(Vergonzoso neoliberalismo) ¿Cuál es el verdadero salario mínimo de España?

¿Cuál es el verdadero salario mínimo de España?

Publicado el 18 febrero 2012 por Juan Ramón Rallo

El salario mínimo interprofesional de España en 2012 es oficialmente de 641,4 euros al mes. Muchos son los liberales que insisten en que tan exigua cuantía bloquea la creación de empleo y muchos son los intervencionistas que consideran que su importe es ridículo y que debe aumentar de manera muy sustancial. Al cabo, ¿cómo puede siquiera insinuarse que un salario de 641,4 euros al mes es un sueldo demasiado elevado que bloquea la creación de nuevo empleo? ¿Quién puede vivir con menos de 641,4 euros al mes? ¿Y cómo pueden protestar los ricachones empresarios de que no pueden pagar apenas 641,4 euros mensuales?

Lo primero, como siempre, es no dejarse llevar por las impresiones iniciales. Es verdad que el salario mínimo bruto que mes a mes percibe el trabajador es de 641,4 euros, pero coincidiremos en que lo relevante para que el empresario decida contratar o no a un trabajador no es el salario que éste finalmente percibe, sino el que en debe abonar la compañía, le llegue en última instancia a él o no. Por ejemplo, si mañana el Gobierno instaura un impuesto del 50% sobre el salario mínimo, el obrero pasará a cobrar sólo 320 euros mensuales, pero al empresario no se le habrá abaratado lo más mínimo el coste de contratarlo.

¿Y cuál es el salario (o coste) mínimo que debe sufragar un empresario para poder contratar a un trabajador? No, desde luego, 641,4 euros al mes. Para empezar, el salario mínimo está compuesto por 14 pagas, no por 12, de modo que prorrateando las dos pagas extraordinarias llegamos a 748,3 euros al mes (8.980 euros anuales). A este importe, sin embargo, hay que añadir la cotización a la Seguridad Social que soporta el empresario y que, como mínimo, será del 29,9% (contingencias comunes, desempleo, formación profesional y FOGASA), esto es, de 2685 euros anuales, lo que totaliza 11.665 euros al año (972 euros mensuales).

Ahora bien, recordemos que esta remuneración es a cambio no de 12 meses de trabajo, sino de 11 (hay incluido un mes de vacaciones durante el cual el empleado cobra pero no trabaja). Si anualizamos este coste, llegaremos a la cifra de 12.725 euros por año de trabajo realmente realizado (o 1.060 euros mensuales). Pero aquí no acaba todo.

Por cada año que transcurre, el trabajador devenga un derecho de cobro en caso de despido, coste que, tras la última reforma laboral, asciende a 20 días por año trabajado (o a 33, si el despido es calificado de improcedente). Dada la crisis actual, podemos cuantificar el coste esperado del despido (asumiendo una probabilidad de despido del 40%) para un trabajador que perciba el salario mínimo en una horquilla de entre 200 y 300 euros anuales. Digamos, para manejar números redondos, que el coste salarial mínimo por ejercicio en España sería de 13.000 euros. ¿Termina aquí la cosa?

No. Existe un último coste que no suele tenerse en cuenta pero que, obviamente, debemos computar. Se trata del llamado “coste del capital”, esto es, la rentabilidad mínima que espera obtener el empresario al contratar al trabajador. Algunos podrán considerar que es un coste redundante y que, en cualquier caso, no habría que imputárselo al trabajador. Pero se equivocan: una forma, comprensible, de verlo es imaginar que el empresario en cuestión no dispone de capital propio para contratar al empleado y que, por tanto, debe solicitar un crédito a alguna entidad bancaria; crédito por el cual deberá abonar intereses (esto es, un coste financiero que sí sería imputable al deseo de aumentar su plantilla). Pero es que, aun cuando el empresario sí dispusiera de un capital propio, ¿por qué debería destinarlo a contratar al trabajador si, por ejemplo, puede invertir sus ahorros en adquirir deuda pública española que proporciona una rentabilidad de entre el 4% y el 6% con riesgos (y quebraderos de cabeza) menores a los de contratar un nuevo trabajador? En definitiva, sí hay que tener en cuenta el coste de oportunidad de destinar los ahorros (o de pedirlos prestados) para abonar los salarios mes a mes. Pues bien, dado que el coste del capital, por el mayor riesgo, será superior al interés que ofrece la deuda pública, podemos fijarlo conservadoramente entre el 7% y el 10% (entre 910 y 1.300 euros anuales).

