MAGOYA RESPONDIENDO A TU PEDIDO ACA SUBO UN POCO DE INFORMACIÓN.
EN LA PROVINCIA DE SALTA, PARTICULARMENTE A PARTIR DE LA GESTIÓN DE JUAN CARLOS ROMERO SIENDO REELEGIOD GOBERNADOR DE 1995 A 2007, ACTUALMENTE SENADOR HASTA 2012,SE LLEVÓ A CABO UN PROCESO DE EXPROPIACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y DE ENTREGA DE LOS RECURSOS NATURALES,SIGUIENDO AL PIE DE LA LETRA LA POLÍTICA NEOLIBERAL MENEMISTA; ADEMÁS ESTE MISMO GOBERNADOR LLEGÓ A SER CANDIDATO A VICE PRESIDENTE CON MENEM.
ENTRE LAS POLÍTICAS DE ESTE GOBERNADOR, CONTINUADAS ACTUALMENTE POR EL GOBERNADOR JUAN MANUEL URTUBEY, ESTÁ LA EXPROPIACIÓN DE TIERRAS DE LAS COMUNIDADES EN POS DE LAS GRANDES EMPRESAS Y DE LOS CAPITALES EXTRANJEROS.
ADEMÁS DE IMPULSAR ESTA EXPROPIACIÓN DE LAS COMUNIDADES, EL GOBIERNO SALTEÑO HA AVALADO LA EXPLOTACIÓN MINERA DE URANIO EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CALCHAQUIES,SIGUIENDO LA POLÍTICA DEL GOBIERNO NACIONAL EN CUANTO AL SAQUEO DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES, PERO BUENO, ESE ES OTRO TEMA.
AQUÍ LES DEJO UNOS ARTÍCULOS SOBRE LA LUCHA QUE LLEVAN A CABO LAS COMUNIDADES PARA IMPEDIR ESTA EXPLOTACIÓN Y ESTE SAQUEO,DESDE LOS PRIMEROS CONFLICTOS HASTA EL MÁS ACTUAL.
SALTA: Comunidades originarias están protestando por instalación de mineras en tierras aborígenes en San Antonio de los Cobres.
Unas trescientas personas manifiestan su rechazo al Decreto firmado por el gobernador Romero quien arbitrariamente cedió tierras con dominós de los aborígenes a mineras que hoy están desviando un rió dejando sin agua a los pobladores quienes también denunciaron contaminación.
29 de septiembre de 2007| Marco Díaz Muñoz. Director Agencia de Noticias Copenoa |
Las Comunidades de origen Kolla, están realizando un acto en repudio a la intromisión concretada por el gobierno de Romero. También solicitan que las mineras abandonen sus tierras las que pertenece a la Comunidad “El desierto” .
Luego del acto las Comunidades aborígenes podrían cortar la ruta 51, al ingreso del pueblo andino de San Antonio de Los Cobres. (Ampliaremos)
La valla a la topadora se llama wichí
Un día antes de la audiencia a la que convoca la Corte para determinar sobre la prohibición del desmonte en Salta, los wichí cuentan cómo se las arreglan para defender su tierra y su medio de vida ante el avance permanente de las topadoras.Por Darío Aranda
Desde Tartagal, Salta
La ruta nacional 86 es un ancho camino de tierra en el norte de Salta. Comienza en Tartagal y –170 kilómetros después– finaliza en la frontera con Paraguay. Monte nativo, árboles añejos y pobladores originarios sobreviven a ambos lados de la ruta. Es la zona más preciada por los grupos sojeros y madereros, que pugnan por ingresar, deforestar y obtener ganancias. La defensa del monte nativo no la realiza ningún gobierno, sino las comunidades wichí que resisten a base de acción directa: piquetes, cortar alambres, frenar topadoras y enfrentar gendarmes. En diciembre pasado tuvieron un aliado circunstancial: la Corte Suprema de Justicia ordenó el cese de los desmontes autorizados en el último trimestre de 2007 y fijó fecha para una audiencia de las partes. Mañana será ese momento, cuando escuchará a las comunidades y también a la provincia y el gobierno nacional, que deberán explicar por qué se continúa arrasando territorio indígena. Los referentes indígenas muestran expectativa y escepticismo, en partes iguales. Y reina una certeza: “La cuestión de fondo es la tierra, no el desmonte”.
