auge económico”, es decir, en 2005, en España se construyeron más viviendas que en Alemania, Francia e Italia juntos: esto es, en un país de 47 millones de habitantes se construyeron más pisos que en tres países que representaban una población de casi 208 millones de habitantes. Este dato da una idea de la magnitud que alcanzó el “boom inmobiliario” en todo el Estado.)

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007, cientos de miles de proletarios se vieron abocados al paro en cuestión de meses, teniendo fatales consecuencias para todos aquellos que se habían endeudado con bancos y cajas de ahorro con el objetivo de acceder a una vivienda. Cuando los ingresos de millones de obreros disminuyeron (ya fuera por prestaciones de paro sensiblemente inferiores a los sueldos de sus anteriores trabajos, ya fuera por reducciones drásticas de salario que la burguesía implementa en cada crisis para tratar de luchar contra la tendencia decreciente de la tasa de ganancia) y los tipos de interés comenzaron a entrar en una senda alcista, la soga al cuello de hipotecas o alquileres -que en muchos casos superaban los salarios de los trabajadores- provocó que los desahucios comenzaran a golpear a los estratos más oprimidos del proletariado, sobre todo al inmigrante y a la clase obrera autóctona más joven.

Según el Barómetro social de España (a fecha de 6 de octubre de 2012), desde 2008 hasta el presente año han sido expulsadas de sus hogares más de 600.000 familias, habiéndose producido 371.708 ejecuciones hipotecarias y 273.575 desahucios de alquileres. Cada día se producen en el Estado español 532 desahucios, lo que da una muestra muy clara del gravísimo panorama que enfrentan el proletariado y las capas intermedias en proceso de proletarización en algo tan básico como la vivienda.

En esencia, la realidad de la vivienda en España para la clase explotada tiene que ver con la misma problemática -que ya caracterizara magistralmente Friedrich Engels en su Contribución al problema de la vivienda (1873)- que sufren la clase obrera y los sectores oprimidos en cualquier rincón del globo. Esta problemática hunde sus raíces en la organización económica de la sociedad (la división en clases sociales antagónicas, la propiedad privada de los medios de producción y la sobreproducción de capitales), que provoca que la vivienda sea una mercancía más, un objeto sometido a la ley del valor capitalista y a los intereses de una clase parasitaria, la burguesía, que vive extrayendo plusvalías y rentas a base de explotar fuerza de trabajo en grado progresivamente mayor.

Sin embargo, la realidad de la vivienda en el Estado español adopta un cariz singular, que no se da en la mism magnitud en otros países imperialistas, y que tiene su basamento en el propio modelo característico de desarrollo del capitalismo español durante las últimas dos décadas. Este modelo peculiar tuvo su expresión en la primacía que llegaron a ostentar, dentro del conjunto de la burguesía monopolista, las empresas constructoras, los bancos y los servicios que crecieron bajo el manto del capital inmobiliario. Dicho modelo de desarrollo capitalista (que ahora, a toro pasado, es “criticado” por la aristocracia obrera y una parte de la burguesía no monopolista española) no se desarrolló de forma caprichosa por “elección” de la burguesía, sino que respondió en última instancia a la división internacional del trabajo y al papel que el propio imperialismo le adjudicó a la burguesía española.

Con respecto a la vivienda, la consecuencia fatal de este patrón de crecimiento económico para el proletariado fue la incapacidad de pago creciente de una fracción de nuestra clase muy importante desde el punto de vista cuantitativo. Lo que vino después (desahucios y ahogamiento por deudas de gran parte del proletariado y de la pequeña burguesía) es de sobra conocido y provocó, como no podía ser de otra manera, incipientes luchas espontáneas contra los desahucios que sacaron a la palestra mediática los temas de la dación en pago y la moratoria en las ejecuciones hipotecarias.

