El lado oscuro del Imperio yanke

"Este sistema no es nuevo en los EEUU. Como otras “tradiciones” norteamericanas, hunde sus raíces en los inicios de la colonización. Desde los orígenes de los EEUU, los presos eran “alquilados” a los productores. Tras la guerra civil, la desaparición de la esclavitud no implicó la desaparición de los negros en el trabajo forzado en los campos de algodón. Arrojados al libre mercado en el que no encontraron puesto de trabajos, los negros fueron condenados masivamente por pequeños robos y hurtos a los que se vieron abocados para sobrevivir. En Georgia, entre 1870 y 1910, el 88% de los convictos alquilados a los plantadores eran negros. En Alabama, 93% de los mineros contratados por el mismo sistema de “alquiler de presos”, eran, así mismo, negros. En Mississipi, existió la explotación Parchman hasta 1972 en la que los presos seguían trabajando. Como se ve el sistema del trabajo de presos no es nuevo en EEUU.

Queda ahora por nombrar a las principales expresas que contratan trabajo penitenciario, esto es, trabajo esclavo. La mayoría de sus nombres son suficientemente conocidos en Europa. Observen: IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless, Texas Instrument, Dell, Compaq, Honeywell, Hewlett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northerm Telecom, TWA, Nordstrom, Revon, Macy's, Pierre Cardin, Target Stores, y muchas otras más. Todas estas empresas gozan de una excelente salud económica y podrán ascender el salario que pagan a los presos, pero las necesidades de crecimiento de la cuenta de beneficios, exigida por los inversionistas, desaconsejan la aplicación de salarios humanitarios.

En las prisiones públicas del Estado de Colorado se pagan 2 dólares por hora trabajadlos salarios llegan a 2 dólares la hora, pero en ese mismo Estado, en la industria carcelaria, se pagan 17 centavos por hora trabajada. El salario mensual llega a 20 dólares… lo que implica una renta anual del preso, similar a la media de los Estados africanos más subdesarrollados y olvidados. Nunca se ha pagado, en ninguna prisión privada de EEUU más de 50 centavos hora. El dudoso honor de haber alcanzado este “espléndido” techo salarial corresponde a una prisión de Tennessee."


"Ante el encarecimiento de almacenar a tantos presos en sus cárceles, Gran Bretaña fue el primer país en aplicar el trabajo forzado durante el siglo XIX (en minas o construcción de infraestructuras), pero hasta 1853 no diferenció el trabajo asignado a los distintos tipos de criminales en función de la gravedad de su delito. También las potencias coloniales alentaban a los infractores a optar por alistarse en los ejércitos en lugar de ser encerrados en una cárcel (como Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial). O en tiempos de paz, el destierro a colonias deshabitadas era una solución frecuente que, colonizando nuevos territorios, alejaba a los indeseables de la metrópolis.

Australia recibió como primeros pobladores europeos a unos 800 presos británicos, en una fecha que se conmemora hoy como día nacional. A lo largo de las décadas posteriores, miles de reos fueron a poblar los centros de detención y de trabajo forzado de diversas instalaciones carcelarias coloniales. Francia creó colonias penitenciarias en sus posesiones sudamericanas de Guayana Francesa, célebres por el trato brutal que recibían los presos hasta su clausura a mediados del siglo XX."

"EEUU es uno de los dos paises del mundo (el otro es Somalia) que no ratifico la Convencion de los Derechos del Niño. En 1994, James Grant, que era entonces Director Ejecutivo del UNICEF, al presentar en una conferencia de prensa la publicacion "El Progreso de las Naciones 1994", dijo que la situacion de los niños en los Estados Unidos de America del Norte era la peor de todo el mundo industrializado.

En efecto, en dicho pais el 20% de los niños viven por debajo del umbral de pobreza, mientras en otros paises industrializados ese porcentaje varia entre aproximadamente el 5% en Europa occidental y el 10% en Canada, Australia y el Reino Unido. Tambien se estima que en Estados Unidos son victimas de abandono, malos tratamientos o violencias sexuales tres millones de niños por año, tres veces mas que en 1980.

En el informe de 1996 de la Relatora especial de la Comision de Derechos Humanos sobre la venta de niños, la prostitucion infantil y la utilizacion de niños en pornografia, se citaba un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de America del Norte, en el que se estima en 300.000 el numero de niños prostituidos en dicho pais. La misma cifra, aunque de distinta fuente, se cita en la publicacion del UNICEF "El Progreso de las Naciones 1995".

