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El tiempo de los derechos
texto de Josep Fontana
publicado en abril de 2011 en diario Público
La actuación del primer Gobierno de la Segunda República española, presidido por un terrateniente católico e integrado por ocho liberales moderados y tres socialistas, se encaminó desde el primer momento a asegurar el desarrollo constitucional y a adoptar medidas de emergencia para paliar los efectos de una crisis económica agravada por la inepta política de la dictadura del general Primo de Rivera. Un Gobierno de predominio liberal no dudó entonces en publicar medidas de intervención, como las leyes de términos municipales, de laboreo forzoso, de prórroga de arrendamientos y de asentamientos colectivos, o la implantación de la jornada de ocho horas para los jornaleros.
Como dijo Azaña, “la obra legislativa y de gobierno de la República arrancó de los principios clásicos de la democracia liberal”, pero en las cuestiones económicas, por muy liberal que se fuese, era necesario intervenir para hacer frente a las consecuencias de la crisis mundial, en unos momentos de paro y de conflicto, en especial en la agricultura. “Con socialistas ni sin socialistas ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente humanas podía dejar las cosas en la situación que las halló la República”.
Pero los cambios que permitieron mejorar la condición de la población trabajadora procedieron menos de las leyes mismas –la de reforma agraria, por ejemplo, promulgada en septiembre de 1932, llegó a 1936 sin resultados significativos, puesto que, como dijo Camilo Berneri, “se aplicó en dosis homeopáticas”– que de un cambio de apariencia nada espectacular, pero de consecuencias trascendentes, en las reglas del juego social.
En el campo, por ejemplo, se acabó con la relación tradicional de fuerzas que permitía a los propietarios, con la colaboración de los funcionarios, de la Guardia Civil y de los jueces, desvirtuar o neutralizar las leyes reformistas que se publicaban en los años de la monarquía (que haberlas las hubo, aunque sus consecuencias fuesen escasas). Al comienzo, los propietarios vieron la llegada del nuevo régimen con tranquilidad, puesto que estaban acostumbrados a que cambiasen los gobiernos en Madrid, mientras seguían controlando su entorno local. Comenzaron a alarmarse cuando vieron que los campesinos se organizaban para reivindicar sus derechos sin que la Guardia Civil se lo impidiera, como en el pasado; fue así como los jornaleros pudieron mejorar sus salarios y sus condiciones de vida.
Que esa política fuese acertada lo demostró que sirviera para evitar la extensión a España de la crisis económica mundial. Los índices económicos españoles de estos años muestran descensos moderados o estabilidad. La renta nacional creció y las mejoras salariales, consecuencia de la libertad de acción sindical, permitieron aumentar la capacidad de consumo de la población, generando un crecimiento interior desligado de la coyuntura internacional. Nada hubo en España que se pareciera al desastre de la gran recesión en Estados Unidos o en Alemania. Cuál fue la actitud de las derechas españolas hacia estos cambios lo muestra todavía un libro publicado en 1998 –e insisto en la fecha para que no se crea que se trata de un panfleto de la Guerra Civil– en el que cuando se enumeran las razones que movieron a Pedro Sainz Rodríguez a colaborar con la insurrección fascista, se nos da esta descripción de los horrores de la República: “Se obligaba a los terratenientes a roturar y cultivar sus tierras baldías, se protegía al trabajador de la agricultura tanto como al de la industria, se creaban escuelas laicas, se introducía el divorcio, se secularizaban los cementerios, pasaban los hospitales a depender directamente del Estado...”. O sea, el bolchevismo.
Por eso, cuando las derechas llegaron al poder en 1933, los terratenientes y los caciques reafirmaron de nuevo su autoridad: recortaron los salarios (en Córdoba, el de la recogida de las aceitunas bajó de 6,50 a 5,75), se suspendieron las reuniones de los jurados mixtos y las leyes de términos y de laboreo forzoso se infringieron impunemente. Los campesinos que se habían afiliado a un sindicato o se habían distinguido como partidarios de la izquierda sufrieron toda clase de persecuciones, expulsándolos de los lugares en los que trabajaban y negándoles la contratación como jornaleros. Eso sucedió en Andalucía, en Cuenca –donde los trabajadores de Barajas de Melo se lamentaban de que “cuando pedimos trabajo, el alcalde nos dice que ‘comamos zarzas y república”–, en Ciudad Real –donde los de Solana del Pino aseguraban que “para perseguirnos, prefieren dejar la tierra sin cultivar antes que dárnosla a nosotros”–, en Toledo, donde, según explica Arturo Barea, a fines de 1933 los propietarios comenzaban a echar a todos los que se habían afiliado a un sindicato “y a no dar trabajo más que a los que se sometían a lo de antes”.
Otra muestra del cambio profundo que introdujo la conjunción republicano-socialista en la política española la tenemos en la práctica del sistema electoral. Las elecciones de 1933 fueron, en 120 años de historia parlamentaria española, las primeras que perdió un Gobierno que las hubiera convocado. Este aceptó su derrota y cedió el poder a la oposición de derechas. Cuando esto sucedió por segunda vez, en febrero de 1936, las derechas se dispusieron a recuperar el poder por la fuerza, volviendo a una tradición histórica en que las elecciones no eran más que una farsa.
