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El pasado 1º de agosto el gobierno hizo llegar a los estudiantes movilizados un documento titulado “Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena”. A lo largo de 19 páginas el gobierno resume las medidas concretas del ya anunciado Gran Acuerdo Nacional de Educación (GANE), una primera respuesta a la peticiones estudiantiles, sin embargo, así como el GANE, este nuevo documento sólo expresa la enorme brecha que existe entre las amplias mayorías del pueblo, hoy representadas en el movimiento estudiantil, y la clase dominante.
Pero al mismo tiempo, deja ver un proceso mucho más complejo y de larga data de crecimiento y acumulación de fuerza, que poco a poco empieza a dar pasos más y más importantes, dejando claro que este 2011 representa un punto de inflexión en el desarrollo de la lucha de clases en Chile. Basta con observar el comportamiento de la movilización estudiantil que a lo largo del proceso se fue haciendo más y más concreto a medida que apuntaba a los aspectos estructurales del modelo educativo, y que al mismo tiempo buscó hacer más difícil una salida “por arriba”, en el estrecho marco de las políticas del Estado y su institucionalidad, que tiene al mercado en un rol preponderante al buscar una solución a los conflictos y necesidades sociales. Lamentablemente algunos sectores han insistido por decantar la movilización apelando a cambios en este mismo sentido, buscando realizar un plebiscito “ciudadano”.
Es por eso que la propuesta de más abajo, con sus limitaciones y aciertos (que no podemos por espacio desarrollar hoy) deje entrever mucho más que una mera crisis educacional, sino que la la primera crítica contundente y de masas al modelo neoliberal. De ahí su radical importancia y punto de referencia obligado para la continuidad y desarrollo del movimiento social.
Sólo dos visiones: la educación como derecho social o como bien de consumo.
La visión de la clase dominante queda clara en lo insatisfactorio que resulta su pronunciamiento sobre los aspectos centrales de lo demandado por el movimiento. El fin al lucro, el fin de la municipalización y el concebir la educación como un derecho social, han sido ideológicamente asumidas por el gobierno en sus respuestas. Esto se ve en la centralidad con la que se adopta “la calidad de la educación” (con todo lo indefinido del concepto), en el aseguramiento de la cobertura pública hasta la enseñanza media, la “desmunicipalización” excepcional ante malos rendimientos y la supervisión, por medio de una nueva superintendencia, al lucro, ya prohibido por ley en las universidades (pero permitido en Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales).
Los libertarios y las Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena
De esta manera se intenta desviar la atención, desde las exigencias de cambios estructurales a cambios cosméticos que no toquen el sentido dado a la educación, quedando la democracia exigida en un mero formalismo, e intentando dejar en segundo plano la participación del movimiento, privilegiando al parlamento y los llamados a acuerdos a nivel partidario sin participación de masas. Lo que se rechaza es el empoderamiento de las comunidades y los avances en la disputa de proyecto educativo y social.
El escenario descrito muestra que se comienzan a definir dos bandos en confrontación, por un lado el de los poderosos, más definido y con su proyecto en aplicación desde la esfera privada y el Estado, y por el otro los explotados aún configurándose, impulsados por el auge de la lucha masas y la movilización. Actualmente la correlación de fuerzas es favorable a los primeros por amplio margen mientras intentan evitar cambios radicales en torno al tema educativo, por lo que una victoria necesita abrir espacios políticos actualmente cerrados para el proyecto revolucionario a pesar de la inédita convocatoria y el alto grado de movilización existente. La rigidez del gobierno, junto a los llamados a la negociación parlamentaria y al plebiscito son las armas con las cuales se intenta institucionalizar una salida y lograr una resolución afín al sistema, pero no debemos olvidar que es esta misma cerrazón la que provoca que muchas luchas menores puedan transformarse en coyunturas significativas.
Las Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena
El sistema educacional chileno se debate en una profunda crisis estructural, sus bases programáticas, sus objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así como sus alcances y competencias, fueron concebidos para un momento histórico largamente rebasado.
Las movilizaciones de los estudiantes, profesores, rectores y trabajadores de la educación, que han conmovido al país en las últimas semanas, han puesto en el centro del debate, la necesidad de abordar integralmente esta crisis estructural y avanzar hacia la REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN CHILENA.