La lucha por la tierra
Las brasas hierven el agua y el mate no comienza. Una ronda de personas, miradas perdidas y silencios incómodos confirman que los wichí son de los originarios más retraídos. Largos minutos de explicar el fin de la entrevista, pero cuesta lograr confianza. “Los periodistas trabajan para el Gobierno y los sojeros y madereros. Los endulzan (dan dinero) y ya opinan a favor del poderoso”, dispara Antonio Cabana, referente de las luchas en la región, wichí que no ha podido ser dominado por políticos, iglesias –muy fuertes en la región– ni ONG (acusadas de manejar asistencia como si fueran pequeños estados).
Aclarado y justificado el recelo, Cabana admite la importancia de que la Justicia frene las topadoras, pero corre por izquierda a todos los preocupados sólo por la deforestación. “Ya hay leyes que dicen parar topadoras y reconocer nuestra tierra. Pero el mismo blanco que las escribe, un poco después las borra. Así el desmonte no para y nosotros seguimos sin tierra. Eso, anote eso, la tierra es lo importante, después viene el desmonte. Si no tengo tierra, no puedo frenar la topadora. Es fácil de entender ¿no?”
A la vera de la ruta 86, y sobre la cuenca del río Itiyuro, viven ancestralmente quince comunidades, unas 2500 personas que habitan y obtienen sus alimentos de las 150 mil hectáreas linderas. Desde hace décadas reclaman títulos de propiedad, pero son desoídas sistemáticamente. Siguen practicando la caza, recolección y siembra estacional, su forma de vida ancestral.
Rafael Montaña trabaja hace diez años junto a las comunidades de la zona y es representante del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (Iwgia) en Salta. “Se repite la historia de todo el norte del país. Los sojeros avanzan sobre tierras de paisanos (indígenas). Hay actores muy fuertes: sojeros, madereros, políticos y jueces. Ni con el reciente fallo de la Corte se frenaron un poco, siguieron desmontando como si nada. Ya ingresaron a algunas zonas, pero que no hayan entrado a toda la región tiene una sola explicación: los paisanos ponen el cuerpo y no se la hacen fácil.”
La exigencia de las comunidades más duras (Kilómetro 6 y Tonono) es clara: la titularidad de las 20 mil hectáreas en las que viven. “Y no vamos a dejar que nos corran. En nuestro derecho. Estamos jugados”, advierte Lorenzo.
John Palmer, antropólogo inglés con treinta años en Tartagal, es el apoderado de la comunidad Hoktek T’oi, en el kilómetro 18 de la ruta 86. No comparte los métodos de Cabana y Lorenzo, pero sí los males que sufren. “El área de la ruta 86 es codiciada por los productores sojeros. Si no se frena su avanzada, son hectáreas condenadas al monocultivo”, lamenta.
En Hipólito Yrigoyen, departamento de Orán, la comunidad guaraní Estación El Tabacal mantiene un conflicto desde hace seis años con el ingenio azucarero San Martín El Tabacal. Mara Puntano es una histórica abogada de derechos humanos, organizaciones de desocupados y pueblos indígenas. “En Salta seguimos como en época de la Colonia. Empresas de maderas, soja o petroleras entran a territorios indígenas y hacen lo que quieren. Son un gobierno paralelo. Y siempre con venia política.”
