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Precisiones históricas sobre el 75º aniversario del golpe militar fascista, por C. Hermida
junio 27, 2011 por PCE (m-l
Hace 75 años un sector del ejército se sublevó contra el régimen republicano, que de forma absolutamente legal y legítima se había establecido en España el 14 de abril de 1931. La rebelión comenzó el 17 de julio de 1936 en el Protectorado marroquí y al día siguiente se extendió por todo el país. Los generales que encabezaron el golpe de estado y las fuerzas derechistas que los apoyaban –Falange Española y de las JONS, CEDA, Renovación Española y Comunión Tradicionalista– no tenían un proyecto político definido, pero había una coincidencia en el odio que profesaban hacia la República y en el deseo de exterminar a lo que ellos despectivamente denominaban la anti-España. Con la bendición y apoyo de la Iglesia Católica, los golpistas desencadenaron desde el primer momento una represión salvaje contra los defensores de la legalidad republicana. Las “Instrucciones” reservadas del general Mola, dictadas antes de la sublevación, incidían en que la acción de los militares debía ser extremadamente violenta y en la necesidad de sembrar el terror.
El fracaso del golpe en buena parte del país dio paso a una guerra civil que sirvió a la oligarquía española para destruir y aniquilar todo lo que significase libertad de pensamiento, reivindicación social, progreso y modernización. Por ello, el terror alcanzó a intelectuales, líderes sindicales, alcaldes, dirigentes políticos y a cualquiera que se identificase con el ideal republicano. Fue una operación vastísima de limpieza ideológica y social, que pretendió destruir hasta sus cimientos todo el entramado de organizaciones sociales y culturales de la clase obrera.
A pesar de los obstáculos de todo tipo con que se han enfrentado los historiadores que investigan la represión franquista, actualmente disponemos de una bibliografía científica que ha roto los muros de silencio levantados en torno a este tema. Entre 1936 y 1948, las cifras mínimas de fusilados alcanza las 150.000 personas, a las que habría que añadir 50.000 fallecidos en cárceles y campos de concentración a causa del hambre, las enfermedades y los malos tratos. Al terminar la guerra había 300.000 encarcelados y 200.000 españoles marcharon al exilio. Una represión a tal escala, de dimensiones tan gigantescas, sólo puede entenderse en el marco de una política de exterminio perfectamente planificada, cuidadosamente organizada y ejecutada con la máxima frialdad; es decir, una política de genocidio.
La peculiar Transición Política española (1975-1978), con sus pactos vergonzantes, sus amnesias programadas y sus consensos, no sólo dejó impunes los crímenes del franquismo y permitió que los nombres de los asesinos golpistas sigan denominando calles y plazas, sino que, al evitar una condena tajante del régimen franquista, ha hecho posible que la derecha inicie un revisionismo histórico que convierte a la izquierda en culpable de la guerra civil y ensalza a Franco como artífice de un régimen autoritario que trajo la prosperidad económica y la paz a España.
Un pequeño grupo de pseudohistoriadores, que jamás han pisado un archivo, viene dedicándose desde hace unos años a poner de nuevo en circulación las apolilladas tesis franquistas sobre la República y la Guerra Civil. Con un desparpajo y desvergüenza sin límites, pero con un enorme apoyo político y mediático, los cuatro nuevos jinetes del apocalipsis –César Vidal, Jiménez Losantos, Pío Moa y Ricardo de la Cierva– difunden que la sublevación de julio de 1936 salvó a España de la tiranía comunista. No hay duda de que aprovecharán este aniversario para publicar sus reiteradas falsificaciones y elucubraciones, tarea en la con toda seguridad se verán acompañados por “Telemadrid”, “Libertad Digital” e “Intereconomía”.
A medida que se acerque la fecha del 18 de julio, volveremos a escuchar las tradicionales cantinelas de la derecha sobre «la anarquía del Frente Popular», «el execrable asesinato de Calvo Sotelo» o «la desintegración de la Patria». Como este argumentario ha terminado por calar en ciertos sectores sociales, se hace necesario combatirlo desde una posición rigurosamente histórica.