Hoy queremos emplazar a los actores políticos del país, y en particular a los representantes del Congreso Nacional, que se comprometan explícitamente con la demanda social de impulsar y garantizar una reforma estructural al actual modelo educativo predominante en el país, haciendo suyo el compromiso de implementar dicha reforma.
Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo Proyecto Histórico de Desarrollo democrático que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos. Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile, y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo formación.
El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático, para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de autodeterminarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno.
La educación debe ser pluralista, para garantizar el libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento, que permita el tratamiento integral y crítico de los temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica adoctrinante.
La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios.
La educación debe ser capaz de formar sujetos, profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social.
La educación pública debe ser gratuita, en todos sus niveles, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica.
En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad.
Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social.
Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país.
EJES FUNDAMENTALES
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, proponemos avanzar en los siguientes ejes fundamentales, en torno a los cuales emplazamos a los parlamentarios para que se comprometan explícitamente a legislar favorablemente son:
I.- La Reforma Constitucional.
La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación pre-escolar, básica y media.
Asimismo, a nivel de Educación Superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar la un titulo de educación superior.
II.- Educación Escolar
La Educación Escolar contempla tanto la educación pre-básica, básica y media. Y en la educación media, tanto la científico-humanista como la politécnica o técnica profesional.
En este contexto, y sin perjuicio de otras materias, en lo fundamental se impulsara:
A-. La Desmunicipalización de la Educación
Se creará en su reemplazo un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado, con la forma de Servicios Públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública escolar. La creación de esta nueva institucionalidad debe ser discutida con todos los actores: profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados.
Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública.
B-. Nuevo Sistema de Financiamiento
El Nuevo sistema de financiamiento asegurará un aporte basal para todos los establecimientos educacionales vía presupuesto y no según asistencia, para lo cual se implementará un calendario a través del cual se pondrá fin al sistema de financiamiento compartido y de toda forma de lucro en los establecimientos que reciban financiamiento público.
C-. Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad
Debe avanzarse en una nueva ley de carrera profesional docente basada en el mérito y la experiencia, que considere etapas de desarrollo profesional, que dignifique a los profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo profesional, valoración social y formación continua, contando con un fuerte sistema de acreditación, además de una adecuada relación de horas lectivas y no lectivas, todo lo cual permite garantizar una docencia de excelencia en el sistema público de educación.
Además, debe crearse una normativa para los asistentes de la educación, fundada en la dignidad y calidad. Se debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos trabajadores.
D.- Regulación y control de la creación de nuevos establecimientos subvencionadas
La suspensión inmediata de la creación de nuevos establecimientos subvencionados hasta que se definan parámetros objetivos que justifiquen la creación de nuevos establecimientos y hasta que se encuentre operando la nueva institucionalidad escolar vinculada a: la superintendencia de educación, la agencia de la calidad de la educación, la nueva estructura publica de administración de la educacional y, se haya implementado las correcciones al sistema de financiamiento de la educación escolar.
E.- Transporte Escolar
Asegurar un servicio eficiente y suficiente de transporte escolar gratuito y seguro para todos los estudiantes-especialmente en regiones, durante los 365 días del año.
F.- Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de Infraestructura Escolar
Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los establecimientos educacionales públicos, de manera de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en condiciones elementales de dignidad y sanidad.
G.- Educación Politécnica o Técnico Profesional
En el país no existe una política de Estado en materia de la educación técnica; ni en su nivel secundario, ni en su nivel de educación superior, ni tampoco respecto a la integración entra ambas.
La educación técnico–profesional o politécnica a nivel escolar deberá contar con un sistema de financiamiento propio, donde se garantice la infraestructura de acorde con los avances científico-técnicos para hacerla calificada y apropiada a las respectivas especialidades.
Asimismo, a los estudiantes de la educación poli-técnico deberán contar con garantías básicas para el desarrollo integral de sus procesos educativos, incluyendo seguros apropiados y prácticas profesionales pertinentes y fiscalizadas.