Nadie ha expresado mejor que Antonio Machado, en un texto publicado el 14 de abril de 1937, lo que vino a significar, como una profunda ruptura en la historia española, la actuación del Gobierno provisional de 1931: “Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”.
texto de Josep Fontana
publicado en abril de 2011 en diario Público
La actuación del primer Gobierno de la Segunda República española, presidido por un terrateniente católico e integrado por ocho liberales moderados y tres socialistas, se encaminó desde el primer momento a asegurar el desarrollo constitucional y a adoptar medidas de emergencia para paliar los efectos de una crisis económica agravada por la inepta política de la dictadura del general Primo de Rivera. Un Gobierno de predominio liberal no dudó entonces en publicar medidas de intervención, como las leyes de términos municipales, de laboreo forzoso, de prórroga de arrendamientos y de asentamientos colectivos, o la implantación de la jornada de ocho horas para los jornaleros.
Como dijo Azaña, “la obra legislativa y de gobierno de la República arrancó de los principios clásicos de la democracia liberal”, pero en las cuestiones económicas, por muy liberal que se fuese, era necesario intervenir para hacer frente a las consecuencias de la crisis mundial, en unos momentos de paro y de conflicto, en especial en la agricultura. “Con socialistas ni sin socialistas ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente humanas podía dejar las cosas en la situación que las halló la República”.
Pero los cambios que permitieron mejorar la condición de la población trabajadora procedieron menos de las leyes mismas –la de reforma agraria, por ejemplo, promulgada en septiembre de 1932, llegó a 1936 sin resultados significativos, puesto que, como dijo Camilo Berneri, “se aplicó en dosis homeopáticas”– que de un cambio de apariencia nada espectacular, pero de consecuencias trascendentes, en las reglas del juego social.
En el campo, por ejemplo, se acabó con la relación tradicional de fuerzas que permitía a los propietarios, con la colaboración de los funcionarios, de la Guardia Civil y de los jueces, desvirtuar o neutralizar las leyes reformistas que se publicaban en los años de la monarquía (que haberlas las hubo, aunque sus consecuencias fuesen escasas). Al comienzo, los propietarios vieron la llegada del nuevo régimen con tranquilidad, puesto que estaban acostumbrados a que cambiasen los gobiernos en Madrid, mientras seguían controlando su entorno local. Comenzaron a alarmarse cuando vieron que los campesinos se organizaban para reivindicar sus derechos sin que la Guardia Civil se lo impidiera, como en el pasado; fue así como los jornaleros pudieron mejorar sus salarios y sus condiciones de vida.
Que esa política fuese acertada lo demostró que sirviera para evitar la extensión a España de la crisis económica mundial. Los índices económicos españoles de estos años muestran descensos moderados o estabilidad. La renta nacional creció y las mejoras salariales, consecuencia de la libertad de acción sindical, permitieron aumentar la capacidad de consumo de la población, generando un crecimiento interior desligado de la coyuntura internacional. Nada hubo en España que se pareciera al desastre de la gran recesión en Estados Unidos o en Alemania. Cuál fue la actitud de las derechas españolas hacia estos cambios lo muestra todavía un libro publicado en 1998 –e insisto en la fecha para que no se crea que se trata de un panfleto de la Guerra Civil– en el que cuando se enumeran las razones que movieron a Pedro Sainz Rodríguez a colaborar con la insurrección fascista, se nos da esta descripción de los horrores de la República: “Se obligaba a los terratenientes a roturar y cultivar sus tierras baldías, se protegía al trabajador de la agricultura tanto como al de la industria, se creaban escuelas laicas, se introducía el divorcio, se secularizaban los cementerios, pasaban los hospitales a depender directamente del Estado...”. O sea, el bolchevismo.
Por eso, cuando las derechas llegaron al poder en 1933, los terratenientes y los caciques reafirmaron de nuevo su autoridad: recortaron los salarios (en Córdoba, el de la recogida de las aceitunas bajó de 6,50 a 5,75), se suspendieron las reuniones de los jurados mixtos y las leyes de términos y de laboreo forzoso se infringieron impunemente. Los campesinos que se habían afiliado a un sindicato o se habían distinguido como partidarios de la izquierda sufrieron toda clase de persecuciones, expulsándolos de los lugares en los que trabajaban y negándoles la contratación como jornaleros. Eso sucedió en Andalucía, en Cuenca –donde los trabajadores de Barajas de Melo se lamentaban de que “cuando pedimos trabajo, el alcalde nos dice que ‘comamos zarzas y república”–, en Ciudad Real –donde los de Solana del Pino aseguraban que “para perseguirnos, prefieren dejar la tierra sin cultivar antes que dárnosla a nosotros”–, en Toledo, donde, según explica Arturo Barea, a fines de 1933 los propietarios comenzaban a echar a todos los que se habían afiliado a un sindicato “y a no dar trabajo más que a los que se sometían a lo de antes”.
Otra muestra del cambio profundo que introdujo la conjunción republicano-socialista en la política española la tenemos en la práctica del sistema electoral. Las elecciones de 1933 fueron, en 120 años de historia parlamentaria española, las primeras que perdió un Gobierno que las hubiera convocado. Este aceptó su derrota y cedió el poder a la oposición de derechas. Cuando esto sucedió por segunda vez, en febrero de 1936, las derechas se dispusieron a recuperar el poder por la fuerza, volviendo a una tradición histórica en que las elecciones no eran más que una farsa.
Nadie ha expresado mejor que Antonio Machado, en un texto publicado el 14 de abril de 1937, lo que vino a significar, como una profunda ruptura en la historia española, la actuación del Gobierno provisional de 1931: “Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”.
