Portal
Tala implacable en el monte chaqueño
Organizaciones sociales y ambientalistas presentaron un recurso contra una ley que, según dicen, permite la tala indiscriminada en El Impenetrable.
Se pudo ver el bosque quemado, destinado a cultivo de soja.
(es un nota del diario pagina/12)
Son muertos de pie. Es un bosque de árboles quemados, pero aún de pie. En breve pasará una topadora que dejará tierra arrasada y lista para la siembra de soja. Son miles de hectáreas de milenario bosque en El Impenetrable chaqueño, el pulmón argentino que está siendo talado desde hace décadas por las empresas forestales y desde hace unos años por las compañías sojeras. A los dos depredadores los ayuda, desde diciembre último, una nueva ley impulsada por el gobierno del Chaco, que facilita el desmonte del bosque nativo. Organizaciones sociales y ambientalistas advierten que, de seguir el desmonte, en diez años no habrá más bosque. Por eso hicieron una presentación ante la Justicia local la Secretaría de Ambiente de la Nación parece darle la razón: su último informe sobre desertificación reveló que, en las últimas décadas, la Argentina perdió el 70 por ciento de sus bosques y denunció que cada año se destruyen 30.000 hectáreas. En una recorrida por la zona de El Impenetrable junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Página/12 pudo confirmar la tala indiscriminada y, mediante dudosas ventas de tierras fiscales a empresarios, el avance de la soja sobre el milenario bosque.
“Acá pasaron con cadena”, explica Julio García, abogado de comunidades aborígenes y ocasional guía, y señala un mar de troncos inclinados casi a ras del suelo. Es una de las formas más rápidas de desmonte, con dos tractores a algunos metros de distancia, unidos por cadenas, que avanzan al mismo paso y arrasan con todo lo que encuentran, desde arbustos hasta árboles centenarios. Durante decenas de cuadras, al costado del camino de tierra, se ven los troncos caídos.
El desmonte se nota, yacen hileras de algarrobos y palo santo apilados en línea, son cuerpos que pronto serán cargados en camiones de las compañías cordobesas y chilenas. “El cactus es señal de la desertificación que produce el desmonte”, explican los dirigentes de Endepa. Y en El Impenetrable, a la vera del camino, hay muchos cactus. El maderero sólo necesitará un guinche, un camión y pagará 30 pesos por tonelada a quien permitió la tala –“casi siempre un puntero político”, aseguran–, precio que luego multiplicará varias veces al venderlo.
Para el “boom de la soja”, explican, la preparación del terreno es más simple, ni siquiera se preocupan por conservar los troncos: prenden fuego el bosque –pagan a sus efímeros empleados 50 pesos la hectárea quemada–, después la topadora acumula los cadáveres y barre la ceniza. La soja transgénica, impulsada en el país por las multinacionales del agro, crecerá sin problemas durante algunos años, pero todas las organizaciones ambientalistas advierten que el suelo se empobrece tanto que en el futuro muy poco se podrá extraer de la misma parcela. “También hay que sumar el microclima especial que es El Impenetrable, con una temperatura muy alta y con una vegetación que se acomodó a este ecosistema. Cuando esta vegetación desaparezca el bosque no volverá a crecer, el mismo clima no permitirá crecer nada. No hay reforestación posible, será un desierto”, advirtió el titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Raúl Montenegro.
El gobierno chaqueño impulsó en diciembre último la ley 5285, que modifica la Ley de Bosques 2386. Según denuncian Endepa, Funam e Incupo, entre otras organizaciones, la norma es inconstitucional, porque nunca se dio participación a los pueblos originarios, como señalan la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. También aseguran que facilitará la destrucción del monte nativo.
Tanto las organizaciones como las comunidades remarcan que la ley 2386 no era buena, pero coinciden que la nueva legislación es peor, sobre todo el artículo 19 que, según los abogados, presenta variados espacios para el desmonte: “No podrán realizar aprovechamiento ni desmonte de los bosques sin la debida autorización, que será otorgada previa presentación y aprobación del plan de trabajo respectivo”, dice la ley. El escrito parece muy bueno, pero los abogados y ambientalistas traducen: “Es una trampa. La ‘debida autorización’ corre por cuenta del gobierno o ingenieros agrónomos que deben aprobar un ‘plan de manejo de bosque’, o sea que es una forma encubierta de permitir el desmonte”. El abogado Julio García evaluó que “han sido muy astutos en la redacción porque aparenta ser correcta, pero leyendo detenidamente se deja ver que se flexibilizan los controles, se eliminan los frenos a los desmontes y el Estado termina reglamentando el asesinato de El Impenetrable”. La norma anterior no permitía el desmonte.
El subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente provincial, Bruno Schwesig, dijo que el reclamo “es historia vieja” porque en abril el gobierno chaqueño reglamentó la nueva ley modificando parte de la norma. “Es una ley muy restrictiva, protege el bosque como ninguna otra, da participación a todos los sectores, y es tan buena que fue copiada por Santiago del Estero y Salta”, señaló el funcionario. Sobre la ausencia de participación indígena, Schwesig eludió las culpas: “Yo no participé de la confección de la ley”, se defendió.
El abogado Julio García aseguró que “el decreto sólo cambia quién elabora el plan de manejo. Antes los hacía el gobierno y ahora un particular, que en realidad puede ser un aliado del mismo gobierno. Además, el decreto tiene menor rango que la ley, por lo tanto lo que hay que modificar es la ley, y ya como cuestión de fondo hay que remarcar que ambas normas ven al bosque como una colección de palos, no ven que ahí vive gente y que la ley vigente está, justamente, jugando con esas vidas. Los ambientalistas también explicaron que, en realidad, debiera hacerse una evaluación de impacto ambiental, un estudio de mayor complejidad que el solicitado por la ley 5285, con participación de diversos sectores. El artículo 19 también estipula que se puede desmontar si luego se reforesta: otro punto muy cuestionado por los ambientalistas. “La ley desconoce completamente elementos de medio ambiente, no entienden que una vez que elimine el bosque no volverá a crecer nada y tampoco entienden que cada espacio natural es único: no pueden arrasar una zona y creer que la suplantan por otra. La explicación de esto es que trabajan bajo el concepto de `fomento productivo’ y no de conservación ambiental, como debiera ser”, dijo el titular de Funam.
Las organizaciones ya presentaron dos recursos de amparo, que esperan definición para fin de mes. Exigen la declaración de emergencia ambiental para acabar con la venta de tierras fiscales y el desmonte. Piden un estudio de impacto ambiental y social “serio” y la redacción de una nueva ley con participación de todos los actores involucrados, que privilegie los derechos a la alimentación y a la salud de los pueblos originarios.
En todo el Chaco hay 1,6 millón de hectáreas fiscales, de las cuales 1.450.000 están en los departamentos de Güemes y Almirante Brown, zona de El Impenetrable. Las tierras fiscales, siempre de bosque chaqueño y muchas veces propiedad ancestral de los pueblos originarios, son vendidas por el Instituto de Colonización, un organismo autárquico del gobierno chaqueño muy cuestionado por las organizaciones sociales. El instituto sólo puede ofrecer tierras a productores agropecuarios locales e hijos de productores, maestros y también a personas o profesionales relacionados con el sector agrícola con más de cinco años de residencia en el lugar. Pero éstos suelen ser testaferros de empresarios con sedes en Córdoba y Santa Fe, que pagan desde 18 pesos la hectárea, según explican las organizaciones.
El presidente del instituto, Roberto José Cogno, admitió a Página/12 que ha existido esta práctica de testaferros en El Impenetrable y también confirmó el avance de la frontera agrícola sobre el bosque y que su área está en un proceso de revisión de adjudicaciones. También remarcó que su función llega hasta la adjudicación de tierras y, si se comprueba ladeforestación, la cancelación de la entrega. “El instituto no tiene nada que ver con la práctica clientelar de entrega de tierras a empresas”, respondió Cogno a las acusaciones de las organizaciones.
En la recorrida, de la que también participaron integrantes del Instituto de Cultura Popular (Incupo), explicaron que hay una forma muy simple de confirmar la venta de tierras fiscales en el bosque chaqueño: “El alambrado delata al dueño”, advierte el dicho. Las grandes empresas sojeras instalan líneas, postes y varillas nuevas, de madera prolijamente cortada, que cercan decenas de cuadras. En tanto el criollo usa tronco de espinillos, un arbusto del monte. En El Impenetrable hay mucho alambrado nuevo.
