LA TIERRA EN COLOMBIA -LOS VERDADEROS AUTORES DEL DESPOJO (I) y (II)

Jesús Santrich, integrante del EMC de las FARC-EP escribió:
LA TIERRA EN COLOMBIA, LOS VERDADEROS AUTORES DEL DESPOJO (I)

Se requiere ser muy mentiroso y
sinvergüenza para afirmar, como lo ha hecho Juan Manuel Santos, que la
guerrilla y otros factores armados a los que revuelve con esta para
engatusar incautos, son quienes han arrebatado más de 700 mil hectáreas
de tierra a los campesinos.


No es por tonto que el personaje de
marras expresa semejante absurdo, pues él bien sabe cómo está
configurado el asunto de la distribución, propiedad y uso de la tierra
en Colombia, y sabe cómo está definido el asunto de la territorialidad.

La
existencia de latifundios en poquísimas manos de oligarcas que han
arrebatado la tierra a los más pobres es un antiquísimo problema
estructural que subyace como una de las principales causas del conflicto
político-social y armado que padece Colombia. A finales del año
antepasado el camarada Alfonso Cano se refirió a la cuestión trayendo a
memoria que según estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y
CORPOICA del año 2001, las fincas de más de 500 hectáreas correspondían
al 0.4 % de los propietarios que controlan el 61.2 % de la superficie
agrícola. Esa concentración desbocada e infame de la tierra viene desde
años atrás y no ha cesado ni cesará por cuenta de una perorata embustera
como la del Presidente. ¿Acaso Juan Manuel tiene la noticia de que
entre ese 0.4 % de propietarios están las FARC?

A principios de
enero, El Espectador citó palabras de JM Santos en las que expresaba,
como ya había ocurrido en otras ocasiones, que las FARC se oponen a la
Ley de Restitución de Tierras porque, gracias a ella, “les quitamos el
discurso”, según el cual la tierra es para los campesinos.

Con
vehemencia de culebrero presto a pescar incautos, Juan Manuel ha dicho
que “de manera exitosa ejecutará la Ley” aunque tenga “enemigos de lado y
lado”. Y explica que en “La izquierda radical, las Farc”, está un
enemigo de la Ley, “porque les quitamos el discurso. El discurso de las
Farc es ese: que la tierra es para los campesinos”. A continuación el
Presidente se despacha con su carga de cinismo: “Pues sí: la tierra se
la estamos entregando a los campesinos, y sobre todo a los campesinos
que fueron desplazados”.

En conclusión, para un sujeto experto en
crear “falsos positivos”, como Juan Manuel, resulta que son las FARC
las que arrebataron la tierra y las que no quieren que se le restituya
este preciado bien a los campesinos, mientras él está haciendo su
“revolución agraria”. Y mucho ojo, “no una revolución a punta de fusil
sino con la Constitución y las leyes. Y no es una revolución de lucha de
clases. No son los ricos contra los pobres, son los legales contra los
ilegales. Y es una revolución que va a respetar a todo aquel que tenga
su propiedad legalmente”, Como si ya el territorio no lo hubiesen
preparado a sangre y fuego, con la violencia paramilitar, antes de hacer
lo que ahora se configura como un procedimiento cínico de
“saneamiento”, que con leyes proyecta terminar de arrebatar a los pobres
la tierra para entregarla a las trasnacionales.

En el colmo del
descaro JM Santos dice haber encontrado que “otro enemigo del proceso de
Restitución de Tierras es la extrema derecha, es decir los
paramilitares, quienes se hicieron a muchísima tierra a punta de
violencia y a punta de desplazamiento”. Semejante “inocencia” causa
angustia. El jefe de los “falsos positivos”, el ministro de defensa del
mandatario paramilitar Álvaro Uribe Vélez, diciéndonos esto de que hay
“dos extremos (las Farc y los paramilitares), paradójicamente unidos en
contra de la Ley”.

Las marchas que Juan Manuel paga para
aparentar que respalda a los líderes agrarios con la propagandizada Ley
de Víctimas y de Restitución de Tierras, no son siquiera expresión de
populismo, como algunos piensan, sino de insolencia si miramos en que
los factores de poder que él representa son los que han practicado el
despojo que caracteriza la acumulación capitalista neoliberal que han
impuesto en subordinación absoluta respecto al centro hegemónico yanqui.