Las comunidades son conscientes de que, de abandonar su tierra, el único camino será su traslado a las márgenes de las grandes ciudades, lo que significa un choque para su forma de vida. “Hay mujeres del monte que nunca en su vida vinieron al pueblo. Imagine lo que les espera si las echan de su tierra. Queremos lo nuestro, no vamos a ir a mendigar al pueblo”, explicó Oscar Lorenzo, también cacique y wichí de la ruta 86, sobre el kilómetro 6. Y por eso se explican las acciones directas, noches cortando kilómetros de alambres y postes sojeros, y días enteros frenando topadoras (hasta que éstas se retiran de las tierras ancestrales).
Una causa compleja
La Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre último, por pedido de siete comunidades indígenas y una organización de pequeños productores, el cese de desmontes en los departamentos salteños de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. Todas las comunidades indígenas reconocen la importancia de la intervención de la Corte Suprema, pero también explicitan sus matices.
“Será importante que la Justicia frene para siempre a los empresarios, pero más importante es que nos deje hablar por nosotros mismos, sin políticos ni iglesias ni ONG ni universidades en el medio. Ellos siempre nos usan”, acusa Cabana, y deja al descubierto el rol paternalista del que son acusadas las instituciones tradicionales del lugar. Quieren estar presentes, pero el costo del viaje le hace imposible concurrir.
Mara Puntano explica que la Corte solicitó que se unificara la demanda en una sola personería jurídica (de las ocho que presentaron), lo cual implicaría que las más fuertes (según Puntano, las más “paternalistas”) harán prevalecer sus voces. “Hay un grave riesgo de dejar fuera de la audiencia a las comunidades de base. Los que pelean en el día a día serán desoídos”, advirtió Puntano, que reconoce el papel del Supremo Tribunal, pero también sus limitantes: “El mundo indígena es muy complejo. Nadie puede entender su envergadura sin visitar las zonas y escuchar la gran multiplicidad de voces”.
Palmer agrega otra cuestión conflictiva: la tala de árboles. Los wichí son un pueblo hachero desde que fueron introducidos, por la fuerza, al mercado laboral. Manejan el hacha con gran habilidad, desde temprana edad son empleados (siempre a muy bajo precio) por las madereras de la zona. En algunos casos también usan la madera como un recurso económico (aunque en mucho menor medida que las grandes empresas). “Todas las comunidades rechazan el desmonte (cuando pasan las topadoras y dejan tierra arrasada), pero no así la tala, que en muchos casos es una fuente de ingresos. Si la Corte quiere prohibir la tala, los wichí no acompañarán de forma unánime”, advirtió el antropólogo.
Según el Convenio 169 de la OIT (legislación internacional indígena) y la Constitución, los pueblos indígenas deben ser partícipes en las decisiones que implican sus recursos naturales. Traducido: ni siquiera la Corte Suprema puede decidir de forma unilateral sobre sus bosques.
Luego de dos horas de entrevista, el cacique Cabana ya entró en confianza, convida mate y la charla se ha vuelto amable, pero no cede ni un centímetro: “La ruta 86 es territorio indígena. Si viene la topadora, aunque se los permita la Corte Suprema, no la dejaremos pasar. Sabemos que el alambre es sufrimiento. Le pondremos nuestro lomo, seguiremos peleando. Y correrá sangre”.
LO HACE UNA EMPRESA DE CAPITALES ARGENTINOS Y CHINOS
En Salta desalojan a los pueblos originarios para buscar petróleo
Publicado el 14 de Noviembre de 2010
Por Fernando Pittaro
Los obligan a firmar bajo amenaza. Si se niegan, interviene la Infantería. Un caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todo el territorio nacional hay 11.320.455 hectáreas en conflicto: 566 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Allí donde los empresarios descubren un formidable negocio, los campesinos e indígenas ven violados sus Derechos Humanos. A pesar de que la ley argentina les reconoce la posesión de la tierra a las comunidades que las ocupan hace más de 20 años, empresas nacionales y extranjeras están desplazando de sus terrenos ancestrales a más de 680 mil personas. Se trata de 11.320.455 hectáreas en conflicto, 566 veces la Ciudad de Buenos Aires, según el relevamiento que realizó en 14 provincias Tiempo Argentino (ver mapa “Los desplazados de la tierra”).
