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Camaradas, esto va dar que hablar, mantengamos el respeto, todas las opiniones serán bienvenidas, ¿Que piensan?
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EL GOBIERNO DE CRISTINA EXPRESA A LA GRAN BURGUESÍA NACIONAL.
Néstor Kirchner (fallecido en octubre de 2010) y su esposa Cristina enfatizaron que sus gobiernos eran uno solo, en continuidad desde 2003 a la fecha. Pero conviene precisar el análisis sobre la actual administración de CFK, que culminó su mandato 2007-2011 y ganó con el 54 por ciento de los votos, otro para 2011-2015.
El PL votó por CFK en 2011 pero no en 2007 pues fue parte de Proyecto Sur, que llevó la candidatura de Pino Solanas. En ese momento fue una interesante alternativa nacional y popular. En julio de 2008 el Partido se fue de Proyecto Sur denunciando el voto de Claudio Lozano en Diputados a favor de la Mesa de Enlace sojera, con el visto bueno de Solanas.
El conflicto con los sojeros arrancó en marzo de 2008 y tuvo una primera etapa hasta julio de ese año, con el crucial desempate en el Senado del reaccionario vicepresidente Cobos. La idea de gravar las rentas extraordinarias de la exportación de soja era positiva y conllevaba un contenido anti oligárquico, por lo que el PL la apoyó desde un principio.
Unos pocos miles de productores de soja, incluyendo los viejos terratenientes, la gran burguesía agraria y los pooles de siembra, alentados por los exportadores multinacionales Cargill y Monsanto, se abroquelaron para no pagar esos impuestos. Contaron con el inestimable concurso de Clarín y los monopolios mediáticos, a los que se acopló la derecha reaccionaria, la seudo izquierda trosca y el PCR, entre otros grupos funcionales al imperialismo.
La conducción política de esta entente estuvo en manos de la Mesa de Enlace sojera integrada por la Sociedad Rural, la CRA, Federación Agraria y Coninagro, donde convergían todos esos afluentes de la oligarquía, la gran burguesía agraria y los pooles de siembra, más la capa superior de los chacareros devenida en rentista sojera expresada por la Federación Agraria Argentina (FAA).
En esa oportunidad el gobierno de Cristina Fernández fue derrotado tácticamente en el Congreso por la derecha, en parte debido a la defección de los aliados y sectores que habían sido parte del oficialismo (Cobos, los senadores Urquía y Reuteman, los legisladores de Schiaretti, etc).
Ese traspié dio lugar a la victoria de la oposición conservadora en las legislativas de junio de 2009. La derrota del kirchnerismo fue particularmente dura en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Néstor Kirchner fue superada por la alianza Unión-PRO de De Narváez, Felipe Solá y el macrismo. Parecía inminente un desplazamiento o renuncia de la presidenta, y su reemplazo por Cobos, según pedían públicamente el titular de la Rural, Hugo Biolcati, y el ex asesor de la dictadura, Mariano Grondona.
Sin embargo la presidenta comenzó entonces a aplicar medidas populares y beneficiosas para los más humildes. Así salió la Asignación Universal por Hijo (AUH), que favoreció a 3.7 millones de chicos, y para mujeres embarazadas. Se impulsó y aprobó la ley de servicios de comunicación audiovisuales, contra el monopolio Clarín, que cuenta con 260 licencias de radios y TV y domina el 90 por ciento del servicio de TV por cable en Capital y Buenos Aires.
El debate de esa ley no se dio sólo en el Congreso sino en buena parte de la sociedad, que opinó políticamente, profundizando el curso abierto durante la confrontación por la resolución 125 sobre la soja. Avanzó la conciencia popular antiimperialista y antimonopolista, un asunto clave para la línea política del Partido de la Liberación.
En octubre de 2009 la ley de medios fue aprobada por un margen ancho en Diputados, donde la derecha boicoteó la sesión; y en el Senado, donde ésta bajó al recinto a defender los colores de Clarín pero fracasó en el intento.
Luego el gobierno adoptó una medida sensacional, quizás la de mayor calado de su gestión: los fondos previsionales, hasta entonces en poder de las AFJP y los bancos controlantes, pasaron a manos de la Anses y el Estado.
Las AFJP Siembra, Máxima, Orígenes y otras, dominadas por el Citibank, HSBC, Banco Santander-Río, BBVA-Francés, Met Life y el capital financiero internacional, opusieron dura resistencia pero al final debieron resignar posiciones. Con más ingresos, el Estado pudo adoptar medidas con financiamiento genuino, como la AUH y otras. Se reparaba así la entrega de la previsión social al neoliberalismo y el capital financiero, y la desfinanciación del Estado, decididas por el menemo-cavallismo en 1995.
En 2011 hay que destacar como medidas positivas la ley que regula a las empresas de medicina prepaga, que hasta ese momento decidían sobre la vida y la salud de 4.5 millones de personas, rechazaban a quienes tenían alguna enfermedad previa, disponían el aumento de la cuota de sus afiliados, incluso de los mayores de 65 años que ya estaban jubilados o en trámite, etc.
Que el presupuesto destinado a Educación fuera creciendo hasta llegar al 6.47 por ciento del PBI, también debe valorarse. Esto sin perjuicio de criticar la política salarial de módicos aumentos que caracteriza al kirchnerismo para con los maestros, profesores secundarios y docentes e investigadores universitarios y becarios del Conicet.
El gobierno ha tenido sus contradicciones con el imperialismo, como se mencionó en la firme actitud de Kirchner frente a Bush en noviembre de 2005 con el ALCA. Cristina profundizó esa línea con su participación en la creación de Unasur en mayo de 2008, su rol en la crisis de Bolivia en setiembre de ese año, los acuerdos firmados con Raúl Castro en enero de 2009, su aliento a Zelaya en 2009 contra del golpe de Micheletti en Honduras, su participación en la fundación de la CELAC sin EE UU ni Canadá en diciembre de 2011, la unidad y acuerdos bilaterales con Venezuela desde 2003 a la fecha, etc.
