Control social y represión en la dictadura franquista (1951-1962)
Manuel Ortiz Heras
incluido en el libro "España años cincuenta"
publicado en el Foro en dos mensajes
Control social y represión en los cincuenta: el ejemplo de Albacete
Desde 1951 el gobernador de Albacete mantiene la idea de transmitir al Ministro de la Gobernación la sensación de control total de la situación.
“El año último se caracterizó en esta Capital por una manifiesta tranquilidad en el aspecto político-social ya que no dio muestras de existencia organización alguna de carácter subversivo, por cuya razón las actividades de la Brigada correspondiente se limitaron a ejercer una estrecha vigilancia cerca de elementos sospechosos especialmente en tabernas y en locales sitos en las afueras de la población, a emitir informes y a ejercer el control de los libertos condicionales cuyo número era de 87 al concluir el año” (39).
La “normalidad” franquista se extendía, a juicio del Gobernador, a la propia prisión provincial hasta el punto que “en los días señalados para conmemorar las efemérides gloriosas se desarrolló una labor especial a base de disertaciones por los sres. Capellán y maestro y conferencias a cargo de los componentes de las Juntas de Régimen». Apenas unos párrafos para relatar los últimos escarceos del movimiento guerrillero- prácticamente eliminado el año anterior como ya se ha expuesto- y se pasaba a constatar que “desde el punto de vista político-social, tanto la capital como el resto de la provincia acusó una normalidad absoluta”:
“Además de estos servicios que afectan al llamado bandolerismo, cuantos sucesos y acontecimientos ocurrieron en la provincia y que pudieran calificarse como de delincuencia común más destacada, fueron esclarecidos y sus autores, con las diligencias y atestados correspondientes, fueron puestos a disposición de las Autoridades competentes” (40).
Este año había sido detenido uno de los últimos guerrilleros que actuaron en la provincia, Basilio Serrano Valero (Manco de la pesquera). En contra del más lógico comentario triunfalista justificado por tamaño éxito policial, el gobernador trataba con una fría y distante frase el asunto zanjándolo con un lacónico “dio como resultado la detención por fuerzas de la Guardia Civil de todos los complicados, los cuales fueron puestos a disposición del Sr. Juez Especial de E.O.A. de la 3ª Región Militar”. Poca importancia se prestaba al resto de cuestiones de orden público garantizado por el “celo y actividad de los funcionarios”. Apenas quedaba espacio para constatar los problemas derivados de la regularización de los mercados, en particular en lo referente a un producto autóctono como era el esparto que había generado denuncias contra 118 personas para “salvaguardar y hacer respetar la propiedad”. Durante toda esta década los servicios rurales se emplearon con especial ahínco en la protección de este producto con constantes detenciones y denuncias.
No podía ocultar el responsable público los grandes problemas por los que atravesaban los municipios que “a pesar de ser sus corporaciones incansables en su actividad y tener nobles y ambiciosos propósitos, poco es lo que se ha podido hacer, ya que sus limitados ingresos sólo han permitido cubrir las obligaciones”. Al menos quedaba el regusto de poder aplaudir la supresión de la cartilla de racionamiento “que satisfizo los deseos y anhelos de la población” y venía a devolver, supuestamente al menos, la pretendida normalidad ya que no se podía ocultar que “las circunstancias habidas de cosechas y mercados orientaron al público a la adquisición de lo que precisaba por caminos distintos a los que permitieron la obtención de los correspondientes datos estadísticos…”. Otros problemas sociales detectados en las memorias están relacionados con la endémica lacra del analfabetismo –falta de escuelas y de maestros e importante absentismo escolar- y la escasez de viviendas en condiciones dignas de habitabilidad. La fiscalía competente tuvo que hacer en muchas ocasiones la vista gorda y no sancionar a particulares que desoyendo la normativa vigente practicaban la autoconstrucción de “casas” que no mejoraban el escandaloso “trogloditismo” de la posguerra. De hecho, en 1957, la memoria admite que “habiéndose seguido el criterio de tolerancia en las inspecciones previas, y el cual aparece impuesto por el porcentaje tan elevado de viviendas que no ofrecen las debidas condiciones de habitabilidad y cuya no autorización agravaría enormemente el problema de la vivienda en la provincia”.