El boom de la soja transgénica sigue siendo la principal causa de desplazamiento, pero no la única. El avance del negocio petrolero es la nueva amenaza a los pueblos originarios. La organización indígena Lakha Honhat, que en wichi significa “nuestra tierra”, lo vive en carne propia. En 1991, el gobierno salteño se comprometió mediante el decreto 2609 a efectivizar la entrega de los lotes fiscales 55 y 14.
Son 643 mil hectáreas comunitarias en el noreste de Salta, donde habitan unas 9000 personas. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero aún no hay respuesta. Y la situación se agrava. Ahora empresarios chinos y argentinos están explorando terrenos en busca de gas y petróleo. En los últimos cuatro años se adjudicaron 28 nuevas áreas dentro de tierras indígenas y campesinas.
“La gente que se ha visto de golpe con las empresas encima ha hecho su manifestación cortando la ruta, pidiendo explicaciones. Y la respuesta de las autoridades provinciales es mandar a la infantería, pero nunca informan sobre el perjuicio que va a ocasionar. Las empresas emplean a dos personas de la comunidad, les dan motosierras y alguna herramienta, que la gente recibe por necesidad. Y así los engañan para poder meterse en los territorios que ancestralmente vienen ocupando los hermanos wichi y los criollos”, denuncia Miguel Montés, coordinador del Consejo Wichi Zona Bermejo-Embarcación.
En 2007, el gobierno provincial adjudicó el área de Tartagal Oriental a la firma Maxipetrol-Petroleros de Occidente, cuyo titular es el polémico ex presidente de Racing Jorge Lalín, en sociedad con la empresa de capitales chinos JHP International Petroleum Engineering. Si bien la concesión tenía una duración de cuatro años –finaliza el 29 de diciembre de 2010–, se ha contemplado la prórroga por nueve años. Según informes de las propias firmas adjudicatarias, el potencial estimado es de entre 83 y 256 millones de barriles de petróleo, y entre 31.600 y 144.128 millones de metros cúbicos de gas.
“Ellos dicen que sólo están haciendo estudios sísmicos, pero vimos el mapa que tienen y las topadoras pasarían por medio de los lotes. Sería el fin de nuestro monte. Ya hay movimiento de ingenieros y empleados de la empresa que hacen firmar a la gente del lugar autorizaciones compulsivas. Los lugareños no saben qué firman, no tienen ningún tipo de asesoramiento. A muchos los amenazan diciendo que, si no firman, los van a correr. Además, acá no se hizo ningún estudio de impacto ambiental. La excusa del gobierno es decir que esto no es un problema de tierras, porque las empresas van a explotar los subsuelos, pero el petróleo está sobre nuestras tierras.” denuncia Rogelio Segundo de Lacka Honhat.
Las comunidades wichis de Salta denunciaron en septiembre de 2008 que están “sufriendo la expulsión de sus tierras y la pérdida del monte por el avance de la frontera agrícola, así como la tala indiscriminada de madera y alambrados perimetrales”. Pero la persecución continúa. Ya sea mediante la explotación petrolera, forestal o agrícola, la ecuación para los empresarios es redonda. En el Noreste Argentino, por ejemplo, el precio de la hectárea se consigue a 500 dólares, hasta 24 veces menos que en la Región Pampeana, donde la hectárea llega a los 12 mil dólares. Según la Secretaría de Medioambiente de la Nación, entre 2002 y 2006 se deforestaron 1.108.669 hectáreas de bosques nativos, o sea, 280 mil hectáreas por año: 767 por día.
Pero no hay ninguna cifra oficial sobre la cantidad de hectáreas en conflicto, a pesar de que al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación– se le asignó un presupuesto de 30 millones de pesos para hacer un relevamiento nacional que nunca hizo. El plazo venció en noviembre del año pasado (ver recuadro “La ley los protege...”)