Este análisis del PL indica que el gobierno nacional no puede ser calificado como de "re-derecha" tal como hace Pino Solanas. Ni como "proimperialista", como descalifican los troscos y el PCR. En todo caso está más cerca de la verdad, sin llegar a ella, la Mesa de Enlace cuando dice que es un gobierno "populista, estatista y confiscador". O como declaran Macri, Duhalde y Clarín, un gobierno "chavista". La anticomunista Chiche Duhalde dijo: "no queremos volver a la Rusia de 1918". Todo ese espectro derechista considera que es un gobierno "que atenta contra la seguridad jurídica" y que "aísla a Argentina del mundo".
Es importante saber cómo valora el enemigo al gobierno, para no coincidir. Hay que estar siempre en la vereda de enfrente del enemigo principal, única forma de estar más cerca de la verdad y de los trabajadores.
¿Acaso el de Cristina Fernández es un gobierno popular que representa a la clase obrera y el pueblo? No. Eso dice la presidenta y sus muchísimos defensores y votantes, pero no es la opinión del PL. Una cosa es adoptar medidas favorables al pueblo y otra es representar en forma permanente y global los intereses de los trabajadores, el pueblo y la Nación Argentina.
La clave para saber si un gobierno es popular o no es determinar si tiene o no una política antimonopolista y antiimperialista, o sea si lucha contra los causantes principales de la pobreza, los privilegios, la represión y la dependencia.
Con mucho respeto hacia el gobierno y fundamentalmente hacia las bases peronistas y no peronistas que adhieren a Cristina Fernández: no hay política antiimperialista, antimonopolista ni antioligárquica en su conjunto, más allá de los conflictos parciales con sectores puntuales de las clases dominantes.
Además cabe aclarar que esos conflictos parciales fueron precedidos por largos períodos de compromisos con esos mismos enemigos. Desde 2008 hay una pelea con Clarín, y bienvenida sea, pero eso no hace olvidar que desde 2003 el matrimonio Kirchner se llevó de maravillas con ese grupo, al que en 2005 renovó todas sus licencias por diez años con un decreto del PEN.
Hoy existe una fricción seria con Techint, algo atenuada. Pero debe recordarse que desde 2003 el gobierno K estuvo en buenos tratos con este pulpo del acero, al que entregó subsidios, préstamos y reintegros. En 2007 Néstor y Cristina compartieron con Paolo Rocca, dueño de Techint, la inauguración del segundo alto horno de Siderar. Y en 2008 la presidenta afirmó que Techint era "un orgullo para los argentinos".
Que no hay una política antiimperialista se comprueba con el pago puntual de la deuda externa, incluso con las reservas del Banco Central. Kirchner pagó 10.000 millones de dólares al FMI, en enero de 2006. Y antes negoció con los tenedores de títulos argentinos a los que reconoció un 40 o más por ciento del valor nominal de los mismos, en cierto modo legalizando una deuda discutible y en parte fraudulenta. Todos los años el kirchnerismo previó en la ley de presupuesto nacional una partida del 10 por ciento del total de gastos, unos 22.000 millones de pesos (unos 6.000 millones de dólares) para pagar deuda externa. La presidenta siguió con la misma tónica y declaró que ella había pagado 26.000 millones de dólares de deuda externa. También avanzó en la negociación con el Club de París para saldar esa horrible factura. Aunque el Congreso no le aprobó el presupuesto 2011, prorrogó el del año anterior y garantizó las partidas para pagar esa deuda externa que con razón ha sido calificada de "eterna".
Pese a los planteos del PL, sectores del nacionalismo popular y de sus mismas bases, para que antes de pagar se hiciera una auditoría pública sobre la deuda externa, la jefa de Estado y su antecesor lo rechazaron. Aquí no se hizo lo de Ecuador, donde Correa convocó a especialistas nacionales e internacionales para hacer ese estudio sobre la legalidad de la deuda. Con la excusa de que había pasado mucho tiempo y que otros gobiernos no habían repudiado la deuda, cosas ciertas, el gobierno K se limitó a regatear el precio de los títulos y a pagar.
Algunos sectores de centro-izquierda como Carlos Heller (PSOL) y Martín Sabbatella (EDE) estuvieron de acuerdo en tomar reservas del Central para pagar deuda externa. El PL rechazó esa política. La presidenta suele decir que pagó todas esas facturas y en el Banco Central aún tiene 52.000 millones de dólares de reservas. Es obvio que tendría más si no hubiera pagado…
Que con dineros de la Anses se prestaran 70 millones de dólares a la General Motors con planta en Alvear, cerca de Rosario, durante la crisis de 2008-2009, es otro ejemplo de la ausencia de una política antiimperialista. En todo caso, que EE UU prestara a GM y no Argentina con la plata de activos y jubilados.
CFK reveló el 2 de noviembre de 2010, en un acto en la planta de Renault de Córdoba, junto a Dominique Maciet, presidente del grupo, que su gobierno había "ayudado" con 500 millones de pesos a las terminales automotrices. El total de las terminales, diez, son extranjeras: Ford, Volkswagen, Fiat-Iveco, Toyota, General Motors, Mercedes Benz, Scania, Renault, Honda, Peugeot-Citroën.
No hay ninguna firma nacional ni mixta, ni planes para ello, por lo que en el conflicto con Brasil por diferencias comerciales de hecho el gobierno defiende los intereses de las diez multinacionales agrupadas en ADEFA, presidida ahora por Viktor Klima, de Volkswagen.
El gobierno mantiene una buena relación con la mayoría de la cúpula de la Unión Industrial Argentina a cuya 17º Conferencia Industrial concurrió la presidenta. La UIA está presidida por José Ignacio de Mendiguren, de la industria textil, con quien hay buena onda, pues apoyó la reelección de la presidenta y el gobernador Scioli. También son oficialistas Federico Nicholson, del ingenio Ledesma; Daniel Funes de Rioja del sector alimentación (COPAL), Maciet de Renault, Carlos Wagner y Aldo Roggio de la industria de la Construcción, Franco Macri (Construcción, importación de autos Chery, Belgrano Cargas, etc).