Analizar este movimiento de lucha contra los desahucios es fundamental para los comunistas, pues permite a la vanguardia comunista conocer de primera mano las luchas espontáneas de nuestra clase y, sobre todo, seguir perfilando la necesaria unidad ideológica de los elementos más avanzados de nuestra clase con vistas a fusionar vanguardia comunista y masas obreras en el reconstituido Partido Comunista.

2. El movimiento espontáneo contra los desahucios en el Estado español

2. 1. Primer paréntesis necesario: los comunistas y las luchas de resistencia de nuestra clase

Al contrario de lo que sostiene el revisionismo en cualquiera de sus variantes, nuestra clase es capaz por sí misma de defender sus intereses inmediatos y de emprender luchas de resistencia contra las embestidas del capital sin que ninguno de los autoproclamados partidos comunistas, de forma completamente paternalista, vaya a enseñarles a los obreros cómo se organizan asambleas, piquetes, huelgas, manifestaciones, ocupaciones, actos de sabotaje o cualquiera de las formas de lucha que el proletariado aprende a desarrollar cuando implementa su lucha de clase contra la patronal y sus esbirros. Nuestra clase, desde el punto de vista histórico y no desde la estrechez pequeño-burguesa y subjetivista impropia de comunistas, es una clase que está llamada a luchar por sus intereses inmediatos.

Los comunistas podemos y debemos organizar grupos de resistencia a los planes del capital allá donde haya posibilidades, pero sobre todo debemos elevarnos a la categoría de Partido de nuevo tipo, algo que solo es posible conseguir cuando la vanguardia comunista y los sectores más avanzados de la clase obrera en luchas de resistencia se fusionan en un todo orgánico, en su Partido Comunista. Previa a esta labor, está la de combatir toda forma de revisionismo en el seno del movimiento comunista para, mediante una lucha de líneas entre el comunismo y el reformismo, conseguir conformar un solo destacamento de vanguardia revolucionaria unificada en torno a los principios revolucionarios del comunismo que consigan desterrar lacras como el electoralismo, el espontaneísmo y el sindicalismo en la línea comunista. Es entonces -y solo entonces- cuando las luchas económicas pueden servir como herramienta para que los comunistas podamos transformar, a través de nuestros intermediarios con las masas de la clase (los luchadores proletarios más combativos y mejor organizados), la lucha sindical y de resistencia en lucha política y con vocación de poder.

Si el grueso de los comunistas no termina de comprender esta verdad corroborada por el estrepitoso fracaso del Movimiento Comunista en el Estado español y en gran parte del mundo, no es posible ningún tipo de reconstitución del comunismo y, además, nuestra clase seguirá viéndose impotente e inerme ante los brutales ataques de una burguesía monopolista que no está dispuesta a renunciar a su poder y dominio.

2. 2. Segundo paréntesis necesario: suicidios mediáticos y “reformas” del Gobierno español en materia de vivienda

Desde hace pocas semanas, los plumíferos y voceros del capital se han hecho eco de los recientes suicidios (inducidos por la desesperación que produce un sistema absolutamente inhumano y en cuya lógica no puede entrar la de cumplir el tan cacareado “derecho a la vivienda”) de José Miguel y Amaia en Granada y Barakaldo, respectivamente. Sin embargo, como hemos constatado antes, la realidad de los desahucios viene produciéndose de forma masiva desde hace ya más de cuatro años y, por supuesto, en el Estado español tampoco es ninguna novedad la ola de suicidios.

Lo único que ha cambiado ahora para la burguesía es que estas personas se han suicidado de tal forma y en tales circunstancias que sus muertes han sido un espectáculo mediático. Ya sabemos que, para los explotadores, si te suicidas y nadie te ve, formas parte de un dato más (de hecho, en la web del Instituto Nacional de Estadística cualquiera puede consultar el número de suicidios registrados por año, incluyendo registros tan siniestros como formas de llevar a cabo el suicidio); pero si tu suicidio salta a la palestra mediática, entonces es cuando los desahucios “son un problema social” y cuando el Gobierno (ese Consejo de Administración de la burguesía), que tiene “sensibilidad social”, acomete un “plan de reformas para proteger a los más débiles”.