La falta de asesoramiento legal de las familias rurales hace que, en muchos casos, los desalojos ni siquiera pasen por los juzgados. Además, la falta de recursos económicos hace imposible afrontar los costos que genera iniciar el llamado “juicio de prescripción veinteñal”. La desprotección de las comunidades es total. En la mayoría de los casos, los empresarios actúan de forma violenta con apoyo de fuerzas de seguridad públicas y privadas. El uso de topadoras y armas largas es parte de la logística. En Santiago del Estero, por ejemplo, se llegó a utilizar a efectivos del Grupo Especial Táctico para Operaciones de Alto Riesgo (Getoar). El mecanismo de acción de los empresarios es casi siempre igual: se presentan ante los pobladores con un título de propiedad (en algunos casos, fraguados; y en otros, certificados por escribano público) y los intiman a abandonar sus tierras. La mayoría de las denuncias son por usurpación de propiedad privada, amenazas y resistencia a la autoridad. Y en esa coyuntura empieza a funcionar la maquinaria judicial: en apenas tres departamentos de Santiago del Estero (Añatuya, Monte Quemado y Capital) llega a haber 250 causas contra los habitantes ancestrales.
“Con los indígenas se utilizan las leyes internacionales pero con los campesinos no. Para los campesinos rige el derecho de propiedad privada individual, entonces no le reconocen tierras comunes. Cuando les otorgan terrenos, son trozos muy pequeños para dejar el mayor espacio de rotación y pastoreo al empresario”, afirma Norma Giarracca, especialista en Sociología Rural del Instituto Gino Germani (UBA). Santos Ramón González lo sufrió en carne propia la madrugada del 5 de septiembre de 2008: 20 policías y una decena de civiles armados irrumpieron en su rancho santiagueño, lo golpearon con palos y le dispararon con balas de goma. Le robaron dinero, herramientas de trabajo y una camioneta. Después de sufrir torturas durante dos días en la comisaría de Quimilí, estuvo diez días internado en el hospital y lo liberaron bajo amenaza de que deje su campo. ¿Por qué? Porque se niega a dejar la tierra donde siempre vivió. “La justicia de Santiago del Estero desconoce que de acuerdo con la ley, una persona que vive 20 años en una tierra recibe inmediatamente la posesión de la misma. Los campesinos que defienden sus tierras terminan siendo imputados, cuando tendría que ser al revés. Hay más de 500 compañeros procesados”, denuncia a Tiempo Argentino Deolinda Carrizo del Mocase Vía Campesina. “Esta situación se agravó en la última década por la rentabilidad de la soja y por la gran especulación inmobiliaria. Muchos compraron tierras a precios irrisorios y los vendieron cinco veces más caro. Así, avanzó el proceso de deforestación, que en la mayoría de los casos es ilegal. En el año 2008 se talaron 160 mil hectáreas”, denuncia Ulises Martínez Ortiz, Coordinador del Programa Gran Chaco de la ONG Vida Silvestre. <
Mosconi: Deforestación sin control, Contaminación con Plaguicidas, Bunker” radiactivo dentro del pueblo y uso de PCB.
Sobre la Visita al Concejo Deliberante del Director de medio Ambiente y del Jefe de Bromatología del Municipio. Lunes 23/08/10
La política de entrega de recursos y destrucción ambiental que aplica Urtubey, en Mosconi se evidencia en toda su expresión.
La Exposición que hicieron las autoridades de la Dirección de Medio Ambiente, sobre la situación Ambiental, la utilización de los recursos renovables y no renovables y la actividad de algunas empresas en nuestro municipio, constituye por lo menos, si no complicidad, una declaración de impotencia del Gobierno Municipal respecto al uso y abuso sobre el medio ambiente y las personas, por parte de las empresas que explotan el petróleo, la madera, el suelo y cierran sus negocios destruyendo y contaminando.
