¿Por qué los medios no mencionan que la ciudadanía de EEUU tiene prohibido viajar a Cuba?

Hasta la supresión reciente del llamado “permiso de salida” en Cuba, los medios nos han repetido que el Gobierno cubano ponía obstáculos para viajar a su ciudadanía. Pero raramente nos han mencionado que la ciudadanía de EEUU –salvo contadas excepciones- tiene prohibido viajar a Cuba, bajo multas de hasta 65.000 dólares.



¿Por qué los medios no mencionan que la ciudadanía de EEUU tiene prohibido viajar a Cuba?

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Hasta la supresión reciente del llamado “permiso de salida” en Cuba, los medios nos han repetido, una y otra vez, que el Gobierno cubano ponía serios obstáculos para viajar a su ciudadanía (1).

Sin embargo, esos mismos medios raramente nos han mencionado que la ciudadanía de Estados Unidos –salvo contadas excepciones- tiene prohibido viajar a Cuba, bajo multas de hasta 65.000 dólares (2). Esta prohibición fue prácticamente total hasta 1999, año en que el Presidente Bill Clinton aprobó los llamados viajes “people to people” (pueblo a pueblo) (3). A partir de entonces, algunos grupos de profesores, periodistas, representantes de iglesias, grupos culturales y organizaciones sociales fueron autorizados para ciertos viajes no turísticos a la Isla.

Pero el objetivo del Gobierno no era fomentar el intercambio cultural o académico con Cuba. Los viajes “people to people” se aprobaron con una intención política explícita: la de tratar de influir en la sociedad cubana y generar cambios políticos en ella, mediante “interacciones significativas” de los viajeros con la población de la Isla (4). Es decir, el Gobierno de EEUU insertó estos viajes en su estrategia de “cambio de régimen” para Cuba.

Curiosamente, el Gobierno cubano no solo no se opuso a estas visitas, sino que, en estos años, las ha facilitado y fomentado activamente (5).

Pero la “contaminación ideológica” que perseguía la Administración norteamericana no se consiguió, y el Gobierno de George W. Bush, en 2003, suspendió totalmente dichos viajes. Ocho años después, a comienzos de 2011, Barack Obama los volvió a autorizar, y en el primer año cerca de 10.000 personas han podido viajar legalmente a Cuba (6).

A mediados de 2012, los políticos de la ultraderecha cubanoamericana en el Partido Republicano se volvieron a movilizar contra estos viajes, hasta conseguir la paralización temporal de la concesión de nuevas licencias. El senador por Florida Marco Rubio denunciaba que se habían convertido en meros viajes de turismo, que solo servían para dejar dólares al estado cubano y que, incluso, se había invertido el objetivo inicial, ya que los visitantes volvían “adoctrinados” por la Revolución cubana (7).

Aunque no consiguió que fueran eliminados definitivamente, Marco Rubio sí arrancó al Gobierno de Obama la aplicación de regulaciones más estrictas a dichos viajes.

Desde mayo de este año, por ejemplo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, exige un plan detallado de cada viaje a Cuba, con la justificación del impacto que cada actividad o visita allí realizada generará en la sociedad cubana (. También impone como requisito, para otorgar la licencia de viaje, la inclusión en cada grupo de una persona con funciones de vigilancia, para evitar cualquier contacto con representantes del Gobierno cubano (9).

Varios profesores norteamericanos han denunciado otros mecanismos añadidos de control por parte de sus universidades, con la intención de evitarse éstas posibles problemas legales con el Gobierno. Por ejemplo, la obligación de ser interrogados por abogados de la universidad antes y después del viaje, y la firma de una declaración jurada (10).

Además, los viajes “people to people”, desde su creación, están sujetos a unos límites de gasto diario en la Isla, y los excursionistas tienen prohibido adquirir cualquier souvenir o producto turístico cubano (11).

Todas estas imposiciones y limitantes generan preguntas inevitables. Una: si el Gobierno norteamericano está tan confiado en la superioridad de sus valores, ¿por qué necesita semejante sistema de control sobre quienes –supuestamente- son “embajadores” de su concepto de democracia? Y dos: si los medios y políticos de Miami sostienen que la realidad de Cuba es tan absolutamente insufrible, ¿por qué tratan de impedir los viajes de estas personas que, a su vuelta, podrían ser transmisores de primera mano de los horrores conocidos (12)?

La respuesta a estas preguntas es obvia: porque la realidad de Cuba es bien distinta del panorama dantesco que pintan unos y otros. Los viajeros descubren, por ejemplo, que no son rechazados por ser estadounidenses, y que caminan por las calles de la Isla, a cualquier hora, con mayor seguridad que en cualquier otro país de la región; y que, lejos de encontrar a una población desinformada y aislada, conocen a un pueblo instruido, que expresa abiertamente críticas e insatisfacciones, y que –con un alto nivel político- debate sobre cualquier tema de la realidad mundial (13).

Encuentran carencias materiales muy visibles, pero nada parecido a la miseria y el hambre que les habían narrado; descubren que cualquier familia, aún viva semiaislada en una montaña, tiene acceso universal a la salud y la educación; y quedan impactados por la inmensa riqueza cultural del país, materializada –por ejemplo- en miles de músicos de cualquier estilo, ávidos de intercambiar con sus homólogos norteamericanos.

Es verdaderamente curioso. El Gobierno de EEUU, que envía a sus ciudadanos a “contaminar de democracia” al pueblo cubano, debe someter a sus enviados a todo tipo de controles. Mientras, el Gobierno de Cuba, que –supuestamente- debería tratar de impedirlo, hace todo lo posible para que su población dialogue con los “contaminadores ideológicos”. ¿Alguien se explica semejante paradoja?