La Relatora reitero dicha cifra en su Informe de 1997 sobre su mision a Estados Unidos realizada en diciembre de 1996, en la que agregaba que, en ese pais, el 22,7% de los menores de 18 años viven por debajo del umbral de pobreza. El trabajo infantil, aunque no tiene la magnitud que alcanza en algunos paises del tercer mundo, existe en gran escala en talleres clandestinos o mas o menos clandestinos en Nueva York, Los Angeles y otras ciudades y es habitual en el campo. Desde 1992, casi todos los Estados de los Estados Unidos han aprobado leyes que permiten juzgar a los menores como adultos.

Varios Estados han fijado en 10 años la edad limite, salvo Michigan que no ha establecido limite alguno. En los ultimos diez años han sido ejecutadas 12 personas que habian sido condenadas por delitos cometidos siendo menores de edad. Unas 70 personas que delinquieron cuando eran menores de edad aguardan en prision el momento de ser ejecutados. Desde que se restablecio la pena de muerte en 1976, han sido ejecutadas en Estados Unidos mas de 600 personas, de las cuales cerca de 200 en el Estado de Texas.

En Estados Unidos hay dos millones de presos (el doble que hace diez años), lo que constituye la mayor poblacion carcelaria del mundo en proporcion al total de habitantes.

Las prisiones privadas (120 con 120.000 detenidos) son un excelente negocio, en detrimento de los derechos, la salud y seguridad de los alojados en ellas. El trato en las prisiones es brutal, tanto en las prisiones urbanas como en las "work farms", verdaderos campamentos de trabajos forzados, como el de Silverdale, Tennessee. En los Estados de Texas, Arkansas y Louisiana los prisioneros estan forzados a trabajar en el campo gratuitamente.

Es frecuente el abuso sexual contra las mujeres encarceladas. El trabajo en las prisiones para empresas privadas esta generalizado, por un salario bruto en torno a los cinco dolares por hora (que neto se reduce a unos dos dolares, pues los descuentos pueden elevarse hasta el 80 por ciento del salario) y de el se benefician grandes y conocidas empresas.

Los inmigrantes ilegales cuya orden de expulsion no puede cumplimentarse quedan internados en centros de detencion o en prisiones sin derecho alguno y en condiciones deplorables, situacion que puede prolongarse indefinidamente. Se estima en 13.000 el numero de personas en esa situacion. La Corte Suprema ha confirmado una decision de una Corte de Apelaciones que sostuvo que dichos internados no son titulares de ningun derecho constitucional porque en realidad no estan en los Estados Unidos, sino simplemente a cargo del Servicio de Inmigracion y Naturalizacion (INS).

Para reprimir a movimientos sociales, los metodos empleados van de los asesinatos, como ocurrio con los "panteras negras", hasta los procesos judiciales amañados, como es el caso, entre varios otros, de Leonardo Peltier, condenado a una larga pena de prision y de Mumia Abu Jamal, condenado a muerte. En Estados Unidos de America se ha reconocido oficialmente que se hicieron experiencias con materiales radioactivos con enfermos mentales, mujeres embarazados y ciudadanos corrientes; y tambien se ha reconocido oficialmente haber utilizado durante años a 400 personas de raza negra como cobayos para experiencias medicas (se los privo de tratamiento contra la sifilis para estudiar la evolucion de la enfermedad en esas condiciones).