Informe: Darío Aranda.
Organizaciones sociales y ambientalistas presentaron un recurso contra una ley que, según dicen, permite la tala indiscriminada en El Impenetrable.
Se pudo ver el bosque quemado, destinado a cultivo de soja.
(es un nota del diario pagina/12)
Son muertos de pie. Es un bosque de árboles quemados, pero aún de pie. En breve pasará una topadora que dejará tierra arrasada y lista para la siembra de soja. Son miles de hectáreas de milenario bosque en El Impenetrable chaqueño, el pulmón argentino que está siendo talado desde hace décadas por las empresas forestales y desde hace unos años por las compañías sojeras. A los dos depredadores los ayuda, desde diciembre último, una nueva ley impulsada por el gobierno del Chaco, que facilita el desmonte del bosque nativo. Organizaciones sociales y ambientalistas advierten que, de seguir el desmonte, en diez años no habrá más bosque. Por eso hicieron una presentación ante la Justicia local la Secretaría de Ambiente de la Nación parece darle la razón: su último informe sobre desertificación reveló que, en las últimas décadas, la Argentina perdió el 70 por ciento de sus bosques y denunció que cada año se destruyen 30.000 hectáreas. En una recorrida por la zona de El Impenetrable junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Página/12 pudo confirmar la tala indiscriminada y, mediante dudosas ventas de tierras fiscales a empresarios, el avance de la soja sobre el milenario bosque.
“Acá pasaron con cadena”, explica Julio García, abogado de comunidades aborígenes y ocasional guía, y señala un mar de troncos inclinados casi a ras del suelo. Es una de las formas más rápidas de desmonte, con dos tractores a algunos metros de distancia, unidos por cadenas, que avanzan al mismo paso y arrasan con todo lo que encuentran, desde arbustos hasta árboles centenarios. Durante decenas de cuadras, al costado del camino de tierra, se ven los troncos caídos.
El desmonte se nota, yacen hileras de algarrobos y palo santo apilados en línea, son cuerpos que pronto serán cargados en camiones de las compañías cordobesas y chilenas. “El cactus es señal de la desertificación que produce el desmonte”, explican los dirigentes de Endepa. Y en El Impenetrable, a la vera del camino, hay muchos cactus. El maderero sólo necesitará un guinche, un camión y pagará 30 pesos por tonelada a quien permitió la tala –“casi siempre un puntero político”, aseguran–, precio que luego multiplicará varias veces al venderlo.
Para el “boom de la soja”, explican, la preparación del terreno es más simple, ni siquiera se preocupan por conservar los troncos: prenden fuego el bosque –pagan a sus efímeros empleados 50 pesos la hectárea quemada–, después la topadora acumula los cadáveres y barre la ceniza. La soja transgénica, impulsada en el país por las multinacionales del agro, crecerá sin problemas durante algunos años, pero todas las organizaciones ambientalistas advierten que el suelo se empobrece tanto que en el futuro muy poco se podrá extraer de la misma parcela. “También hay que sumar el microclima especial que es El Impenetrable, con una temperatura muy alta y con una vegetación que se acomodó a este ecosistema. Cuando esta vegetación desaparezca el bosque no volverá a crecer, el mismo clima no permitirá crecer nada. No hay reforestación posible, será un desierto”, advirtió el titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Raúl Montenegro.
El gobierno chaqueño impulsó en diciembre último la ley 5285, que modifica la Ley de Bosques 2386. Según denuncian Endepa, Funam e Incupo, entre otras organizaciones, la norma es inconstitucional, porque nunca se dio participación a los pueblos originarios, como señalan la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. También aseguran que facilitará la destrucción del monte nativo.
Tanto las organizaciones como las comunidades remarcan que la ley 2386 no era buena, pero coinciden que la nueva legislación es peor, sobre todo el artículo 19 que, según los abogados, presenta variados espacios para el desmonte: “No podrán realizar aprovechamiento ni desmonte de los bosques sin la debida autorización, que será otorgada previa presentación y aprobación del plan de trabajo respectivo”, dice la ley. El escrito parece muy bueno, pero los abogados y ambientalistas traducen: “Es una trampa. La ‘debida autorización’ corre por cuenta del gobierno o ingenieros agrónomos que deben aprobar un ‘plan de manejo de bosque’, o sea que es una forma encubierta de permitir el desmonte”. El abogado Julio García evaluó que “han sido muy astutos en la redacción porque aparenta ser correcta, pero leyendo detenidamente se deja ver que se flexibilizan los controles, se eliminan los frenos a los desmontes y el Estado termina reglamentando el asesinato de El Impenetrable”. La norma anterior no permitía el desmonte.
El subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente provincial, Bruno Schwesig, dijo que el reclamo “es historia vieja” porque en abril el gobierno chaqueño reglamentó la nueva ley modificando parte de la norma. “Es una ley muy restrictiva, protege el bosque como ninguna otra, da participación a todos los sectores, y es tan buena que fue copiada por Santiago del Estero y Salta”, señaló el funcionario. Sobre la ausencia de participación indígena, Schwesig eludió las culpas: “Yo no participé de la confección de la ley”, se defendió.
El abogado Julio García aseguró que “el decreto sólo cambia quién elabora el plan de manejo. Antes los hacía el gobierno y ahora un particular, que en realidad puede ser un aliado del mismo gobierno. Además, el decreto tiene menor rango que la ley, por lo tanto lo que hay que modificar es la ley, y ya como cuestión de fondo hay que remarcar que ambas normas ven al bosque como una colección de palos, no ven que ahí vive gente y que la ley vigente está, justamente, jugando con esas vidas. Los ambientalistas también explicaron que, en realidad, debiera hacerse una evaluación de impacto ambiental, un estudio de mayor complejidad que el solicitado por la ley 5285, con participación de diversos sectores. El artículo 19 también estipula que se puede desmontar si luego se reforesta: otro punto muy cuestionado por los ambientalistas. “La ley desconoce completamente elementos de medio ambiente, no entienden que una vez que elimine el bosque no volverá a crecer nada y tampoco entienden que cada espacio natural es único: no pueden arrasar una zona y creer que la suplantan por otra. La explicación de esto es que trabajan bajo el concepto de `fomento productivo’ y no de conservación ambiental, como debiera ser”, dijo el titular de Funam.
Las organizaciones ya presentaron dos recursos de amparo, que esperan definición para fin de mes. Exigen la declaración de emergencia ambiental para acabar con la venta de tierras fiscales y el desmonte. Piden un estudio de impacto ambiental y social “serio” y la redacción de una nueva ley con participación de todos los actores involucrados, que privilegie los derechos a la alimentación y a la salud de los pueblos originarios.
En todo el Chaco hay 1,6 millón de hectáreas fiscales, de las cuales 1.450.000 están en los departamentos de Güemes y Almirante Brown, zona de El Impenetrable. Las tierras fiscales, siempre de bosque chaqueño y muchas veces propiedad ancestral de los pueblos originarios, son vendidas por el Instituto de Colonización, un organismo autárquico del gobierno chaqueño muy cuestionado por las organizaciones sociales. El instituto sólo puede ofrecer tierras a productores agropecuarios locales e hijos de productores, maestros y también a personas o profesionales relacionados con el sector agrícola con más de cinco años de residencia en el lugar. Pero éstos suelen ser testaferros de empresarios con sedes en Córdoba y Santa Fe, que pagan desde 18 pesos la hectárea, según explican las organizaciones.
El presidente del instituto, Roberto José Cogno, admitió a Página/12 que ha existido esta práctica de testaferros en El Impenetrable y también confirmó el avance de la frontera agrícola sobre el bosque y que su área está en un proceso de revisión de adjudicaciones. También remarcó que su función llega hasta la adjudicación de tierras y, si se comprueba ladeforestación, la cancelación de la entrega. “El instituto no tiene nada que ver con la práctica clientelar de entrega de tierras a empresas”, respondió Cogno a las acusaciones de las organizaciones.
En la recorrida, de la que también participaron integrantes del Instituto de Cultura Popular (Incupo), explicaron que hay una forma muy simple de confirmar la venta de tierras fiscales en el bosque chaqueño: “El alambrado delata al dueño”, advierte el dicho. Las grandes empresas sojeras instalan líneas, postes y varillas nuevas, de madera prolijamente cortada, que cercan decenas de cuadras. En tanto el criollo usa tronco de espinillos, un arbusto del monte. En El Impenetrable hay mucho alambrado nuevo.
Informe: Darío Aranda.