En la UIA hay otro sector monopolista pero crítico del gobierno, donde militan su ex presidente Héctor Méndez (plástico), Cristiano Rattazzi (Fiat), Paolo Rocca y Luis Betnaza (Techint) y Héctor Magnetto (Clarín).
Entre otras concesiones a los monopolios, el gobierno les prestó a tasas preferenciales del fondo del Bicentenario, de 5.800 millones de pesos. En la citada conferencia industrial, sin atreverse a dar nombres, la presidenta aludió a empresas que habían recibido esos créditos en pesos y luego fueron a comprar dólares, especulando y fugando capitales. ¡Así les va a quienes apuestan a compromisos con los monopolios nacionales y extranjeros!
A las empresas ya citadas debe agregarse el grupo Ezkenazi (25 por ciento de Repsol, grupo Petersen de la construcción y bancos como el de Santa Fe, San Juan y Santa Cruz), de privilegiados vínculos con el kirchnerismo.
Esos grupos petroleros no buscan nuevas reservas de crudo. Antes YPF perforaba anualmente alrededor de 100 pozos en esa búsqueda y ahora no llegan a 10. Los descubrimientos en Loma de la Lata, Neuquén, son en el área principal de YPF entregada a los privados. Los españoles y los Ezkenazi son los que ganarán con los 150 millones de barriles de reservas estimados en esa zona neuquina, no los argentinos.
Otro defensor del gobierno es el grupo Madanes, del monopolio del aluminio, Aluar. También el holding Pampa Energía de Marcelo Midlin y el Banco Macro, de Jorge Brito, a la cabeza del ranking de bancos privados "nacionales" junto al Galicia. Lo mismo el grupo constructor Dinosaurio, de Euclides Bugliotti.
El gobierno tiene un vínculo estrecho con la minera canadiense Barrick Gold, denunciada mundialmente como contaminante y ladrona de recursos naturales. En San Juan es muy bien acogida por el gobernador José Luis Gioja. Su proyecto binacional Pascua Lama ha recibido del gobierno argentino 150 millones de pesos de beneficios impositivos. La presidenta se ha reunido varias veces con el CEO mundial de la Barrick, Peter Munk: en abril de 2009 lo recibió en la Casa Rosada y en junio de 2010 se entrevistó con él en Canadá, en un alto de la reunión del G-20. El compromiso con la Barrick es tan fuerte que influyó para que en 2009 la presidenta vetara la primera ley de glaciares.
El argumento de que las mineras dan trabajo y existen centenares de Pymes en Mendoza y San Juan que las abastecen no alcanza en absoluto para justificar Pascua Lama y proyectos de minería a cielo abierto y contaminantes allí, Famatina, Andalgalá, Esquel y otros lugares.
A la gran burguesía le va muy bien con este gobierno. Las 83 empresas que cotizan en Bolsa ganaron 7.346 millones de pesos en el primer trimestre del año 2011, 41,3 por ciento más que en igual trimestre del año anterior. (NOTA 1)
Los bancos ganaron 48 por ciento más que en igual trimestre del año anterior y en 2011 embolsaron más de 13.000 millones de pesos.
Todos estos aliados del gobierno y algunos que ya no lo son, como Los Grobo, de Gustavo Grobocopatel (más de 150.000 hectáreas de cultivos de soja para exportación), pertenecen a la oligarquía nativa, a la gran burguesía industrial de inversiones múltiples con muchos vasos comunicantes con el imperialismo, al que están asociados de una u otra forma.
La línea de créditos del Fondo del Bicentenario aprobó en ocho meses créditos subsidiados para 153 empresas por 3.167 millones de pesos, según el detalle de la ministra Giorgi. ¡La más beneficiada fue Fiat, con 565 millones!
De ello puede inferirse que el gobierno de Cristina Fernández representa los intereses de un sector de la gran burguesía u oligarquía de inversiones múltiples.
Hay otros aliados como Electro Ingeniería, dedicada a la construcción de centrales eléctricas y el tendido de líneas de energía, de los ingenieros cordobeses Acosta y Ferreyra, de rápido crecimiento en estos años con la obra pública y contratos con el ministerio de Julo de Vido. Debe estudiarse más si Electro Ingeniería aún revista en la categoría de burguesía nacional o ya ingresó en la gran burguesía nacional. El mismo análisis requiere el Banco Credicoop, que figura entre los once bancos más fuertes.
En las cámaras industriales del interior, en CGERA, CAME, Fedecámaras y Apymes hay numerosas empresas de la burguesía nacional que son apoyatura del gobierno. Y lo son con tanto mayor motivo porque el volumen de sus negocios aumentó con la política oficial de estímulo al mercado interno y a la exportación de Pymes, con mayor consumo, con nuevos índices de la construcción, con créditos subsidiados a la construcción de viviendas para gremios, con préstamos del Banco Nación y diversos programas oficiales para empresas y cooperativas, etc.
Quiere decir que el gobierno se apoya también en la burguesía nacional, o sea los fabricantes y comerciantes de capitales nacionales, que no están asociados al capital monopolista ni extranjero, y que explotan mano de obra hasta cantidades determinadas (en general no pasan de cien operarios). Esto es definido por el PL como "burguesía nacional", que tiene bastante desarrollo.
Los análisis trotskistas y de algunos populistas como Verbitsky –influidos por los troscos- niegan hasta la existencia de la burguesía nacional. Pero según el Ministerio de Industrias, entre 2003 y 2010 se crearon en el país 160.000 Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas). El grueso de las mismas puede definirse como burguesía nacional. Eso sin contar las miles de firmas de ese tipo que habían sobrevivido a los ´90.