H.- Democratización
Democratizar los espacios de participación estudiantil secundaria, reformulando el decreto N° 524 con respecto a los Centros de Estudiantes, fortaleciendo así, el rol de estos y reconociendo legalmente Federaciones Estudiantiles Secundarias.
También, y a través de Consejos Escolares resolutivos, debe garantizarse la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad escolar, dándoles un marco legal donde se especifique su rol obligatorio y periódico.
III.- EDUCACION SUPERIOR
La educación terciaria en Chile ha crecido de manera explosiva y desregulada durante las últimas dos décadas. Su crecimiento no ha sido fruto de una política nacional que persiga objetivos determinados sino al contrario, ella ha sido inorgánica, con calidades heterogéneas y de altísimo costo, respondiendo a lógicas de mercado y no a un plan de desarrollo nacional.
Hoy se requiere impulsar una reforma al Sistema de Educación Superior que tenga como principios rectores que:
La Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordado con visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.
El sistema de Educación Superior debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.
El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria de modo de llevarlo, en un período razonable, al menos, al promedio de los países de la OECD y así no seguir gravando a las familias el costo de esta.
A.- Educación Universitaria
1.- Financiamiento Institucional
a) Creación de un Aporte Basal a las Universidades Públicas, que plasme un nuevo trato entre el Estado y las Universidades que le pertenecen, que reconozcan el compromiso educacional y financiero que para ellas tiene el Estado, frenando así la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones y garantizando la gratuidad de sus estudiantes.
b) Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, permanentes y progresivos para el crecimiento, desarrollo local y sustentabilidad de las Universidades del Cruch, con el objeto de garantice sus proyectos de bien público. Asimismo, se deberá reajustar anualmente según el IRSP, para que las justas remuneraciones de los trabajadores, no dependan del alza de aranceles de los estudiantes.
c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición estableciendo que serán las comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar orientado con prioridad:
• Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas Cruch)
• Condición Regional
• Composición socio-económica de sus estudiantes
• Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)
2.- Nuevos Sistemas de Accesos:
Más Equitativo y que Garantice Igualdad de Oportunidades.Avanzar decididamente a un sistema más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos y todas, tal que permitan que las universidades del Cruch cumplan cabalmente el rol social y de vocación pública para la que fueron creadas.
Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en el proceso de admisión y evaluar de manera transparente su pertinencia.
Avanzar en la creación de mecanismos complementarios de acceso considerando que sean de público conocimiento y debidamente informados que consideren aspectos como el rendimiento académico en establecimiento de origen (ranking), los propedéuticos y los procesos de nivelación.
Además, se deberá garantizar el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.
3.- Nuevos Sistema de Financiamiento Estudiantil
a) Se promoverá una reestructuración total del sistema de educación superior enfocando a la gratuidad en su totalidad para todas las universidades del consejo de rectores y de esta forma eliminar el endeudamiento de las familias. Para lograr la gratuidad, se debe fortalecer un sistema de financiamiento desde el estado hacia las universidades del Cruch, el cual cubra la totalidad de los aranceles de todas y todos los estudiantes de Chile.
b) Sistema de becas para todos los estudiantes provenientes de familias del 70% de menores ingresos pertenecientes a las instituciones privadas no tradicionales.
c) Finalmente crear un sistema único de fondo solidario para el 30% restante de los y las estudiantes de Chile que estén dentro de las instituciones privadas que no lucren, eliminando así el CAE y la banca privada del sistema financiero universitario.
De la misma manera, las ayudas estudiantiles complementarias deberán reajustarse y ampliar su cobertura a la totalidad de los y las estudiantes del país.
d) Las Universidades privadas que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos deberán cumplir los siguientes estándares:
Ausencia total de fines de lucro
Acreditación Institucional, en todas las categorías.
Garantizar los principios de libertad de asociación y expresión.
Asegurar y Promover la existencia de Federaciones Estudiantiles.
Transparencia total del uso de sus recursos financieros.
d) De los montos arancelarios a los planes de estudio privados, los aranceles se establecerán en el futuro mediante una formula conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación y la superintendencia de educación superior.
Los aranceles no podrán sufrir alzas de manera unilateral por ninguna entidad de educación superior que sean receptoras directa o indirectamente de fondos públicos.