Eso sí, un problema que preocupaba al máximo dirigente provincial era el del acuartelamiento de la Guardia Civil con edificios que “son de construcción antigua e inadecuados, tanto por su deficiente estado de conservación como por su escasa capacidad, debido al aumento de las respectivas dotaciones”. En el fondo se trataba de un problema de precariedad presupuestaria y laboral que afectaba a todos los componentes de las fuerzas de seguridad y del propio ejército. Entre la policía armada se generalizó el fenómeno del pluriempleo y sus bajos sueldos no se correspondían con la importancia de su función. En esta época se redujo el ejército y los cuerpos de seguridad quedando su presupuesto por debajo de los niveles de la República. Una verdadera contradicción pues mientras el nivel de vida general iba poco a poco repuntando la policía Armada perdió efectivos y su equipamiento quedó absolutamente desfasado (41).
La memoria, no obstante, ofrece también la posibilidad de analizar otros aspectos del control franquista como fueron los referentes a las costumbres y la moral nacionalcatólica. Así, la Junta Provincial de Protección de Menores daba cuenta de la “labor callada pero de extraordinaria importancia en orden a la asistencia y tutela de menores que, por el ambiente moral y dificultades económicas en que se desenvuelve su vida, se hallan en constante peligro de perderse”. Evidentemente, no se trata de ninguna novedad con respecto a la inmediata posguerra sino todo lo contrario, la continuidad y contumacia en unas pautas que variarán muy poco a lo largo de los años cincuenta.
Por eso un elemento inmutable en el tiempo será abordar el problema de la prostitución, particularmente con un apartado relativo a la Junta provincial de protección de la mujer cuya actividad principal consistió en la “recogida e internamiento de jóvenes pervertidas o en peligro de perversión… las cuales recibieron cultura e instrucción religiosa y, algunas, conocimientos prácticos que les permitiría ganar honradamente la vida”. En esta línea la memoria del año 1954 incorpora como logro importante de este organismo que “a base de prestar la debida vigilancia sobre jóvenes de poca edad amancebadas, se consiguió legitimar mediante el matrimonio a algunas uniones”. Todavía en estos tiempos de permisividad el régimen hacía gala de esa doble y característica moral que les llevaba a regular dicha problemática. En el fondo subyacía una consideración delincuencial hacia las mujeres que no coincidía con la laxa valoración e incluso fomento que se venía dando para los “consumidores”: “Especial atención se prestó, por parte de Comisaría a la prostitución, ya que la relajación de la moral y el vicio son factores que influyen grandemente en la delincuencia”.
En esta fundamental labor de control social el régimen disfrutó de una importante colaboración de manos de la Iglesia. Compartían objetivos comunes e impulsaron un modelo de moral que no sólo excluía a cualquier otra sino que la perseguía y criminalizaba. Así, la Iglesia, importante agencia de creación de discurso y de legitimación de adoctrinamiento, ejerció un completo dominio de la moral del momento a través de un ejercicio de control social al que se llegó siguiendo múltiples instancias42. Elaboró informes y certificados de buena conducta, mantuvo una abundante nómina de curas en las prisiones y campos de trabajo, formó parte activa de las comisiones de libertad vigilada, en los patronatos de la mujer y en las comisiones de educación, así como en un largo etcétera de organismos que proyectarían la alargada sombra de la institución hasta extender al paroxismo la idea de pecado. Esto se estableció como una categoría moral que se elevaría a rango de ley hasta generalizar de manera obscena y, al mismo tiempo, plúmbea el autocontrol y la culpabilidad. En efecto, también en el caso español la dictadura transformó al país en una sociedad autovigilada, una sociedad donde la vigilancia y la delación partían de uno mismo y contaban con la potencial colaboración de cada vecino, de cada familiar, ya que se trató de un fenómeno entre iguales que no sólo se proponía controlar las acciones y manifestaciones externas sino que aspiraba a intervenir en las privadas (43).
La prisión provincial seguía siendo motivo de preocupación porque transcurridos ya varios años desde el encarcelamiento masivo de los derrotados en la guerra, todavía no se había podido separar a los presos políticos de los comunes y no sólo sufrían las penas de libertad sino que estaban sometidos a una estricta disciplina en la que no podía faltar el apoyo de la religión.
“La instrucción religiosa se organizó durante todo el año a base de prácticas y lecturas de pasajes bíblicos y catecismo explicado, habiéndose conmemorado las fiestas religiosas, efemérides nacionales con distintos actos culturales y educativos, culminando la actividad religiosa desarrollada en una importante misión espiritual que concluyó con una solemne comunión, en la que participaron todos los funcionarios y el ochenta y cinco por ciento de los reclusos” (44).