Un sector de la burguesía nacional abandonó al gobierno en 2008 y se emblocó con la oligarquía: la capa superior y rentística de los chacareros de la Federación Agraria. De todos modos la política conciliadora y de negocios comunes que les ofreció el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con el visto bueno de la presidenta, ha logrado algunos acercamientos de la FAA. Se vio durante el noveno lock out de la Mesa de Enlace, cuando los federados de Buzzi -lejos de parar- colocaron trigo a precios ventajosos.
Que tres años atrás el gobierno lanzara la resolución 125 no significa que tenga una política antioligárquica. Hubo largos años de buenos negocios con Grobocopatel, Monsanto y Cargill. El dueño de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía, llegó a ser un influyente senador kirchnerista y cabeza de lista oficialista en las elecciones nacionales de 2007 en la provincia de Córdoba.
Últimamente ha surgido la CANPO, Corriente Agraria Nacional y Popular en el campo, lo que es un dato favorable, pero a su vez el dirigente principal es el citado Domínguez. Este expresa a ricos propietarios de la provincia de Buenos Aires y no representa a los pueblos originarios, los campesinos pobres y medios y mucho menos a los peones rurales y estibadores. Su política está muy lejos del MOCASE de Santiago del Estero, el MOCAFOR de Formosa y el Movimiento Nacional Campesino Indígena.
La consecuencia de esas limitaciones de clase gran burguesa del gobierno es que en materia agrícola no revirtió el modelo de sojización ni tiene vocación política por comenzar ni siquiera una módica reforma agraria recuperando parte de las mejores tierras del país en manos de la oligarquía (Amalia de Fortabat, Blaquier, Pérez Companc, etc). Por lo visto no piensa limitar esos intereses mediante la recreación de una Junta Nacional de Granos ni una Junta Nacional de Carnes, no hablemos ya de estatizar el comercio exterior o crear un IAPI como en tiempos del primer peronismo.
El gobierno K depende de una alianza con un sector de los monopolios, que a su vez hegemonizan las exportaciones. Conviene releer lo escrito por Horacio Verbitsky en Página/12 (24/4/2011): "La semana pasada el director designado pero sobre el que Techint se reserva el derecho de admisión, Axel Kicillof, objetó la expansión global del grupo financiada con los dividendos que genera en la Argentina, rememoró la suspensión de inversiones en el país alegando la crisis global, pese a los fuertes estímulos estatales para mantener la actividad, y sugirió la conveniencia de "precios diferenciales y positivos para la industria argentina", como las "chapas planas, un insumo básico para la industria automotriz". Abre así un debate que no se podrá resolver en el directorio de Siderar, donde en el mejor de los casos la ANSES tendrá tres directores sobre once, sin capacidad de incidir en las decisiones. Pero la frase de Kicillof invita a analizar las fortalezas y debilidades del gobierno, que tiene objetivos políticos y económicos claros pero no ha articulado una alianza de sectores sociales y termina dependiendo de una asociación con el capital transnacional, como el automotriz, en un contexto de alarmante extranjerización, en el que cien empresas acumulan el 74 por ciento de todas las exportaciones".
No lo dice el PL, que lo había señalado antes, sino Verbitsky, un periodista defensor del cristinismo: CKF no ha articulado una alianza de sectores sociales populares y termina dependiendo de una asociación con el capital trasnacional como el automotriz. ¿Se entiende ahora mejor el planteo de no convalidar que el actual sea un "proyecto nacional y popular"? (NOTA 2).
El PL ratifica su definición sobre el gobierno: representa a un arco de fuerzas sociales hegemonizado por la gran burguesía nacional. No es un gobierno "en el aire", que "media" o arbitra entre los bloques en pugna, en una suerte de "bonapartismo" que armonizaría las diferencias y la lucha de clases. No es así. Esa es una caracterización oportunista y errónea, que no se atreve a señalar el sentido de clase del gobierno.
Es favorable que los K se hayan alejado de esos acuerdos con Techint y Clarín. A los dueños de ese diario y a los de "La Nación" les promovió acción penal por delitos de lesa humanidad en la adquisición de Papel Prensa, vía la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y ha impulsado el proyecto de ley declarando el papel de diario como insumo de interés público.
Pero hay que recordar que no fue derogado el decreto de Kirchner de 2005 que prorrogaba las licencias de los monopolios mediáticos. Y tampoco fue recuperada la planta siderúrgica de la ex mixta Somisa, en San Nicolás, que en los ´90 fue privatizada para los Rocca a precio vil y con 8.000 despidos.
En suma, el gobierno de CFK no es antiimperialista; expresa a sectores de la gran burguesía industrial de inversiones múltiples y a la burguesía nacional, con predominancia de los primeros. Tiene conflictos con determinados segmentos de la oligarquía, que deben ser aprovechados para promover la lucha antiimperialista. A raíz de la historia del peronismo y de las medidas positivas, el actual gobierno tiene una importante representación de masas y base social popular, amén de sus bien ganados títulos democráticos.
Todas son razones de peso para tener una actitud de respeto por sus logros. Pero no hay que mezquinar la crítica ante las masas, sin incurrir en ningún tipo de oposición sistemática. La nuestra es una oposición antiimperialista y revolucionaria, que se diferencia del gobierno pero, paradojalmente, más brega contra la oposición de la oligarquía, secundada por los dirigentes troscos y del PCR que son funcionales y/o socios suyos.
NOTAS
NOTA 1: Ver columna de Alfredo Zaiat, Página/12 (28/5/2011). Encabezan el lote dos petroleras, Repsol-YPF con 1.774 millones de pesos y Petrobras, con 653 millones de pesos de ganancias en el primer Trimestre de 2011.
NOTA 2: Puntualmente sobre el conflicto con Techint, en esa misma edición de Página/12, Verbitsky sostuvo: "En estas condiciones, es una proeza de relaciones públicas y propaganda haber instalado que se trata de un grupo nacional, líder de la industria argentina. El actual gobierno también realizó aportes a esa ficción, con discursos ingenuos ante la sonrisa satisfecha de los italianos. A mediados de 2008, la presidente CFK acompañó a Paolo Rocca en la inauguración de la universidad corporativa de Techint en Campana y arrojó flores retóricas sobre el grupo". Después vino el alejamiento de los aliados.