4.- Nueva Institucionalidad
a) Creación de Superintendencia de Educación Superior
Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior.
Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda institución de educación superior.
Este organismo deberá velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Será obligatoria la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior, incluyendo publicación de Fecu semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos gastos y vínculos contractuales
b) Nuevo Sistema Nacional de Acreditación
Se establecerá la acreditación obligatoria para todas las instituciones de Educación Superior y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes que incorporen criterios de calidad, de adecuación de la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la existencia de organismos estudiantiles, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema d acreditación debe ser prioritario y previo cualquier expansión de recursos al sector privado.
5.- Democratización
El Sistema de educación superior deberá garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías Constitucionales sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución.
Se propondrá a la participación de los distintos estamentos de la comunidades universitarias en los cuerpos colegiados, para lo cual se impulsaran las reformas legales correspondientes, apoyando la derogación de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009 Mineduc, para acabar con las prohibiciones legales que impidan la participación de la comunidad universitaria en este ámbito, garantizando además el derecho a la organización de los estamentos en todas las instituciones de educación superior.
6.- Derechos Educativos y lingüísticos de los Pueblos Originarios
Garantizar un sistema educacional inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo. Para esto se propone:
1. Creación de una Universidad Estatal pública e Intercultural.
2. Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.
3. Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.
4. Reconocimiento jurídico de los espacios utilizados por estudiantes indígenas (Hogares indígenas), además de la implementación de una política pública de Hogares.
B.- Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales
El país está en deuda con la formación técnico profesional de la educación superior. Se debe revisar no sólo la transición y acceso desde la enseñanza media, los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparte sino también, poner fin al actual sistema de lucro y negocio que se ha apoderado de los CFT y de los IP. Esta realidad afecta en particular a los estudiantes de los sectores más vulnerables del país.
Se prohibirá que recursos públicos de cualesquier índole sean transferidos directa o indirectamente a los CFT e IP con fines de lucro, estableciendo un plazo razonable pero acotado para cumplirlo
Asimismo, y en ausencia de establecimientos que cumplan una función pública, el Estado deberá asegurar la presencia de oferta educativa estatal de centros de formación técnica e institutos profesionales en todas las regiones del país, creando una Red Nacional de Educación Técnica gratuita y de calidad.
Estudiantes de Chile
Pero al mismo tiempo, deja ver un proceso mucho más complejo y de larga data de crecimiento y acumulación de fuerza, que poco a poco empieza a dar pasos más y más importantes, dejando claro que este 2011 representa un punto de inflexión en el desarrollo de la lucha de clases en Chile. Basta con observar el comportamiento de la movilización estudiantil que a lo largo del proceso se fue haciendo más y más concreto a medida que apuntaba a los aspectos estructurales del modelo educativo, y que al mismo tiempo buscó hacer más difícil una salida “por arriba”, en el estrecho marco de las políticas del Estado y su institucionalidad, que tiene al mercado en un rol preponderante al buscar una solución a los conflictos y necesidades sociales. Lamentablemente algunos sectores han insistido por decantar la movilización apelando a cambios en este mismo sentido, buscando realizar un plebiscito “ciudadano”.
Es por eso que la propuesta de más abajo, con sus limitaciones y aciertos (que no podemos por espacio desarrollar hoy) deje entrever mucho más que una mera crisis educacional, sino que la la primera crítica contundente y de masas al modelo neoliberal. De ahí su radical importancia y punto de referencia obligado para la continuidad y desarrollo del movimiento social.
Sólo dos visiones: la educación como derecho social o como bien de consumo.
La visión de la clase dominante queda clara en lo insatisfactorio que resulta su pronunciamiento sobre los aspectos centrales de lo demandado por el movimiento. El fin al lucro, el fin de la municipalización y el concebir la educación como un derecho social, han sido ideológicamente asumidas por el gobierno en sus respuestas. Esto se ve en la centralidad con la que se adopta “la calidad de la educación” (con todo lo indefinido del concepto), en el aseguramiento de la cobertura pública hasta la enseñanza media, la “desmunicipalización” excepcional ante malos rendimientos y la supervisión, por medio de una nueva superintendencia, al lucro, ya prohibido por ley en las universidades (pero permitido en Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales).
