Cuatro delegados de CCOO PV que participaban en los piquetes informativos la jornada del 29 de marzo han sido acusados de posible pertenencia a un "grupo organizado para delinquir".
El sindicato ha manifestado su indignación al respecto, denunciando que un estado democrático de derecho la privación de libertad se decida basándose en presunciones e interpretaciones parciales de leyes, y no se sostenga irrefutablemente en hechos que justifiquen y pongan en riesgo el curso de las investigaciones. Según CCOO PV, las pretensiones del Ministerio del Interior de reformar el Código Penal para endurecer las penas por ‘vandalismo’ antes de que finalice el año pudieran estar surtiendo un lamentable efecto en las comisarías valencianas.
Los delegados sindicales fueron requeridos ayer por la Guardia Civil de Pobla de Vallbona para hacer declaraciones. El sindicato denuncia que lo que debía haberse desarrollado por los cauces habituales en la toma de declaraciones, se haya saldado con una detención innecesaria que se prolongó desde las 12h hasta las 20h, sin que hasta el momento se haya aportado más justificación que la de apurar ‘intimidatoriamente’ su estancia en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil.
A instancias de la Guardia Civil de Pobla, dos de los delegados se personaron en el cuartel para prestar declaración sobre su cometido como piquete informativo de CCOO en la huelga general del pasado 29 de marzo. Según sus declaraciones, la acción del piquete se limitó a pegar carteles y adhesivos con el logotipo de Comisiones Obreras, lo que identificaba perfectamente la organización a la que pertenecían. Sin mayor explicación, y no constando antecedentes, riesgo de fuga, negativa a declarar, errores en domicilio o localización del centro de trabajo, la Guardia Civil procedió a la detención de una de las delegadas.
La dirección del sindicato en la comarca del Camp de Turia y una abogada de los servicios jurídicos de CCOO PV se personaron de inmediato en las dependencias, en las que se les confirmó la imputación de los delitos de "daños y pertenencia a grupo organizado", así como la decisión de no ponerla en libertad hasta que fuese puesta a disposición judicial.
Según la abogada, las actuaciones declaradas se enmarcan en la actividad sindical ligada al ejercicio legítimo del derecho fundamental de huelga, y una posible imputación de daños no justifica en ningún caso la privación de libertad. La gravedad de la situación decidió el traslado al Juzgado nº 1de Llíria para pedir el hábeas corpus y la intervención del Juez de Guardia. Momentos antes de presentarlo, desde la Guardia Civil comunicaron la puesta en libertad de la detenida.
Al respecto, el secretario de Organización de CCOO en el Camp de Túria, Manolo Montaner, considera muy grave que un anuncio de reforma del Código Penal pueda "suspender de facto el artículo nº 7 de la Constitución Española y equiparar la acción sindical con la asociación para delinquir".
Esta mañana han prestado declaración los otros dos delegados a quienes también se imputan delitos de daños, pendientes de precisar, y de pertenencia a grupo organizado para delinquir. En todo momento ambos han contado con la asistencia del sindicato que se mantendrá durante todo el proceso judicial.
El sindicato ha manifestado su indignación al respecto, denunciando que un estado democrático de derecho la privación de libertad se decida basándose en presunciones e interpretaciones parciales de leyes, y no se sostenga irrefutablemente en hechos que justifiquen y pongan en riesgo el curso de las investigaciones. Según CCOO PV, las pretensiones del Ministerio del Interior de reformar el Código Penal para endurecer las penas por ‘vandalismo’ antes de que finalice el año pudieran estar surtiendo un lamentable efecto en las comisarías valencianas.
Los delegados sindicales fueron requeridos ayer por la Guardia Civil de Pobla de Vallbona para hacer declaraciones. El sindicato denuncia que lo que debía haberse desarrollado por los cauces habituales en la toma de declaraciones, se haya saldado con una detención innecesaria que se prolongó desde las 12h hasta las 20h, sin que hasta el momento se haya aportado más justificación que la de apurar ‘intimidatoriamente’ su estancia en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil.
A instancias de la Guardia Civil de Pobla, dos de los delegados se personaron en el cuartel para prestar declaración sobre su cometido como piquete informativo de CCOO en la huelga general del pasado 29 de marzo. Según sus declaraciones, la acción del piquete se limitó a pegar carteles y adhesivos con el logotipo de Comisiones Obreras, lo que identificaba perfectamente la organización a la que pertenecían. Sin mayor explicación, y no constando antecedentes, riesgo de fuga, negativa a declarar, errores en domicilio o localización del centro de trabajo, la Guardia Civil procedió a la detención de una de las delegadas.
La dirección del sindicato en la comarca del Camp de Turia y una abogada de los servicios jurídicos de CCOO PV se personaron de inmediato en las dependencias, en las que se les confirmó la imputación de los delitos de "daños y pertenencia a grupo organizado", así como la decisión de no ponerla en libertad hasta que fuese puesta a disposición judicial.
Según la abogada, las actuaciones declaradas se enmarcan en la actividad sindical ligada al ejercicio legítimo del derecho fundamental de huelga, y una posible imputación de daños no justifica en ningún caso la privación de libertad. La gravedad de la situación decidió el traslado al Juzgado nº 1de Llíria para pedir el hábeas corpus y la intervención del Juez de Guardia. Momentos antes de presentarlo, desde la Guardia Civil comunicaron la puesta en libertad de la detenida.
Al respecto, el secretario de Organización de CCOO en el Camp de Túria, Manolo Montaner, considera muy grave que un anuncio de reforma del Código Penal pueda "suspender de facto el artículo nº 7 de la Constitución Española y equiparar la acción sindical con la asociación para delinquir".
Esta mañana han prestado declaración los otros dos delegados a quienes también se imputan delitos de daños, pendientes de precisar, y de pertenencia a grupo organizado para delinquir. En todo momento ambos han contado con la asistencia del sindicato que se mantendrá durante todo el proceso judicial.