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EL GOBIERNO DE CRISTINA EXPRESA A LA GRAN BURGUESÍA NACIONAL.
Néstor Kirchner (fallecido en octubre de 2010) y su esposa Cristina enfatizaron que sus gobiernos eran uno solo, en continuidad desde 2003 a la fecha. Pero conviene precisar el análisis sobre la actual administración de CFK, que culminó su mandato 2007-2011 y ganó con el 54 por ciento de los votos, otro para 2011-2015.
El PL votó por CFK en 2011 pero no en 2007 pues fue parte de Proyecto Sur, que llevó la candidatura de Pino Solanas. En ese momento fue una interesante alternativa nacional y popular. En julio de 2008 el Partido se fue de Proyecto Sur denunciando el voto de Claudio Lozano en Diputados a favor de la Mesa de Enlace sojera, con el visto bueno de Solanas.
El conflicto con los sojeros arrancó en marzo de 2008 y tuvo una primera etapa hasta julio de ese año, con el crucial desempate en el Senado del reaccionario vicepresidente Cobos. La idea de gravar las rentas extraordinarias de la exportación de soja era positiva y conllevaba un contenido anti oligárquico, por lo que el PL la apoyó desde un principio.
Unos pocos miles de productores de soja, incluyendo los viejos terratenientes, la gran burguesía agraria y los pooles de siembra, alentados por los exportadores multinacionales Cargill y Monsanto, se abroquelaron para no pagar esos impuestos. Contaron con el inestimable concurso de Clarín y los monopolios mediáticos, a los que se acopló la derecha reaccionaria, la seudo izquierda trosca y el PCR, entre otros grupos funcionales al imperialismo.
La conducción política de esta entente estuvo en manos de la Mesa de Enlace sojera integrada por la Sociedad Rural, la CRA, Federación Agraria y Coninagro, donde convergían todos esos afluentes de la oligarquía, la gran burguesía agraria y los pooles de siembra, más la capa superior de los chacareros devenida en rentista sojera expresada por la Federación Agraria Argentina (FAA).
En esa oportunidad el gobierno de Cristina Fernández fue derrotado tácticamente en el Congreso por la derecha, en parte debido a la defección de los aliados y sectores que habían sido parte del oficialismo (Cobos, los senadores Urquía y Reuteman, los legisladores de Schiaretti, etc).
Ese traspié dio lugar a la victoria de la oposición conservadora en las legislativas de junio de 2009. La derrota del kirchnerismo fue particularmente dura en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Néstor Kirchner fue superada por la alianza Unión-PRO de De Narváez, Felipe Solá y el macrismo. Parecía inminente un desplazamiento o renuncia de la presidenta, y su reemplazo por Cobos, según pedían públicamente el titular de la Rural, Hugo Biolcati, y el ex asesor de la dictadura, Mariano Grondona.
Sin embargo la presidenta comenzó entonces a aplicar medidas populares y beneficiosas para los más humildes. Así salió la Asignación Universal por Hijo (AUH), que favoreció a 3.7 millones de chicos, y para mujeres embarazadas. Se impulsó y aprobó la ley de servicios de comunicación audiovisuales, contra el monopolio Clarín, que cuenta con 260 licencias de radios y TV y domina el 90 por ciento del servicio de TV por cable en Capital y Buenos Aires.
El debate de esa ley no se dio sólo en el Congreso sino en buena parte de la sociedad, que opinó políticamente, profundizando el curso abierto durante la confrontación por la resolución 125 sobre la soja. Avanzó la conciencia popular antiimperialista y antimonopolista, un asunto clave para la línea política del Partido de la Liberación.
En octubre de 2009 la ley de medios fue aprobada por un margen ancho en Diputados, donde la derecha boicoteó la sesión; y en el Senado, donde ésta bajó al recinto a defender los colores de Clarín pero fracasó en el intento.
Luego el gobierno adoptó una medida sensacional, quizás la de mayor calado de su gestión: los fondos previsionales, hasta entonces en poder de las AFJP y los bancos controlantes, pasaron a manos de la Anses y el Estado.
Las AFJP Siembra, Máxima, Orígenes y otras, dominadas por el Citibank, HSBC, Banco Santander-Río, BBVA-Francés, Met Life y el capital financiero internacional, opusieron dura resistencia pero al final debieron resignar posiciones. Con más ingresos, el Estado pudo adoptar medidas con financiamiento genuino, como la AUH y otras. Se reparaba así la entrega de la previsión social al neoliberalismo y el capital financiero, y la desfinanciación del Estado, decididas por el menemo-cavallismo en 1995.
En 2011 hay que destacar como medidas positivas la ley que regula a las empresas de medicina prepaga, que hasta ese momento decidían sobre la vida y la salud de 4.5 millones de personas, rechazaban a quienes tenían alguna enfermedad previa, disponían el aumento de la cuota de sus afiliados, incluso de los mayores de 65 años que ya estaban jubilados o en trámite, etc.
Que el presupuesto destinado a Educación fuera creciendo hasta llegar al 6.47 por ciento del PBI, también debe valorarse. Esto sin perjuicio de criticar la política salarial de módicos aumentos que caracteriza al kirchnerismo para con los maestros, profesores secundarios y docentes e investigadores universitarios y becarios del Conicet.
El gobierno ha tenido sus contradicciones con el imperialismo, como se mencionó en la firme actitud de Kirchner frente a Bush en noviembre de 2005 con el ALCA. Cristina profundizó esa línea con su participación en la creación de Unasur en mayo de 2008, su rol en la crisis de Bolivia en setiembre de ese año, los acuerdos firmados con Raúl Castro en enero de 2009, su aliento a Zelaya en 2009 contra del golpe de Micheletti en Honduras, su participación en la fundación de la CELAC sin EE UU ni Canadá en diciembre de 2011, la unidad y acuerdos bilaterales con Venezuela desde 2003 a la fecha, etc.