Los libertarios y las Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena
De esta manera se intenta desviar la atención, desde las exigencias de cambios estructurales a cambios cosméticos que no toquen el sentido dado a la educación, quedando la democracia exigida en un mero formalismo, e intentando dejar en segundo plano la participación del movimiento, privilegiando al parlamento y los llamados a acuerdos a nivel partidario sin participación de masas. Lo que se rechaza es el empoderamiento de las comunidades y los avances en la disputa de proyecto educativo y social.
El escenario descrito muestra que se comienzan a definir dos bandos en confrontación, por un lado el de los poderosos, más definido y con su proyecto en aplicación desde la esfera privada y el Estado, y por el otro los explotados aún configurándose, impulsados por el auge de la lucha masas y la movilización. Actualmente la correlación de fuerzas es favorable a los primeros por amplio margen mientras intentan evitar cambios radicales en torno al tema educativo, por lo que una victoria necesita abrir espacios políticos actualmente cerrados para el proyecto revolucionario a pesar de la inédita convocatoria y el alto grado de movilización existente. La rigidez del gobierno, junto a los llamados a la negociación parlamentaria y al plebiscito son las armas con las cuales se intenta institucionalizar una salida y lograr una resolución afín al sistema, pero no debemos olvidar que es esta misma cerrazón la que provoca que muchas luchas menores puedan transformarse en coyunturas significativas.
Las Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena
El sistema educacional chileno se debate en una profunda crisis estructural, sus bases programáticas, sus objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así como sus alcances y competencias, fueron concebidos para un momento histórico largamente rebasado.
Las movilizaciones de los estudiantes, profesores, rectores y trabajadores de la educación, que han conmovido al país en las últimas semanas, han puesto en el centro del debate, la necesidad de abordar integralmente esta crisis estructural y avanzar hacia la REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN CHILENA.
Hoy queremos emplazar a los actores políticos del país, y en particular a los representantes del Congreso Nacional, que se comprometan explícitamente con la demanda social de impulsar y garantizar una reforma estructural al actual modelo educativo predominante en el país, haciendo suyo el compromiso de implementar dicha reforma.
Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo Proyecto Histórico de Desarrollo democrático que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos. Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile, y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo formación.
El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático, para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de autodeterminarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno.
La educación debe ser pluralista, para garantizar el libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento, que permita el tratamiento integral y crítico de los temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica adoctrinante.
La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios.
La educación debe ser capaz de formar sujetos, profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social.
La educación pública debe ser gratuita, en todos sus niveles, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica.
En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad.
Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social.
Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país.
EJES FUNDAMENTALES
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, proponemos avanzar en los siguientes ejes fundamentales, en torno a los cuales emplazamos a los parlamentarios para que se comprometan explícitamente a legislar favorablemente son:
I.- La Reforma Constitucional.
La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación pre-escolar, básica y media.
Asimismo, a nivel de Educación Superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar la un titulo de educación superior.
II.- Educación Escolar
La Educación Escolar contempla tanto la educación pre-básica, básica y media. Y en la educación media, tanto la científico-humanista como la politécnica o técnica profesional.
En este contexto, y sin perjuicio de otras materias, en lo fundamental se impulsara:
A-. La Desmunicipalización de la Educación
Se creará en su reemplazo un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado, con la forma de Servicios Públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública escolar. La creación de esta nueva institucionalidad debe ser discutida con todos los actores: profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados.
Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública.
B-. Nuevo Sistema de Financiamiento
El Nuevo sistema de financiamiento asegurará un aporte basal para todos los establecimientos educacionales vía presupuesto y no según asistencia, para lo cual se implementará un calendario a través del cual se pondrá fin al sistema de financiamiento compartido y de toda forma de lucro en los establecimientos que reciban financiamiento público.
C-. Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad
Debe avanzarse en una nueva ley de carrera profesional docente basada en el mérito y la experiencia, que considere etapas de desarrollo profesional, que dignifique a los profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo profesional, valoración social y formación continua, contando con un fuerte sistema de acreditación, además de una adecuada relación de horas lectivas y no lectivas, todo lo cual permite garantizar una docencia de excelencia en el sistema público de educación.
