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LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN SU CONTEXTO:
CURSOS NUEVOS, VIEJOS PROBLEMAS
Hace dos meses, cuando miles de ciudadanos ocupaban las plazas y calles del país reclamando más
democracia y respeto a la participación ciudadana, los dirigentes de los partidos parlamentarios, representantes
institucionales del Estado y alguna de las figuras que participaron activamente en la consolidación
del régimen monárquico, se apresuraron a manifestar su acuerdo con las demandas expresadas. Una vez
más, quienes han desoído sistemáticamente la voluntad popular y violado los compromisos con sus propios
votantes, se ponían el disfraz de demócratas de toda la vida y prometían corresponder a las demandas
de la ciudadanía.
La respuesta real de los políticos borbónicos ha llegado en agosto, aprovechando las vacaciones: a
mediados de mes, se conocía que el Parlamento había aprobado de tapadillo, en enero, una reforma de la
ley electoral (una ley electoral hecha a medida, como señalara recientemente el profesor Vicenç Navarro,
para garantizar a la derecha franquista una representación muy por encima de su peso real), que exige a
las fuerzas sin presencia en el Parlamento el aval del 0,1% del censo electoral, para presentar candidatura.
Esta nueva agresión antidemocrática no solo pretende consolidar el bipartidismo, sino un sistema electoral
que garantice el acceso a las instituciones únicamente a los partidos que acepten los límites de la
democracia tutelada que se impuso en la transición. La conclusión se impone: el régimen admite la protesta
siempre que ésta sea políticamente impotente, pero intentará por todos los medios que no se
traslade esa protesta a las instituciones donde se deciden los asuntos públicos.
A finales de agosto, el PSOE y el PP acordaban también modificar, por el trámite de urgencia, en apenas
siete días, la Constitución monárquica, para introducir la limitación del déficit público, obedeciendo las
órdenes dadas por el Gobierno alemán y, para ¡cómo no! calmar a los “mercados”. Primero IU y luego
otros grupos han reclamado la celebración de un referéndum. Por supuesto que es absolutamente exigible
que una reforma de esta trascendencia cumpla este requisito mínimo. Pero un referéndum, sin suficientes
garantías democráticas para que las distintas opciones expongan sus puntos de vista (ese fue el caso del
referéndum sobre la Constitución Europea de 2005), solo serviría para dar un barniz democrático a una
imposición ilegítima; por otra parte, como el cínico Rajoy se ha encargado de recordar, la propia constitución
monárquica rechaza explícitamente el carácter vinculante de los referendos.
Muchos se preguntan: ¿qué es lo que está ocurriendo?, ¿por qué de un tiempo a esta parte, quienes
tienen la sartén por el mango, violan con tanta impunidad sus propias reglas democráticas, arriesgándose
a crear un clima de confrontación social? Precisamente porque el régimen sabe que la protesta no llevará
a nada en tanto no tenga una expresión política, en tanto no se pelee por llevar a las instituciones
y a los centros de poder real, la demanda de una ruptura total con las reglas de juego que han impuesto y
que solo conviene a una minoría. Lo que sucede es que los principales resortes del Estado están en
manos de un bloque dominante de poder que sustancialmente es el mismo que sustentó al franquismo,
se benefició de las brutales condiciones laborales y sociales impuestas por la dictadura
para consolidar sus empresas y negocios y finalmente pilotó el proceso de transición para garantizar
que, como indicara el asesino Franco, quedaba todo atado y bien atado. Lo que sucede es que estamos
sufriendo las consecuencias de una transición hecha expresamente para evitar la ruptura democrática
con el franquismo, y las fuerzas que, de una u otra forma, sustentaron aquel pacto y copan las instituciones
representativas (incluida Izquierda Unida), continúan atados a él. Es decir: no es que la Constitución
monárquica sea rígida o inamovible; lo que ocurre es que únicamente el bloque dominante, y
los partidos que representan sus intereses, pueden modificarla. Por ese motivo, cuando verdaderamente están en juego intereses vitales para su clase, los «obstáculos insalvables» para cambiar una sola
coma del texto constitucional monárquico, se solucionan en siete días. El caso es que empezamos un
nuevo curso político en un clima cada vez más deteriorado; la presión de nuestro enemigo de clase no va
a cesar, y todas las cesiones imperdonables que han hecho las direcciones oportunistas de los sindicatos
desde enero, no han servido más que para desorientar a sus afiliados y frustrar las expectativas creadas
tras la Huelga General del pasado 29 de septiembre y, en todo caso, para envalentonar a la oligarquía.