Por seguir con los números redondos, podemos concluir que el coste laboral mínimo en España se sitúa en 14.000 euros anuales o 1.166 euros mensuales, casi el doble de la cifra que se nos suele ofrecer en engañosos titulares periodísticos (y eso que dejamos fuera otros costes más difícilmente cuantificables como el papeleo o el de representación sindical, o que no consideramos el caso de los convenios colectivos de cada sector, que mejoran las condiciones mínimas legales).

Por supuesto, como decíamos, una cosa es el salario mínimo que percibe mes a mes el trabajador en su cuenta corriente (641 euros más dos pagas dobles) y otra el coste salarial que, debido a toda la vorágine regulatoria e intervencionista, debe asumir el empresario. Mi punto no es que el salario mínimo sea muy alto desde la perspectiva del trabajador, que obviamente no lo es en absoluto, sino que, sobre todo en momentos de crisis, puede ser demasiado alto desde la perspectiva del empresario (lo que no significa que la solución deba pasar necesariamente por recortar los salarios que percibe el trabajador, sino que bien puede plantearse la minoración del resto de sus costes asociados).

Pensemos simplemente en que todo empresario, a la hora de decidir si contrata o no a un trabajador adicional, se planteará si ese empleado es capaz de generar unos ingresos adicionales para su compañía de 14.000 euros al año. A aquellos que consideran que el salario mínimo es demasiado bajo y que no obstaculiza la creación de empleo habría que preguntarles si piensan que, en momentos como el actual, todos los empresarios saben como obtener, gracias al trabajo de una persona, ingresos adicionales de 14.000 euros. Yo, al menos, no lo veo tan sencillo.

Una pyme que, por ejemplo, requiera de cuatro personas para iniciar sus operaciones necesitaría contar con un plan de negocios que le proporcionara unos ingresos de, al menos, 56.000 euros anuales para ser rentable (y ello suponiendo que su único coste fuera la mano de obra). De hecho, en el conjunto de la economía, los cinco millones de parados no podrían ser incorporados al sistema productivo a menos que fueran capaces de crear bienes y servicios valorados por el mercado en, como poco, 70.000 millones de euros (lo que equivale a un crecimiento, con respecto a la situación actual, del 6,5%).

Incrementar, como desean algunos, el salario mínimo que percibe el trabajador a 1.000 euros mensuales elevaría el coste laboral mínimo a cerca de 23.000 euros anuales, lo que complicaría todavía más la recolocación de parte o de la totalidad de los cinco millones de parados (que deberían ser capaces de crear bienes y servicios valorados en 115.000 millones de euros). Por no hablar, claro está, de que todos aquellos obreros que contribuyeran a generar unos ingresos inferiores a 23.000 euros anuales tenderían a ser despedidos.

En suma, en muchas ocasiones, aquellos que dicen ser los mayores defensores de los trabajadores suelen ser, consciente o inconscientemente, sus principales enemigos.

http://juanramonrallo.com/18/02/2012/%c2%bfcual-es-el-verdadero-salario-minimo-de-espana/

¿Y si bajamos el salario mínimo antes de extender el subsidio?

