san jose de apartado

el espectador escribió:Hace siete años los paramilitares les cortaron los cuellos, los descuartizaron a machete. El 21 y 22 de febrero de 2005 los villanos, en compañía de miembros de la Brigada XVII del Ejército se tomaron la zona en la que se unen los departamentos de Antioquia y Córdoba, entre la vereda La Resbalosa (Córdoba) y San José de Apartadó (Antioquia), y masacraron a ocho campesinos a quienes nombraron colaboradores de los subversivos, entre ellos Deiner Andrés de once años, Natalia de seis, Santiago de uno. “Los comandantes ordenaron matarlos o si no serían futuros guerrilleros” dijo ante la justicia Jorge Luis Salgado, uno de los paramilitares.
Primero fueron por Luis Eduardo Guerra, su esposa Sandra Milena Muñoz y su hijo de once años, Deiner Andrés: La familia de campesinos de la vereda Mulatos Medios, en San José de Apartadó (Antioquia). Al día siguiente se ensañaron contra Alejandro Pérez, Alfonso Bolívar Tuberquia y su esposa Bellanira Aleiza. Delante de los últimos dos mataron a sus pequeños, Natalia de seis años y Santiago, de apenas uno. Vivían de trabajar la tierra en la vereda La Resbalosa, municipio de Tierralta (Córdoba). Todos hacían parte de la Comunidad de Paz que conformaron en 1997 cerca de 400 campesinos de la región, quienes se declararon neutrales frente al conflicto armado, rechazando la presencia de cualquiera de los actores: guerrilla, Ejército y paramilitares.
Durante dos años los paramilitares responsabilizaron a la guerrilla de los hechos, pero finalmente las investigaciones encontraron que por orden del jefe Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, el Bloque Héroes de Tolová de las AUC, apoyado por miembros la Brigada XVII del Ejército, comandada entonces por el general Héctor Jaime Fandiño, asesinaron a los campesinos en la operación que llamaron “Fenix”.
Sólo hasta marzo de 2010 se entregó la primera condena contra un militar, el capitán de la Brigada XVI del Ejército, Guillermo Armando Gordillo Sánchez fue sentenciado a 20 años de prisión por participar en la masacre.
Aunque para la fecha el capitán había confesado que más de 100 uniformados del Ejército acompañaron a 50 paramilitares que hacían parte del Frente Héroes de Tolová en labores de patrullaje, en momentos en los que se produjo la masacre, la Fiscalía archivó los procesos a favor de 72 uniformados que formaban parte de la Brigada XVII en esa época, investigados por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y terrorismo.
El pasado 12 de enero seis exintegrantes de las autodefensas que se acogieron a sentencia anticipada (buscando que se les redujera la pena a la mitad) fueron condenados a 20 años de prisión por el juzgado adjunto penal del circuito especializado de Antioquia. Aldo Antonio Agamez Cruz, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez, Juan Alberto Ruiz Yáñez, Manuel Antonio Urango Mejía, y Yamid de Jesús González Galaraga, reconocieron su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
Pero a pesar de las sentencias aún quedan cabos sueltos, entre ellos la cuestionable lentitud en las investigaciones que implican a los miembros de la fuerza pública, como el caso del coronel (r) Néstor Iván Duque y el general Mario Montoya, quienes según declaraciones del coronel (r) José Orlando Acosta, entonces oficial de operaciones de la Brigada XVII, estuvieron involucrados en la planeación de la masacre. Además, sabiendo que Don Berna estuvo a la cabeza de los hechos, aún no se conoce ninguna audiencia en la que el jefe paramilitar explique cómo fueron planeados.
En agosto de 2010, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia exoneró en primera instancia a diez militares de la Brigada XVII, quienes habían sido acusados por la Fiscalía de participar en la masacre. Beneficiando al teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán; los tenientes Edgar García Estupiñán y Alejandro Jaramillo Giraldo; el mayor José Fernando Castaño López; el subteniente Jorge Humberto Milanés Vega; los sargentos viceprimeros, Ángel María Padilla Petro y Darío José Brango Agámez, y a los sargentos segundos Zabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, y Henry Cudamayán Ortiz.
Siete años después las víctimas claman justicia, piden que los militares y paramilitares implicados asuman sus responsabilidades y que sus familiares nunca más sean llamados guerrilleros.