Los generales que se sublevaron contra la República eran conscientes de que su acción constituía el delito más grave que puede cometer un militar. Levantaban sus armas contra el poder establecido al que habían jurado defender y obedecer. Faltando a su juramento y arrastrando por el fango su honor, algo tan querido por el estamento castrense, necesitaban urgentemente justificar su sedición. Muy pronto se construyeron por los servicios de propaganda franquistas tres justificaciones que sirvieron para sustentar jurídica, política e ideológicamente el golpe de estado: 1) España se encontraba en una situación de total anarquía; 2) El Partido Comunista iba a desencadenar un movimiento revolucionario e implantar un régimen soviético; y 3) el gobierno del Frente Popular estaba detrás del atentado contra José Calvo Sotelo.
Con respecto a la primera justificación, hay que señalar ante todo que el Frente Popular ganó limpiamente las elecciones del 16 de febrero de 1936. A pesar de las insidiosas sospechas que arrojan los historietógrafos de turno, la victoria frentepopulista está sobradamente acreditada por la historiografía científica. El gobierno, presidido por Casares Quiroga, estuvo integrado exclusivamente por ministros de los partidos republicanos de la coalición –Izquierda Republicana y Unión Republicana– y puso en marcha el programa de reformas del bienio 1931-1933 que habían sido sistemáticamente suprimidas durante los años de gobierno radical-cedista.
Es indudable que en los meses de febrero a julio de 1936 hubo una conflictividad social importante, pero eso no tiene nada que ver con la imagen de anarquía absoluta que difundían las fuerzas de derecha. Es preciso tener en cuenta que nos encontramos en los años de la Gran Depresión, caracterizados por un descenso drástico de la producción industrial y un incremento rapidísimo del desempleo. En todos los países con un régimen parlamentario había numerosas huelgas y conflictos, y España no era una excepción, pero los datos indican con claridad que el gobierno mantenía el control sobre el orden público y que era la Falange, con sus atentados terroristas, quien estaba interesada en crear un clima de crispación y caos que favoreciese la intervención militar. El historiador Rafael Cruz, en su libro En el nombre del pueblo (2006), demuestra estadísticamente como el número de atentados mortales fue disminuyendo entre febrero y julio de 1936. En febrero hubo 44 víctimas y 15 en el mes de julio. De las 262 víctimas de esos meses, 148 eran de izquierda y 50 de derecha, y, además, las fuerzas policiales fueron las causantes de las muertes en 112 de los casos. A la vista de estos datos parece evidente que no era precisamente la derecha ni la “gente de bien” la que estaba siendo exterminada, como todavía hoy se lee y se escucha en determinados medios de agitación y propaganda de la derecha.
El segundo elemento de justificación coloca a los comunistas a punto de encabezar una revolución que convertiría a España en un satélite de la URSS. Incluso se llegaron a falsificar documentos, de manera muy burda, para intentar demostrar los planes revolucionarios del PCE. Es bien conocido que la mayoría de los militares españoles no se ha caracterizado históricamente, ni tampoco en los tiempos actuales, precisamente por su brillantez intelectual, pero en este caso su tosquedad alcanzó los límites del encefalograma plano. No hace falta ser un historiador profesional para saber que en 1936 los comunistas de todo el mundo defendían la democracia parlamentaria y la alianza con fuerzas incluso burguesas para frenar al fascismo. Los comunistas españoles no pretendieron tomar el poder en 1936 ni durante la guerra civil. Habían impulsado el Frente Popular y siguieron haciéndolo durante la contienda. Desde el VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú en 1935, la revolución socialista había dejado paso a la defensa del sistema parlamentario. Sólo los malos cuentistas pueden seguir insistiendo en este tema.