Se sigue respondiendo a los ataques de forma dispersa; o, lo que es igual, el núcleo de poder sigue
llevando la iniciativa, él fija la agenda de sindicatos e izquierda política, se juega en su campo y con sus
reglas de juego; pero el panorama que vivimos y las amenazas que apuntan han creado las condiciones
para un recrudecimiento de la confrontación de clase. Lo que parece evidente es que la prepotencia y la
urgencia con la que se están liquidando los derechos democráticos es una muestra, no de fortaleza, sino
de la debilidad del régimen. Es su grado de degradación, su miedo a perder el control de la situación, lo
que le impulsa a abandonar la prudencia y saltarse los formalismos democráticos que ofreció en su día,
cuando el movimiento obrero y popular sí era fuerte, a cambio de que la dirección de las organizaciones
de izquierda que entraron en el trapicheo, renunciaran a mantener la presión popular por un cambio verdaderamente
democrático. El pacto social ha muerto, y lo han matado ellos, quienes entienden la democracia
a la luz de su cuenta de resultados; el pacto que dio inicio a la transición monárquica ha muerto, y le
han puesto punto y final ellos. Seguir, como hacen aún muchos dirigentes sindicales y de la izquierda, empeñados
en reavivar un consenso que en verdad no ha existido nunca, únicamente debilita la respuesta
que debe dar la clase trabajadora.
Sí, la batalla está planteada en términos así de claros. Necesitamos unidad en la acción, evitar la
dispersión de fuerzas, sin plantearnos objetivos muy elevados que nos agoten en poco tiempo: la lucha
va a ser larga, porque somos débiles en lo que debiéramos ser más fuertes, en identidad política;
necesitamos que todos los sindicatos que no renuncien a su condición de clase, unan sus fuerzas para
enfrentar la lucha que se nos viene encima a una velocidad cada vez mayor. Pero, sobre todas las cosas,
necesitamos dar una orientación política a nuestras demandas, que la izquierda se rearme ideológicamente,
recupere sus señas de identidad y se enfrente al bloque dominante con determinación, atacando la base
de su dominio, un pacto constitucional que a nosotros no nos sirve, porque se queda corto y actúa como
brida de nuestras demandas.
No queremos la reforma de una constitución superada; queremos otra constitución que garantice
la plena eficacia jurídica de los derechos sociales y políticos; el control social de la economía; la
separación real y efectiva entre la Iglesia y el Estado; una política exterior de paz y sin implicación
en conflictos armados fuera de nuestras fronteras. Que permita la federación de los pueblos que
así lo quieran; que obligue a la celebración de referendos vinculantes para los temas trascendentes
para los ciudadanos; que asegure un control real y efectivo del poder público, unas normas
electorales y de participación ciudadana plenamente democráticas; que no coloque al ejército sobre
el poder civil como garante del orden constitucional; que, en definitiva, establezca el carácter
elegible de todas las instituciones, incluida la máxima representación del Estado. Una Constitución
Republicana, libre, popular y soberana.
Esta no es una cuestión menor: sin un pilar sólido, la política de la izquierda española seguirá encerrada
en el círculo vicioso en el que aceptó entrar al renunciar a la ruptura con la dictadura. Pero para que se
avance en la conformación de un referente de la izquierda libre de las ataduras con el régimen continuista,
no basta con que desaparezca lo viejo, de ello se encargará la lógica implacable del tiempo. Va a ser necesario
vencer también las inercias y los miedos de un sector importante de la izquierda social y política,
que sigue dudando en dar el paso de comprometerse con un cambio radical de planteamiento: de la conformidad
o la marginación, a la lucha en todos los órdenes, también en el electoral, unidos en torno a un
programa de ruptura con las viejas ataduras, ayudando, entre todos, a levantar lo nuevo.
Esa es la prioridad para la izquierda; el resto, ni es izquierda, ni servirá para hacer avanzar a nuestra
clase.
PCE (m-l)
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