Publicado el 14 agosto 2012 por Juan Ramón Rallo

Ante la polémica sobre si, como proponía recientemente el BCE, había que reducir el salario mínimo y ante la otra polémica sobre si había que mantener el subsidio extraordinario de 400 euros para los parados, se me ocurrió plantear por Twitter la siguiente pregunta: “¿Por qué trabajar por 400 euros al mes es indigno e ilegal pero recibir un subsidio estatal de 400 euros es un derecho social?”.
La cuestión no iba particularmente dirigida a defender la eliminación del subsidio de 400 euros (algo que podría defenderse, pero por otras razones) sino, simple y llanamente, a abrir un debate más sencillo: si consideramos digno y aceptable que una persona sobreviva con una renta estatal de 400 euros, ¿por qué elevamos a la categoría de indigno e ilegal el que una persona se gane esos 400 euros trabajando a tiempo completo (posibilidad prohibida merced a nuestras leyes de salario mínimo)?
La diferencia económica entre percibir un subsidio y un salario es fundamental: un trabajador recibe un salario porque contribuye a generar una riqueza que luego es vendida a los consumidores, mejorando el bienestar de estos últimos; un parado, en cambio, recibe un subsidio a partir de los impuestos que pagan los agentes que siguen generando riqueza, esto es, se apropia de una parte de la riqueza de esas personas sin entregarles nada a cambio.
Malos argumentos económicos
Entendería, y hasta cierto punto vería coherente, que una persona abogara por reducir el salario mínimo a, al menos, 400 euros al mes y, para aquellas personas que ni siquiera así hallen ocupación, promueva que se les asigne una ayuda temporal de 400 euros. Lo que me resulta incomprensible es que se opte por prohibir relaciones laborales de 400 euros (leyes de salario mínimo) y, en cambio, se considere imprescindible el mantenimiento del subsidio. ¿Acaso trabajar por 400 euros es indigno pero recibirlos sin trabajar no lo es?
La respuesta más inmediata para oponerse a la reducción del salario mínimo es que “con 400 euros no se puede vivir”. Pero si eso fuera así, ¿entonces qué ganamos conservando un subsidio de 400 euros con el que no se puede vivir? Ante esto, rápidamente se argumenta que la ayuda estatal de 400 euros constituye un auxilio transitorio a la espera de encontrar un trabajo. Pero, ¿un trabajo por el que se perciben 400 euros al mes no es una situación provisional a la espera de encontrar una ocupación mejor y con mayor remuneración?
Constatada la flagrante contradicción, entonces comienza el despliegue de malas intuiciones económicas. La más primaria y la que, en el fondo, más indignación genera es que si se pagaran salarios de 400 euros mensuales, “alguien se estaría aprovechando”. Ese alguien es, claramente, el empresario capitalista que, según este punto de vista, se lucraría a costa de abonar bajos salarios a los seis millones de parados.
Sin embargo, semejante explicación se topa con obstáculos muy serios. Si los empresarios españoles pudiesen pagar salarios de 400 euros mensuales a los seis millones de parados, ¿obtendrían una rentabilidad normalita (equivalente al 4-5% de su inversión) o una extraordinariamente alta? Si el caso es el primero, simplemente estaríamos diciendo que para crear negocios viables en España (que cubran el coste del capital) necesitamos salarios más bajos y, por tanto, no habría motivo para oponerse a la rebaja salarial (salvo que queramos impedir que se creen negocios viables en España). Si fuera el segundo caso, esto es, si pagar salarios de 400 euros fuera un auténtico chollo en relación con los ingresos que un empresario puede obtener mediante la venta de la producción de los trabajadores, nuestra predicción debería ser que, rebajando el salario mínimo a 400 euros, no sólo los seis millones de parados desaparecerían (pues sería una ganga contratarles y “explotarles”), sino que además la inversión extranjera entraría a tropel en nuestro país para dar empleo a las masas depauperadas. O dicho de otro modo, la inversión seguiría entrando en España hasta que el paro desapareciera, los salarios subieran y la rentabilidad de las empresas dejara de ser extraordinaria: si eso no sucediera, entonces es que la rentabilidad empresarial por pagar salarios de 400 euros al mes no sería tan extraordinariamente alta.