Este análisis del PL indica que el gobierno nacional no puede ser calificado como de "re-derecha" tal como hace Pino Solanas. Ni como "proimperialista", como descalifican los troscos y el PCR. En todo caso está más cerca de la verdad, sin llegar a ella, la Mesa de Enlace cuando dice que es un gobierno "populista, estatista y confiscador". O como declaran Macri, Duhalde y Clarín, un gobierno "chavista". La anticomunista Chiche Duhalde dijo: "no queremos volver a la Rusia de 1918". Todo ese espectro derechista considera que es un gobierno "que atenta contra la seguridad jurídica" y que "aísla a Argentina del mundo".
Es importante saber cómo valora el enemigo al gobierno, para no coincidir. Hay que estar siempre en la vereda de enfrente del enemigo principal, única forma de estar más cerca de la verdad y de los trabajadores.
¿Acaso el de Cristina Fernández es un gobierno popular que representa a la clase obrera y el pueblo? No. Eso dice la presidenta y sus muchísimos defensores y votantes, pero no es la opinión del PL. Una cosa es adoptar medidas favorables al pueblo y otra es representar en forma permanente y global los intereses de los trabajadores, el pueblo y la Nación Argentina.
La clave para saber si un gobierno es popular o no es determinar si tiene o no una política antimonopolista y antiimperialista, o sea si lucha contra los causantes principales de la pobreza, los privilegios, la represión y la dependencia.
Con mucho respeto hacia el gobierno y fundamentalmente hacia las bases peronistas y no peronistas que adhieren a Cristina Fernández: no hay política antiimperialista, antimonopolista ni antioligárquica en su conjunto, más allá de los conflictos parciales con sectores puntuales de las clases dominantes.
Además cabe aclarar que esos conflictos parciales fueron precedidos por largos períodos de compromisos con esos mismos enemigos. Desde 2008 hay una pelea con Clarín, y bienvenida sea, pero eso no hace olvidar que desde 2003 el matrimonio Kirchner se llevó de maravillas con ese grupo, al que en 2005 renovó todas sus licencias por diez años con un decreto del PEN.
Hoy existe una fricción seria con Techint, algo atenuada. Pero debe recordarse que desde 2003 el gobierno K estuvo en buenos tratos con este pulpo del acero, al que entregó subsidios, préstamos y reintegros. En 2007 Néstor y Cristina compartieron con Paolo Rocca, dueño de Techint, la inauguración del segundo alto horno de Siderar. Y en 2008 la presidenta afirmó que Techint era "un orgullo para los argentinos".
Que no hay una política antiimperialista se comprueba con el pago puntual de la deuda externa, incluso con las reservas del Banco Central. Kirchner pagó 10.000 millones de dólares al FMI, en enero de 2006. Y antes negoció con los tenedores de títulos argentinos a los que reconoció un 40 o más por ciento del valor nominal de los mismos, en cierto modo legalizando una deuda discutible y en parte fraudulenta. Todos los años el kirchnerismo previó en la ley de presupuesto nacional una partida del 10 por ciento del total de gastos, unos 22.000 millones de pesos (unos 6.000 millones de dólares) para pagar deuda externa. La presidenta siguió con la misma tónica y declaró que ella había pagado 26.000 millones de dólares de deuda externa. También avanzó en la negociación con el Club de París para saldar esa horrible factura. Aunque el Congreso no le aprobó el presupuesto 2011, prorrogó el del año anterior y garantizó las partidas para pagar esa deuda externa que con razón ha sido calificada de "eterna".
Pese a los planteos del PL, sectores del nacionalismo popular y de sus mismas bases, para que antes de pagar se hiciera una auditoría pública sobre la deuda externa, la jefa de Estado y su antecesor lo rechazaron. Aquí no se hizo lo de Ecuador, donde Correa convocó a especialistas nacionales e internacionales para hacer ese estudio sobre la legalidad de la deuda. Con la excusa de que había pasado mucho tiempo y que otros gobiernos no habían repudiado la deuda, cosas ciertas, el gobierno K se limitó a regatear el precio de los títulos y a pagar.
Algunos sectores de centro-izquierda como Carlos Heller (PSOL) y Martín Sabbatella (EDE) estuvieron de acuerdo en tomar reservas del Central para pagar deuda externa. El PL rechazó esa política. La presidenta suele decir que pagó todas esas facturas y en el Banco Central aún tiene 52.000 millones de dólares de reservas. Es obvio que tendría más si no hubiera pagado…
Que con dineros de la Anses se prestaran 70 millones de dólares a la General Motors con planta en Alvear, cerca de Rosario, durante la crisis de 2008-2009, es otro ejemplo de la ausencia de una política antiimperialista. En todo caso, que EE UU prestara a GM y no Argentina con la plata de activos y jubilados.
CFK reveló el 2 de noviembre de 2010, en un acto en la planta de Renault de Córdoba, junto a Dominique Maciet, presidente del grupo, que su gobierno había "ayudado" con 500 millones de pesos a las terminales automotrices. El total de las terminales, diez, son extranjeras: Ford, Volkswagen, Fiat-Iveco, Toyota, General Motors, Mercedes Benz, Scania, Renault, Honda, Peugeot-Citroën.
No hay ninguna firma nacional ni mixta, ni planes para ello, por lo que en el conflicto con Brasil por diferencias comerciales de hecho el gobierno defiende los intereses de las diez multinacionales agrupadas en ADEFA, presidida ahora por Viktor Klima, de Volkswagen.
El gobierno mantiene una buena relación con la mayoría de la cúpula de la Unión Industrial Argentina a cuya 17º Conferencia Industrial concurrió la presidenta. La UIA está presidida por José Ignacio de Mendiguren, de la industria textil, con quien hay buena onda, pues apoyó la reelección de la presidenta y el gobernador Scioli. También son oficialistas Federico Nicholson, del ingenio Ledesma; Daniel Funes de Rioja del sector alimentación (COPAL), Maciet de Renault, Carlos Wagner y Aldo Roggio de la industria de la Construcción, Franco Macri (Construcción, importación de autos Chery, Belgrano Cargas, etc).