El desastre irreversible que se esta produciendo al medio ambiente en Mosconi, y que combina destrucción ambiental con degradación laboral para los trabajadores, esta encabezado por las Petroleras, pero le siguen las madereras y las agrícolas. Estas siguen un modelo extractivo disfrazado de sustentabilidad. ¿Cuál es el criterio de sustentabilidad que aplican? Seguramente es el criterio sustentar el incremento de la tasa de ganancias.
Hay deforestación sin control, según el Director de Medio Ambiente: hay explotación Forestal autorizada desde el año 2006, por 400 Ha, en la Finca del Río Seco. Pero hay otras deforestadoras no reconocidas oficialmente que realizan aprovechamiento Forestal, dijo el Director.
Señalo además, que una Empresa de EEUU realiza la explotación con el nombre de Forestal Santa Bárbara SRL, y utilizaría como contacto para lograr las certificaciones y deforestar, a la Fundación Vida Silvestre Argentina. Explota la Finca San Antonio, en el lote 53 con 3277 Ha y el lote 54 con 4534 Ha. También otro fraccionamiento en Finca Río Seco de 16.000 Ha. En total cuentan con 23.811 Ha en Mosconi, que compraron para explotación forestal.
Además hay autorizado desde el 2001 en los lotes fiscales 50 y 51 (3.500 Ha) a favor de la Fundación YUMOS (Yungas Mosconi), para realizar un supuesto desarrollo forestal sustentable. “Cuando pedimos informe sobre estos proyectos a la Secretaria de medio Ambiente Provincial, no nos contesta”, expresó el Director.
Todo este modelo de explotación extractiva de la madera se quiere combatir con una Ordenanza, que establecerá puestos de control para el transporte de rollos de madera (tala). Una ordenanza, que por sí misma, no resolverá el problema de la deforestación, porque los proyectos están autorizados. Es decir, se puede controlar la madera que se traslada y proviene de la tala ilegal, pero la autorizada va a continuar, con el detalle de que ésta no tiene un control efectivo en el área donde se produce la deforestación, ya que existe una complicidad entre madereras y petroleras que ponen tranqueras y no dejan pasar, ni siquiera a las autoridades, por caminos provinciales.
Por otro lado se propone la acción de amparo ambiental. Pero para que tenga un fallo favorable se debe poner en pie a los vecinos, porque de otra manera habrá una supremacía de los intereses económicos. ¿Estarán dipuestas las autoridades a convocar a una gran asamblea ambiental para parar la deforestación que sabemos traerá consecuencias catastróficas?
La contaminación con Plaguicidas que hacen las agrícolas es otro problema.
El modelo productivo basado en el monocultivo de la soja, nos esta exponiendo al “veneno” del glifosato comercializado como Roundup. En la Argentina, desde la explosión de los cultivos transgénicos, "el cáncer se ha convertido en una epidemia masiva en miles de localidades.
Las fumigaciones, según el jefe de Bromatología, pueden exponer a poblaciones ubicadas a más de 40 Km del lugar donde se produce. Los vecinos de Coronel Cornejo ya han pasado nota, preocupados por la constante fumigaciones en grandes áreas pegadas a la población. Lo mismo pasa en el barrio el Milagro. “Lugares donde efectivamente se utiliza glifosato”, expreso el Director.
Sobre este tema también hay una Ordenanza (468/08) que faculta el control de fumigaciones, para que no se realicen a menos de 1500 mts de la población. “Pero no se tiene lo medios y es bastante difícil hacerlo, porque las fincas tienen pistas propias y en la practica nadie controla”, expreso el jefe de Bromatología.
Además, tanto el glifosato como el agente naranja se encuentran permitido. Sépase que El Agente Naranja fue utilizado como arma química en la guerra de Vietnam con el fin de destruir la vegetación y cosechas. Causó entre la población Vietnamita unos 400.000 muertos y unos 500.000 nacimientos de niños con malformaciones, además de las bajas en el propio ejército norteamericano. Lo que proponen para evitar esto, también es la acción de amparo ambiental.