El ambiente carcelario de la España de esta década fue conquistado a través del extremo control de cualquier posible movimiento que se diera. Así lo atestigua el Gobernador Civil en 1954 al consignar en la memoria que “se ejerció un estrecho y riguroso control en el movimiento de viajeros, en hoteles, pensiones, fondas, posadas, automóviles y garajes, por lo que en todo momento se tuvo conocimiento de la población delincuente que pernoctó o transitó por la provincia”. El nuevo marco internacional se dejaba notar también en la vida cotidiana de estas provincias donde se empezó a constatar “el incremento en las relaciones en el orden internacional, (que) exigió una acentuación considerable en las actividades del Negociado de Pasaportes y Extranjeros” (45). Al amparo de un contexto favorable para los intereses del régimen, el “síndrome de la seguridad” se convirtió en la excusa perfecta para todas estas prácticas represivas que acabarían por garantizar una apabullante desmovilización social (46).
El paro obrero y las facilidades dadas por las instituciones harán cada vez más frecuente la emigración y la inmigración que motivó al gobernador en 1957 a demandar un incremento de personal ya que además no se podía “olvidar el crecido número de habitantes de la capital y la actividad de su estación férrea”. En un principio los movimientos de población no eran del agrado de las autoridades por dos razones fundamentales. Primero porque el éxodo rural contravenía la defensa del campesinado como esencia de la nación y, por tanto, del medio agrario donde, dada la escasa densidad demográfica, era mucho más fácil vigilar y castigar la disidencia. Pero, también, porque el crecimiento de los núcleos urbanos favorecía un posible entendimiento entre aquellos que emigraban como manifestación de su resistencia “pasiva”. Se aprecian en este punto las dos visiones planteadas: desde abajo, la emigración se convirtió en una significativa manifestación de la protesta; por arriba, el fenómeno migratorio creaba evidentes problemas de orden público en un modelo tan asfixiante como el franquista.
Claro que con el tiempo cada vez se iban abriendo nuevos frentes y competencias que atender. Por ejemplo, la vigilancia alcanzó también a la Delegación Provincial de Información y Turismo que informaba en 1958 de la censura desplegada sobre el periódico local, perteneciente al Movimiento, o sobre los programas radiados por las emisoras locales y “asimismo fueron vigilados los cines y teatros en la parte referente a censura, entrada de menores, proyecciones obligatorias, programas a proyectar, etc. levantándose las oportunas actas e instruyéndose las oportunos expedientes en todos aquellos casos en que fue observada alguna infracción”47. La situación política general iba marcando otras actuaciones de las que difícilmente podría abstraerse la autoridad provincial. El final de la década representó un cambio en la política nacional con un relevo generacional acorde con las transformaciones sociales. Por ello y sin abandonar el discurso de la “normalidad”, a finales de la década de los cincuenta el Gobernador no podía por menos que reconocer algunos de estos nuevos impulsos:
“Al finalizar el año se presentaron algunos brotes que en el orden político-social y criminal daban síntomas de vida activa, pero todos ellos fueron cortados de raíz, gracias a la actividad y vigilancia de las fuerzas encargadas del mantenimiento del orden público” (48).
Esa tendencia se consolidaría poco a poco de tal manera que en la memoria de 1961 se repite la cantinela de la normalidad pero ya se reconoce una “inquietud expectante con relación al exterior, ante los frecuentes y graves conflictos internacionales que se vienen sucediendo”. La percepción de la situación política por la que atravesaba el país seguía ofreciendo la recalcitrante imagen de la complacencia general ya que “no cabe duda alguna de la aspiración unánime (sic) es la de la continuación del régimen actual, ya que con él se ha disfrutado y se disfruta de paz y tranquilidad, y se han obtenido y se obtienen continuas mejoras que se traducen en la constante elevación del nivel social”. Con todo, nada había cambiado en la política de orden público y se “sometió a estrecha vigilancia a las personas consideradas como enemigas del Régimen, controlándose todos sus movimientos, lo que influyó grandemente al hecho de que no se registrara ninguna perturbación o brote de carácter político-social” (49).