En la UIA hay otro sector monopolista pero crítico del gobierno, donde militan su ex presidente Héctor Méndez (plástico), Cristiano Rattazzi (Fiat), Paolo Rocca y Luis Betnaza (Techint) y Héctor Magnetto (Clarín).
Entre otras concesiones a los monopolios, el gobierno les prestó a tasas preferenciales del fondo del Bicentenario, de 5.800 millones de pesos. En la citada conferencia industrial, sin atreverse a dar nombres, la presidenta aludió a empresas que habían recibido esos créditos en pesos y luego fueron a comprar dólares, especulando y fugando capitales. ¡Así les va a quienes apuestan a compromisos con los monopolios nacionales y extranjeros!
A las empresas ya citadas debe agregarse el grupo Ezkenazi (25 por ciento de Repsol, grupo Petersen de la construcción y bancos como el de Santa Fe, San Juan y Santa Cruz), de privilegiados vínculos con el kirchnerismo.
Esos grupos petroleros no buscan nuevas reservas de crudo. Antes YPF perforaba anualmente alrededor de 100 pozos en esa búsqueda y ahora no llegan a 10. Los descubrimientos en Loma de la Lata, Neuquén, son en el área principal de YPF entregada a los privados. Los españoles y los Ezkenazi son los que ganarán con los 150 millones de barriles de reservas estimados en esa zona neuquina, no los argentinos.
Otro defensor del gobierno es el grupo Madanes, del monopolio del aluminio, Aluar. También el holding Pampa Energía de Marcelo Midlin y el Banco Macro, de Jorge Brito, a la cabeza del ranking de bancos privados "nacionales" junto al Galicia. Lo mismo el grupo constructor Dinosaurio, de Euclides Bugliotti.
El gobierno tiene un vínculo estrecho con la minera canadiense Barrick Gold, denunciada mundialmente como contaminante y ladrona de recursos naturales. En San Juan es muy bien acogida por el gobernador José Luis Gioja. Su proyecto binacional Pascua Lama ha recibido del gobierno argentino 150 millones de pesos de beneficios impositivos. La presidenta se ha reunido varias veces con el CEO mundial de la Barrick, Peter Munk: en abril de 2009 lo recibió en la Casa Rosada y en junio de 2010 se entrevistó con él en Canadá, en un alto de la reunión del G-20. El compromiso con la Barrick es tan fuerte que influyó para que en 2009 la presidenta vetara la primera ley de glaciares.
El argumento de que las mineras dan trabajo y existen centenares de Pymes en Mendoza y San Juan que las abastecen no alcanza en absoluto para justificar Pascua Lama y proyectos de minería a cielo abierto y contaminantes allí, Famatina, Andalgalá, Esquel y otros lugares.
A la gran burguesía le va muy bien con este gobierno. Las 83 empresas que cotizan en Bolsa ganaron 7.346 millones de pesos en el primer trimestre del año 2011, 41,3 por ciento más que en igual trimestre del año anterior. (NOTA 1)
Los bancos ganaron 48 por ciento más que en igual trimestre del año anterior y en 2011 embolsaron más de 13.000 millones de pesos.
Todos estos aliados del gobierno y algunos que ya no lo son, como Los Grobo, de Gustavo Grobocopatel (más de 150.000 hectáreas de cultivos de soja para exportación), pertenecen a la oligarquía nativa, a la gran burguesía industrial de inversiones múltiples con muchos vasos comunicantes con el imperialismo, al que están asociados de una u otra forma.
La línea de créditos del Fondo del Bicentenario aprobó en ocho meses créditos subsidiados para 153 empresas por 3.167 millones de pesos, según el detalle de la ministra Giorgi. ¡La más beneficiada fue Fiat, con 565 millones!
De ello puede inferirse que el gobierno de Cristina Fernández representa los intereses de un sector de la gran burguesía u oligarquía de inversiones múltiples.
Hay otros aliados como Electro Ingeniería, dedicada a la construcción de centrales eléctricas y el tendido de líneas de energía, de los ingenieros cordobeses Acosta y Ferreyra, de rápido crecimiento en estos años con la obra pública y contratos con el ministerio de Julo de Vido. Debe estudiarse más si Electro Ingeniería aún revista en la categoría de burguesía nacional o ya ingresó en la gran burguesía nacional. El mismo análisis requiere el Banco Credicoop, que figura entre los once bancos más fuertes.
En las cámaras industriales del interior, en CGERA, CAME, Fedecámaras y Apymes hay numerosas empresas de la burguesía nacional que son apoyatura del gobierno. Y lo son con tanto mayor motivo porque el volumen de sus negocios aumentó con la política oficial de estímulo al mercado interno y a la exportación de Pymes, con mayor consumo, con nuevos índices de la construcción, con créditos subsidiados a la construcción de viviendas para gremios, con préstamos del Banco Nación y diversos programas oficiales para empresas y cooperativas, etc.
Quiere decir que el gobierno se apoya también en la burguesía nacional, o sea los fabricantes y comerciantes de capitales nacionales, que no están asociados al capital monopolista ni extranjero, y que explotan mano de obra hasta cantidades determinadas (en general no pasan de cien operarios). Esto es definido por el PL como "burguesía nacional", que tiene bastante desarrollo.
Los análisis trotskistas y de algunos populistas como Verbitsky –influidos por los troscos- niegan hasta la existencia de la burguesía nacional. Pero según el Ministerio de Industrias, entre 2003 y 2010 se crearon en el país 160.000 Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas). El grueso de las mismas puede definirse como burguesía nacional. Eso sin contar las miles de firmas de ese tipo que habían sobrevivido a los ´90.
Un sector de la burguesía nacional abandonó al gobierno en 2008 y se emblocó con la oligarquía: la capa superior y rentística de los chacareros de la Federación Agraria. De todos modos la política conciliadora y de negocios comunes que les ofreció el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con el visto bueno de la presidenta, ha logrado algunos acercamientos de la FAA. Se vio durante el noveno lock out de la Mesa de Enlace, cuando los federados de Buzzi -lejos de parar- colocaron trigo a precios ventajosos.