El Gobierno del PP, tras haber tratado de negociar con el PSOE (el otro gran partido de la burguesía monopolista, el de la OTAN humanitaria, el de los GAL y la guerra sucia, el de la legalización de la sobreexplotación laboral en forma de ETTs y el del primer Estado de sitio decretado contra un colectivo de trabajadores en toda la historia de la democracia burguesa española), presenta el 15 de noviembre de este año un Real Decreto que, oficialmente, está pensado para aquellos proletarios que estén “en peores condiciones”. Al final, como era de esperar, la “reforma” es un auténtico embuste, pues excluye a la mayoría de familias de esa moratoria de dos años en ejecuciones hipotecarias y, además, deja en el aire cómo va a gestionarse ese “parque de viviendas sociales en alquiler” (el cual, por supuesto, será al final gestionado por el mismo capital financiero).

Una vez más, se vuelve a demostrar que el Ejecutivo de la burguesía (sin importar cuál sea su sigla) solo puede decretar y legislar, junto con el resto de formaciones políticas burguesas, en beneficio exclusivo de los intereses de la burguesía monopolista, del capital financiero. El Real Decreto, dicho sea de paso, trata de calmar unos ánimos que irán caldeándose más; trata, en definitiva, de minimizar unas luchas de resistencia en el plano de la vivienda que, a pesar de las medias tintas del Estado burgués, inevitablemente irán en aumento y alcanzarán mayor amplitud y contundencia.

2. 3. Las luchas proletarias contra los desahucios en España

En el Estado español, en el ámbito de la vivienda (como en el resto de ámbitos que atañen a nuestra clase) no hay ninguna lucha de masas de amplitud estatal que esté dirigida por comunistas. El grueso de las luchas espontáneas contra los desahucios están encabezadas por organizaciones que, provenientes de colectivos que surgieron antes que el 15-M (como la Asamblea por una Vivienda Digna, que ya protagonizó importantes luchas en 2006), se articulan en torno a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y a los colectivos locales del 15-M de “Stop Desahucios”.

Todos estos colectivos tienen como punto en común su visión absolutamente parcial, legalista y espontaneísta de la estrategia de luchas contra las tropelías del capital en materia de vivienda. Organizaciones como la PAH entienden que el problema de la vivienda en España tiene que ver con su “mercantilización”, con una banca “usurera e insaciable” y con unos Gobiernos que habrían sido “comprados” por bancos y demás entes “privados” interesados en hacer de la vivienda un “negocio”.

En primer lugar, hemos de decir que a ningún comunista puede sorprenderle que, sin una reconstitución previa del Movimiento Comunista del Estado español, sea imposible que este tipo de colectivos (en su gran mayoría, dirigidos por elementos de la pequeña burguesía y la aristocracia obrera) empiecen a blandir las banderas rojas de la Revolución. No se le pueden pedir peras al olmo.

En segundo lugar, este tipo de organizaciones están incapacitadas para entender y afrontar de forma revolucionaria -de la única manera en que se puede afrontar, por otro lado- la problemática de la vivienda. La vivienda es un negocio como lo es cualquier mercancía en el sistema de explotación capitalista. A la burguesía no se le puede pedir que saque del “mercado” un bien, por muy básico que sea, como el de la vivienda. O el proletariado socializa los medios de producción existentes y pone a disposición de la clase obrera todo el parque de viviendas existente, o la lucha por una “vivienda digna” está abocada al más absoluto de los fracasos.

En realidad, no es ilógico que la pequeña burguesía y la base social de la aristocracia obrera elaboren este tipo de discursos y propuestas que nada tienen de comunistas (y que, por supuesto, dejan sin resolver el problema de raíz: la organización de la economía en función de la propiedad privada de los medios de producción y la explotación de una clase sobre otra), pues el seguidismo economicista y el espontaneísmo son propios de estas clases o sectores sociales vacilantes. Lo que sí es ilógico y grave es que, desde posiciones pretendidamente comunistas, se establezcan una lógica y unos patrones de luchas que atrapan igualmente a los proletarios en los estrechos círculos del sindicalismo y el espontaneísmo.