Además, debe crearse una normativa para los asistentes de la educación, fundada en la dignidad y calidad. Se debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos trabajadores.
D.- Regulación y control de la creación de nuevos establecimientos subvencionadas
La suspensión inmediata de la creación de nuevos establecimientos subvencionados hasta que se definan parámetros objetivos que justifiquen la creación de nuevos establecimientos y hasta que se encuentre operando la nueva institucionalidad escolar vinculada a: la superintendencia de educación, la agencia de la calidad de la educación, la nueva estructura publica de administración de la educacional y, se haya implementado las correcciones al sistema de financiamiento de la educación escolar.
E.- Transporte Escolar
Asegurar un servicio eficiente y suficiente de transporte escolar gratuito y seguro para todos los estudiantes-especialmente en regiones, durante los 365 días del año.
F.- Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de Infraestructura Escolar
Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los establecimientos educacionales públicos, de manera de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en condiciones elementales de dignidad y sanidad.
G.- Educación Politécnica o Técnico Profesional
En el país no existe una política de Estado en materia de la educación técnica; ni en su nivel secundario, ni en su nivel de educación superior, ni tampoco respecto a la integración entra ambas.
La educación técnico–profesional o politécnica a nivel escolar deberá contar con un sistema de financiamiento propio, donde se garantice la infraestructura de acorde con los avances científico-técnicos para hacerla calificada y apropiada a las respectivas especialidades.
Asimismo, a los estudiantes de la educación poli-técnico deberán contar con garantías básicas para el desarrollo integral de sus procesos educativos, incluyendo seguros apropiados y prácticas profesionales pertinentes y fiscalizadas.
H.- Democratización
Democratizar los espacios de participación estudiantil secundaria, reformulando el decreto N° 524 con respecto a los Centros de Estudiantes, fortaleciendo así, el rol de estos y reconociendo legalmente Federaciones Estudiantiles Secundarias.
También, y a través de Consejos Escolares resolutivos, debe garantizarse la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad escolar, dándoles un marco legal donde se especifique su rol obligatorio y periódico.
III.- EDUCACION SUPERIOR
La educación terciaria en Chile ha crecido de manera explosiva y desregulada durante las últimas dos décadas. Su crecimiento no ha sido fruto de una política nacional que persiga objetivos determinados sino al contrario, ella ha sido inorgánica, con calidades heterogéneas y de altísimo costo, respondiendo a lógicas de mercado y no a un plan de desarrollo nacional.
Hoy se requiere impulsar una reforma al Sistema de Educación Superior que tenga como principios rectores que:
La Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordado con visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.
El sistema de Educación Superior debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.
El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria de modo de llevarlo, en un período razonable, al menos, al promedio de los países de la OECD y así no seguir gravando a las familias el costo de esta.
A.- Educación Universitaria
1.- Financiamiento Institucional
a) Creación de un Aporte Basal a las Universidades Públicas, que plasme un nuevo trato entre el Estado y las Universidades que le pertenecen, que reconozcan el compromiso educacional y financiero que para ellas tiene el Estado, frenando así la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones y garantizando la gratuidad de sus estudiantes.
b) Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, permanentes y progresivos para el crecimiento, desarrollo local y sustentabilidad de las Universidades del Cruch, con el objeto de garantice sus proyectos de bien público. Asimismo, se deberá reajustar anualmente según el IRSP, para que las justas remuneraciones de los trabajadores, no dependan del alza de aranceles de los estudiantes.
c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición estableciendo que serán las comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar orientado con prioridad:
• Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas Cruch)
• Condición Regional
• Composición socio-económica de sus estudiantes
• Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)
2.- Nuevos Sistemas de Accesos:
Más Equitativo y que Garantice Igualdad de Oportunidades.Avanzar decididamente a un sistema más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos y todas, tal que permitan que las universidades del Cruch cumplan cabalmente el rol social y de vocación pública para la que fueron creadas.
Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en el proceso de admisión y evaluar de manera transparente su pertinencia.