El orden público a comienzos de los sesenta desde “las provincias”
Si nos dejamos llevar por los informes que recogen los diferentes gobiernos civiles consultados, en no pocas ocasiones, da la impresión que el máximo dirigente provincial es ajeno al sistema de poder, a la estructura institucional. No les faltaba algo de razón si tenemos en cuenta la pérdida de competencias a la que sistemáticamente fueron sometidos. En las memorias se muestran críticos con algunos problemas generados por el propio gobierno, por ejemplo, la carga fiscal y “la precariedad económica del momento”. (Lugo y Salamanca en 1960). Así, la sinceridad de estos políticos en sus informes internos pone de manifiesto la lacerante situación por la que atravesaba la mayoría de los españoles que habían podido subsistir a una durísima posguerra y a los efectos perniciosos de las políticas autárquicas. Para entender este estado de cosas, nuevamente la violencia política desplegada desde tantas instancias por la dictadura, y el miedo consiguiente, se ofrecen como claves explicativas. En el siguiente fragmento de la memoria de Orense se detectan algunas consecuencias de aquella inmensa prisión en que se había convertido el país, con trabajadores condenados a cumplir interminables jornadas y, por tanto, privados de poder atender algunas necesidades familiares:
“Nos encontramos en la obligación también de señalar que en lo que se refiere a la capital y en orden a la clase media es raro el individuo que solamente tiene un puesto de trabajo. Para poder solventar los gastos económicos que su mejor vida actual le contraen, así como dar una mejor educación a sus hijos que lo que era corriente en su mismo escalafón social hace años, el hombre de la clase media baja trabaja incansablemente casi todas las horas del día sin poder dedicar la atención debida a su familia ni tener descanso a su quehacer que necesita” (50).
En general se constatan los graves problemas económicos y sociales derivados de la “estabilización económica”. Algunos ven, como consecuencia de esto, la justificación al “redoblado interés de los trabajadores por las elecciones sindicales del momento”, lo que en el fondo no dejaría de ser una forma soterrada de protesta social contra el sistema. En la memoria de Oviedo se habla del “año de la expectativa” muy favorable al gobierno que vio cómo aumentó hacia él la confianza “en el desarrollo gradual de las medidas de estabilización económica” aunque no convenía relajarse ya que “superado aquel primer momento se cree debe plantearse urgentemente la nueva estructura económica, que beneficie a la Empresa y a la economía nacional, estimulando el rendimiento y aumentando el poder de consumo del pueblo español, especialmente, de los trabajadores”51. Claro que no todo fueron consecuencias positivas. En Orense se reconocía que la disminución del contrabando y la defraudación, características tradicionales de aquellas tierras, producto de “la liberación de contingentes en exportación e importación” había generado “una disminución real, aunque sea un poco vergonzoso informarlo, del dinero existente en la provincia. Se notaron en espectáculos y lugares nocturnos, así como en establecimientos de artículos de lujo una baja grande en la clientela que se considera sospechosa de contrabando que, por otra parte, era la que más cuantiosos gastos efectuaba”. También arreciaban las críticas al régimen en Palencia “por no haber conseguido un mayor nivel de vida para las clases humildes y de la falta de energía para llevar a cabo una más justa distribución de la renta nacional”(52).
En el fondo, por encima de cualquier beligerancia política o ideológica, la preocupación de los españoles seguía siendo, de forma mayoritaria, la misma de los años anteriores. Como reconocía el Gobernador de Orense (1960), el común de los ciudadanos formaba “una masa que se rige en la edad madura sola y exclusivamente por el problema económico de sus propios hogares y en la juventud por un desinterés y desgana por el problema político”(53).
La eficacia de los mecanismos represivos aplicados durante dos largas décadas, consolidado plenamente el régimen, se puede constatar en expresiones que pretenden ir más allá incluso de una mera transmisión de tranquilidad o control sobre la situación. Se quiere dar la impresión no sólo de victoria frente al derrotado sino de convencimiento y de éxito frente a “los otros”:
“Merece destacarse el hecho de que habiéndose construido en la provincia un numeroso número de grandes obras hidroeléctricas, y hallándose en construcción durante el año 1960 cuatro o cinco de ellas que agrupan varios millares de trabajadores procedentes de la totalidad del territorio nacional, aunque la mayoría haya sido de la provincia, entre los que se encontraban y encuentran muchos con antecedentes políticos desfavorables por haber sido condenados a las más diversas penas, desde la de muerte y cadena perpetua a la de seis meses y un día, así como delincuentes comunes por delitos contra las personas y la propiedad, no se ha producido nunca, ni tampoco durante 1960 la menor alteración en el desarrollo normal de las obras. Los elementos reintegrados a su trabajo después de haber cumplido condena por auxilio a bandoleros o los procedentes del exilio, siguen presentándose voluntariamente a las Comisarías de Policía para hacer patente su presencia así como su alegría por haber resuelto con satisfacción su situación, y es curioso señalar su observación de extrañeza ante la libertad que existe para criticar al gobierno y a la Administración, sin tener que mirar hacia los lados para saber si alguien les está escuchando, cosa que no es posible hacer según dicen ni en las repúblicas hispanoamericanas, donde tanto se blasona de vivir en completa libertad política” (54).
