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[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo](Washington, DC) – El gobierno cubano debería poner fin inmediatamente a la represión destinada a silenciar las voces de disenso en el período previo a la visita del papa Benedicto XVI a Cuba y durante esta, señaló Human Rights Watch.
Disidentes de La Habana, Holguín, Guantánamo, Matanzas, Palma Soriano, Pinar del Río, Sancti Spíritus y Santiago de Cuba describieron a Human Rights Watch las tácticas represivas que están siendo aplicadas por el gobierno cubano. Señalaron que cuando intentaron ejercer sus derechos básicos para denunciar la situación de los derechos humanos y organizar marchas durante las últimas semanas, las autoridades respondieron con golpizas, detenciones, persecución, amenazas y otras medidas abusivas. Está previsto que el papa Benedicto XVI viaje a Cuba del 26 al 28 de marzo para visitar La Habana y Santiago de Cuba.
“La detención, golpiza y amenaza de disidentes en vísperas de la visita del Papa sugiere que el gobierno cubano hará todo aquello que esté a su alcance para acallar cualquier expresión de disenso mientras la atención internacional esté puesta en la isla”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Estos actos de represión ponen en evidencia el escaso margen que existe en Cuba para la manifestación de opiniones que no estén alineadas con el gobierno de Castro”.
Miembros de las fuerzas de seguridad del Estado arrestaron y golpearon a 13 disidentes que fueron desalojados de una iglesia católica en La Habana, donde habían acudido para expresar su reclamo por el reconocimiento de los derechos humanos en Cuba. Representantes eclesiásticos pidieron a las autoridades gubernamentales que desalojaran a los disidentes, quienes contaron a Human Rights Watch que fueron amenazados por policías con la posibilidad de recibir prolongadas penas de prisión.
Más de 80 miembros de las Damas de Blanco, una organización de derechos humanos integrada por esposas, madres e hijas de presos políticos, fueron detenidas cuando intentaban efectuar una marcha para conmemorar el aniversario de la Primavera Negra. Durante esta ola represiva que tuvo lugar en marzo de 2003, el gobierno aplicó una serie de leyes draconianas para condenar a un promedio de 19 años de prisión a más de 75 periodistas independientes, defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros disidentes por ejercer sus derechos fundamentales.
Una de las damas afirmó haber quedado detenida durante más de cuatro horas con otras 21 mujeres en una celda tan minúscula que debieron permanecer de pie. Según señaló, fueron detenidas por participar en una manifestación pacífica y, tras ser golpeadas por policías uniformados y otras personas vestidas de civil, fueron trasladadas a la estación de policía.
Diversos disidentes en Cuba dijeron a Human Rights Watch que la represión, la vigilancia y las amenazas del gobierno se han intensificado ante la proximidad de la visita del Papa. Varias de las personas entrevistadas señalaron a Human Rights Watch que se les había negado el permiso para viajar fuera de las ciudades donde residían, y que se les advirtió en forma expresa que recibirían severas sanciones si intentaban realizar actividades “contrarrevolucionarias” durante la visita del Papa.
A continuación se resumen algunos de los episodios relatados a Human Rights Watch:
Caridad Caballero Batista, de 39 años y miembro de las damas de blanco de Holguín, contó a Human Rights Watch que había sido detenida el 16 de marzo junto con su hijo,Erik Esteban Sández Caballero, de 19 años, y su esposo, Esteban Sández Suarez, cuando intentaban trasladarse hasta La Habana para participar en las marchas organizadas en conmemoración de los sucesos de la Primavera Negra. Afirmó haber estado detenida en condiciones de aislamiento durante tres días en una celda minúscula e insalubre que no tenía ventanas, mientras que su esposo permaneció en una celda con delincuentes comunes. Cuando este se negó a ponerse de pie y dar el saludo a los guardias que pasaban, fue arrojado al piso y golpeado.
Leticia Ramos, de 42 años y miembro de las Damas de Blanco de Matanzas, indicó a Human Rights Watch que había sido detenida arbitrariamente en tres ocasiones durante las últimas dos semanas y que le habían advertido que si intentaba viajar a La Habana con motivo de la visita del Papa sería arrestada. Tras sufrir una brutal golpiza a manos de policías el 18 de marzo, fue llevada a un hospital donde le diagnosticaron la fractura de una costilla, lo cual hasta hoy le provoca fuertes dolores, según contó a Human Rights Watch.