Pero, si lo fuera, ¿cuál sería entonces el problema de que los salarios se ajustaran a la baja transitoriamente hasta que se crearan en España nuevos modelos de negocio que permitieran ir abonando sueldos mayores con el paso del tiempo y la mejora de la productividad? ¿Acaso es preferible la alternativa de que el Estado se endeude hasta la bancarrota para proporcionarles a los parados subsidios de 400 euros que no contribuyen a crear esos modelos de negocio? No lo parece: a corto plazo, un parado que pasa a trabajar a cambio de 400 euros crea riqueza para los consumidores y a largo plazo contribuiría a relanzar la economía. Todo lo contrario que con los subsidios estatales.
Llegan entonces quienes sostienen que pagar salarios de 400 euros deprimiría aún más el consumo y hundiría la economía. De nuevo, el problema de esta tesis es triple: el primero, que lo mismo puede decirse de los subsidios de 400 euros. El segundo, que el crecimiento de las economías capitalistas no depende del consumo ( http://juanramonrallo.com/17/04/2011/el-capitalismo-depende-del-ahorro-no-del-consumo/ ), sino del ahorro y la inversión. Y el tercero, que la situación española acredita que sus dificultades no vienen de la falta de consumo, sino la falta de inversión derivada de insuficiencia de oportunidades de negocio rentables ( http://juanramonrallo.com/16/02/2012/el-problema-no-es-el-consumo/ ). Y la falta de oportunidades de negocio no procede de la caída del consumo interno, sino de que no somos lo suficientemente competitivos como para vender mucho más al extranjero, y no lo somos por una cuestión de costes empresariales (entre ellos, el coste interno del trabajo). España se sigue endeudando con el exterior para financiar su gasto interno; un endeudamiento que ya no podemos permitirnos y que por tanto hay que reducir a cero (consumiendo menos y exportando más).
Esclavitud versus pobreza
Y en este punto es cuando todo intento por razonar colapsa y el interlocutor se limita a exclamar que con tales condiciones laborales volveríamos al esclavismo, lo cual constituye un disparate mayúsculo. Primero, porque entonces el subsidio de 400 euros al mes se convertiría, por idénticos motivos, en una forma con la que el Estado esclaviza o compra en propiedad a sus ciudadanos. Segundo, porque las relaciones esclavistas son coactivas, hasta el punto de que el esclavo no puede cambiar de trabajo si encuentra una oferta laboral mejor. Y tercero, por una falta de perspectiva geográfica e histórica: en muchos países europeos, salarios de 400 euros son la pauta general y hace 30 años en España se percibían sueldos medios reales de 900 euros (lo que significa que una parte de la población los percibía de 400 o 500) sin que nada de todo ello constituyera esclavitud.
No se trata, claro, de que uno desee volver a esas épocas pretéritas, sino simple y llanamente de diferenciar pobreza de esclavitud: ser más pobres (o mucho más pobres) de lo que lo somos ahora no nos convierte en esclavos, sino en más pobres. Y, de hecho, deberíamos ser conscientes de que la burbuja inmobiliaria, provocada y agravada por el intervencionismo estatal ( http://juanramonrallo.com/05/07/2012/fraude-por-que-la-gran-recesion-2/ ), sí nos ha pauperizado enormemente: negarnos a reconocerlo y a adaptarnos en consecuencia sólo hace que agravar nuestra ya de por sí precaria situación actual.
Al final, pues, toda esta instintiva crítica a los salarios bajos y su paralela defensa del subsidio estatal probablemente sólo sean un mecanismo de autodefensa: dado que si nos halláramos en una situación de desempleo preferiríamos cobrar un subsidio sin trabajar que trabajar por un salario tan bajo, tratamos de convencernos y de convencer a los demás de que tal escenario es el deseable, aunque objetivamente no lo sea. Desde un punto de vista social, sería mucho más generoso fabricar algo de riqueza para la comunidad (a partir de la cual cobrar un salario mensual de 400 euros) que arrebatar parte de la riqueza que generan los demás. Pero, desde el punto de vista individual, obviamente todos preferiríamos consumir sin producir (sin trabajar), de ahí que, incluso inconscientemente, se retuerzan los razonamientos para justificarlo.
La cuestión, sin embargo, sigue siendo: ¿por qué antes de entregar una renta estatal de 400 euros a los parados no descubrimos si puede crearse empleo y riqueza con salarios mínimos de 400 euros mensuales?

http://juanramonrallo.com/14/08/2012/y-si-bajamos-el-salario-minimo-antes-de-extender-el-subsidio/