Sin duda el atentado que costó la vida a Calvo Sotelo es el argumento estrella al que se agarran con fuerza franquistas y neofranquistas, el último asidero al que aferrarse para demostrar el carácter malévolo de la II República española. La película de los hechos es sobradamente conocida. El 12 de julio de 1936 pistoleros de extrema derecha, falangistas o carlistas, asesinaron al teniente Castillo, oficial de los Guardias de Asalto, y persona muy conocida y cercana a los socialistas. El atentado era el último de una larga serie de acciones terroristas que había obligado al gobierno, en marzo de 1936, a ilegalizar a Falange Española y encarcelar a José Antonio Primo de Rivera, su principal dirigente. Algunos de los compañeros del teniente Castillo decidieron vengar su muerte atentando contra Gil Robles, el jefe de la CEDA, pero al no encontrarlo en su casa fueron a buscar a Calvo Sotelo, máximo dirigente de Renovación Española. En la madrugada del día 13 se presentaron en el domicilio del líder monárquico, le conminaron a que les acompañara a la Dirección General de Seguridad y, tras subirlo a un vehículo policial, le dispararon en la cabeza, dejando su cadáver en el cementerio del Este.
La derecha y los militares golpistas utilizaron el atentado como el ejemplo perfecto de que el país se hundía en el caos, dirigido por un gobierno ilegal que no dudaba en recurrir al crimen para silenciar a los opositores. El Ejército, por tanto, se sublevaba para restablecer el orden y el imperio de la ley.
Diremos en primer lugar que no existe relación alguna entre esa muerte y la rebelión militar. Dejando a un lado el hecho de que, en su condición de diputado, Calvo Sotelo tenía inmunidad parlamentaria, no podía ser detenido y, en consecuencia, no debió abandonar su domicilio, atenta contra el sentido común pensar que un golpe de estado se puede organizar en cuatro días. Hay que recordar que al conocerse el triunfo del Frente Popular, Franco y Gil Robles visitaron a Portela Valladares, entonces presidente del gobierno, y le presionaron para que anulara el resultado electoral e implantase el estado de guerra. Como no lograron su objetivo, inmediatamente comenzó a urdirse la trama conspirativa para derrocar el régimen republicano. Con Calvo Sotelo vivo o muerto, el golpe militar ya tenía sus fechas fijadas. Lo que es evidente, es que el atentado sirvió a los golpistas como excusa perfecta para sus sediciosos planes.
Convertido en el “protomártir” (el “mártir” indiscutible es José Antonio Primo de Rivera), Calvo Sotelo se ha convertido en el argumento recurrente de la derecha española para criminalizar al régimen republicano. Conviene por tanto que repasemos algunos datos biográficos del considerado un hombre ejemplar víctima del odio “rojo”.
José Calvo Sotelo nació en 1893. Abogado del Estado, y miembro del Partido Conservador, uno de los dos partidos caciquiles que se alternaban en el poder falsificando sistemáticamente las elecciones durante la larga etapa de la Restauración (1875-1923), fue Ministro de Hacienda con la dictadura de Primo de Rivera, un régimen ilegal instaurado mediante un golpe de estado en septiembre de 1923. La Dictadura cometió todo tipo de arbitrariedades e ilegalidades, entre ellas la manipulación de de los Presupuestos del Estado para ocultar el enorme endeudamiento con que se sufragaban las obras públicas del régimen. El déficit público se enmascaraba con operaciones de ingeniería financiera y contable para mostrar ante la opinión pública la imagen de una Dictadura que presumía de buena gestión económica.
Tras la proclamación de la República, nuestro protomártir huyó del país para no tener que responder de su gestión ante la Comisión creada por las Cortes republicanas para depurar las responsabilidades de la Dictadura, y solamente volvió a España tras la amnistía concedida por Alejandro Lerroux tras la victoria de las fuerzas derechistas en las elecciones celebradas en noviembre de 1933. En estos años de turismo europeo tuvo ocasión de vivir en Italia, donde se convirtió en un admirador del fascismo.