Además de las decenas de protestas contra los desahucios organizadas semanalmente por organizaciones como Stop Desahucios o la PAH (protestas que casi siempre son brutalmente reprimidas por las fuerzas represivas del capital), ha habido hasta ahora dos luchas proletarias emblemáticas y que han servido como guía e inspiración para otros grupos de explotados que, espontáneamente, están comenzando a organizarse y a oponerse a las expulsiones criminales de sus hogares. Nos referimos a la interesante iniciativa de la Corrala de Vecinas la Utopía (Sevilla) y a la acampada permanente de proletarios (en su mayoría inmigrantes) en la sede de Bankia, ubicada en la plaza del Celenque (Madrid).

Ambas luchas ejemplares han vuelto a demostrar que la clase obrera, cuando es consciente de que su fuerza reside en su unidad (en la comunidad de intereses que es capaz de forjar), saca lo mejor de sí misma, planta cara y resiste de forma autónoma a las embestidas del capital. Lo único que no es capaz de hacer el grueso de la clase obrera es entender por sí misma la necesidad de la Revolución, una Revolución que debe transformar desde el punto de vista revolucionario este siniestro orden social y generar una sociedad (la sociedad del Estado proletario) que sea capaz de hacer frente al horroroso problema de la vivienda que aquí nos ocupa. Los comunistas entendemos que la nueva sociedad socialista (aquella que camina hacia la extinción completa de las clases sociales) es la única capaz de generar una alternativa al problema de la vivienda bajo el capitalismo.

3. La solución revolucionaria al problema de la vivienda.

El problema del acceso universal a vivienda por parte de las masas populares, sobre todo en el caso de las clases trabajadoras, que son siempre las más susceptibles de caer en la pobreza (que no es sino la falta de acceso a la riqueza social con la que se satisfacen las necesidades de todos y cada uno de los seres humanos) no puede ser separado del resto de problemas de acceso de los trabajadores a los frutos del trabajo social, que son los que constituyen dicha riqueza.

Al fin y la cabo, la vivienda no es más que uno de esos frutos, uno que además satisface una necesidad humana absolutamente esencial para una vida digna y sana, hasta el punto de que el acceso a la vivienda es reconocido a nivel mundial como un derecho humano básico, fundamental.

Siendo así, la vivienda es tratada en cada forma de sociedad como es tratado en general todo fruto del trabajo; esto es, en función del régimen de propiedad imperante, el cual es determinado por el modo de producción social.

En el caso del capitalismo, ese régimen es el de propiedad privada en manos de la burguesía de los medios de producción, la clase social poseedora y parasitaria, que los pone a disposición de los trabajadores, del proletariado (mediante determinadas condiciones y relaciones sociales de explotación), para que produzcan mediante esos medios la riqueza social, de la que la burguesía se apropia tras descontar la parte de dicha riqueza producida por el proletariado que constituye los salarios, que entrega al proletariado bajo formas mercantiles propias del capitalismo y en condiciones que están desarrolladas para satisfacer los intereses de la burguesía ante todo, incluso cuando sea dando acceso a los trabajadores a los bienes correspondientes a sus propios salarios.

La burguesía en todo momento está entregada a la tarea de apropiarse de toda la riqueza social, salvo de la que mantenga con capacidad productiva al proletariado. Y lo hará en cada fase y cada acto del proceso de producción y distribución de la riqueza social. Necesita hacerlo para seguir existiendo y subsistiendo como tal burguesía, como clase social propietaria y parasitaria. Si no lo hace y además con éxito, perece como tal clase social.