En este furor por demostrar la efectividad de las políticas aplicadas se llega a afirmar que “muchos de los elementos extremistas han sido incorporados a las filas activas del Movimiento o a las tareas sindicales en las que están actuando con marcada sinceridad”(55). Para ello no sólo era suficiente vigilar y castigar sino que las medidas coactivas comprendían también actividades relacionadas y definidas como “proselitismo”. En concreto, la Falange siempre estuvo preocupada por generar un clima social de apoyo a sus propuestas y no aflojó sus campañas para hacer visible al “Movimiento en forma continuada y periódica a los pueblos”. Se trataba de incrementar la captación de afiliados sobre todo entre la gente joven (56). Tal vez por ello, reconocían las dificultades que encontraban para “convencer” en muchas ocasiones a los más allegados a pesar de reconocer la existencia de una “vida sindical fuerte”, sin embargo “el desaliento amenaza penetrar en los cuadros electivos de las juntas sindicales porque muchas de sus justas aspiraciones no son acogidas por el gobierno”(57).
Tal vez por eso algunos no terminaban de comprender que el muy mermado derecho de asociación permitido, sólo se tradujera en un asociacionismo de “carácter esporádico” que daba lugar a que “muchas asociaciones lleven una vida lánguida”(58).
El común denominador de las memorias en lo referente a la situación del “Orden Público” es la normalidad reinante y el alto grado de eficacia conseguido59. La escasa o atenuada conflictividad de esta década apenas se vio alterada por cuestiones que, en general, no representaron graves problemas para la Dictadura. Era el resultado de una constante vigilancia por parte de los distintos instrumentos represivos que impedían cualquier tipo de sorpresa negativa y hostil contra el poder. El grado de exhaustividad de aquellas medidas puede observarse en el siguiente texto:
“El grupo de Investigación Social, ha llevado a cabo una gran labor, para hacer el censo de cuantas personas se encuentran exiliadas y habitan en pueblos de esta Provincia, cifra que se eleva a unos 1.200. Se ordenó por este Gobierno Civil y así se realizó, a través de la Guardia Civil, en los pueblos, y la Comisaría del Cuerpo General de Policía en Toledo y Talavera de la Reina, la confección de un censo en el que se hiciesen constar los nombres y filiaciones completas, con sus antecedentes político-sociales, de todos los trabajadores que prestasen sus servicios en las industrias existentes en la Provincia, procedimiento este, para tener en todo momento un exacto control de las actividades de los mismos”(60).
Sin embargo, el ahínco con el que se persiguieron algunas “infracciones” pone también de manifiesto el altísimo listón y estrecha concepción de las “libertades” individuales de los españoles: “Más bien que alterar el orden, han consistido en faltas de educación ciudadana, policía de costumbres o leves perturbaciones, y las más de las veces bajo la forma de gamberrismo, blasfemias, desobediencias a las órdenes de la Autoridad y hechos análogos”(61). A falta de actuaciones más destacadas, que desde luego habían sido habituales años antes, la vida corriente de los españoles fue regimentada siguiendo unas normas que se ajustaban a la moral nacionalcatólica. Por eso no deben extrañar expresiones como las siguientes:
“En el aspecto preventivo, se han dictado normas tendentes a evitar aquellas manifestaciones hoy en día lamentablemente en auge, que en esta provincia no se han sentido aun de manera acentuada, y que se refieren a la moralidad en las playas, a manifestaciones profanas de bailes en determinadas épocas –cuaresma, carnaval-. Las normas sobre moralidad en las playas se han establecido de una manera rígida, evitando la comisión de todos aquellos actos que no solamente lesionan la moral, sino que incluso atentan a los elementales principios educativos y de buen gusto. A tal fin, se estableció un servicio extraordinario de vigilancia en las playas del litoral más frecuentadas, que comprenden unos 40 kilómetros de costa. Con ello se consiguió evitar la comisión de excesos, tanto en lo que a indumentaria se refiere, como en lo que atañe a esparcimientos en locales inmediatos a las payas. Este servicio se estableció con la necesaria prudencia y tacto, teniendo en cuenta el gran número de extranjeros que concurren a las playas de esta provincia, pero la eficacia del mismo resultó evidente”(62).