En España asumió la jefatura de Renovación Española, un partido monárquico fundado en 1933 cuyo objetivo era destruir el régimen republicano mediante un golpe militar. En 1934 participó activamente en la preparación de la entrevista que se celebró en Roma entre Mussolini y dirigentes carlistas y de Renovación Española. Fruto de esa entrevista fue un acuerdo secreto por el cual el dictador italiano se comprometió a financiar y apoyar con armamento un movimiento insurreccional contra la República española. En caso de triunfo, el nuevo gobierno español y el régimen italiano firmarían un tratado de amistad y neutralidad.
En 1936 formaba parte activa de la conspiración golpista y, amparándose en su condición de diputado, pronunciaba en las Cortes discursos incendiarios invocando al Ejército para que se sublevase contra la República y refiriéndose al pueblo como turbamulta.
Resumiendo, la figura que la derecha nos presenta como modelo de caballero cristiano, padre y esposo ejemplar, virtuoso patriota y político intachablemente honrado, asesinado alevosamente por la horda republicana, era en realidad un individuo que se inició políticamente en un partido corrupto cuyo único mérito para alcanzar el gobierno era falsificar las elecciones. Continuó su vida política colaborando con una dictadura ilegal encabezada por un dictador borrachín, y desde su puesto de Ministro de Hacienda se dedicó, dicho con suavidad, a maquillar las cuentas públicas. Aunque presumía de hombría y valor personal, no dudó en huir de su país para evitar hacer frente a sus responsabilidades como ministro de la dictadura encabezada por Primo de Rivera. El Diccionario de la Real Academia define esa actitud como cobardía.
Desde su vuelta a España, se dedicó activamente a conspirar contra el régimen republicano y no dudó en aceptar la ayuda de Mussolini contra su propio país. O sea, que el nacionalista español era en realidad un traidor vendepatrias. Y, como culminación de tan edificante currículum vitae, en el año 1936 se dedicaba a pronunciar provocadores discursos adornados con la chulería propia de los señoritos fascistas.
A la luz de tan notable biografía, quizás se entiendan mejor los hechos del 13 de julio de 1936.
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junio 27, 2011 por PCE (m-l
Hace 75 años un sector del ejército se sublevó contra el régimen republicano, que de forma absolutamente legal y legítima se había establecido en España el 14 de abril de 1931. La rebelión comenzó el 17 de julio de 1936 en el Protectorado marroquí y al día siguiente se extendió por todo el país. Los generales que encabezaron el golpe de estado y las fuerzas derechistas que los apoyaban –Falange Española y de las JONS, CEDA, Renovación Española y Comunión Tradicionalista– no tenían un proyecto político definido, pero había una coincidencia en el odio que profesaban hacia la República y en el deseo de exterminar a lo que ellos despectivamente denominaban la anti-España. Con la bendición y apoyo de la Iglesia Católica, los golpistas desencadenaron desde el primer momento una represión salvaje contra los defensores de la legalidad republicana. Las “Instrucciones” reservadas del general Mola, dictadas antes de la sublevación, incidían en que la acción de los militares debía ser extremadamente violenta y en la necesidad de sembrar el terror.
El fracaso del golpe en buena parte del país dio paso a una guerra civil que sirvió a la oligarquía española para destruir y aniquilar todo lo que significase libertad de pensamiento, reivindicación social, progreso y modernización. Por ello, el terror alcanzó a intelectuales, líderes sindicales, alcaldes, dirigentes políticos y a cualquiera que se identificase con el ideal republicano. Fue una operación vastísima de limpieza ideológica y social, que pretendió destruir hasta sus cimientos todo el entramado de organizaciones sociales y culturales de la clase obrera.