Yendo
al grano, en vez de lanzar sofismas de distracción, el Presidente
debería develar los nombres de los verdaderos latifundistas y la forma
criminal como muchos de ellos se han apoderado de predios de comunidades
enteras, sólo para beneficiar la voracidad de las trasnacionales.
¿Acaso no sabe él que entre los llamados “nuevos llaneros”, gente que se
ha hecho a inmensas cantidades de tierra en los Llanos Orientales
aparecen al lado de los holdings brasileños y argentinos, capitalistas
como Luis Carlos Sarmiento o su primo “Pachito” Santos, el mismo que
quería dirigir el paramilitar Bloque Capital y quería electrocutar a los
estudiantes que protestaban contra la reforma neoliberal a la
educación? Ahí están esos elementos apátridas lanzados a la conquista de
los llanos y a la depredación de la Amazonía y la Orinoquía, sin que
personajes tan dolidos por la patria como Erwin Hoyos, Darío Arizmendi,
Salud Hernández, el “eximio” Néstor Morales o Doña María Jimena Duzán,
entre otros, se den por enterados, Y que no crean que con este humilde
comentario se les está siquiera increpando, porque ahora parece ser moda
en el círculo de notables de la desinformación, auto-victimizarse
endilgándole a las FARC no se qué cantidad de amenazas infundadas.

Esta
conquista de los territorios es lo que estimula el gobierno como
reforma o como “revolución agraria”, con estímulos económicos
gubernamentales y el respaldo militar que está puesto en marcha con los
famosos planes de “consolidación”, porque es que hay que cuidarle las
inversiones a las trasnacionales poniendo de guachimanes a los soldados
colombianos, para que las trasnacionales puedan expandir sus
agro-negocios, la extracción de agro-combustibles sembrando palma, maíz,
soya, remolacha y caña azucarera, etc.

En fin…; la “revolución
agraria” de los cínicos como Santos, significa la entrega sumisa a las
multinacionales y conglomerados financieros, ofreciendo negocios
híper-rentables, favorables a la especulación en el mercado mundial de
commodities.

Hablemos claro, como son enormes las dificultades
que generan a las inversiones capitalistas en el campo si no existe
legalidad, titulaciones que laven la cara del despojo sangriento que han
hecho hasta el momento, entonces hay que titular los predios
arrebatados a los campesinos y gentes humildes desplazadas y asesinadas.

Para
eso es que está destinada la Ley de Restitución de Tierras. El
propósito de fondo no es resarcir a los campesinos. El fin es otorgar
seguridad jurídica a los inversionistas, sobre todo si se toma en cuenta
la enorme magnitud que ha logrado el mercado de tierras en el campo de
la especulación financiera.

¿Por qué los “camaradas” chinos no
compraron tierras en el Vichada? Aunque ellos en Colombia estén
proyectando grandes inversiones en infraestructura de transporte y en
proyectos de agro-negocios como la producción de soya y leguminosas, su
negativa o abstención temporal se debió a la inexistencia de títulos de
propiedad. Este es un ejemplo para decir que pasa a ser de gran
trascendencia, no inmediatista sino estratégica para los capitalistas,
la llamada restitución de tierras que permita más adelante, luego de
legalizar los títulos, negociar la propiedad para quedarse con todo o lo
que interese en un proceso de sobre explotación del territorio. La
“restitución”, entonces, no es un acto humanitario y de reconciliación
social de Juan Manuel Santos sino el procedimiento engañoso para darle
marco jurídico a la desposesión violenta que se ha venido haciendo a lo
largo de décadas y que se acentuó especialmente durante el gobierno de
Álvaro Uribe Vélez, del que el actual Presidente fue su Ministro de
Defensa y jefe de los llamados “falsos positivos”.

