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La historia del movimiento obrero mundial ha puesto de relieve la multiplicidad de formas en la lucha política del proletariado: Desde la participación en las elecciones al parlamento, a los ayuntamientos o a otros órganos del Estado hasta las manifestaciones de masas; desde la utilización pacífica de la tribuna parlamentaria hasta la lucha revolucionaria por el poder.
Los comunistas siempre hemos admitido y aceptado esta diversidad de formas. Pero ello no nos ha eximido de decidir, en cada coyuntura política, cuál de estas formas debe ser utilizada como preponderante y cómo organizar las demás formas para apoyar a ésta.
Desde Marx hasta mediados de los cincuenta del siglo pasado, los comunistas utilizaron el parlamento como una tribuna desde la cual proclamaban las reivindicaciones de la clase obrera, sometían a crítica el régimen burgués y se dirigían a las amplias masas. Al mismo tiempo que defendían, frente a los anarquistas, la necesidad de servirse de la lucha parlamentaria, los comunistas denunciaban las ilusiones parlamentarias de los elementos reformistas, conforme a las cuales, las tareas de la transformación socialista podían resolverse por medios parlamentarios.
Pero desde mediados de los cincuenta, y al calor de las llamadas vías pacíficas al socialismo, esta posición fue sustancialmente modificada por la parte euroccidental del movimiento comunista.
Desde entonces ha prevalecido, en esa parte del movimiento comunista internacional, la tesis de que el parlamento, que surgió como instrumento de dominación de la burguesía y de afianzamiento del régimen capitalista, podía utilizarse en el período de crisis general del capitalismo y bajo determinadas condiciones (unión entre socialistas y comunistas, existencia de un poderoso movimiento extraparlamentario y de masa dirigido por el partido de la clase obrera y la intensificación de la lucha por el socialismo y la paz) para resolver las tareas revolucionarias, para llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad. La acción parlamentaria ha constituido en las últimas décadas la forma principal de la lucha política empleada por la parte del movimiento comunista euroccidental. Una forma que sin abandonar su carácter principal, en el curso de los años, ha ido ganando preponderancia respecto a otras, hasta el punto de subordinarlas absolutamente e incluso suprimirlas.
Hoy, la vía parlamentaria constituye el punto de coincidencia estratégica común a todo el movimiento comunista euroccidental con independencia de que algunos de sus partidos componentes se proclamen del socialismo del siglo XXI, marxistas revolucionarios o marxistas-leninistas. La diferencia entre unos y otros consiste en que para los primeros el parlamento burgués ya expresa la voluntad de la mayoría del pueblo, lo cual hace innecesario ningún tipo de dictadura del proletariado, mientras que para los últimos la utilización de la vía parlamentaria en la marcha hacia el socialismo puede conducir a la creación de nuevas formas de la dictadura de la clase obrera, bajo las cuales el parlamento, transformado en el curso de la lucha revolucionaria, sea el portavoz de la mayoría del pueblo.
Por nuestra parte, no negamos la validez que en determinados momentos haya podido tener la lucha parlamentaria para los intereses del proletariado, ni excluimos la diversidad de formas de la lucha política. Sin embargo, existe una diferencia notable entre nosotros y la mayor parte del movimiento comunista euroccidental respecto a la forma principal de lucha política que debemos emplear los comunistas en los países occidentales de Europa.
Estimamos que ni el parlamento burgués -defendido por los exponentes reformistas y revisionistas del movimiento obrero contemporáneo- expresa la voluntad popular, ni creemos que la vía parlamentaria hacia el socialismo - que defienden los partidos que se reclaman del marxismo-leninismo- pueda conducir a ninguna forma de dictadura del proletariado, en la cual el parlamento pueda transformarse en portavoz del pueblo.
Para el PCOE la utilización de la vía parlamentaria como forma preponderante de la lucha no conduce ni a la dictadura del proletariado ni al socialismo. Esa vía nos conduce al reformismo y a la plena integración en un sistema político que, pese a representar la forma más avanzada del poder burgués, ha llegado al límite de su evolución histórica sin perder su naturaleza clasista y afectada de una profunda crisis que tiene en la realidad del Parlamento su mayor evidencia.