A pesar de los obstáculos de todo tipo con que se han enfrentado los historiadores que investigan la represión franquista, actualmente disponemos de una bibliografía científica que ha roto los muros de silencio levantados en torno a este tema. Entre 1936 y 1948, las cifras mínimas de fusilados alcanza las 150.000 personas, a las que habría que añadir 50.000 fallecidos en cárceles y campos de concentración a causa del hambre, las enfermedades y los malos tratos. Al terminar la guerra había 300.000 encarcelados y 200.000 españoles marcharon al exilio. Una represión a tal escala, de dimensiones tan gigantescas, sólo puede entenderse en el marco de una política de exterminio perfectamente planificada, cuidadosamente organizada y ejecutada con la máxima frialdad; es decir, una política de genocidio.
La peculiar Transición Política española (1975-1978), con sus pactos vergonzantes, sus amnesias programadas y sus consensos, no sólo dejó impunes los crímenes del franquismo y permitió que los nombres de los asesinos golpistas sigan denominando calles y plazas, sino que, al evitar una condena tajante del régimen franquista, ha hecho posible que la derecha inicie un revisionismo histórico que convierte a la izquierda en culpable de la guerra civil y ensalza a Franco como artífice de un régimen autoritario que trajo la prosperidad económica y la paz a España.
Un pequeño grupo de pseudohistoriadores, que jamás han pisado un archivo, viene dedicándose desde hace unos años a poner de nuevo en circulación las apolilladas tesis franquistas sobre la República y la Guerra Civil. Con un desparpajo y desvergüenza sin límites, pero con un enorme apoyo político y mediático, los cuatro nuevos jinetes del apocalipsis –César Vidal, Jiménez Losantos, Pío Moa y Ricardo de la Cierva– difunden que la sublevación de julio de 1936 salvó a España de la tiranía comunista. No hay duda de que aprovecharán este aniversario para publicar sus reiteradas falsificaciones y elucubraciones, tarea en la con toda seguridad se verán acompañados por “Telemadrid”, “Libertad Digital” e “Intereconomía”.
A medida que se acerque la fecha del 18 de julio, volveremos a escuchar las tradicionales cantinelas de la derecha sobre «la anarquía del Frente Popular», «el execrable asesinato de Calvo Sotelo» o «la desintegración de la Patria». Como este argumentario ha terminado por calar en ciertos sectores sociales, se hace necesario combatirlo desde una posición rigurosamente histórica.
Los generales que se sublevaron contra la República eran conscientes de que su acción constituía el delito más grave que puede cometer un militar. Levantaban sus armas contra el poder establecido al que habían jurado defender y obedecer. Faltando a su juramento y arrastrando por el fango su honor, algo tan querido por el estamento castrense, necesitaban urgentemente justificar su sedición. Muy pronto se construyeron por los servicios de propaganda franquistas tres justificaciones que sirvieron para sustentar jurídica, política e ideológicamente el golpe de estado: 1) España se encontraba en una situación de total anarquía; 2) El Partido Comunista iba a desencadenar un movimiento revolucionario e implantar un régimen soviético; y 3) el gobierno del Frente Popular estaba detrás del atentado contra José Calvo Sotelo.
Con respecto a la primera justificación, hay que señalar ante todo que el Frente Popular ganó limpiamente las elecciones del 16 de febrero de 1936. A pesar de las insidiosas sospechas que arrojan los historietógrafos de turno, la victoria frentepopulista está sobradamente acreditada por la historiografía científica. El gobierno, presidido por Casares Quiroga, estuvo integrado exclusivamente por ministros de los partidos republicanos de la coalición –Izquierda Republicana y Unión Republicana– y puso en marcha el programa de reformas del bienio 1931-1933 que habían sido sistemáticamente suprimidas durante los años de gobierno radical-cedista.