Rogelio Tavío Ramírez, un joven de 22 años de Guantánamo, dijo a Human Rights Watch que su padre, Rogelio Tavío López, de 48 años, se encontraba detenido desde el 2 de marzo. Ambos son miembros de la organización disidente Movimiento de Resistencia y Democracia.Tavío Ramírez contó que su padre fue acusado de desorden público y “acciones contra el normal desarrollo del menor”, un delito previsto en el Código Penal para aquellos padres y tutores que “incumpl[an] sus deberes relacionados con el respeto y amor a la patria”. El hijo sostiene que estas acusaciones estarían motivadas por su participación en actividades políticas. Rogelio Tavío López mantiene una huelga de hambre desde el momento de su detención, según indicó su hijo, en señal de protesta ante un procesamiento que considera injusto y que, a su criterio, se basa en imputaciones que han sido inventadas.
Obel Luis Ramos Acosta, de 28 años, quien fundó un movimiento disidente en Santiago, Cuba, contó a Human Rights Watch que fue detenido recientemente por entregar copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos junto con una publicación independiente —y por ende ilegal— denominada “La Voz de Oriente”. Dijo haber permanecido incomunicado en una estación de policía durante tres días sin que se presentaran cargos, y que mientras estuvo allí fue golpeado y presionado para que abandonara sus actividades.
El 13 de marzo, los 13 disidentes ocuparon la Basílica Menorde La Caridad, un templo católico situado en La Habana. Según indicaron a Human Rights Watch, habían acudido a la iglesia con la esperanza de que este fuera un lugar seguro desde donde expresar un reclamo a favor del reconocimiento de derechos fundamentales. Afirmaron que si hubieran manifestado públicamente este reclamo, que incluía el respeto de la libertad de expresión, de reunión y libre acceso a información, habrían sido detenidos y castigados.
En una nota de prensa emitida el 14 de marzo, un representante del Arzobispado de La Habana expresó que “[n]adie tiene derecho a convertir los templos en trincheras políticas” y se refirió a la conducta de los disidentes como un acto “ilegítimo e irresponsable”. El arzobispado emitió una nueva nota de prensa el 15 de marzo, en la cual se afirmaba que el cardenal Jaime Ortega “se dirigió a las autoridades correspondientes para que invitaran a los ocupantes a abandonar [la iglesia]”.
Según la nota de prensa, los disidentes se retiraron voluntariamente cuando llegaron las autoridades del gobierno. El arzobispado también señaló que el gobierno cubano había asegurado a miembros de la Iglesia que los disidentes serían trasladados a una unidad policial y luego a sus casas, y que no serían sancionados por este hecho.
Sin embargo, 4 disidentes del grupo contaron a Human Rights Watch que decenas de policías golpearon a los activistas dentro de la iglesia, los expulsaron por la fuerza y los trasladaron hasta una delegación policial. Una vez allí, en un acto que consideraron humillante y degradante, fueron obligados a desnudarse frente a policías para ser palpados.
Los disidentes afirmaron que luego les mostraron un expediente donde figuraban sus nombres y los cargos que se les imputaban, y que las autoridades indicaron que esto podría ser usado para juzgarlos conforme a la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (Ley 88). Esta norma penaliza cualquier acto que se considere que apoye, facilite o impulse el embargo estadounidense sobre Cuba. Los policías advirtieron a los disidentes que podrían ser enjuiciados después de la visita del Papa.
Los disidentes fueron llevados de regreso a sus viviendas en la mañana del 16 de marzo. Dijeron a Human Rights Watch que, desde entonces, han sido perseguidos continuamente por las autoridades. Según afirmaron, varios de sus familiares han sido golpeados o amenazados. Y el 20 de marzo, cuando los 13 disidentes se encontraban en una vivienda que utilizan para reunirse, se presentó un jefe policial y les dijo que serían arrestados nuevamente si no regresaban de inmediato a sus respectivas casas. Señalaron que ningún funcionario eclesiástico había intentado comunicarse con ellos desde que fueron desalojados de la iglesia y detenidos.
“Cuando los disidentes acudieron a la iglesia para recibir amparo y expresar su opinión, fueron entregados por representantes eclesiásticos a las mismas autoridades gubernamentales de las cuales intentaban resguardarse”, manifestó Vivanco. “Lo mínimo que debería hacer la Iglesia ahora es repudiar la respuesta abusiva y absolutamente predecible de la policía, y exigir al gobierno que ponga fin a la persecución de estos y otros disidentes pacíficos”.
En 2010, tras la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo luego de una huelga de hambre que se extendió durante 85 días, el resto de los presos políticos del grupo de los 75 fueron liberados como resultado de negociaciones en las cuales participó la Iglesia católica, si bien la mayoría comentó a Human Rights Watch que fueron obligados a optar entre permanecer en prisión o exiliarse a España.
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