De hecho, la institución parlamentaria que nos presentan hoy como el órgano que expresa la voluntad popular y otros como el órgano que en el curso de la lucha por el socialismo puede transformarse en portavoz de esa voluntad popular, no es más que una “realidad” moribunda que día a día se revela más impotente para evitar la reducción de sus derechos y funciones a la mera formalidad. Una formalidad que se expresa con nitidez meridiana en aquellos países europeos donde el desarrollo capitalista ha alcanzado un alto nivel.
En esos países, entre los que inevitablemente hay que incluir a España, al crecer el área de intervención del Estado en las esferas económica y social, el Gobierno ha ido asumiendo cada vez mayores facultades para dictar normas jurídicas que invaden de forma creciente, campos que en otras fases de la historia del parlamentarismo parecían acotadas por el supremo poder del Parlamento.
Hoy, las opciones en que se expresa realmente el poder político (decisiones de inversión, gestión de servicios, políticas salariales y relaciones internacionales) corresponden al Gobierno y escapan en la mayoría de los casos a la discusión y control del Parlamento. Ese poder real del Gobierno es transferido a la estructura burocrática que se extiende desde la administración estatal hasta la empresa pública.
La burocracia estatal, cada día más cuantiosa, se ha asegurado a escala cada vez más vasta funciones de dirección y control, económica y social. Dispone de unos poderes efectivos de tal envergadura, que precisamente su existencia y actividad dirigente y organizadora tiende a ser el modo más específico de desautorización del Parlamento e incluso, en última instancia, del propio Gobierno.
Por otra parte, y como reconoce cualquier jurista serio, una legislación complicada - cargada de tecnicismos refinados e inasequibles para la mayoría de los ciudadanos y, también, para aquellos parlamentarios que no tengan una sólida formación jurídica -es elaborada y reglamentada por comités de expertos, que atrincherados en órganos de la Administración, ejercen un poder real que escapa a todo control político. Surge así una especie de despotismo tecnocrático que expresa el autoritarismo del Estado burgués y que reduce a la formalidad las funciones controladoras del parlamento. Las manifestaciones más notorias de este fenómeno consisten en el escaso parentesco existente entre los programas generales o la ideología de las fuerzas políticas y el ejercicio real del poder estatal.
Igualmente, las funciones de control del Parlamento sobre el Gobierno son hoy más formales que nunca, como lo ha demostrado la comparecencia última de Rajoy en el senado para dar explicaciones sobre su inocencia o implicación en las corrupciones del PP. Y es así desde el momento en que el Gobierno está compuesto por los miembros del partido que ostenta la mayoría parlamentaria y en esos partidos existe la disciplina del voto.
Por último, la transferencia al plano internacional en proporciones casi absolutas en decisiones económicas y políticas, que en fases anteriores al desarrollo capitalista era competencia de organismo e instituciones nacionales, ha ido acentuándose inevitablemente como consecuencia de la integración mundial del capitalismo, lo cual ha reforzado los nuevos aparatos supranacionales en detrimento de la “soberanía popular” y de su máximo órgano de expresión, el Parlamento.
En tales condiciones consideramos que presentar el Parlamento burgués como el órgano desde donde el pueblo realiza su voluntad política a través de sus representantes electos, es una absoluta falta de rigor, sólo comprensible por razones de cobertura ideológica o por meras necesidades de supervivencia profesional de algunos de nuestros políticos.
La concentración de poderes en el ejecutivo, la omnipotencia de la burocracia estatal y el reforzamiento de los aparatos supranacionales, han limitado las funciones de los parlamentos euroccidentales a la ratificación formal de leyes elaboradas y desarrolladas, en la mayoría de los casos fuera de él, por una burocracia que escapa a su control y que actúa siempre subordinada a las necesidades del capitalismo.
Por todas estas razones el Partido Comunista Obrero Español considera que el Parlamento, que en el curso de la historia no ha podido evitar la reducción paulatina de sus funciones y derechos hasta transformar éstos en puro protocolo, no puede ser, como tampoco antes lo fue, el órgano desde el que se extienda la democracia y mucho menos que ese órgano, de existencia puramente formal, pueda transformarse en un órgano de la dictadura del proletariado, como algunos “marxistas-leninistas” defensores de la vía parlamentaria afirman.