Estados Unidos ha asumido la representacion de los intereses de las sociedades transnacionales farmaceuticas ante la Organizacion Internacional del Comercio con su reclamo contra Brasil (actualmente en curso) a fin de impedir a este ultimo pais producir medicamentos esenciales a bajo precio, entre ellos los destinados a combatir el sida. Pese a la existencia de una Convencion Internacional (a la que Estados Unidos no adhirio) contra el reclutamiento, la utilizacion, la financiacion y el entrenamiento de mercenarios, los Estados Unidos de America utilizan ampliamente los mercenarios tanto en el plano interno como en Colombia y en las misiones asi llamadas de mantenimiento de la paz en Croacia, en Bosnia- Herzegovina y en Kosovo. Los Estados Unidos violan sistematicamente el derecho internacional y los derechos humanos manteniendo el bloqueo contra Cuba desde hace casi 40 años y forzando al Consejo de Seguridad a mantener el embargo contra Irak y en la invasion a Panama y las guerras del Golfo y de Yugoslavia ha violado los Convenios de Ginebra sobre derecho humanitario en tiempo de guerra. Con el Plan Colombia y con sus bases militares y presencia militar en varios paises americanos (Manta, Ecuador, Vieques, Puerto Rico, Guantanamo, Cuba, etc.) y en paises de otras regiones, crea zonas de tension, agrava conflictos internos y crea las condiciones para la internacionalizacion de algunos de ellos. Por todo ello, la Asociacion Americana de Juristas expresa su satisfaccion por la decision del Consejo Economico y Social de excluir a los Estados Unidos de la Comision de Derechos Humanos y espera que la misma sirva como advertencia a dicho pais para que ponga un freno a la arrogancia con que trata a la comunidad internacional y para que cese de menospreciar los derechos humanos de su propio pueblo y de los demas pueblos del mundo."

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The "trustee system" was a strict system of discipline and security in the US made compulsory under Mississippi state law (but also used in other states, such as Arkansas, Alabama, Louisiana and Texas) as the method of controlling and working inmates at Mississippi State Penitentiary at Parchman, Mississippi's only prison. It was designed to replace convict leasing. Under this system, designated inmates were used by staff to control and administer physical punishment to other inmates according to a strict prison-determined inmate hierarchy of power.[1] The case of Gates v. Collier (Gates v. Collier Prison Reform Case, 1970–1971) ended the flagrant abuse of inmates under the trustee system and other prison abuses which had continued essentially unchanged since the building of the prison in 1903 in Mississippi. Other states using the trustee system were also forced to give it up under this ruling.[2]

Parchman Farm, as the prison was originally called, was built in 1903 on the rich soil of the Mississippi Delta. By Mississippi law, the prison was required to pay for itself and even make a profit for the state. This essentially meant the State was entering into business, using no cost labor. This was harmful to normal businesses, which had to bear the normal cost of labor. The prison warden was in complete control of the prison, without outside interference. Its operations essentially remained much the same from 1903 until the Gates v. Collier Prison Reform Case (1970–1971) forced it to change. In 1911, the New York Times wrote an article praising the Mississippi prison system for its for-profit approach to incarceration.[3]

The prison had approximately 16,000 acres (65 km2) of farmland and grew such cash crops as cotton as well as engaged in livestock production. Although the population of the prison was around 1,900 inmates (two thirds of whom were black and in segregated units), by law only a maximum of 150 staff members were allowed to be hired to minimize operating costs. Thus the farm labor was done by inmates. The bulk of guarding and disciplining of the inmates was performed by inmate trusties. They also performed most of the administrative work, supervised by a few employees. Therefore the inmate trusties essentially controlled inmate care and custody.[1] Essentially, the trusties ran the prison system.[4]

Highest in the prison inmate hierarchy were the inmates armed with rifles, called the "trustee shooters". Their job was to act as prison guards and control other inmates on a day-to-day basis in the residential camps or out on the field work crews. Next came the unarmed "trusties" who performed janitorial, clerical and other menial tasks for the prison's staff. Simple tasks, such as distributing medication, were carried out by other categories of inmates such as "hallboys". Inmate trusties enforced discipline within the prison inmate living quarters (16 different residential camps) and in the work camps and farms. In addition to punishment administered on site, inmate trusties could recommend further punishment in the special punishment area for disobedient or disruptive inmates.[5]

According to attorney Roy Haber who handled the series of litigation cases brought by the American Civil Liberties Union against the Trustee system, inmates were whipped with leather straps for failing to pick their daily quota of cotton. The farm's camps of black inmates was supervised by one white sergeant, while under him the black inmate "trustee shooters", serving sentences for murder, carried rifles and enforced discipline.[6]

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Convict leasing was a system of penal labour instituted in the American South after the emancipation of slaves by the Thirteenth Amendment to the United States Constitution in 1865. Convict leasing involved leasing out prisoners to private companies that paid the state a fee. The convicts worked for the companies during the day (convicts were usually not paid) outside the prison and returned to their cells at night. Criminologist Thorsten Sellin, in his book Slavery and the Penal System, says that the sole aim of convict leasing “was financial profit to the lessees who exploited the labor of the prisoners to the fullest, and to the government which sold the convicts to the lessees.”[1]