Otro problema que estaría afectando a la población, es la utilización de PCB en los transformadores.
Aunque el Ente Regulador a través de un informe sostiene que los actuales transformadores a cargo de Edesa en Mosconi (28 unidades), están libre de PCB (Policloruro de Bifenilo. Su uso se prohibió, tras descubrir que se trataba de un agente contaminante para el medio ambiente).
El jefe de bromatología, expreso su preocupación en un informe, por la detección de muchos perros con cáncer, en lugares ubicados cerca de los transformadores. En algunos casos hasta los dueños de los animales ya presentan cáncer.
No podemos confiar en el informe del Ente regulador, que nos dice que el agua que consumimos es apta para consumo, esto en defensa de Aguas del Norte. El Municipio debe encargar un estudio, independiente, por ejemplo a la universidad, para comprobar si realmente es como se dice.
Este panorama lo completa la situación de compañías petroleras; BJ y Halliburton, que tienen su ubicación dentro de la ciudad. BJ tiene deposito de Acido clorhídrico; un Bunker radiactivo, deposito de sustancia químicas liquidas y sólidas peligrosas, un lavadero para equipos utilizados en los pozos, tienen una planta de cemento y un laboratorio de cementación. Halliburton tiene una planta de acido sulfúrico (tiene una sanción por derrame en 2006); Bunker radiactivo; efluente de lavado de equipos, deposito de productos químicos líquidos y secos, generación de ruido por encima de lo permitido, generación de residuos peligrosos.
Estas empresas continúan ubicadas en la ciudad realizando todas sus actividades con el agravante de que exponen a la población de contaminantes y productos peligrosos, a pesar de que una auditoria, realizada por la consultora Patagonia, recomendó su traslado a un lugar lejos de los centros poblados.
Esperamos que no se las premie otorgándole un lugar en el Parque industrial, sin que pongan un peso y accedan a servicios gratuitos y eximiciones impositivas.
Las agresiones a la naturaleza que realizan estas Compañías en el campo no lo sabemos, pero lo suponemos.
Conclusiones: En Mosconi se esta combinando como nunca: destrucción y contaminación, entrega de recursos y degradación laboral, que solo favorece a un puñado de Compañías y Empresas. La destrucción sin límites del Medio ambiente y el agotamiento de los recursos irreversible será una hipoteca enorme que cargara para siempre nuestro pueblo.
El gobierno municipal es impotente, es incapaz de evitar o parar esto, o ¿se muestra incapaz para disfrazar su complicidad?
El Partido Obrero pone en conocimiento a los vecinos y trabajadores esta situación, porque consideramos que serán las masas trabajadoras las que van a poner freno a esta enorme presión que hay sobre el medio ambiente, que viene del saqueo del petróleo, de la extensión del modelo sojero, la extracción forestal sin límites y de la actividad contaminante de empresas.
Esto no lo para ni una ley, ni mucho menos una ordenanza, ni un recurso de amparo por sí solo.
Solo la lucha social podrá detener la barbarie social y ambiental que nos proponen.
Digamos basta: ¡Basta! Al saqueo de las petroleras.
¡Basta! Al monocultivo de la soja y al glifosato.
¡Basta! Al desmonte y a la expulsión de comunidades criollas y originarias.
¡Basta! A los proyectos “sustentables” de deforestación.
Luchemos en lo inmediato por: Una Tasa Municipal del 6 % ¡ya! A las Petroleras.
Un plan de reconversión productiva que proteja las Yungas y evite futuro aludes. El Revaluó del Inmobiliario rural, para que los terratenientes paguen según la tasación actual de la tierra.
¡Que las compañías paguen una indemnización al pueblo por el daño ambiental producido (aludes, inundaciones, cáncer, destrucción de los recursos renovables).
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