Desde hace muchísimo tiempo hemos escuchado de muchos dirigentes comunistas del occidente europeo que la actividad parlamentaria de los partidos comunistas constituía un poderoso freno a la acción de las fuerzas reaccionarias, a la par, que abría nuevos surcos para la clase obrera en su marcha hacia el socialismo. Pero hoy en 2013, cuando el conjunto de la sociedad eurooccidental está poderosamente influida por las corrientes conservadoras, bien surgidas en los países europeos, bien importadas de los EE.UU, cuando se vigorizan las tendencias abiertamente fascistas en países como Inglaterra, Francia, Italia o la propia España, cuando han desaparecido del horizonte eurooccidental las perspectivas de un próximo acceso al socialismo para algunos de estos países o cuando se ven reducidos los propios márgenes de la democracia burguesa, pese a la acción parlamentaria de los comunistas eurooccidentales, el mensaje de nuestros dirigentes resulta completamente extraño a nuestra realidad.
Para el PCOE, el acceso al socialismo en los países europeos de capitalismo avanzado se producirá como en todos los países donde ha acontecido anteriormente, mediante el surgimiento y desarrollo de una ruptura revolucionaria. Una ruptura revolucionaria orientada a la sustitución del parlamentarismo, como sistema del parlamento, como forma de organización del poder político. Sustituidos por un sistema único de representación popular que abarca todos los órganos de poder, desde los supremos a los locales, unos órganos en los cuales los poderes legislativos y ejecutivos queden concentrados en manos de los representantes del pueblo y que estén dotados de una funcionalidad efectiva.
El Partido Comunista Obrero Español considera que la actividad parlamentaria de los comunistas, no debe constituir el aspecto principal de su lucha. Esa forma de lucha política debe ser relegada a un segundo plano, pero además recuperar su función clásica, la que Marx y Lenin expresaron en multitud de ocasiones, puesto que también para nosotros, la cuestión no es que las movilizaciones de masas faciliten la función reformista, por mucho verbalismo radical que se emplee, de los parlamentarios comunistas. Eso lo hemos hecho durante décadas y nos hemos quedado sin movilizaciones de masas y con raquíticas representaciones parlamentarias limitadas al ejercicio burocrático de la oposición, que en definitiva nada deciden. Para el PCOE, la cuestión es estimular la organización y las movilizaciones de masas (Frente Único del Pueblo - FUP) que algún día tendrá que pasar por encima del parlamento e incluso por encima de algunos de nuestros “camaradas” parlamentarios.
PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)
Los comunistas siempre hemos admitido y aceptado esta diversidad de formas. Pero ello no nos ha eximido de decidir, en cada coyuntura política, cuál de estas formas debe ser utilizada como preponderante y cómo organizar las demás formas para apoyar a ésta.
Desde Marx hasta mediados de los cincuenta del siglo pasado, los comunistas utilizaron el parlamento como una tribuna desde la cual proclamaban las reivindicaciones de la clase obrera, sometían a crítica el régimen burgués y se dirigían a las amplias masas. Al mismo tiempo que defendían, frente a los anarquistas, la necesidad de servirse de la lucha parlamentaria, los comunistas denunciaban las ilusiones parlamentarias de los elementos reformistas, conforme a las cuales, las tareas de la transformación socialista podían resolverse por medios parlamentarios.
Pero desde mediados de los cincuenta, y al calor de las llamadas vías pacíficas al socialismo, esta posición fue sustancialmente modificada por la parte euroccidental del movimiento comunista.
Desde entonces ha prevalecido, en esa parte del movimiento comunista internacional, la tesis de que el parlamento, que surgió como instrumento de dominación de la burguesía y de afianzamiento del régimen capitalista, podía utilizarse en el período de crisis general del capitalismo y bajo determinadas condiciones (unión entre socialistas y comunistas, existencia de un poderoso movimiento extraparlamentario y de masa dirigido por el partido de la clase obrera y la intensificación de la lucha por el socialismo y la paz) para resolver las tareas revolucionarias, para llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad. La acción parlamentaria ha constituido en las últimas décadas la forma principal de la lucha política empleada por la parte del movimiento comunista euroccidental. Una forma que sin abandonar su carácter principal, en el curso de los años, ha ido ganando preponderancia respecto a otras, hasta el punto de subordinarlas absolutamente e incluso suprimirlas.