Para el caso
colombiano, los mismos agentes activos del despojo ahora “hacen el
favor” de amortizar a las víctimas, legalizándoles la posesión para
luego “colaborar” con la compra o toma en arrendamiento del terruño, por
el que sin duda el pobre campesino, quiéralo o no, recibirá una
miseria. Entonces, legalizar títulos, entregar tierra de manera
engañosa, para de inmediato volver al ciclo del despojo envuelto en la
farsa de la compra-venta, o la trampa del arrendamiento, sin que ello
implique, desafortunadamente, que la presión y efectiva acción
coercitiva de los perdonavidas de las trasnacionales y del régimen cese,
es lo que caracteriza la “revolución agraria” de Juan Manuel.

Todo
es un ardid ya conocido en otras latitudes del mundo, para acondicionar
el mercado de títulos y abonar la espacialidad para que proceda la
inversión transnacional sin apremios:
promesas de un mejor medio de
vida, garantías de rentas permanentes…; coacción contra las comunidades o
personas que no consientan la depredación; tal como ahora ocurre en los
municipios que se quieren inundar con la represa El Quimbo.

En
Colombia ya se ha sufrido bastante la desposesión y muy próximo está el
ejemplo de Brasil donde las promesas de mejores medios de vida y de
posibilidad de empleos que vendrían gracias a los contratos de
arrendamiento, han conllevado al abandono de los asentamientos que han
sido arrendados a empresas de caña de azúcar en el llamado cinturón de
la caña de azúcar en el Estado de São Paulo; entre muchos otros, también
tenemos el ejemplo del establecimiento de una plantación de caña en
Kampot Speu, Camboya, donde los empresarios forzaron la expulsión de los
agricultores y las comunidades que tradicionalmente habitaban esas
tierras.

Ahora bien, el gobierno conoce perfectamente que al
menos 2.428 familias de oligarcas controlan aproximadamente el 53.5 % de
la tierra apta para cultivar; esto en contraste con 2.2 millones de
familias campesinas que sobreviven de cualquier manera en el área
restante. Y no es este grueso problema el que pretende resolver el
Presidente con su ridículo plan de “restitución” de tierras. Menos
cuando está claro que en dos décadas las pobrerías agrarias han sido
despojadas de alrededor de 7 millones de hectáreas por los agentes del
Terrorismo de Estado. ¿Para qué, entonces, el gobierno se rasga las
vestiduras, cuando sus manos están sucias de sangre y del fimo del
cinismo está embadurnada su conciencia?

A nadie puede Juan Manuel
Santos ocultar que en Colombia hoy se asiste a una redefinición de las
políticas territoriales, todo para seguir robando y entregando a las
trasnacionales nuestros recursos y nuestra soberanía. Dentro de ese
esquema el plan de “restitución” hace parte del desenvolvimiento de la
reprimarización de la economía ya bastante desnacionalizada, y
subordinada a los intereses imperiales. Santos lo que está haciendo es
darle legalidad a lo que hasta ahora sólo fue un despojo violento y
criminal, definiendo derechos de propiedad y ordenando la geografía de
la misma, delimitando las zonas de reserva campesina, los territorios
indígenas, los espacios de las comunidades afro-descendientes,
formalizando el dominio estatal de los baldíos, para desenvolver con más
rigor y eficacia la acumulación capitalista:

- Organiza el mercado de tierras.
-
Favorece la incursión y consolidación de las trasnacionales en lo que
respecta al acaparamiento del espacio para su depredación.
-
Facilita la explotación a fondo, “dando garantías” al capital, a los
inversionistas, para que accedan a las concesiones sobre los
territorios, y a lo que llaman derechos de superficie.
- Proyecta
con la legalización, un despojo en términos legales porque responderá a
un ordenamiento que se presentará como necesidad o prioridad nacional
sobre la que no se permitirá obstáculo alguno. Cuando se requiera que
alguien transmita su derecho de propiedad esto tendrá que hacerse porque
así lo define la ley y punto o simplemente, a las buenas o a las malas,
se debe ceder la tierra en renta; algo muy “democrático” seguramente;
la democratización del rentismo, que es una forma más cínica del
despojo.
- Así, reiteremos, se le “restituye” la propiedad a los
despojados para luego obligarles al arrendamiento. Se trata de lo que
los especialistas llaman “solución financiarizada de la cuestión
agraria”. Pero como si fuera poco esta reprimarización y
desnacionalización de la economía, cuya base es el despojo de la tierra,
se reforzará el procedimiento con las pretensiones del “Proyecto de Ley
General Agraria y de Desarrollo Rural”, que reordenará el territorio en
función de la depredación; en fin, la dictadura de la entrega del país a
las trasnacionales: por ahora, 38 millones de hectáreas para la
exploración petrolera; 11 millones de hectáreas para la exploración y
explotación mineras; 12 millones de hectáreas para la explotación
forestal también extractiva; 39.2 millones de hectáreas para la
ganadería extensiva; 3.6 millones de hectáreas de producción agrícola,
cuando se tiene un área cultivable de 21.5 millones de hectáreas, de un
total de 114 millones de hectáreas que tiene nuestro país.

