La represión estatal como proceso de violencia política

En esencia, la represión consiste en “la acción de gobierno que discrimina brutalmente a personas o a organizaciones que se considera que presentan un desafío fundamental a las relaciones de poder existentes o las políticas clave del gobierno”. Es, por tanto, un acto contra la integridad personal o colectiva, y es desplegada por los gobiernos, pero también por organizaciones internacionales o por grupos profesionales; es decir, por aquellas instituciones dotadas de autoridad legítima o de facto, y de medios coactivos para hacer respetar esa autoridad como parte de un ordenamiento legal en vigor. En tanto que actos de limitación de derechos, la represión aparece como un concepto muy cercano a la noción de violencia política. Pero entendida como el conjunto de mecanismos legales dirigidos al control y a la sanción de conductas “desviadas” en el orden ideológico, político, social o moral, la represión queda más cerca del concepto de fuerza legítima monopolizada por los gobiernos descrita por Weber, y asumida por la sociología más conservadora. De modo que, como la violencia, la represión es un concepto valorativo, sometido a los vaivenes del debate sobre su licitud o su ilegitimidad.