Es indudable que en los meses de febrero a julio de 1936 hubo una conflictividad social importante, pero eso no tiene nada que ver con la imagen de anarquía absoluta que difundían las fuerzas de derecha. Es preciso tener en cuenta que nos encontramos en los años de la Gran Depresión, caracterizados por un descenso drástico de la producción industrial y un incremento rapidísimo del desempleo. En todos los países con un régimen parlamentario había numerosas huelgas y conflictos, y España no era una excepción, pero los datos indican con claridad que el gobierno mantenía el control sobre el orden público y que era la Falange, con sus atentados terroristas, quien estaba interesada en crear un clima de crispación y caos que favoreciese la intervención militar. El historiador Rafael Cruz, en su libro En el nombre del pueblo (2006), demuestra estadísticamente como el número de atentados mortales fue disminuyendo entre febrero y julio de 1936. En febrero hubo 44 víctimas y 15 en el mes de julio. De las 262 víctimas de esos meses, 148 eran de izquierda y 50 de derecha, y, además, las fuerzas policiales fueron las causantes de las muertes en 112 de los casos. A la vista de estos datos parece evidente que no era precisamente la derecha ni la “gente de bien” la que estaba siendo exterminada, como todavía hoy se lee y se escucha en determinados medios de agitación y propaganda de la derecha.
El segundo elemento de justificación coloca a los comunistas a punto de encabezar una revolución que convertiría a España en un satélite de la URSS. Incluso se llegaron a falsificar documentos, de manera muy burda, para intentar demostrar los planes revolucionarios del PCE. Es bien conocido que la mayoría de los militares españoles no se ha caracterizado históricamente, ni tampoco en los tiempos actuales, precisamente por su brillantez intelectual, pero en este caso su tosquedad alcanzó los límites del encefalograma plano. No hace falta ser un historiador profesional para saber que en 1936 los comunistas de todo el mundo defendían la democracia parlamentaria y la alianza con fuerzas incluso burguesas para frenar al fascismo. Los comunistas españoles no pretendieron tomar el poder en 1936 ni durante la guerra civil. Habían impulsado el Frente Popular y siguieron haciéndolo durante la contienda. Desde el VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú en 1935, la revolución socialista había dejado paso a la defensa del sistema parlamentario. Sólo los malos cuentistas pueden seguir insistiendo en este tema.
Sin duda el atentado que costó la vida a Calvo Sotelo es el argumento estrella al que se agarran con fuerza franquistas y neofranquistas, el último asidero al que aferrarse para demostrar el carácter malévolo de la II República española. La película de los hechos es sobradamente conocida. El 12 de julio de 1936 pistoleros de extrema derecha, falangistas o carlistas, asesinaron al teniente Castillo, oficial de los Guardias de Asalto, y persona muy conocida y cercana a los socialistas. El atentado era el último de una larga serie de acciones terroristas que había obligado al gobierno, en marzo de 1936, a ilegalizar a Falange Española y encarcelar a José Antonio Primo de Rivera, su principal dirigente. Algunos de los compañeros del teniente Castillo decidieron vengar su muerte atentando contra Gil Robles, el jefe de la CEDA, pero al no encontrarlo en su casa fueron a buscar a Calvo Sotelo, máximo dirigente de Renovación Española. En la madrugada del día 13 se presentaron en el domicilio del líder monárquico, le conminaron a que les acompañara a la Dirección General de Seguridad y, tras subirlo a un vehículo policial, le dispararon en la cabeza, dejando su cadáver en el cementerio del Este.
La derecha y los militares golpistas utilizaron el atentado como el ejemplo perfecto de que el país se hundía en el caos, dirigido por un gobierno ilegal que no dudaba en recurrir al crimen para silenciar a los opositores. El Ejército, por tanto, se sublevaba para restablecer el orden y el imperio de la ley.
Diremos en primer lugar que no existe relación alguna entre esa muerte y la rebelión militar. Dejando a un lado el hecho de que, en su condición de diputado, Calvo Sotelo tenía inmunidad parlamentaria, no podía ser detenido y, en consecuencia, no debió abandonar su domicilio, atenta contra el sentido común pensar que un golpe de estado se puede organizar en cuatro días. Hay que recordar que al conocerse el triunfo del Frente Popular, Franco y Gil Robles visitaron a Portela Valladares, entonces presidente del gobierno, y le presionaron para que anulara el resultado electoral e implantase el estado de guerra. Como no lograron su objetivo, inmediatamente comenzó a urdirse la trama conspirativa para derrocar el régimen republicano. Con Calvo Sotelo vivo o muerto, el golpe militar ya tenía sus fechas fijadas. Lo que es evidente, es que el atentado sirvió a los golpistas como excusa perfecta para sus sediciosos planes.