Dibujado
este panorama, la insurgencia, aparece como un factor incómodo para que
las transnacionales y sus lacayos oligarcas criollos continúen el
saqueo de la riqueza de los colombianos. De ahí deriva el sufrimiento de
Juan Manuel por la existencia de la insurgencia, más cuando se había
convencido de su propia invención que hablaba del fin del fin de la
guerrilla.

La rendición de nuestras banderas no pasa de ser el
delirio de un servil monigote vende-patria al que nada importa la
destrucción del páramo de Santurbán ni de la gente de la que depende su
riqueza hídrica; nada le importan los destrozos ambientales y sociales
que produzca en el Huila la hidroeléctrica El Quimbo, nada le importa la
suerte de las 500 familias que serán desplazadas de manera obligada
sino el lucro que obtendrá la transnacional EMGESA; nada le importa la
suerte de los cuatro millones de colombianos cuyo abastecimiento de agua
depende de las fuentes de La Colosa en Cajamarca; su interés se centra
en las ganancias que puedan generarle a los capitalistas los 9.000
títulos de explotación y los 20.000 que están en trámite (4 % y 20 % del
territorio nacional respectivamente), dispuestos para alimentar el
hambre de oro de las trasnacionales.

Negocios son negocios, así
que para qué preocuparse por la pauperización creciente de los 12 mil
trabajadores tercerizados en el enclave petrolero de Campo Rubiales. Lo
importante es que en el balance del año 2011 la empresita duplicó sus
ganancias netas.

Así las cosas, que no nos vengan con el
cuentecito de tontos del desarrollo de la economía nacional, pues aquí
en nuestro país ya no hay economía nacional sino el interés de las
trasnacionales; en esta historia lo que impera es la diseminación de los
enclaves extranjeros que nos succionan la sangre, la precarización
laboral para nuestros hermanos trabajadores, la destrucción de nuestros
bosques, la degradación de la tierra con los proyectos que aspiran a la
generación de los agro-combustibles, la entrega desvergonzada de la
Orinoquia y de la Amazonia, del Pacífico, del país entero…, la
reprimarización, la desnacionalización, el favorecimiento al capital
financiero, la mentalidad apátrida contra el bienestar popular.

¿Esta cruda realidad expresa voluntad de paz de parte del régimen?

Jesús Santrich, integrante del EMC de las FARC-EP escribió:
LA TIERRA EN COLOMBIA, LOS VERDADEROS AUTORES DEL DESPOJO (II)

¿Quiénes instituyeron el régimen
excluyente de la propiedad de la tierra que impera en Colombia, el cual
es causa fundamental del conflicto social, político, armado que nos
desangra?

Está por demás diagnosticada la concentración extrema
de la tierra en pocas manos de latifundistas a costa del bienestar de
millones de campesinos lanzados a la miseria durante décadas como
consecuencia del despojo realizado a sangre y fuego por las élites en el
poder.

Se trata de un latifundismo improductivo, que se sostiene
como base de poder tanto en manos de la plutocracia tradicional, como
de los sectores llegados a estas esferas por la vía del narcotráfico y
otros negocios propios de la actual lumpenización de la burguesía
transnacional parasitaria, que ahora no solamente combina negocios
legales e ilegales que van desde la compra-venta a término de petróleo,
hasta el tráfico de drogas, sino que juega sus apuestas también en el
campo especulativo del mercado de la propiedad rural, donde según
estudios de 2009 presentados por la SAC, para el caso colombiano, una
hectárea de tierra valía cuatro veces más que en países de extensión más
pequeña como Ecuador, Uruguay o Paraguay.