En buena lógica, el espectro de posibles desviaciones podía llegar a ser enorme. La disidencia o al menos su notable potencial comprendía una redefinición de algunos conceptos que ahora adquirían especial significación. Así, por ejemplo, “las sectas en atención a su carácter de refugio de elementos desafectos” venían a concentrar las miradas escrutadoras de aquellos “guardianes del sistema”. No obstante, en algunos casos se puede llegar a entender la especial atención prestada ante posibles “contagios de carácter internacional” que obligaron a esfuerzos adicionales:
“los sucesos de Argelia, en cuya región existe una gran cantidad de españoles o de franceses de la misma ascendencia, han promovido una emigración que puede considerarse circunstancial, pero que en algunos casos podrá convertirse en definitiva, que ha vertido sobre esta provincia un elemento nuevo en lo policial digno de ser tenido en cuenta. Por otra parte, se trata de un complejo, y por lo tanto heterogéneo grupo de gentes sobre cuya calificación político-social nada puede aventurarse”(63).
Antes de la masiva salida de españoles rumbo a Europa, el fenómeno de la emigración fue restringido al máximo en un ejercicio más de represión y control de una mano de obra que era reclamada con insistencia por parte de los empresarios. Los mecanismos para hacer efectiva esta política pasaron en muchas ocasiones por las enormes dificultades derivadas de la tramitación de los documentos necesarios para poder obtener el pasaporte64. La propia Administración acabó atrapando en su farragosa burocracia a muchos trabajadores que tuvieron que esperar una coyuntura más propicia para poder emprender la aventura del éxodo.
No obstante, en ocasiones se pretende obtener un mayor reconocimiento por estos logros debido a la dificultad que llega a entrañar en algunas provincias, como Orense, donde “los diferentes poblados de obreros en la construcción de grandes saltos hidroeléctricos que existen en la provincia, con varios miles de trabajadores muchos de los cuales tienen antecedentes de condenas hasta de pena de muerte por auxilio a la rebelión, etc., así como por antecedentes penales”. Todo esto fue posible porque, más allá de la persistencia del control policial a lo largo de toda la dictadura, las distintas políticas de investigación social llevadas a cabo resultaban verdaderamente asfixiantes. De su grado de eficacia da idea este fragmento de la memoria de Orense:
“De todos los que fueron alta se consultaron antecedentes y se procedió a la detención de aquellos que se hallaban reclamados por distintas autoridades. Teniendo en cuenta que entre ellos había muchos que por su ideología política y por sus actividades, habían sido condenados desde la pena de muerte a la de seis meses, se establecieron los dispositivos necesarios para tenerlos sometidos a una eficaz vigilancia en evitación de que intentaran organizar grupos y actuar contra la seguridad del Estado. Para ello en colaboración con el Servicio de Información, así como con la Guardia Civil, se efectuaron periódicos desplazamientos para conocer el ambiente existente en las distintas obras y tajos y comprobar al mismo tiempo la eficacia de los dispositivos establecidos”.
Una fórmula habitual en este tipo de documentación consiste en reflejar el especial seguimiento de que fueron objeto “los elementos socialmente peligrosos” debido a unas supuestas “ideas políticas subversivas” como todos aquellos que podían ofrecer “una conducta desordenada”, aspecto este siempre subjetivo relacionado las más de las veces con “la moralización de costumbres”. No obstante y más allá del especial celo demostrado con algunos problemas más o menos evidentes, lo cierto era que la vida cotidiana de los españoles era sometida a tan profunda vigilancia como se desprende de estas frases:
“Se ha vigilado intensamente la distribución o confección de propagandas orales o escritas, interviniendo rápidamente en las ilegales. Se ha mantenido estrecha vigilancia con la frontera y también a los elementos que pudieran resultar sospechosos de cruzarla con excesiva frecuencia, o con miras tendentes a la introducción de propaganda ilegal, contrabando, armas, etc. la prostitución, el juego, la moral pública y el alcoholismo, han sido vigilados constantemente; y por su importancia, desde el punto de vista de repercusiones en el orden público, se ha estado en constante contacto con las industrias, en especial con las grandes factorías y concentraciones de productores, para prevenir cualquier conato de alteración de la normalidad laboral. Los servicios de información e investigación, tanto de la Comisaría de policía como de la Guardia Civil, se han orientado a conocer en todo momento las reacciones de tipo social o político, situaciones o ambiente general, etc.”(65)
Cualquier actividad cotidiana era seguida o podía serlo, característica genuina de esta sociedad panóptica, por los garantes del orden público. Desde la vida privada al ocio pasando por las actividades profesionales, todo cabía bajo el control del régimen. Si había algo que despertara especial preocupación para sus cancerberos eran las “agrupaciones apreciables de personas” por el temor a que “pudieran dar lugar a anormalidades o alteraciones del orden en cualquier forma”66. Esta obsesión por garantizar la paz social a través de un muy rígido sentido del “orden público” llevó a sus responsables a perseguir la mendicidad callejera, la actividad de los “vagabundos”, por “la pobre impresión de nuestra Patria a sus visitantes extranjeros”67. Gracias a este enconado empeño el estribillo de estos documentos puede venir de la mano del caso segoviano: “Ello determina que el orden público en general se haya desenvuelto por cauces de absoluta y pacífica normalidad, no alterada ni por las difíciles situaciones económicas ni por las apasionadas Elecciones Municipales que han tenido lugar a finales de año”(68).
