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quería que miraran esta noticia y comentaran que les parece lo que se plantea alli:
¿Terroristas a la política?
Hay razones éticas que impiden que Colombia siga ofreciendo oportunidades legales y políticas a los insurgentes, ahora terroristas y narcotraficantes. Por eso no estamos de acuerdo con el proyecto de acto legislativo presentado por el senador Roy Barreras. ¿Cuándo, dónde y cómo va a estar el límite?
Hasta cuándo y hasta dónde los colombianos tendremos que aceptar que se les ofrezca oportunidades legales políticas a los grupos terroristas, con tal de que lleguen a un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional?
Oportunidades legales que no se quedan en su reinserción a la vida civil sino que les permite llegar a cargos de elección popular y a otros, dentro de los distintos niveles del Ejecutivo. Además, celebrar contratos con el Estado. Es decir, participar activamente en la vida política nacional.
Esto se desprende del proyecto de acto legislativo que busca un marco legal para la paz y para futuras desmovilizaciones, presentado por el parlamentario Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado de la República.
Dice el senador Barreras que este acto legislativo resuelve el limbo jurídico de los desmovilizados y de más de 340 mil procesos acumulados.
Creemos que los desmovilizados deben demostrar que se han convertido en buenos ciudadanos, pero no sería justo que pudieran llegar a cargos políticos. Quedaría la impresión de que el delito paga y que sería más fácil llegar a un cargo si se tiene el estatus de desmovilizado que el de buen ciudadano siempre. Esto es facilitar que los violentos cumplan su sueño de tomarse el poder.
El problema de los procesos acumulados se resuelve con una justicia ágil, con equipos de última generación y con el número de miembros de la rama judicial que la congestión requiera.
No podemos olvidar que hay un abismo entre los terroristas de hoy y los guerrilleros de hace años. Los actuales cometen crímenes de lesa humanidad, se financian del narcotráfico e ignoran el Derecho Internacional Humanitario. Son grupos que han llegado al mayor nivel de degradación.
¿El hecho de que Colombia haya adherido a la Corte Penal Internacional no impedirá que estos criminales actúen en política?
Una cosa es que haya un conflicto armado. Otra, muy distinta, es que tenga reconocimiento en la Constitución Nacional lo que, como dice el ex Presidente Álvaro Uribe, sería convertirlo en un estado permanente. ¿Dónde una Carta Política reconoce un conflicto como un estado permanente? Qué tal que así lo hubiera hecho, por ejemplo, Estados Unidos cuando su guerra civil o cuando las dos guerras mundiales.
También coincidimos con el ex Presidente Uribe en que los miembros de la Fuerza Pública deben tener artículos específicos dentro de la legislación, y no incluirlos en aquellos que se refieran a los terroristas.
Hay razones éticas que impiden que Colombia siga ofreciendo oportunidades legales y políticas a los insurgentes, ahora terroristas y narcotraficantes.
¿Cuándo, dónde y cómo va a estar el límite? Darle paso a este acto legislativo degrada tanto el discurso de la paz como el discurso político.
Esta norma, que pretende buscar la paz, muy seguramente lograría la perpetuación del conflicto.
¿Terroristas a la política?
Hay razones éticas que impiden que Colombia siga ofreciendo oportunidades legales y políticas a los insurgentes, ahora terroristas y narcotraficantes. Por eso no estamos de acuerdo con el proyecto de acto legislativo presentado por el senador Roy Barreras. ¿Cuándo, dónde y cómo va a estar el límite?
Hasta cuándo y hasta dónde los colombianos tendremos que aceptar que se les ofrezca oportunidades legales políticas a los grupos terroristas, con tal de que lleguen a un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional?
Oportunidades legales que no se quedan en su reinserción a la vida civil sino que les permite llegar a cargos de elección popular y a otros, dentro de los distintos niveles del Ejecutivo. Además, celebrar contratos con el Estado. Es decir, participar activamente en la vida política nacional.
Esto se desprende del proyecto de acto legislativo que busca un marco legal para la paz y para futuras desmovilizaciones, presentado por el parlamentario Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado de la República.
Dice el senador Barreras que este acto legislativo resuelve el limbo jurídico de los desmovilizados y de más de 340 mil procesos acumulados.
Creemos que los desmovilizados deben demostrar que se han convertido en buenos ciudadanos, pero no sería justo que pudieran llegar a cargos políticos. Quedaría la impresión de que el delito paga y que sería más fácil llegar a un cargo si se tiene el estatus de desmovilizado que el de buen ciudadano siempre. Esto es facilitar que los violentos cumplan su sueño de tomarse el poder.
El problema de los procesos acumulados se resuelve con una justicia ágil, con equipos de última generación y con el número de miembros de la rama judicial que la congestión requiera.
No podemos olvidar que hay un abismo entre los terroristas de hoy y los guerrilleros de hace años. Los actuales cometen crímenes de lesa humanidad, se financian del narcotráfico e ignoran el Derecho Internacional Humanitario. Son grupos que han llegado al mayor nivel de degradación.
¿El hecho de que Colombia haya adherido a la Corte Penal Internacional no impedirá que estos criminales actúen en política?
Una cosa es que haya un conflicto armado. Otra, muy distinta, es que tenga reconocimiento en la Constitución Nacional lo que, como dice el ex Presidente Álvaro Uribe, sería convertirlo en un estado permanente. ¿Dónde una Carta Política reconoce un conflicto como un estado permanente? Qué tal que así lo hubiera hecho, por ejemplo, Estados Unidos cuando su guerra civil o cuando las dos guerras mundiales.
También coincidimos con el ex Presidente Uribe en que los miembros de la Fuerza Pública deben tener artículos específicos dentro de la legislación, y no incluirlos en aquellos que se refieran a los terroristas.
Hay razones éticas que impiden que Colombia siga ofreciendo oportunidades legales y políticas a los insurgentes, ahora terroristas y narcotraficantes.
¿Cuándo, dónde y cómo va a estar el límite? Darle paso a este acto legislativo degrada tanto el discurso de la paz como el discurso político.
Esta norma, que pretende buscar la paz, muy seguramente lograría la perpetuación del conflicto.