Hoy, la vía parlamentaria constituye el punto de coincidencia estratégica común a todo el movimiento comunista euroccidental con independencia de que algunos de sus partidos componentes se proclamen del socialismo del siglo XXI, marxistas revolucionarios o marxistas-leninistas. La diferencia entre unos y otros consiste en que para los primeros el parlamento burgués ya expresa la voluntad de la mayoría del pueblo, lo cual hace innecesario ningún tipo de dictadura del proletariado, mientras que para los últimos la utilización de la vía parlamentaria en la marcha hacia el socialismo puede conducir a la creación de nuevas formas de la dictadura de la clase obrera, bajo las cuales el parlamento, transformado en el curso de la lucha revolucionaria, sea el portavoz de la mayoría del pueblo.
Por nuestra parte, no negamos la validez que en determinados momentos haya podido tener la lucha parlamentaria para los intereses del proletariado, ni excluimos la diversidad de formas de la lucha política. Sin embargo, existe una diferencia notable entre nosotros y la mayor parte del movimiento comunista euroccidental respecto a la forma principal de lucha política que debemos emplear los comunistas en los países occidentales de Europa.
Estimamos que ni el parlamento burgués -defendido por los exponentes reformistas y revisionistas del movimiento obrero contemporáneo- expresa la voluntad popular, ni creemos que la vía parlamentaria hacia el socialismo - que defienden los partidos que se reclaman del marxismo-leninismo- pueda conducir a ninguna forma de dictadura del proletariado, en la cual el parlamento pueda transformarse en portavoz del pueblo.
Para el PCOE la utilización de la vía parlamentaria como forma preponderante de la lucha no conduce ni a la dictadura del proletariado ni al socialismo. Esa vía nos conduce al reformismo y a la plena integración en un sistema político que, pese a representar la forma más avanzada del poder burgués, ha llegado al límite de su evolución histórica sin perder su naturaleza clasista y afectada de una profunda crisis que tiene en la realidad del Parlamento su mayor evidencia.
De hecho, la institución parlamentaria que nos presentan hoy como el órgano que expresa la voluntad popular y otros como el órgano que en el curso de la lucha por el socialismo puede transformarse en portavoz de esa voluntad popular, no es más que una “realidad” moribunda que día a día se revela más impotente para evitar la reducción de sus derechos y funciones a la mera formalidad. Una formalidad que se expresa con nitidez meridiana en aquellos países europeos donde el desarrollo capitalista ha alcanzado un alto nivel.
En esos países, entre los que inevitablemente hay que incluir a España, al crecer el área de intervención del Estado en las esferas económica y social, el Gobierno ha ido asumiendo cada vez mayores facultades para dictar normas jurídicas que invaden de forma creciente, campos que en otras fases de la historia del parlamentarismo parecían acotadas por el supremo poder del Parlamento.
Hoy, las opciones en que se expresa realmente el poder político (decisiones de inversión, gestión de servicios, políticas salariales y relaciones internacionales) corresponden al Gobierno y escapan en la mayoría de los casos a la discusión y control del Parlamento. Ese poder real del Gobierno es transferido a la estructura burocrática que se extiende desde la administración estatal hasta la empresa pública.
La burocracia estatal, cada día más cuantiosa, se ha asegurado a escala cada vez más vasta funciones de dirección y control, económica y social. Dispone de unos poderes efectivos de tal envergadura, que precisamente su existencia y actividad dirigente y organizadora tiende a ser el modo más específico de desautorización del Parlamento e incluso, en última instancia, del propio Gobierno.
Por otra parte, y como reconoce cualquier jurista serio, una legislación complicada - cargada de tecnicismos refinados e inasequibles para la mayoría de los ciudadanos y, también, para aquellos parlamentarios que no tengan una sólida formación jurídica -es elaborada y reglamentada por comités de expertos, que atrincherados en órganos de la Administración, ejercen un poder real que escapa a todo control político. Surge así una especie de despotismo tecnocrático que expresa el autoritarismo del Estado burgués y que reduce a la formalidad las funciones controladoras del parlamento. Las manifestaciones más notorias de este fenómeno consisten en el escaso parentesco existente entre los programas generales o la ideología de las fuerzas políticas y el ejercicio real del poder estatal.
Igualmente, las funciones de control del Parlamento sobre el Gobierno son hoy más formales que nunca, como lo ha demostrado la comparecencia última de Rajoy en el senado para dar explicaciones sobre su inocencia o implicación en las corrupciones del PP. Y es así desde el momento en que el Gobierno está compuesto por los miembros del partido que ostenta la mayoría parlamentaria y en esos partidos existe la disciplina del voto.