Como indicábamos al insistir en la importancia del cambio de ciclo que se empieza a dar a comienzos de la década de los años sesenta, encontramos ya algunas alusiones a conflictos de mayor y diferente envergadura al que se había venido acostumbrando aquella plúmbea España. El responsable provincial de Huelva tuvo que intervenir, “en perfecta conjunción con la Delegación de Trabajo”, para “hacer abortar el intento de huelga que se planeaba en la Compañía Española de Minas de Río Tinto con motivo del auto dictado por el Tribunal Supremo autorizando a la empresa a suspender el pago del plus de distancia”. Se trató sólo de un aviso ante lo que finalmente acabó por desatarse algunos meses más tarde en la inmensa mayor parte de las cuencas mineras españolas. De todas formas, de las siguientes frases se desprende también que los ánimos en esta provincia, al menos, estaban suficientemente calientes como para que el orden público no siguiera ofreciendo un panorama tan idílico:
“También hubo necesidad de que interviniésemos personalmente, con visita que hicimos al pueblo, en San Silvestre de Guzmán, donde también se registraron amenazas de alteración de orden público con motivo de sentencias judiciales declaratorias de propiedad de fincas hasta entonces explotadas por los vecinos en régimen de pegujaleros”(69).
No todo fueron dificultades para los cuerpos represivos del franquismo. La cooperación voluntaria y/o forzada de los primeros momentos contó con la destacada complicidad de algunos “hombres leales y honrados” que recuperaron la institución del Somatén, institución regulada por el decreto de 9 de octubre de 1945, con especial protagonismo en el medio rural. Estas estrechas colaboraciones no impedían que algunos “funcionarios” siguieran reclamando más medidas coercitivas que garantizaran la efectividad de sus funciones y no dudaban, por ejemplo, en denunciar “la falta de una disposición que faculte a la Autoridad gubernativa para decretar el arresto hasta el límite de un mes que la propia Ley (de orden público) señala”(70).
Un apartado al que hemos prestado especial atención para nuestros objetivos ha sido el que hace referencia a “los síntomas políticos y sindicales”. Si bien es una constante la idea de transmitir una sensación de estabilidad, lo verdaderamente significativo es el tono con el que se expresa en muchas ocasiones, hasta el punto que los informantes participan de forma reiterada de la idea de normalidad a pesar de todo. Y no parece ironía sino la auténtica percepción desde el poder cuando se describe la situación dentro de “un gran ambiente, tanto desde el punto de visto político, como desde el punto de vista sindical, consiguiendo, dentro de una auténtica libertad un satisfactorio resultado en orden a la ideología política de los mandos locales”(71).
Encontramos muchos ejemplos que pueden ilustrar el gran objetivo perseguido que no era otro que la pasividad y, a ser posible, la adhesión o fidelidad de los españoles como exponía en estas lacónicas palabras el responsable jienense: “(sus distintas actuaciones) han servido para mantener vivo el espíritu político y las aspiraciones hacia una creciente fidelidad al Régimen y al Gobierno de la Nación y a las directrices de nuestros mandos”(72). Parecida exposición es la que hace el Gobernador guipuzcoano al estimar una creciente integración de los productores: “Se ha podido observar una disminución muy notable en la animosidad política por parte de productores de empresa, que durante años, han estado distanciados de la Organización Sindical y, hoy en día, se han integrado en ella, colaborando dentro de la más estricta y estrecha sinceridad sindical”(73).
La ironía o la ingenuidad, quien sabe, pueden aplicarse a valoraciones como la que podemos encontrar en la memoria de Málaga de 1960 cuando el Gobernador deja caer esta imagen idílica: “puede decirse que no existe exteriorización alguna de ideas políticas contrarias al Movimiento. Si algún intento pudo haber, fracasó de raíz. No existe coacción alguna para la libre expresión del pensamiento o de manifestaciones como no sea la que deriva lógicamente de las leyes del Estado; el hecho real es que ni unos ni otros se producen y menos que ello pudiera considerarse como diatribas o críticas al Movimiento”, lo cual no impedía que se pudieran dar “críticas negativas del Régimen, de lo que sí existen algunas exteriorizaciones”, lo cual puede suponer una clara contradicción(74).