La sub-productividad
de la tierra también es evidente si atendemos al Informe de Desarrollo
Humano de la ONU, del mismo año 2009, en el que se registra que aunque
se considera que 21.5 millones de hectáreas de tierra en todo el país
son aptas para la agricultura, sólo se dedican al cultivo 4.9 millones
de hectáreas. Entre tanto, a la ganadería extensiva se dedican 39.2
millones de hectáreas; casi el doble de lo que se requeriría, implicando
que, según FEDEGAN el hato existente de 22.5 millones de bovinos,
resultaba como tener un promedio de dos hectáreas de tierra por res, con
el agravante de que las mejores tierras han sido sembradas de pastos
destinados a sostener esos hatos.

Pero como en una sinrazón, no
son los latifundistas que tienen mejores condiciones para la producción,
sino los pequeños propietarios de la tierra y los aparceros quienes
históricamente han abastecido alrededor del 60 % de los alimentos que se
consumen en Colombia, y hasta surtieron el mercado externo de café
mientras este fue producto principal en la generación de divisas.


Pero preguntemos, ya que ese es el
tema de Juan Manuel: ¿quiénes son los despojadores?, ¿quiénes son los
responsables de que se hubiese acentuado la sub-productividad descrita?:
¿No fueron acaso aquellos que desbocaron la neo-liberalización de la
economía con la famosa apertura económica de los años 90? El señor Cesar
Gaviria debe recordarlo bien, lo mismo que toda la oligarquía que
secundó el modelo que debilitó enormemente la agroindustria al empujar a
la ruina a millones de agricultores, sobre todo minifundistas. Como
resultado más evidente de ese descalabro está que entre 1991 y 2005 el
valor de las importaciones agrícolas creció 424%, mientras las
exportaciones solo aumentaron un 66%.

Entonces, con el auspicio
de la plutocracia meliflua de la que hace parte tanto César Gaviria como
Juan Manuel Santos, es que se ha fortalecido más y más el latifundio,
desatando una guerra sucia que desde hace medio siglo o más contó con
grupos paramilitares como los terribles “pájaros”, que fueron creados
como parte de la “santa alianza” de la aristocracia del llamado Frente
Nacional y que más recientemente los dueños del poder posicionaron como
AUC y otras denominaciones propias de su autocracia gansteril, en las
que confluían junto a los jefes de los carteles de las drogas.

Con
esta estrategia de vieja data, remozada desde los noventa y desbocada
en la última década fue que los oligarcas pro-gringos se apropiaron
violentamente de la tierra de casi cinco millones de campesinos a lo
largo de los últimos veinte años.

Con exactitud nadie sabe cuánta
tierra despojaron, pero ningún estudioso serio del problema baja la
cifra de al menos 6 millones de hectáreas, generando un desplazamiento
infame que ha lesionado a todo el tejido social, el cual aún no cesa.

He
ahí la “Revolución Agraria” que ha venido haciendo “sin lucha de clases
y sin fusiles” el señor Juan Manuel; es una verdadera contra-reforma
que ha derivado en que el llamado índice de Gini referido a la
concentración de la tierra en Colombia pasara en la última década de 0.8
a 0.9 % según datos del Banco Mundial citados por diversos estudiosos
del tema.

Así se está reconfigurando en el campo colombiano la
nueva espacialidad de una economía desnacionalizada, así lo están
estructurando las medidas de desposesión que engordan el latifundio y el
desarrollo de una ruralidad “moderna” sin campesinos, que ha ido
desplazando los cultivos tradicionales en la producción agraria por
monocultivos regionales a manera de mega-proyectos y plantaciones que
tienen el propósito de la generación de agro-combustibles, tal como
ocurre en otras latitudes del mundo destinadas para el mismo fin según
la planificación voraz del imperialismo, ocasionando impactos sociales y
ecológicos devastadores. Como consecuencia, millares de personas sufren
el desplazamiento forzado de sus lugares de hábitat, sólo porque en
ellos se ha decidido que deben enclavar los monocultivos. Millones de
seres humanos desmejoran sus vidas a extremos de indigencia mientras las
transnacionales acrecientan sus ganancias: cinco millones de personas
en Brasil, cuatro en Colombia, cinco más en Indonesia…; gentes que no
tienen recursos para comer, mientras millones de toneladas de alimentos
son destinadas para la generación de los agro-combustibles y una
cantidad inconmensurable de hectáreas de tierra, con la fuerza de las
armas y la represión, se destina para hacer cultivos que tienen el mismo
propósito: alimentar vehículos y no los estómagos hambrientos de los
pueblos.