Convertido en el “protomártir” (el “mártir” indiscutible es José Antonio Primo de Rivera), Calvo Sotelo se ha convertido en el argumento recurrente de la derecha española para criminalizar al régimen republicano. Conviene por tanto que repasemos algunos datos biográficos del considerado un hombre ejemplar víctima del odio “rojo”.
José Calvo Sotelo nació en 1893. Abogado del Estado, y miembro del Partido Conservador, uno de los dos partidos caciquiles que se alternaban en el poder falsificando sistemáticamente las elecciones durante la larga etapa de la Restauración (1875-1923), fue Ministro de Hacienda con la dictadura de Primo de Rivera, un régimen ilegal instaurado mediante un golpe de estado en septiembre de 1923. La Dictadura cometió todo tipo de arbitrariedades e ilegalidades, entre ellas la manipulación de de los Presupuestos del Estado para ocultar el enorme endeudamiento con que se sufragaban las obras públicas del régimen. El déficit público se enmascaraba con operaciones de ingeniería financiera y contable para mostrar ante la opinión pública la imagen de una Dictadura que presumía de buena gestión económica.
Tras la proclamación de la República, nuestro protomártir huyó del país para no tener que responder de su gestión ante la Comisión creada por las Cortes republicanas para depurar las responsabilidades de la Dictadura, y solamente volvió a España tras la amnistía concedida por Alejandro Lerroux tras la victoria de las fuerzas derechistas en las elecciones celebradas en noviembre de 1933. En estos años de turismo europeo tuvo ocasión de vivir en Italia, donde se convirtió en un admirador del fascismo.
En España asumió la jefatura de Renovación Española, un partido monárquico fundado en 1933 cuyo objetivo era destruir el régimen republicano mediante un golpe militar. En 1934 participó activamente en la preparación de la entrevista que se celebró en Roma entre Mussolini y dirigentes carlistas y de Renovación Española. Fruto de esa entrevista fue un acuerdo secreto por el cual el dictador italiano se comprometió a financiar y apoyar con armamento un movimiento insurreccional contra la República española. En caso de triunfo, el nuevo gobierno español y el régimen italiano firmarían un tratado de amistad y neutralidad.
En 1936 formaba parte activa de la conspiración golpista y, amparándose en su condición de diputado, pronunciaba en las Cortes discursos incendiarios invocando al Ejército para que se sublevase contra la República y refiriéndose al pueblo como turbamulta.
Resumiendo, la figura que la derecha nos presenta como modelo de caballero cristiano, padre y esposo ejemplar, virtuoso patriota y político intachablemente honrado, asesinado alevosamente por la horda republicana, era en realidad un individuo que se inició políticamente en un partido corrupto cuyo único mérito para alcanzar el gobierno era falsificar las elecciones. Continuó su vida política colaborando con una dictadura ilegal encabezada por un dictador borrachín, y desde su puesto de Ministro de Hacienda se dedicó, dicho con suavidad, a maquillar las cuentas públicas. Aunque presumía de hombría y valor personal, no dudó en huir de su país para evitar hacer frente a sus responsabilidades como ministro de la dictadura encabezada por Primo de Rivera. El Diccionario de la Real Academia define esa actitud como cobardía.
Desde su vuelta a España, se dedicó activamente a conspirar contra el régimen republicano y no dudó en aceptar la ayuda de Mussolini contra su propio país. O sea, que el nacionalista español era en realidad un traidor vendepatrias. Y, como culminación de tan edificante currículum vitae, en el año 1936 se dedicaba a pronunciar provocadores discursos adornados con la chulería propia de los señoritos fascistas.
A la luz de tan notable biografía, quizás se entiendan mejor los hechos del 13 de julio de 1936.
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