La vivienda, lejos de ser una excepción en este esquema, por mucho que satisfaga una necesidad fundamental de cada ser humano y, por ello, del proletariado, es un fruto del trabajo social que llega a producir enormes beneficios monetarios para la burguesía, tanto en el proceso de su producción, como en el de su venta y distribución, siendo ademas especialmente útil para operaciones especulativas.

Eso son hechos incontrovertibles, como también es un hecho que, al menos en los países imperialistas, hay viviendas construidas y a la venta en en número muy superior al necesario para alojar en ellas a toda la población. Pero se han producido, no para satisfacer las necesidades de las masas proletarias, sino como medio de producir beneficios para la burguesía, como un medio más (y especialmente lucrativo) de los que emplea esta clase social parasitaria para apropiarse de toda la riqueza social que pueda mientras no llegue a anular la capacidad productiva del proletariado ni a romper el marco de las relaciones sociales capitalistas, la maquinaria social de producción de Capital para sus manos. Y para asegurarse de ello, la burguesía dispone del poder del Estado.

Partiendo de estas bases, las luchas populares sectoriales que pretenden forzar una solución política al problema de acceso a la vivienda por parte de las masas proletarias, dentro del marco de las relaciones sociales burguesas, capitalistas, no podrán conseguir su objetivo, ya que la burguesía empleará otros métodos, dentro del control que tiene de todas las fases del proceso de producción y distribución de la riqueza social, para apropiarse de la mayor parte de esta. Si se le cierra la vía de las hipotecas-estafa y los desahucios, desarrollará otros mecanismos especulativos y de diversa índole para lograr su objetivo, consiguiendo a lo más las luchas sectoriales populares el favorecer a uno u otro sector particular de la burguesía, haciendo que la riqueza robada vaya a un sector en mayor medida que a otro, pero sin poder parar el proceso de latrocinio burgués de la riqueza social producida por el trabajo de las masas proletarias.

La única solución posible pasa por expropiar a la burguesía de todos los medios de producción y de distribución de la riqueza (siempre producto del trabajo exclusivamente), echarla, arrojarla a la fuerza del poder del Estado y sustituir este por un Estado de la Dictadura del Proletariado que, avanzando en la construcción del Socialismo y el Comunismo, haga del suelo y de las viviendas propiedad estatal en un principio y luego propiedad social y las distribuya desde el primer momento entre las masas trabajadoras, de manera planificada, según criterios de satisfacción de las necesidades sociales e individuales de acceso a la vivienda, garantizándolo de verdad así como un derecho inalienable y efectivamente realizado en los hechos.

Para ello, cada Estado Socialista o en tránsito al Socialismo en concreto podrá desarrollar sus formas particulares apropiadas, de acuerdo a sus necesidades, características, nivel de desarrollo y costumbres populares concretas, como podrían ser los alquileres proporcionales al nivel de ingresos de cada residente o la cesión gratuita a cambio del trabajo aportado a la sociedad, por ejemplo.

Cualquier otra forma de tratar de solucionar el problema de la vivienda, dentro del sistema capitalista, estará abocado al fracaso o, en el menos malo de los casos, a proporcionar a los trabajadores acceso a viviendas de poca o de ínfima calidad, de bajo coste para la burguesía pero que le produzcan alta rentabilidad y usadas en todo caso por ella como lazo que ate al proletariado a las necesidades de producción de Capital para la burguesía, como parte de los eslabones de la cadena de la explotación del proletariado por parte de la burguesía, en un sistema social que lleva inevitablemente a aumentar de manera constante y cada vez más brutal el nivel de dicha explotación.

No hay otro camino que ponernos a la labor de constituir el Partido Comunista y articular en torno a él la lucha por el Comunismo.

¡Desahuciemos a la burguesía para detener los desahucios a los trabajadores! ¡Hagamos que toda vivienda sea una vivienda social!

¡Para garantizar el derecho a una vivienda digna, construyamos el Nuevo Poder, la Dictadura del Proletariado!