Use of the Convict Leasing System in the United States can be traced to the Reconstruction Period (1865–1876), after the end of the Civil War. Farmers and businessmen needed to find replacements for the labor force once their slaves had been freed. On May 11, 1868, Thomas Rugor, Georgia's provisional governor, issued a convict lease for 100 African American prisoners to William Fort for work on the Georgia and Alabama Railroad as a solution to the labor shortage problem.[2]

The Convict Lease System quickly became widespread and was used to supply labor in railroad, mining, farming, and logging operations.[3] Offenders who were leased out to private enterprises often suffered neglect, abuse, and brutality.[4] Convict leasing began in Texas by 1883 and was abolished in 1910.[5]

Although opposition to the system was growing, state politicians resisted calls for its elimination. In states where the convict lease system was used, revenues from the program contributed to 372% of the costs of prison administration.[6] The practice was extremely profitable for the government, not to mention those business-owners who utilized convict labor. However, there were other built-in problems with convict leasing and over all employers became more aware of the disadvantages
One result of this practice was the shift in prison populations to predominately African-American following the war. Data for Tennessee prisons demonstrates this change. African-Americans represented only 33 percent of the population at the main prison in Nashville as of October 1, 1865, but by November 29, 1867, the percentage had increased to 58.3. By 1869 it had increased to 64 percent and it reached an all-time high of 67 percent between 1877 and 1879.[1] Prison populations also increased. In Georgia there was a tenfold increase in prison populations during a four-decade period (1868–1908); in North Carolina the prison population increased from 121 in 1870 to 1,302 in 1890; in Florida the population went from 125 in 1881 to 1,071 in 1904; in Mississippi the population quadrupled between 1871 and 1879; in Alabama it went from 374 in 1869 to 1,878 in 1903 and to 2,453 in 1919.[1]

The convict lease system was slowly phased out in the early 20th century, with Alabama being the last state to outlaw the practice in 1928. While some believe the demise of the system can be attributed to exposure of the inhumane treatment afforded the convicts,[9] others point towards causes ranging from comprehensive legislative reform packages to political retribution or payback.[10]Though, the convict lease system, as such, disappeared, yet other forms of convict labor continued (and still exist today) in various forms. These other systems included plantations, industrial prisons, and the famous “chain gang.”[1]

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A chain gang is a group of prisoners chained together to perform menial or physically challenging work, such as mining or timber collecting, as a form of punishment. Such punishment might include building roads, digging ditches or chipping stone. This system existed primarily in the southern parts of the United States, and by 1955 had been phased out nationwide, with Georgia the last state to abandon the practice.[1] Chain gangs were reintroduced by a few states during the "get tough on crime" 1990s, with Alabama being the first state to revive them in 1995. The experiment ended after about one year in all states except Arizona,[2] where in Maricopa County inmates can still volunteer for a chain gang to earn credit toward a high school diploma or avoid disciplinary lockdowns for rule infractions.[3]

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Corporal punishment is the deliberate infliction of pain as retribution for an offence, or for the purpose of disciplining or reforming a wrongdoer, or to deter attitudes or behaviour deemed unacceptable. The term usually refers to methodically striking the offender with an implement, whether in judicial, domestic, or educational settings.

Corporal punishment may be divided into three main types:

parental or domestic corporal punishment: within the family -- typically, children punished by parents or guardians;
school corporal punishment: within schools, when students are punished by teachers or school administrators;
judicial corporal punishment: as part of a criminal sentence ordered by a court of law. Closely related is prison corporal punishment, ordered either directly by the prison authorities or by a visiting court.
The corporal punishment of minors within the home is lawful in all 50 of the United States and, according to a 2000 survey, it is widely approved by parents.[1] It has been officially outlawed in 26 countries around the world.[2]

Corporal punishment in school is still legal in some parts of the world, including 20 of the States of the USA, but has been outlawed in other places, including Canada, Kenya, Japan, South Africa, New Zealand, and nearly all of Europe except the Czech Republic[3] and France.[4]

Judicial corporal punishment has virtually disappeared from the western world but remains in force in many parts of Africa and Asia.

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