Por último, la transferencia al plano internacional en proporciones casi absolutas en decisiones económicas y políticas, que en fases anteriores al desarrollo capitalista era competencia de organismo e instituciones nacionales, ha ido acentuándose inevitablemente como consecuencia de la integración mundial del capitalismo, lo cual ha reforzado los nuevos aparatos supranacionales en detrimento de la “soberanía popular” y de su máximo órgano de expresión, el Parlamento.
En tales condiciones consideramos que presentar el Parlamento burgués como el órgano desde donde el pueblo realiza su voluntad política a través de sus representantes electos, es una absoluta falta de rigor, sólo comprensible por razones de cobertura ideológica o por meras necesidades de supervivencia profesional de algunos de nuestros políticos.
La concentración de poderes en el ejecutivo, la omnipotencia de la burocracia estatal y el reforzamiento de los aparatos supranacionales, han limitado las funciones de los parlamentos euroccidentales a la ratificación formal de leyes elaboradas y desarrolladas, en la mayoría de los casos fuera de él, por una burocracia que escapa a su control y que actúa siempre subordinada a las necesidades del capitalismo.
Por todas estas razones el Partido Comunista Obrero Español considera que el Parlamento, que en el curso de la historia no ha podido evitar la reducción paulatina de sus funciones y derechos hasta transformar éstos en puro protocolo, no puede ser, como tampoco antes lo fue, el órgano desde el que se extienda la democracia y mucho menos que ese órgano, de existencia puramente formal, pueda transformarse en un órgano de la dictadura del proletariado, como algunos “marxistas-leninistas” defensores de la vía parlamentaria afirman.
Desde hace muchísimo tiempo hemos escuchado de muchos dirigentes comunistas del occidente europeo que la actividad parlamentaria de los partidos comunistas constituía un poderoso freno a la acción de las fuerzas reaccionarias, a la par, que abría nuevos surcos para la clase obrera en su marcha hacia el socialismo. Pero hoy en 2013, cuando el conjunto de la sociedad eurooccidental está poderosamente influida por las corrientes conservadoras, bien surgidas en los países europeos, bien importadas de los EE.UU, cuando se vigorizan las tendencias abiertamente fascistas en países como Inglaterra, Francia, Italia o la propia España, cuando han desaparecido del horizonte eurooccidental las perspectivas de un próximo acceso al socialismo para algunos de estos países o cuando se ven reducidos los propios márgenes de la democracia burguesa, pese a la acción parlamentaria de los comunistas eurooccidentales, el mensaje de nuestros dirigentes resulta completamente extraño a nuestra realidad.
Para el PCOE, el acceso al socialismo en los países europeos de capitalismo avanzado se producirá como en todos los países donde ha acontecido anteriormente, mediante el surgimiento y desarrollo de una ruptura revolucionaria. Una ruptura revolucionaria orientada a la sustitución del parlamentarismo, como sistema del parlamento, como forma de organización del poder político. Sustituidos por un sistema único de representación popular que abarca todos los órganos de poder, desde los supremos a los locales, unos órganos en los cuales los poderes legislativos y ejecutivos queden concentrados en manos de los representantes del pueblo y que estén dotados de una funcionalidad efectiva.
El Partido Comunista Obrero Español considera que la actividad parlamentaria de los comunistas, no debe constituir el aspecto principal de su lucha. Esa forma de lucha política debe ser relegada a un segundo plano, pero además recuperar su función clásica, la que Marx y Lenin expresaron en multitud de ocasiones, puesto que también para nosotros, la cuestión no es que las movilizaciones de masas faciliten la función reformista, por mucho verbalismo radical que se emplee, de los parlamentarios comunistas. Eso lo hemos hecho durante décadas y nos hemos quedado sin movilizaciones de masas y con raquíticas representaciones parlamentarias limitadas al ejercicio burocrático de la oposición, que en definitiva nada deciden. Para el PCOE, la cuestión es estimular la organización y las movilizaciones de masas (Frente Único del Pueblo - FUP) que algún día tendrá que pasar por encima del parlamento e incluso por encima de algunos de nuestros “camaradas” parlamentarios.
PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)