Quienes han agenciado la expansión de la palma aceitera
en Colombia, por ejemplo, son responsables directos de actividades
paramilitares con las que se ha forzado a sus pobladores a abandonar las
tierras para convertirlas en plantaciones.

Pero el despojo no ha
sido en medio de la mansedumbre. La gente resiste y lo seguirá haciendo
aunque la criminalicen y la tilden de terrorista, pues hoy se trata de
seguir una lucha por transformaciones agrarias que no implican la sola
titulación y redistribución de la tierra despojada. Una lucha por la
reposesión de tierras en cuanto ‘redistribución’ y ‘distribución’ a
favor de quienes fueron objeto de desposesión o nunca han tenido acceso a
la tierra es muy válida y podría comportar un arreglo institucional de
restitución real o de titulación para luego condicionar su uso, tal como
ahora se está imponiendo en Colombia; pero el caso es que la lucha de
hoy implica una lucha contra la desposesión y una lucha por la
reposesión, al lado de una lucha decidida por impedir que se ferien las
tierras públicas, por su no privatización. No se trata, entonces, de
sólo repartir los latifundios sino de enfrentar la “contrarreforma
agraria” que bajo el neoliberalismo global sostiene una oleada de
privatizaciones y re-privatizaciones que para el caso colombiano apunta
al favorecimiento a las transnacionales, ya sea entregando la propiedad o
dando todas las gabelas para su arrendamiento y superexplotación.

Deberemos
defender la tierra que está en manos de los campesinos, deberemos
luchar por la restitución a los desposeídos y en el mismo momento luchar
contra los nuevos procesos de privatización que el modelo santista
prepara, para no terminar pronto ni mucho después debatiendo sólo sobre
asuntos insubstanciales, como que si el arrendamiento deberá ser por tal
o cual cantidad de tiempo , sobre si los procesos de explotación
deberán hacerse mediante contratos para los pequeños o medianos
campesinos o bajo el control directo de las plantaciones por parte de
las transnacionales, o sobre cómo y hasta donde deberán ser los derechos
de dominio. Lo esencial es que luchemos por el control real y pleno que
las pobrerías del campo deben tener sobre la tierra, más allá de las
formalidades de la titulación, o de lo que recen los cuerpos normativos
inventados por las oligarquías vende-patria que gobiernan nuestro país.
Deberemos definir el poder ciudadano sobre la tierra y el territorio,
que es lo mismo que decir el poder ciudadano sobre la patria. No podemos
permitir que el Estado siga detentando el poder que le permite definir
normas abusivas, considerando además que este es un asunto que toca con
derechos esenciales de la humanidad como el de la alimentación, del cual
depende la existencia misma de una sociedad. El Estado no puede seguir
definiendo de manera inconsulta, respecto a las comunidades, directrices
simplistas sobre el uso y propiedad de la tierra, en forma tal que no
se tome en cuenta la realidad respecto al tipo de relaciones sociales
entre sus habitantes.

Fortalecimiento del latifundio, prioridad
de los mercados externos, desnacionalización de la tierra y la
producción, lesión a la soberanía alimentaria, deterioro ambiental
ocasionado con la destrucción indiscriminada del medio que se genera con
la ampliación de la frontera agrícola como con la utilización de
transgénicos, fungicidas y agroquímicos; precarización laboral,
especulación financiera…, son factores característicos de la estructura
agraria en Colombia, la cual desde 1990 hasta hoy, dentro de este marco,
ha sufrido una fuerte concentración de la propiedad. Según lo habíamos
indicado en artículo anterior, los estudios de IGAC-CORPOICA de 2002,
indican que las fincas con más de 500 hectáreas controlan el 61% de la
superficie predial y pertenecen al 0.4% de los propietarios, lo cual se
agravó a finales de la década, presentándose entre 2000 y 2009, y en
especial a partir de 2005, una concentración mayor, particularmente en
el 56.6% de los municipios.