Avanzar en la creación de mecanismos complementarios de acceso considerando que sean de público conocimiento y debidamente informados que consideren aspectos como el rendimiento académico en establecimiento de origen (ranking), los propedéuticos y los procesos de nivelación.
Además, se deberá garantizar el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.
3.- Nuevos Sistema de Financiamiento Estudiantil
a) Se promoverá una reestructuración total del sistema de educación superior enfocando a la gratuidad en su totalidad para todas las universidades del consejo de rectores y de esta forma eliminar el endeudamiento de las familias. Para lograr la gratuidad, se debe fortalecer un sistema de financiamiento desde el estado hacia las universidades del Cruch, el cual cubra la totalidad de los aranceles de todas y todos los estudiantes de Chile.
b) Sistema de becas para todos los estudiantes provenientes de familias del 70% de menores ingresos pertenecientes a las instituciones privadas no tradicionales.
c) Finalmente crear un sistema único de fondo solidario para el 30% restante de los y las estudiantes de Chile que estén dentro de las instituciones privadas que no lucren, eliminando así el CAE y la banca privada del sistema financiero universitario.
De la misma manera, las ayudas estudiantiles complementarias deberán reajustarse y ampliar su cobertura a la totalidad de los y las estudiantes del país.
d) Las Universidades privadas que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos deberán cumplir los siguientes estándares:
Ausencia total de fines de lucro
Acreditación Institucional, en todas las categorías.
Garantizar los principios de libertad de asociación y expresión.
Asegurar y Promover la existencia de Federaciones Estudiantiles.
Transparencia total del uso de sus recursos financieros.
d) De los montos arancelarios a los planes de estudio privados, los aranceles se establecerán en el futuro mediante una formula conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación y la superintendencia de educación superior.
Los aranceles no podrán sufrir alzas de manera unilateral por ninguna entidad de educación superior que sean receptoras directa o indirectamente de fondos públicos.
4.- Nueva Institucionalidad
a) Creación de Superintendencia de Educación Superior
Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior.
Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda institución de educación superior.
Este organismo deberá velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Será obligatoria la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior, incluyendo publicación de Fecu semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos gastos y vínculos contractuales
b) Nuevo Sistema Nacional de Acreditación
Se establecerá la acreditación obligatoria para todas las instituciones de Educación Superior y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes que incorporen criterios de calidad, de adecuación de la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la existencia de organismos estudiantiles, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema d acreditación debe ser prioritario y previo cualquier expansión de recursos al sector privado.
5.- Democratización
El Sistema de educación superior deberá garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías Constitucionales sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución.
Se propondrá a la participación de los distintos estamentos de la comunidades universitarias en los cuerpos colegiados, para lo cual se impulsaran las reformas legales correspondientes, apoyando la derogación de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009 Mineduc, para acabar con las prohibiciones legales que impidan la participación de la comunidad universitaria en este ámbito, garantizando además el derecho a la organización de los estamentos en todas las instituciones de educación superior.
6.- Derechos Educativos y lingüísticos de los Pueblos Originarios
Garantizar un sistema educacional inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo. Para esto se propone:
1. Creación de una Universidad Estatal pública e Intercultural.
2. Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.
3. Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.
4. Reconocimiento jurídico de los espacios utilizados por estudiantes indígenas (Hogares indígenas), además de la implementación de una política pública de Hogares.
B.- Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales
El país está en deuda con la formación técnico profesional de la educación superior. Se debe revisar no sólo la transición y acceso desde la enseñanza media, los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparte sino también, poner fin al actual sistema de lucro y negocio que se ha apoderado de los CFT y de los IP. Esta realidad afecta en particular a los estudiantes de los sectores más vulnerables del país.
Se prohibirá que recursos públicos de cualesquier índole sean transferidos directa o indirectamente a los CFT e IP con fines de lucro, estableciendo un plazo razonable pero acotado para cumplirlo
Asimismo, y en ausencia de establecimientos que cumplan una función pública, el Estado deberá asegurar la presencia de oferta educativa estatal de centros de formación técnica e institutos profesionales en todas las regiones del país, creando una Red Nacional de Educación Técnica gratuita y de calidad.
Estudiantes de Chile