Que tres años atrás el gobierno lanzara la resolución 125 no significa que tenga una política antioligárquica. Hubo largos años de buenos negocios con Grobocopatel, Monsanto y Cargill. El dueño de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía, llegó a ser un influyente senador kirchnerista y cabeza de lista oficialista en las elecciones nacionales de 2007 en la provincia de Córdoba.
Últimamente ha surgido la CANPO, Corriente Agraria Nacional y Popular en el campo, lo que es un dato favorable, pero a su vez el dirigente principal es el citado Domínguez. Este expresa a ricos propietarios de la provincia de Buenos Aires y no representa a los pueblos originarios, los campesinos pobres y medios y mucho menos a los peones rurales y estibadores. Su política está muy lejos del MOCASE de Santiago del Estero, el MOCAFOR de Formosa y el Movimiento Nacional Campesino Indígena.
La consecuencia de esas limitaciones de clase gran burguesa del gobierno es que en materia agrícola no revirtió el modelo de sojización ni tiene vocación política por comenzar ni siquiera una módica reforma agraria recuperando parte de las mejores tierras del país en manos de la oligarquía (Amalia de Fortabat, Blaquier, Pérez Companc, etc). Por lo visto no piensa limitar esos intereses mediante la recreación de una Junta Nacional de Granos ni una Junta Nacional de Carnes, no hablemos ya de estatizar el comercio exterior o crear un IAPI como en tiempos del primer peronismo.
El gobierno K depende de una alianza con un sector de los monopolios, que a su vez hegemonizan las exportaciones. Conviene releer lo escrito por Horacio Verbitsky en Página/12 (24/4/2011): "La semana pasada el director designado pero sobre el que Techint se reserva el derecho de admisión, Axel Kicillof, objetó la expansión global del grupo financiada con los dividendos que genera en la Argentina, rememoró la suspensión de inversiones en el país alegando la crisis global, pese a los fuertes estímulos estatales para mantener la actividad, y sugirió la conveniencia de "precios diferenciales y positivos para la industria argentina", como las "chapas planas, un insumo básico para la industria automotriz". Abre así un debate que no se podrá resolver en el directorio de Siderar, donde en el mejor de los casos la ANSES tendrá tres directores sobre once, sin capacidad de incidir en las decisiones. Pero la frase de Kicillof invita a analizar las fortalezas y debilidades del gobierno, que tiene objetivos políticos y económicos claros pero no ha articulado una alianza de sectores sociales y termina dependiendo de una asociación con el capital transnacional, como el automotriz, en un contexto de alarmante extranjerización, en el que cien empresas acumulan el 74 por ciento de todas las exportaciones".
No lo dice el PL, que lo había señalado antes, sino Verbitsky, un periodista defensor del cristinismo: CKF no ha articulado una alianza de sectores sociales populares y termina dependiendo de una asociación con el capital trasnacional como el automotriz. ¿Se entiende ahora mejor el planteo de no convalidar que el actual sea un "proyecto nacional y popular"? (NOTA 2).
El PL ratifica su definición sobre el gobierno: representa a un arco de fuerzas sociales hegemonizado por la gran burguesía nacional. No es un gobierno "en el aire", que "media" o arbitra entre los bloques en pugna, en una suerte de "bonapartismo" que armonizaría las diferencias y la lucha de clases. No es así. Esa es una caracterización oportunista y errónea, que no se atreve a señalar el sentido de clase del gobierno.
Es favorable que los K se hayan alejado de esos acuerdos con Techint y Clarín. A los dueños de ese diario y a los de "La Nación" les promovió acción penal por delitos de lesa humanidad en la adquisición de Papel Prensa, vía la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y ha impulsado el proyecto de ley declarando el papel de diario como insumo de interés público.
Pero hay que recordar que no fue derogado el decreto de Kirchner de 2005 que prorrogaba las licencias de los monopolios mediáticos. Y tampoco fue recuperada la planta siderúrgica de la ex mixta Somisa, en San Nicolás, que en los ´90 fue privatizada para los Rocca a precio vil y con 8.000 despidos.
En suma, el gobierno de CFK no es antiimperialista; expresa a sectores de la gran burguesía industrial de inversiones múltiples y a la burguesía nacional, con predominancia de los primeros. Tiene conflictos con determinados segmentos de la oligarquía, que deben ser aprovechados para promover la lucha antiimperialista. A raíz de la historia del peronismo y de las medidas positivas, el actual gobierno tiene una importante representación de masas y base social popular, amén de sus bien ganados títulos democráticos.
Todas son razones de peso para tener una actitud de respeto por sus logros. Pero no hay que mezquinar la crítica ante las masas, sin incurrir en ningún tipo de oposición sistemática. La nuestra es una oposición antiimperialista y revolucionaria, que se diferencia del gobierno pero, paradojalmente, más brega contra la oposición de la oligarquía, secundada por los dirigentes troscos y del PCR que son funcionales y/o socios suyos.
NOTAS
NOTA 1: Ver columna de Alfredo Zaiat, Página/12 (28/5/2011). Encabezan el lote dos petroleras, Repsol-YPF con 1.774 millones de pesos y Petrobras, con 653 millones de pesos de ganancias en el primer Trimestre de 2011.
NOTA 2: Puntualmente sobre el conflicto con Techint, en esa misma edición de Página/12, Verbitsky sostuvo: "En estas condiciones, es una proeza de relaciones públicas y propaganda haber instalado que se trata de un grupo nacional, líder de la industria argentina. El actual gobierno también realizó aportes a esa ficción, con discursos ingenuos ante la sonrisa satisfecha de los italianos. A mediados de 2008, la presidente CFK acompañó a Paolo Rocca en la inauguración de la universidad corporativa de Techint en Campana y arrojó flores retóricas sobre el grupo". Después vino el alejamiento de los aliados.