Sorprende, en esta línea, la frialdad y concisión de que se vale el político que tuvo que reflejar unos hechos muy diferentes que se produjeron en lo que ya empezaba a ser un semillero de problemas políticos, las provincias vascas:
“Como sucesos más importantes del año 1960 que han afectado a los órdenes público y político deben reseñarse los siguientes:
El 28 de marzo se celebraron en San Juan de Luz (Francia) los funerales por el llamado Jefe del gobierno vasco en el exilio, José Antonio Aguirre Lecube, acudiendo con tal motivo una importante masa de simpatizantes de esta provincia. Y con posterioridad, de forma escalonada, se han ido celebrando misas en la capital y muchos pueblos de la provincia por el alma del finado en las que, bajo la capa de religiosidad, se encubría una indudable finalidad política.
El 27 de junio explotaron en las Estaciones de los Ferrocarriles Vascongados y Norte (RENFE), dos artefactos colocados en el interior de maletas que se hallaban depositadas en consigna, causando daños materiales de escasa importancia, si bien es de lamentar como consecuencia de la primera explosión, falleció una niña de corta edad. Este acto de terrorismo fue planeado y llevado a cabo por elementos del DRIL (Directorio Republicano Ibérico Liberación).
La carta que sacerdotes vascos dirigieron a los Obispos de San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona, llevando la firma de 339 sacerdotes, de los que 141 pertenecen a la Diócesis de San Sebastián. Sin embargo, algunas de las firmas son dudosas y se ha utilizado el nombre de algunos sin su consentimiento. Este hecho político ha tenido singular importancia, creando un verdadero cisma de rebeldía, y creando un confusionismo religioso que aún perdura”(75).
En múltiples ocasiones encontramos referencias al “marcado apoliticismo de amplios sectores de la población”, lo que no impide que se hagan pormenorizados exámenes de las distintas ideologías políticas existentes aunque sean ilegales. La sutileza de algunos llega a precisar diferencias entre “clases medias” y “clases económicamente débiles”, a partir de lo cual atribuir un mejor comportamiento a los primeros por su “alejamiento de las actividades políticas” mientras que los otros son difíciles de definir y llegan a admitir que “no sería erróneo afirmar que existe un socialismo adormecido, o al menos un deseo de mejora económica que se identifica con la vaga idea que pueden tener sobre el marxismo”(76). Otros, por el contrario, introducen un elemento como es la edad para diferenciar el comportamiento político de sus ciudadanos. Así, “los que nacieron hacia el año 1930 y posteriores, no tienen ningún recuerdo ni inclinación hacia el régimen monárquico… y en esencia puede que su monarquismo no signifique ni tenga otro fundamento mas que el de una oposición más o menos encubierta a la actual organización del Estado”. Llama la atención, no obstante, la claridad con la que admite la existencia de grupos políticos de oposición y su estrategia para burlar los controles del sistema:
“Aunque legalmente esta clase de asociaciones o de organizaciones políticas, no pueden existir, la realidad es que muchos de ellos se han afiliado a la actual organización sindical conservando sus anteriores ideas y simpatías por las antiguas organizaciones, en su fuero interno; esto principalmente en los de cierta edad que formaron parte de ellas”(77).
Parece pues probada la idea inicial de que el período aquí analizado, 1951-1962, conserva unas características particulares que le confieren una entidad propia dentro del entramado de control y represión diseñado por el franquismo en la aplicación de la violencia política. Ello no es óbice para que se mantengan también líneas de continuidad con respecto a un fenómeno estructural que evolucionó para responder a los cambios sociales y, en particular, en el seno del antifranquismo o, al menos, con la intención de someter cualquier posible manifestación conflictiva contra él. La paz social tampoco se alcanzó con plenitud en aquellos años, aunque desde luego los rigores y la implacabilidad de tantos dispositivos coercitivos reducirían su visibilidad hasta conseguir transmitir una imagen de control total y absoluto del orden público. Tal vez aquí podemos encontrar el mayor éxito del régimen: socializar entre los españoles la idea de que por encima de principios fundamentales como la libertad o la igualdad, que estuvieron en todo momento constreñidos, se situaba la meta de la seguridad, la paz social.
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