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El actual contexto de crisis ha dejado a miles de familias en situaciones dramáticas, sin poder pagar la hipoteca o a punto de dejar de pagarla. Muchas están ya en fase de ejecución hipotecaria, por lo que temen ser desahuciadas en los próximos meses. La total libertad que ofrece el sistema bancario español y las prerrogativas que la legislación le otorga hace que no sólo corran el riesgo de perder sus casas y quedarse en la calle, sino también de mantener parte de la deuda, ya que ahora los bancos están tasando las mismas viviendas a precios inferiores.
La administración no solo no está proponiendo ninguna solución, sino que frente a esta situación ha abandonado a las familias y trabajadores negándoles cualquier clase de opción, frente a las cuantiosas ayudas que ha otorgado a la banca. La “moratoria ICO”, anunciada por el gobierno, no sólo no resuelve el problema sino que lo aplaza y lo complica al aumentar los intereses. Además, los criterios de aplicación dejan fuera a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y en muchos casos los bancos se niegan a aplicarla, ya que no están obligados.
Las personas hipotecadas denunciamos que somos víctimas de un fraude hipotecario generalizado y de unas cláusulas contractuales abusivas. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de que muchos de nosotros no éramos sujetos de crédito y teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaloraron la tasación de la vivienda , inflando el precio, y aumentando así la deuda contraída. Pero la lista de irregularidades no acaba aquí: comisiones abusivas; contratación obligada de seguros caros e inútiles; intereses variables referenciados al euríbor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada, cuando no engañosa, sobre posibles aumentos de la hipoteca, etc. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema crediticio razonable debería tener.
No negamos nuestra parte de responsabilidad al haber firmado un contrato que a día de hoy no podemos mantener, a pesar de las condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas. Sin embargo hasta ahora el índice de morosidad de las familias ha permanecido increíblemente bajo. A diferencia de los bancos, que ante el estallido de la crisis no han dudado en exigir dinero público, las familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido. Ahora que ya no pueden hacerlo, la respuesta de las entidades crediticias ha sido intentar renegociar a favor de la entidad o el recurso fulminante a la ejecución hipotecaria. Con un agravante: dada la “desavalorización” sufrida por los pisos, es posible que quien los pierda siga debiendo dinero a la entidad que astutamente lo endeudó.
Además de este cúmulo de irregularidades y despropósitos, no debemos olvidar la responsabilidad de las distintas administraciones públicas que han desarrollado una legislación que solo ha promovido el acceso a una vivienda en régimen de propiedad como única forma de acceso a una vivienda estable y segura y que en la práctica ha significado el sobreendeudamiento de las familias, marginando otras formas de acceso a la vivienda como el alquiler. La desgravación fiscal de la compra, la inestabilidad e inseguridad de los inquilinos ante una ley de arrendamientos urbanos que defiende los intereses del propietario, la desregulación del mercado hipotecario que permite hipotecas a 50 años, la inexistencia de un parque público de alquiler y la falta de control y restricción sobre el crédito, han empujado a millares de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda.
Además los bancos, junto a inmobiliarias, administraciones y medios de comunicación, durante muchos años repitieron que alquilar era tirar el dinero, que era mucho mejor comprar y que los precios de los pisos nunca bajarían. Bajo estas condiciones, inmobiliarias, bancos y cajas aprovecharon ese contexto objetivo y dedicaron todo su aparato propagandístico a incentivar la compra y el sobreendeudamiento.
El actual contexto de crisis ha dejado a miles de familias en situaciones dramáticas, sin poder pagar la hipoteca o a punto de dejar de pagarla. Muchas están ya en fase de ejecución hipotecaria, por lo que temen ser desahuciadas en los próximos meses. La total libertad que ofrece el sistema bancario español y las prerrogativas que la legislación le otorga hace que no sólo corran el riesgo de perder sus casas y quedarse en la calle, sino también de mantener parte de la deuda, ya que ahora los bancos están tasando las mismas viviendas a precios inferiores.
La administración no solo no está proponiendo ninguna solución, sino que frente a esta situación ha abandonado a las familias y trabajadores negándoles cualquier clase de opción, frente a las cuantiosas ayudas que ha otorgado a la banca. La “moratoria ICO”, anunciada por el gobierno, no sólo no resuelve el problema sino que lo aplaza y lo complica al aumentar los intereses. Además, los criterios de aplicación dejan fuera a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y en muchos casos los bancos se niegan a aplicarla, ya que no están obligados.
Las personas hipotecadas denunciamos que somos víctimas de un fraude hipotecario generalizado y de unas cláusulas contractuales abusivas. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de que muchos de nosotros no éramos sujetos de crédito y teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaloraron la tasación de la vivienda , inflando el precio, y aumentando así la deuda contraída. Pero la lista de irregularidades no acaba aquí: comisiones abusivas; contratación obligada de seguros caros e inútiles; intereses variables referenciados al euríbor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada, cuando no engañosa, sobre posibles aumentos de la hipoteca, etc. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema crediticio razonable debería tener.
No negamos nuestra parte de responsabilidad al haber firmado un contrato que a día de hoy no podemos mantener, a pesar de las condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas. Sin embargo hasta ahora el índice de morosidad de las familias ha permanecido increíblemente bajo. A diferencia de los bancos, que ante el estallido de la crisis no han dudado en exigir dinero público, las familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido. Ahora que ya no pueden hacerlo, la respuesta de las entidades crediticias ha sido intentar renegociar a favor de la entidad o el recurso fulminante a la ejecución hipotecaria. Con un agravante: dada la “desavalorización” sufrida por los pisos, es posible que quien los pierda siga debiendo dinero a la entidad que astutamente lo endeudó.
Además de este cúmulo de irregularidades y despropósitos, no debemos olvidar la responsabilidad de las distintas administraciones públicas que han desarrollado una legislación que solo ha promovido el acceso a una vivienda en régimen de propiedad como única forma de acceso a una vivienda estable y segura y que en la práctica ha significado el sobreendeudamiento de las familias, marginando otras formas de acceso a la vivienda como el alquiler. La desgravación fiscal de la compra, la inestabilidad e inseguridad de los inquilinos ante una ley de arrendamientos urbanos que defiende los intereses del propietario, la desregulación del mercado hipotecario que permite hipotecas a 50 años, la inexistencia de un parque público de alquiler y la falta de control y restricción sobre el crédito, han empujado a millares de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda.
Además los bancos, junto a inmobiliarias, administraciones y medios de comunicación, durante muchos años repitieron que alquilar era tirar el dinero, que era mucho mejor comprar y que los precios de los pisos nunca bajarían. Bajo estas condiciones, inmobiliarias, bancos y cajas aprovecharon ese contexto objetivo y dedicaron todo su aparato propagandístico a incentivar la compra y el sobreendeudamiento.