Los mismos estudios de IGAC-CORPOICA
indican que de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura,
solamente se están utilizando algo más de 4 millones; en contraste, se
han dedicado 39 millones a pastos, para un hato de no más de 25 millones
de cabezas, generándose una enorme pérdida del potencial productivo,
mayor empobrecimiento de los pobladores del campo, su desplazamiento
empujado ya no solamente por la violencia institucional y paramilitar,
sino por problemas específicamente económicos. Como complemento, el
establecimiento de cultivos perennes ha potenciado la inserción del
campo colombiano en el mercado global del capital ficticio, en el que
con la titularización de los predios la tierra se convierte en un bien
que se compra y se vende según la renta que produce; y, como en las
otras formas del capital ficticio, lo que se compra y se vende es el
derecho a un ingreso futuro.

Entonces, con todo esto que es
solamente un asomo del problema, nos preguntamos ¿de qué “revolución
agraria” está hablando Juan Manuel Santos?, ¿qué quiere decir cuando
imputa a la insurgencia el despojo que las oligarquías han hecho?, o es
que ¿acaso fue el comandante Manuel Marulanda quien suscribió el pacto
de Chicoral de 1972? No hay que olvidar la historia: fueron dirigentes
políticos y gremiales, liberales y conservadores, con el gobierno de
Misael Pastrana quienes se reunieron en aquel balneario tolimense para
congelar la posibilidad de una reforma agraria democrática, y proteger
con ello “sus” grandes propiedades, las que acumularon despojando a los
campesinos. Fueron ellos, los antecesores del despojo que hoy
representan y profundizan las nuevas generaciones de la oligarquía;
fueron ellos los que inventaron la “renta presuntiva” y la eternización
de la aparcería feudal, colocando todo tipo de talanqueras para que los
campesinos no tuvieran sino el acceso limitado a los baldíos fuera de la
frontera agraria que se reservaron para sí.

Ahora, de peor
manera que en el Pacto de Chicoral, los herederos de estas ratas van por
el resto. Se plantean, por ejemplo, alcanzar dentro de 7 años 2.1
millones de hectáreas de palma. ¿Estaba Alfonso Cano dirigiendo
Planeación Nacional cuando se decidió esta locura o cuando se pensó en
reorientar los cultivos de caña de azúcar para producción de etanol?
Hasta donde se sabe, de las más de 190 mil hectáreas sembradas de caña
de azúcar que se dedicarán a la producción de etanol, el consorcio
Ardila Lule controla al menos el 60 % de la producción del carburante.
Por ningún lado se conoce que el Estado Mayor Central de las FARC tenga
acciones en ese calabazo de cucarachas. Y, ¿quién decidió que se
alcanzaría la siembra de un millón de hectáreas de éste cultivo en el
mismo 2019, fue acaso Timoleón Jiménez?

Definitivamente, al lado
de la voracidad minero-energética, los artífices de los agro-negocios,
de los cuales Juan Manuel Santos es sirviente fiel, son los nuevos
sujetos activos de la desposesión, del despojo, de la acumulación
depredadora que hoy confronta a los colombianos. Esos son los mismos que
se robaron los dineros de Agro Ingreso Seguro y los que agenciaron la
ilegalización de la panela de trapiche para despojar a los campesinos y
favorecer los grandes ingenios azucareros. Así ocurre también con los
barequeros del oro, a quienes están criminalizando para quitarles el
trabajo y entregar las minas a las trasnacionales.

Así es el
asunto, más o menos, con la locomotora de la Agricultura. Así van las
intenciones con el tema de la Restitución de Tierras. Lo esencial es el
marco legal para que se desenvuelvan los agro-negocios, con una
preocupación central que es la resistencia popular e insurgente a sus
maléficas intenciones, amenaza cierta para sus ganancias.

Al despojo descarado es a lo que se oponen las FARC y no a la posibilidad de una Reforma Agraria Real.